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Full text of "Nueva historia de Bolivia"

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NUEVA HISTORIA 
DE BOLIVIA 


ENRIQUE FINOT 


NUEVA 
HISTORIA 
DE BOLIVIA 


(ENSAYO DE INTERPRETACION 
SOCIOLOGICA) 


ENS 


LIBRERIA EDITORIAL “JUVENTUD” 
LA PAZ — BOLIVIA 
1998 


Depósito Legal N* 4 - 1 - 37/84 p. 


La presente edición 

es propiedad del Editor. 

Quedan reservados todos 

los derechos de acuerdo a Ley. 
Están prohibidas y penadas por ley 
la reproducción y la difusión 
totales o parciales de esta obra, 
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mecánicos o electrónicos, 
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magnetofónica y cualquier otro sistema 
de almacenamiento de información, 
sin. el previo consentimiento 
escrito del editor, 

ya que tales actos son delitos 
tipificados en el Código Penal, 
Capítulo X, Art. 362. 


Impreso en Bolivia — Printed in Bolivia 


Impresores: Empresa Editora “URQUIZO” S.A. 
Calle Puerto Rico N* 1135 
Casilla 1489 — Telf.: 242470 


La Paz - Bolivia 


ENRIQUE FINOT Y LA HISTORIA DE BOLIVIA 


El año 1946, apareció Nueva Historia de Bolivia (Ensayo 
de interpretación sociológica) de Enrique Finot (1891 - 1952). 
Fue ciertamente una versión resumida de los acontecimientos del 
pasado nacional y una interpretación sagaz de algunos episodios 
de ayer y de hoy. Ganó a lectores en aptitud de interesarse en el 
país. No era la primera obra de este escritor, periodista, educa- 
dor, político, diplomático. De su hechura se conocía trabajos so- 
bre instrucción y educación, ensayos y conferencias en torno de 
Bolívar, Monteagudo y temas diversos tratados con pulcritud de 
ideas. Entre sus libros están Tierra de Porvenir, monografía de 
Santa Cruz; Historia de la Conquista del Oriente, Historia de la 
Literatura Boliviana, estudios de las cuestiones de límites entre 
Bolivia y Paraguay, y otros. 


El estudio histórico del comportamiento humano se vale de 
la sociología: y de otras disciplinas, Finot emplea los dos recursos 
y particularmente los históricos. No asigna, sin embargo otro va- 
lor a su obra que el de ser un epítome respaldado en documenios 
y elaborado con imparcialidad. No se propone revisar el pasado. 
Es un historiador atento a las corrientes historiográficas, aunque 
no las emplea sino con mesura. El profesor que moraba en Finot 
consigue a plenitud ese objetivo. 


LIBRERIA Y EDITORIAL “jUVENTUD”, imprime esta 
nueva edición en servicio de los estudiantes necesitados de :um 
buen manual de historia nacional. Es pertinente esta oportunidad 
referirse a la Advertencia con la cual ofrece al público “una his- 
toria de Bolivia breve pero completa, que abarcando todo el pro- 


ceso de la vida nacional, desde sus orígenes, en un volumen ma- 
nejable, permite formar una idea sintética y racional del pasado de 
nuestro pueblo”. Sus quince capítulos se ciñen a ese programa, y 
son un acierto en el diseño del panorama general de territorio y 
hombre desde el kollasuyo hasta la Junta de Gobierno de 1930. 
Ejecuta esa labor porque ningún boliviano responsable, con ma- 
yor o menor sensibilidad para comprender problemas nacionales 
puede vivir sin la. atención fija en su patria tormentosa y cuyos 
habitantes no han descubierto los secretos de su identidad y de 
su sentido de solidaria unidad. En sentencia finotiana es “un país 
mal conocido y mal apreciado, aun por sus propios hijos, a cau- 
sa de la forma en que se ha escrito su historia que, por lo demás, 
y según frase consagrada, está todavía “por escribirse”. Aun hoy, 
a los 37 años de la primera edición de Nueva Historia de Bolivia, 
se supone que falta la decisión de emprender la preparación de 
una historia nueva, y no encargada a un solo autor, en varios to- 
mos, con todos los elementos de juicio disponibles y con el rigor 
exigido por una severa investigación, 


Muchas explicaciones anota Finot antes de entrar en el pri- 
mer capítulo de su libro. Por ejemplo, “este libro es un ensayo 
con todas las deficiencias propias de todo ensayo” y que no pre- 
tende alcanzar realizaciones definitivas. Tampoco trata de anular 
o de rebajar lo que hasta ahora se ha hecho: solamente aspira a 
sistematizarlo. Es una manera de ver y de comprender la historia 
de Bolivia, es decir, una interpretación”. Ese es un afán de ecua- 
nimidad porque nunca la historia está formulada de una vez pa- 
ra siempre: nuevos documentos permiten darle un semblante del 
que se creía verdadero. Es asimismo modestia definir como ensa- 
yo —aunque se pudiera entender como ensayo de historia— lo 
que lleva el nombre concreto de Nueva Historia de Bolivia. A 
la vez, homenaje a los estudiosos que transitaron por esta disci- 
plina y no actitud polémica con ellos. No desconoce ni objeta lo 
escrito y difundido en esta materia. En alarde de sinceridad, aña- 
de: “En cuanto a esta obra, que no es más que un resumen y que 
aspira a ser un libro de orientación, no sorprenderá que prescin- 
da a veces del detalle ínfimo, que nada agrega de importante ol 
cuadro histórico, que. lo recarga inútilmente y que perjudica la 


nitidez de las líneas generales”. Busca, por consiguiente, la clari- 
dad en la exposición y la brevedad en el tratamiento de los episo- 
dios históricos que componen su concepción del pasado nacional. 


Sin embargo, trabaja con datos y noticias sobre hechos y per- 
sonajes y no deja de lado lo que los documéntos permiten afirmar 
acerca de la moral individual y la moral colectiva, la personal y 
la política que envuelve a los protagonistas de la historia, ni sor- 
tea su andadura “sobre las ideas en que giran las generaciones y 
la colectividad, sus creencias y sus hábitos que forman la trama 
de la vida social. 


En el modelo de la vieja historia es común referirse a Boli- 
via como si el país existiese desde la hora —agosto de 1825— 
en que por acuerdo de la Asamblea Constituyente se adopta ese 
nombre. Antes de ser Bolivia —nombre nuevo— hubo gente ins- 
talada en el territorio. Estuvieron en él los antecesores de los ay- 
maras, los quechuas y los que desde la conquista se sumaron pa- 
ra sostener la dominación española y dieron motivo al mestizaje, 
común en hispanoamérica. Hubo markas, llactas, poblaciones, po- 
blados, el desenvolvimiento de vida-social, una cultura, sin duda 
primitiva, pero no por menos real y actuante. Sobre ella se sobre- 
pusieron idioma y religión, costumbres, normas distintas a las 
prevalecientes, con lo que se hizo la unidad colonial con sus po- 
deres, sus cabildos, luchas, política administrativa. Esos son he: 
chos que anteceden a la república. Finot, sin extenderse en ma- 
yor argumentación, sostiene con razón: “Imposible definir las ca- 
racterísticas de un pueblo, a través de su historia, sin conocer la 
levadura de que está formado. Viciosa tendencia ha sido, en la 
obra de algunos escritores, abordar la historia patria a partir de 
la emancipación y limitarla al período republicano. ¿Cómo ex-: 
plicar los fenómenos de su vida contemporánea, sin examinar los . 
orígenes de una agrupación humana? La historia de Bolivia, pro- 
piamente dicha, es la del Collasuyo, la de las guerras de la. con- 
quista en Charcas y las del Alto Perú colonial, porque algo más 
de cien años de vida autónoma son muy breves y nada explican 
con relación a la realidad nacional y a la evolución del país”. Es- 
te es, en rigor, el punto de partida de la historia de Bolivia: . des- 
de antes que fuese Bolivia. 


Las herramientas intelectuales de Enrique Finot son finas. 
Le sirven para diseñar el cuerpo pleno de este país y trazar, en 
su contorno, una concepción histórica. Ahí radica la sencillez de 
su metodología comprensiva y el tono circunspecto de sus juicios. 
Quiere ser completo, equilibrado, justo y convincente. Aborda los 
fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales. 


En lenguaje crítico y valorativo, Valentín Abecia Baldivieso, 
en Historiografía Boliviana, apunta que Finot escribió al modo 
clásico. “El resumen de su posición podría ser el siguiente: a) el 
desenvolvimiento de un pueblo no es solamente el resultado le 
los gobiernos, sino de. otros factores: el Estado, la economía, la 
escasa población, la cultura, es decir es pluricausalista; b) el des- 
tino internacional de Bolivia ño se ha cumplido. Su situación geo- 
gráfica será siempre decisiva para mantener el equilibrio regio- 
nal o para comprometerlo; c) la condición del territorio y su ri- 
queza mineral la ha colocado como centro de explotación de ma- 
terias primas, depauperando al elemento humano por las deficien- 
tes condiciones en que vive y trabaja; d) es partidario de los go- 
biernos civiles que traen tranquilidad pública y progreso. El mi- 
litarismo es obra de empresa arriesgada e ilegal; e) el elemento 
humano no es problema de raza sino de educación y también social- 
económico; f) el desarrollo económico es el antídoto contra ¡os 
vicios de la democracia incipiente, la empleomanía y el caudillis- 
mo”. (pp. 416-7). 


Es preciso admitir que Finot no se propuso demoler, sobre 
todo porque en este país prevalece, dominante, un prurito des- 
tructor como si nadie quisiese dejar en pie antecedentes indivi- 
duales ni piedra sobre piedra. No es un transformador —no lo 
confiesa, aunque pudo haber emprendido ese quehacer—, sino 
un sistematizador. Es además un escritor sereno, elegante, casi 
en uha forma de reverencia hacia los demás y una reverencia ha- 
cia su país, donde muchas cosas son memorables y dignas de re- 
conocimiento. 


La Paz, 27 de mayo de 1984. 


Rodolfo Salamanca L. 


ADVERTENCIA DEL AUTOR 


Al publicar este libro realizamos una aspiración ali- 
mentada largo tiempo: la de ofrecer al público una Historia 
de Bolivia breve pero completa, que abarcando todo el pro- 
ceso de la vida nacional, desde sus orígenes, en un volumen 
manejable, permita formar una idea sintética y racional del 
pasado de nuestro pueblo. E 

Entraba en esos propósitos, al mismo tiempo, el deseo 
de intentar un examen de los factores esenciales que han 
presidido la existencia y modelado la idiosincrasia de la na- 
ción boliviana, si es que puede tener idiosincrasia definida! 
una agrupación humana que todavía no ha orientado su des- 
tino. Aunque se trata de una sección de Hispanoamérica, que 
participa de las características comunes a los pueblos de es- 
ta parte del mundo, Bolivia posee tales peculiaridades y su 
evolución se va efectuando a través de condiciones tan es- 
peciales y propias, que forzosamente tiene que presentar as- 
pectos típicos, dignos de la atención del sociólogo. Se trata 
además, de un país mal conocido y mal apreciado, aun por 
sus propios hijos, a causa de la forma en que se ha escrito 
su historia, historia que, por lo demás, y según la frase con- 
sagrada, está todavía “por hacerse”. 

Imperfectamente dotada por la geografía, Bolivia ha 
debido luchar y continúa luchando contra factores adversos 
a su desarrollo, que no son corrientes en otras regiones de 
esta parte de América. Su grado de progreso material y cul- 
tural, penosamente alcanzado, es, sin embargo, una demos- 
tración de vigor, tanto más apreciable cuanto que importa 
un triunfo sobre el medio físico hostil y sobre dificultades 


E 


de todo género. Desde un punto de vista general, creemos 
que la historia de un país no debe ser pesimista ni optimista, 
sino verídica y razonada. Como los individuos, los pueblos 
no pueden operar milagros. Tienen que seguir necesariamen- 
te las etapas de evolución que les señalan los múltiples ele- 
mentos que intervienen en su proceso vital. Los grandes ca- 
racteres y los directores geniales pueden influir, es cierto, 
en las ideas, en las costumbres y en las instituciones, pero 
en forma relativa y a condición de no chocar violentamente 
con las fuerzas naturales, que son ciegas y necesitan ser en- 
cauzadas. Por eso la historia, para ser útil, debe tomarse co- 
mo disciplina científica, capaz de apreciar inteligentemente 
los hechos sociales: ni registro exclusivo de errores, de fal- 
tas y de miserias, ni catálogo entusiasta de falsas grandezas 
y de mentidas heroicidades, 

Dentro de ese espíritu realista diremos, a la manera 
spengleriana, que este libro es un ensayo, “con las deficien- 
cias propias de todo ensayo” y que no pretende alcanzar rea- 
lizaciones definitivas. Tampoco trata de anular o de reba- 
jar lo que hasta ahora se ha hecho en la materia: solamen- 
te aspira a sistematizarlo. Es una manera de ver y de com- 
prender la historia de Bolivia, es decir, una interpretación. 
Va más allá de la simple enunciación de los hechos que, al 
decir de Ortega y Gasset, “sólo son datos, indicios, síntomas 
de la realidad histórica”. La interpretación significa un pro-. 
pósito de análisis como método de enjuiciamiento. Además 
significa la tarea de relacionar los sucesos entre sí, explicán- 
dolos mediante el auxilio de las leyes de la causalidad. Sin 
incurrir en los excesos imputados al autor del Bosquejo de 
una morfología de la historia, que condenaba como falso 
todo lo producido antes de su obra y de su sistema, hemos 
tratado de introducir en la historiografía boliviana el con- 
cepto que preside los estudios actuales de ese género, consi- 
derando que la historia es una ciencia orgánica, que contem- 
pla el desenvolvimiento de las sociedades humanas como el 
de seres vivos, sometidos a los fenómenos biológicos. Sin 
caer en el extremo de quienes hacen derivar la historia ex- 
clusivamente de la geografía, de la economía o de la antro- 
pología, pensamos que ella es el resultado de diversos fac- 
tores materiales y espirituales que es necesario considerar 
cuidadosamente, 

De los remotos orígenes de la sociedad boliviana, que 
están mucho más allá de la conquista española; de los ele- 


10 — 


mentos raciáles que han entrado en su formación en el cur- 
so del tiempo; de las condiciones telúricas del territorio que 
habita; de los recursos económicos con que cuenta o puede 
contar; de las circunstancias en que nació a la vida inde- 
pendiente; de los factores constitutivos de su cultura o que 
han podido influir en ella, etc., proceden las características 
que la fisonomizan como entidad sui géneris y las modalida- 
des de su existencia. A nadie se le debe exigir lo que no pue- 
de dar o lo que no tiene. Un pueblo pobre, aunque posea 
enormes riquezas potenciales, enclaustrados por obra de los 
hombres y de la naturaleza, no es extraño que no hubiera! 
podido alcanzar todavía el grado de desarrollo a que han lle- 
gado otros pueblos que viven en condiciones más favorables. 


Si es verdad que la historia contribuye, en mayor pro- 
porción que cualquiera otra disciplina, a la formación del al- 
ma colectiva, no llena cumplidamente sus fines cuando está 
exclusivamente al servicio de tendencias nacionalistas irre- 
flexivas, como tampoco cuando se inclina a presentar inva- 
riablemente cuadros recargados y desoladores de un pasado 
trágico, que no es sino el fruto de condiciones adversas que 
pueden modificarse. Si se comprueba que determinados efec- 
tos obedecen a tales y cuales causas, las enseñanzas del pa- 
sado pueden ser útiles y provechosas, a condición de no in- 
currir en esos dos extremos que, por lo general, caracterizan 
a la literatura histórica boliviana, con pocas excepciones. 

Imposible definir las características de un pueblo, a 
través de su historia, sin conocer la levadura de que está for- 
mado. Viciosa tendencia ha sido, en la obra de algunos es- 
critores, abordar la historia patria a partir de la emancipa- 
ción y limitarla al período republicano. ¿Cómo explicar los 
fenómenos de su vida contemporánea, sín examinar los orí- 
genes de una agrupación humana? La historia de Bolivia, 
propiamente dicha, es la del Collasúyo incaico, la de las gue- 
rras de la conquista en Charcas y la del Alto Perú colonial, 
porque algo más de cien años de vida autónoma son muy 
breves y nada explican con relación a la realidad nacional y 
a la evolución del país. 

En cuanto a esta obra, que no es más que un resumen 
y que aspira a.ser un l'bro de orientación, no sorprenderá 
que prescinda a veces del detalle ínfimo, que nada agrega de 
importante al cuadro histórico, que lo recarga inútilmente y 
que perjudica a la nitidez de las líneas generales. Esto no 


E 


quiere decir que hayamos desdeñado el pormenor que puede 
influir en la completa relación de los sucesos o en la pintu- 
ra de los caracteres. La exactitud de nuestros datos provie- 
ne de la más escrupulosa precisión en las citas y está funda- 
mentada en documentos que, si no siempre se mencionan, 
para evitar una fatigosa multiplicación de notas comproba- 
torias, estamos dispuestos a exhibir cuantas veces sea ne- 
cesario. 

Formuladas estas advertencias preliminares, indispen- 
sables para definir claramente los verdaderos propósitos de 
la obra y sus alcances, la entregamos a la apreciación de 
estudiantes y estudiosos, con la esperanza de que pueda ser- 
virles de elemento de juicio, por ser un trabajo sincero y en 
lo posible imparcial. 


Po JOR 


CAPITULO I 


ANTECEDENTES FUNDAMENTALES 


1.— Primeros habitantes del territorio y origen del hombre 
americano.— 2.— El enigma de Tiahuanaco.— 3.— El medio 
físico.— 4.— La raza.— 5.— Civilización preincaica.— 


1. PRIMEROS HABITANTES DEL TERRITORIO Y ORIGEN 
DEL HOMBRE AMERICANO. 


¿De dónde proceden los primitivos habitantes del con- 
tinente americano? Materia es ésta sobre la cual no han al- 
canzado a ponerse de acuerdo los hombres de ciencia que 
tomaron a su cargo investigación tan importante. Tratán- 
dose de la historia de una de las naciones americanas, con- 
viene abordar el asunto, siquiera desde el punto de vista de 
su interés general, revisando antecedentes, doctrinas e hi- 
pótesis que permitan formar una idea lógica y aproximada 
sobre el posible origen de los primeros ocupantes del terri- 
torio cuya historia es objeto del presente ensayo. 

Recientes descubrimientos arqueológicos han alcanza- 
do a formular la hipótesis de que, en cierta época remota, 
ha existido en todos los ámbitos de América (norte y sur 
del continente) una cultura arcaica más o menos homogé- 
nea, anterior a todas las grandes culturas conocidas, aun- 
que sin dejar de presentar ciertas características regionales. 


e A A 


Según esta hipótesis, en cierto tiempo los pobladores 
de la América en toda su extensión, habrían sido semejan- 
tes, por lo menos en ciertas manifestaciones: alfarería, ar- 
mas, etc. 


Nada se puede afirmar sobre la raíz de la población del 
actual territorio boliviano, como no se sabe nada, a ciencia 
cierta, sobre los pobladores originarios de los demás países 
de América. Pero tampoco se sabe más sobre la primitiva 
procedencia de los habitantes de los otros continentes. Una 
de las teorías más antiguas es la que se refiere al origen he- 
breo del hombre americano. De acuerdo con los textos bíbli- 
cos, los descendientes de Sem, hijo de Noé, habrían sido 
los pobladores del hemisferio occidental. Esta fue la prime- 
ra creencia esparcida con motivo del descubrimiento de 
Cristóbal Colón. Parece que su autor fue Arias Montanus, 
el editor de la Biblia Políglota, publicada entre 1569 y 1573. 
A principios del siglo XVII se trató de probar que, siete si- 
glos antes de J.'C., las tribus de Israel, dispersadas por los 
asirios, buscaron refugio en el continente americano. El fa- 
moso obispo Las Casas, conocido como defensor de los in- 
dios, no fue extraño a esa tesis. Más tarde se abrieron paso 
suposiciones semejantes respecto a los fenicios, a los ca- 
naneos, a los carios, a los tártaros, etc., algunas de ellas 
apoyadas en el mito de la Atlántida, o sea el continente su- 
mergido, cuya referencia se debe a Platón. La mayoría de 
las hipótesis relativas a la procedencia foránea del primiti- 
vo habitante de América se funda generalmente en los estu- 
dios filológicos comparativos, que han encontrado semejan- 
zas entre las lenguas americanas y las de algunos pueblos 
antiguos del viejo continente o de las islas océanicas. Pero 
esa tesis lo mismo puede probar la inmigración de esa pro- 
cedencia en el Nuevo Mundo como la emigración de habi- 
tantes de éste al otro hemisferio. 


En. los tiempos modernos ha surgido también la tesis 
de la autoctonía del hombre americano, ya fundada en el 
poligenismo, según el cual el hombre debió aparecer en 
. América lo mismo que en otras partes del globo, ya en el 
monogenismo bíblico, que exige trasladar al Nuevo Mundo 
el paraíso terrenal, donde fue creado el primer hombre y 
de donde el género humano se difundió por toda la tierra. 
Precursor de tesis tan original, en el siglo XVII, fue el espa- 
ñol Antonio de León Pinelo, que residió. en el distrito de 


sl 


Charcas, hoy Bolivia, y escribió la obra El Paraíso en el Nue- 
vo Mundo, que ha permanecido inédita alrededor de tres si- 
glos, y que se publicó por primera vez en Lima hace pocos 
años. El escritor boliviano Emeterio Villamil de Rada, en el 
siglo pasado, quizá sin tener noticia de la obra de León Pi- 
nelo, escribió también un tratado sobre el mismo tema, con 
el título de La lengua de Adán, pretendiendo probar que el 
idioma primitivo de la humanidad fue el aimara y que en él 
se expresaron nuestros primeros. padres. Su tesis puede re- 
sumirse en estas palabras: prioridad geológica y antropoló- 
gica del nuevo continente y autoctonía del hombre ameri- 
cano, “jamás venido de ninguna parte”. Sobre la premisa 
de que:ese primitivo habitante tuvo origen en la meseta an- 
dina y más concretamente en Tiahuanaco, por demostrarlo 
así los vestigios fósiles, Villamil desarrolló un estudio ori- 
ginal y curioso del idioma aimara y llegó a la conclusión de 
que ese fue el idioma primitivo, es decir, “la lengua de 
Adán”. Decía haber comparado el aimara con las lenguas an- 
tiguas y modernas de América, de las islas del Pacífico, de 
Europa, Asia y Africa, y afirmaba que no existe duda razona-: 
ble sobre la raíz aimara de todos los idiomas de la tierra, 
que conservan vestigios, en sus radicales, de la lengua de 
la meseta boliviana. En nuestros días, por último, con mayor 
apariencia de especulación científica, apoyada en la paleon- 
tología, el investigador platense Florentino Ameghino ha 
tratado de probar que América es la cuna de la humanidad. 
Según Pinelo, esa cuna estaría en el oriente boliviano; de 
acuerdo con Villamil de Rada, se encontraría en Sorata, de- 
partamento de La Paz, también en Bolivia; si hemos de ate- 
nernos a Ameghino, se haliaría en la pampa argentina. 


Consignamos estos originales antecedentes, a título de 
contribución sudamericana a los estudios arqueológicos, 
aunque ho estamos seguros de que resistan una verdadera 
crítica científica, sin exceptuar a Ameghino, cuya tesis ha 
sido combatida, parece que victoriosamente, por grandes 
autoridades en la materia, desde el punto de vista geológi- 
co y antropológico. 


En el supuesto de que la hipótesis de la autoctonía del 
hombre americano fuera desechada, quedaría siempre por 
resolver la procedencia de las primitivas agrupaciones hu- 
manas que poblaron nuestro continente. Contra la creencia. 
en un tronco común, que primó durante cierto tiempo, que 


atribuyó a un mismo origen toda la población de América 
(inmigración asiática por'el estrecho de Behring, europea o 
africana a través de la Atlántida, etc.), el estado actual de 
los conocimientos permite conjeturar que los primeros ha- 
bitantes de América constituyeron aportes de diversa pro- 
cedencia. Aun dentro de las características generales que 
fisonomizan lo que se ha dado en llamar raza americana, se 
descubren muy notables diferencias, cuya negación equi- 
valdría a desconocer los fundamentos de la antropología 
étnica. Lo mismo cabría decir sobre las disimilitudes filoló- 
gicas comprobadas por la ciencia. Los estudios modernos 
casi permiten afirmar que los grupos étnicos americanos 
provienen de diferentes orígenes, siendo los principales el 
asiático, el australiano y el melanésico. Con relación al ori- 
gen del hombre altiplánico (de Tiahuanaco) Max Uhle ha re- 
sumido sus puntos de vista sobre este problema en estas 
conclusiones: influencias venidas del oriente, en dos olea- 
das inmigratorias que afluyeron a la región andina y a la 
costa peruana; influencia araweak de la región de las Gua- 
yanas; influencia de la cultura. maya o centroamericana; in- 
fluencia de la región amazónica, caracterizada por la impor- 
tación del hacha neolítica; influencia de origen también 
oriental, que se distingue por el uso del tabaco. y que pasa 
por Chile. Cuando se habla del oriente en estas referencias, 
se entiende que Uhle menciona el este sudamericano. 


Las hipótesis sobre el origen, mediterráneo (judío, egip- 
cio, etc.), han sido eliminadas con la sola consideración de 
que los americanos no conocían el hierro, ni la rueda, ni el 
vidrio, ni el trigo. 

Después de cuatro siglos de investigaciones que lo mis- 
mo abarcan sesudos trabajos científicos que hipótesis ex- 
travagantes, es difícil orientarse en forma tal que permita 
adoptar determinada tendencia. Sin embargo, a partir del 
Congreso Internacional de Americanistas de Nancy (1875) 
los estudios sobre esta importante materia han ingresado 
en un período de mayor disciplina. Los trabajos de Hrdicka 
(1912), de Vignaud (1922), de Eugene Pittard (1924) y los 
más recientes de Paul Rivet, el ilustre presidente de la So- 
ciedad de Americanistas de París y director del Museo del 
Hombre, de la misma ciudad (1943), permiten ver con al- 
guna mayor claridad los aspectos de tan arduo problema. 
Las teorías más nuevas son las que se refieren al origen 


a 


océanico de las poblaciones de América, por lo menos de 
las de ciertas regiones meridionales del continente, pues es 
necesario tomar en cuenta que la Oceanía es la parte del 
mundo cuyo conocimiento es más. reciente. En fin, la diver- 
sidad de tipos lingúísticos y étnicos bien caracterizados, 
que se encuentran diseminados en nuestro hemisferio, pa- 
rece confirmar la creencia en un origen también múltiple, lo 
que en ningún caso excluiría la tesis sobre el hombre au- 
tóctono de América, pues no hay razón lógica que excluya 
el intercambio de población, como se ha observado en el 
antiguo continente. Lo importante es comprobar científica- 
mente la pretendida autoctonía, que sigue como infundada. 

Sobre el origen de los primitivos pobladores de la me- 
seta andina, hay dos teorías contradictorias que, a nuestro 
juicio, no se excluyen, sino que se complementan: la que 
les asigna una procedencia oceánica y la que les supone 
procedencia amazónica o de otras regiones del continente. 
El descubrimiento de vestigios tihuanacotas en las costas 
del Atlántico es indicio de que en una época remota (y de 
acuerdo con una tradición indígena recogida por los histo- 
riadores de la Conquista) una raza antiquísima vino hacia 
el occidente, buscando las tisrras altas, a causa de un cata- 
clismo ocurrido en las tierras bajas del oriente. Posterior- 
mente pudo producirse la inmigración de procedencia oceá- 
nica, de donde resultó la raza colla, precursora de los aima- 
ras y de la civilización incaica. La permanencia en la región, 
de restos de raza y lenguas diferentes (los uros, los puqui- 
nas y los atacamas, etc.), que nada tienen de común con los 
quichuas y los aimaras, demuestra que en la zona altiplá- 
nica existieron varias culturas superpuestas, anteriores a 
la dominación incaica. 

De acuerdo con los más autorizados investigadores, una 
raza antiquísima pobló la región circundante del lago Titica- 
ca en los primitivos tiempos de que hay noticia, por los ves- 
tigios arqueológicos que han resistido el paso de los siglos. 
Según esa hipótesis, que descansa en los datos nebulosos 
de la prehistoria, esa raza, a la que algunos han convenido 
en llamar protocolla, fue la que construyó Tiahuanaco. 


2. EL ENIGMA DE TIAHUANACO. 


No hay motivo alguno para atribuir a los aimaras la 
cultura milenaria de Tiahuanaco, por el hecho de ser aima- 


a Y 


ras los habitantes de la región en que esos vestigios se ha- 
llan enclavados. Si hubieran sido aimaras los más remotos 
pobladores de Tiahuanaco, querría decir que ese pueblo ha 
retrogradado, contrariando las leyes del progreso. En todo 
caso conservarían algún rasgo de su pasada grandeza. Lo 
“más probable es que el pueblo que construyó Tiahuanaco 
hubiera emigrado o desaparecido a través de los siglos. lo 
que no es inverosímil. Lo mismo cabe decir de un posible 
origen quichua. 

Ni sobre el nombre de Tiahuanaco o Tiahuanacu los fi- 
lólogos han conseguido ponerse de acuerdo. Sería ocioso re- 
petir todas las divagaciones y las opiniones contradictorias 
en que han incurrido, casi todas ellas con apariencia cien- 
tífica, pero sin ninguna validez en los argumentos. Es por 
eso que algunos historiadores bolivianos pasan sobre este 
punto como sobre ascuas. Todo lo que sabemos sobre Tia- 
huanaco procede del folklore recogido por los cronistas co- 
loniales o de las referencias modernas adquiridas de la tra- 
dición local. Como las ruinas existen, es decir, como son 
un hecho real y palpable, ha sido necesario explicar de al- 
guna manera su existencia, y en ese terreno la observación 
y el análisis se han dado la mano con la fantasía para crear 
una pseudo-ciencia, dentro de la cual es difícil orientarse. 
Solamente con relación a la antigúedad de la ciudad prehis- 
tórica —en el caso de que hubiera sido una ciudad y no 
un santuario— el investigador tropieza con apreciaciones tan 
disconformes como éstas: mientras los cronistas de la con- 
quista (Ondegardo y Acosta) asignaban a Tiahuanaco, de 
acuerdo con las referencias verbales recogidas entre los . 
indios, una antigúedad no mayor de cien.o doscientos años, 
Max Uhle, notable investigador, calculaba la edad de las 
ruinas en mil quinientos años (quince siglos) y el tiahuana- 
cólogo Posnansky entre diez y doce mil años. 


Los cálculos sobre esta última apreciación, fundados 
en consideraciones matemáticas, han sido observados por 
algunos estudiosos, pero tampoco han sido objeto de una 
refutación formal por parte de verdaderas autoridades en la 
materia. A 

Otro tanto sucede con la interpretación que se ha pre- 
tendido dar a los vestigios arqueológicos existentes en Tia- 
huanaco. Se ha afirmado insistentemente, por ejemplo, que 
los habitantes de la citada ciudad o santuario practicaban 


E, 


el culto del Sol. El nombre de Puerta del Sol, con que se co- 
noce uno de los restos monolíticos, es de invención moder- 
na. Los cronistas coloniales no dieron esa interpretación al 
bajorrelieve central de la citada puerta, que representa un 
cuerpo humano contrahecho, con una cabeza enorme y *ra- 
diante”, porgue se encuentra rodeada de una especie de 
rayos, que no son propiamente tales, sino algo así como ten- 
táculos terminados en cabezas de pumas o en discos circu- 
lares. En rigor se necesita muy buena voluntad para ver en 
esa figura una representación del astro rey. 

No se sabe tampoco a ciencia cierta si la cultura tia- 
huanacota descendió de la altiplanicie a la costa peruana 
o si ascendió de la orrilla del mar a la región del lago Titica- 
ca. Hasta hace algunos años se creía que esa cultura había 
estado circunscrita a la región en donde se encuentran las 
ruinas. Pero el descubrimiento de objetos arqueológicos con 
decoraciones iguales o semejantes a las de Tiahuanaco en 
otros lugares (tejidos de Ancón, vasos de Trujillo, tapiz de 
Mojoro-chico, etc.), ha sugerido serias dudas sobre la pro- 
cedencia de tal cultura. Es lógice presumir, sin embargo, 
que la existencia de ruinas ciclópeas en la altiplanicie bo- 
liviana concede al lugar de su emplazamiento una cierta 
prioridad o categoría de metrópoli. 

Tampoco hay acuerdo, como ya hemos dicho, sobre si 
los constructores de Tiahuanaco constituyeron un pueblo 
muy antiguo, sin relación con los habitantes modernos de 
la región, o si, por el contrario, esos constructores fueron 
los antepasados de una de las dos ramas indígenas que en- 
contraron los conquistadores: aimaras y quichuas. Las con- 
jeturas más lógicas parecen decidir en favor de la proce- 
dencia aimara, cuyos antepasados se supone fueron los 
collas, primitivos señores de la hoya del Titicaca. También 
se ha atribuido a Tiahuanaco cierto parentesco con la cul- 
tura maya-quiché. 

Peruanos y bolivianos, por otra parte, han suscitado 
una especie de pleito patriótico o nacionalista sobre la cul- 
tura que floreció en Tiahuanaco en el período pre-incaico. 
Se dividen en dos grupos: quichuistas y aimaristas. Los pe- 


. ruanos y sus adictos son, naturalmente, los quichuistas; los 


bolivianos y sus simpatizantes son los aimaristas. Entre los 
más esforzados sostenedores de la primera tesis figuran 
los arqueólogos e historiados peruanos Horacio Urteaga y 


De 


José de la Riva Agúero. Entre los partidarios de la segun- 
da podemos citar a Uhle, Marckham, Midendorff, Bandelier 
y Posnansky, fuera de los bolivianos Manuel Vicente Balli- 
vián, Bautista Saavedra, Pedro Kramer y Belisario Díaz Ro- 
mero. 


Las ruinas de Tiahuanaco, cualquiera que sea su origen, 
son indudablemente, los vestigios más notables de la pri- 
mitiva cultura sudamericana. Y aunque esas ruinas han si- 
do en gran parte devastadas, puesto que han suministrado 
materiales para las construcciones de la pequeña aldea mo- 
derna del mismo nombre, para las “casas de hacienda” de 
las fincas de los alrededores y aun para edificaciones en la 
ciudad de La Paz, conservan sin embargo un sello de mag- 
nificencia que las ha hecho objeto del interés y de la curio- 
sidad de los hombres de ciencia europeos y americanos, 
desde mediados del siglo pasado. Se componen de un te- 
rraplén o montículo artificial conocido con el nombre de 
Acapana; de un recinto cuadrangular al que se ingresa por 
una escalinata de peldaños de piedra de una sola pieza, de 
gran tamaño, y al que se ha dado el nombre de Calasasaya, 
en cuyo interior se encuentran. además de numerosas escul- 
turas monolíticas, la “piedra de los sacrificios” y el “pala- 
cio de los sarcófagos”, designaciones modernas que se de- 
ben a los investigadores contemporáneos; del hipogeo de 
Pumapuncu y de otros grupos menos caracterizados. 


Difícil resulta orientarse en la técnica sui géneris in- 
ventada por los tiahuanacólogos. Pero puede afirmarse que 
el monumento más notable entre las ruinas, más que por 
sus dimensiones (tres metros de altura por cuatro de base) 
que resultan algo mezquinas para un pórtico monumental 
es la ya citada “puerta del Sol”, decorada por uno de sus 
lados con un friso en bajorrelieve, cuya figura central, men- 
cionada anteriormente, se sustenta sobre el “signo esca- 
lonado”, a guisa de pedestal, y está rodeada de cuatro se- 
ries de figuras secundarias, acerca de cuya significación 
tampoco coinciden los arqueólogos, y que bien pudieran ser, 
simplemente, motivos decorativos estilizados. : 


La índole de un libro como éste no permite entrar en 
más pormenores sobre la materia de este aparte, pero se 
puede resumirla asegurando que Tiahuanaco continúa sien- 
do un enigma que tal vez nunca llegará a esclarecerse y so- 
bre el cual la investigación viene agotando sus recursos, sin 


== 


más resultados que el de dar vuelo a la fantasía y el de au- 
mentar la confusión reinante. 


3. EL MEDIO FISICO. 


No es posible intentar la relación histórica de la vida de 
un pueblo, sin conocer las características geográficas de su 
territorio. Desde la época de Herodoto, padre de la Historia, 
quien dijo que el Egipto era “un regalo del Nilo”, la influen- 
cia geográfica ha debido tomarse en cuenta, en primer tér- 
mino, para determinar las características de una nación, cu- 
ya evolución corre parejas con las influencias que recibe del 
medio físico dentro del cual se desenvuelve. 


Uno de los americanistas y sociológos más notables de 
la época actual (') ha sostenido que el ejemplo de los incas 
pondría en situación difícil a “esos deterministas que quie- 
ren explicar a viva fuerza las sociedades humanas por su 
medio”. Esta sentencia tiene por objeto situar la influencia 
del factor geográfico dentro de sus verdaderos límites. El 
mismo autor agrega que la cuna del imperio incaico, “un te- 
rritorio situado lejos del mar, sin río navegable, de clima ru- 
do, de suelo ingrato, entrecortado por montañas y torrentes, 
cercado por desiertos y selvas vírgenes”, carecía de los ele- 
mentos esenciales que, según la escuela determinista, per- 
miten el nacimiento de las grandes civilizaciones. Esto que- 
rría decir que los incas tuvieron que luchar con las condi- 
ciones geográficas más desfavorables, para obtener la cul- 
tura y la grandeza que alcanzaron, así como también que, 
en los países geográficamente mal conformados, el esfuer- 
zo del hombre tiene que ser superior al que despliega allí 
donde la naturaleza le ha favorecido con sus dones. Y como 
el medio en que nació el imperio incaico es poco más 'o 
menos el mismo en que Bolivia vino al mundo, quiere decir 
que esta nación ha carecido, desde sus orígenes, de las 
condiciones físicas necesarias para la evolución natural que 
conduce al progreso. La circunstancia señalada, por lo tan- 
to, es alentadora en sumo grado, pues permite comprobar 
que los resultados obtenidos en un medio deficiente y hos- 
til, agravado por la falta de unidad de la raza, constituyen 


(1) LOUIS BAUDIN, profesor de la Facultad de Derecho de Dijón y autor 
de El imperio socialista de los Incas. 


— 2 


la demostración más elocuente de la capacidad y de la re- 
sistencia del elemento humano obligado a desenvolverse en 
tan desfavorables condiciones. 


Las zonas templadas del territorio boliviano son muy 
pequeñas y los valles muy raros y muy estrechos. La mayor 
extensión de la superficie territorial de Bolivia está ocupa- 
da por el sistema andino y la altiplanicie que éste forma, 
al bifurcarse, así como por las llanuras tropicales, de clima 
ardiente y malsano, surcadas por ríos torrentosos de curso 
variable y de navegación discontinua, sea porque sus aguas 
se insumen, como en el Parapetí y el Pilcomayo, sea porque 
están interrumpidos por saltos o cachuelas, como en el Ma- 
moré y el Beni, que exigen trasbordos perjudiciales al co- 
mercio. 

La principal característica de la configuración geográ- 
fica del territorio boliviano está constituida por el macizo 
andino, llamado por Humboldt “el promontorio de Améri- 
ca”. La gran cordillera de Los Andes, que viniendo del es- 
trecho de Magallanes, se bifurca al llegar aproximadamen- 
te al paralelo 27? de latitud sud, se une de nuevo al norte 
en los nudos de Vilcanota y Apolobamba, a los 14? de latitud. 
Aparte de las cadenas secundarias que se multiplican en 
el sud de Bolivia, ambas cordilleras principales: la orien- 
tal, que penetra al interior del país y la occidental o de la 
costa, que marca el límite entre Bolivia y Chile, comprenden 
entre ellas una gran extensión de tierra alta, la Altiplanicie, 
cercada por ambas cordilleras. Desde Vilcanota hasta el lí- 
mite meridional del desierto de Atacama, la Altiplanicie 
abarca unos doce grados geográficos de largo por cien ki- 
lómetros como término medio de ancho, cuya altura varía 
entre los 3.600 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. 
Dentro de esta meseta se encuentran dos grandes lagos: el 
Titicaca y el Poopó, unidos por el río Desaguadero y los 
grandes depósitos de sal de Uyuni y Coipasa. 

La cordillera de la costa u eccidental, es volcánica. Sus 
dos vertientes gravitan sobre el océano Pacífico al ponien- 
te, y sobre la altiplanicie al oriente. La cordillera interior u 
oriental, también llamada Real, se desparrama en varios sis- 
temas secundarios como Ancochuma, Corabaya, Los Frailes, 
Tres Cruces, etc. Sus contrafuertes occidentales colindan 
con la alta meseta. En esta cordillera están situados los más 
altos picos nevados de los Andes bolivianos: el Illimani, el 


Illampu, el Cololo, el Sajama, el Huaina Potosí, el Mururata 
y otros. 

En esta naturaleza inclemente, de clima frío y de flora 
y fauna pobres y escasas para la alimentación, se formaron 
los primeros núcleos de la cultura boliviana. En el reino ve- 
getal se producía la patata en todas sus variedades, la qui- 
nua (alimento sano y abundante), la cañagua y la oca; en 
el animal de uso doméstico sólo “el carnero de la tierra”, 
como le llamaron los españoles, o sea la llama, con todas 
las especies semejantes: la alpaca, el guanaco y la vicuña. 
En los lugares más bajos y en los valles se cosechaba el 
maíz, que también servía para preparar la chicha, la bebida 
alcohólica de los habitantes autóctonos. En los Yungas se 
producía la coca y algunos frutos silvestres tropicales, es- 
casa volatería y muy pocos animales de carne comestible. 
Sólo alejándose de la altiplanicie y tramontando las cordille- 


ras se llegaba a los valles templados, de mayores recursos - 


para la vida y, bajando más, hasta los últimos contrafuertes 
orientales, se alcanzaban las llanuras tropicales, en donde 
los habitantes autóctonos disponían de los recursos de la 
caza y de la pesca, magníficos y abundantes. Pero los grupos 
civilizados se formaron lejos de esas regiones privilegiadas. 

Del promontorio andino boliviano proceden en gran par- 
te las aguas que forman los estuarios del Amazonas y del 
Plata. También en territorio boliviano se produce el divortia 
aquarum, es decir, la división de los caudales que forman 
esas dos redes hidrográficas, las más grandes de la Amé- 
rica meridional, fuera del sistema interior o altiplánico y del 
sistema del Pacífico, que es de secundaria importancia. Ya 
hemos dicho que ninguno de los afluentes de esas dos ho- 
yas permiten, desde territorio boliviano, la navegación in- 
interrumpida hasta el océano. 


Pero si la configuración sui géneris del suelo boliviano 


ha creado condiciones tan adversas para la vida humana, le 
ha dado en cambio una relativa compensación en la riqueza 
mineral, producto de la estructura geológica. Los yacimien- 
tos de plata, oro, estaño, cobre, plomo, antimonio y otros, 
dieron al territorio boliviano posibilidades extraordinarias. 
Pero la explotación de las minas constituye un medio de vi- 
da limitado y precario y no da lugar a la formación de nú- 
cleos sociales importantes y permanentes. 

Está probado que la explotación de las minas en nues- 
tro territorio es tan antigua como las culturas establecidas 


MEN. PR 


en él desde los tiempos más remotos. El uso del cobre es 
contemporáneo del florecimiento de Tiahuanaco, pues los en- 
ganches de las murallas de esa ciudad prehistórica eran de 
ese metal, según Nordenskiold. Lo mismo cabe decir del 
oro, que se empleaba en objetos de adorno. Luego vino el 
descubrimiento de la plata y del bronce, que se usaron en 
gran escala en el período incaico. Las minas argentíferas 
de Porco se explotaban en la misma época. Es obvio consi- 
derar que el bronce se fabricó en la altiplanicie, rica en mi- 
nerales de estaño y cobre. 

La explotación de las minas en los tiempos primitivos 
y en la época incaica se hacía por métodos rudimentarios: 
abriendo galerías con barreno y a golpe de martillo, puesto 
que faltaban los explosivos y los procedimientos mecáni- 
“cos. El mineral se fundía en crisoles de barro y empleando 
el procedimiento de las guairas u hornillas mantenidas en 
combustión por acción del viento. 

Esa explotación de los yacimientos minerales operada 
desde épocas remotas, es la que ha hecho de los indios de 
los Andes de Bolivia, diestrísimos y consumados mineros. 

Un distinguido escritor cuya obra histórica quedó in- 
conclusa o, mejor dicho, apenas comenzada, Pedro Kramer, 
ha expresado con mucho acierto que, como “el ascenso de 
la altiplanicie a las dos cordilleras es generalmente difícil, 
esa circunstancia ha influido mucho en los destinos del ac- 
tual territorio de Bolivia”. 

Como la extensión de este ensayo no permite entrar 
en pormenores que sólo cabrían en una obra de otro carác- 
ter, debemos remitir al lector, si desea profundizar en estos 
antecedentes, al estudio de la geografía física de Bolivia 
que le proporcionaría todos los datos ilustrativos necesa- 
rios. La anterior relación sólo pretende dar una visión de 
conjunto. 

Podemos agregar, sin embargo, algunas consideracio- 
nes complementarias. Existe la costumbre inveterada de 
ponderar las riquezas del suelo boliviano, es decir, la natu- 
raleza exuberante del territorio nacional, expresando que 
él es pródigo en los productos de los tres reinos de la na- 
turaleza y mirando unilateralmente la riqueza potencial, sin 
tomar en cuenta las dificultades con que se tropieza para 
explotarla, siquiera en forma que permita su aprovechamien- 
to en beneficio de los habitantes de las diferentes zonas 


E y RE 


en que el país se halla dividido. Esas zonas $e encuentran 
aisladas en tal forma, que el comunicarlas entre sí, sea por 
medio de ferrocarriles o de caminos transitables, es y ha 
sido siempre el más grave de los problemas bolivianos. 

Lógicamente una nación cuya estructura física posee 
tan especiales características, tiene que ser una nación con- 
denada a un desarrollo lento, cuya economía dislocada, in- 
conexa e incompleta, debe ser previamente reformada si 
se desea que el país se ponga en condiciones de alcanzar 
los altos niveles de progreso. La historia de la lucha contra 
ésas y otras condiciones adversas que se examinarán más 
adelante (lucha afrontada con más o menos capacidad y 
acierto) es la verdadera historia de Bolivia, a la luz de las 
leyes económicas que presiden la marcha y la evolución de 
los pueblos. 


4. LA RAZA. 


Para proceder con método conviene examinar previa- 
mente cuál era el elemento humano autóctono que existía 
en el territorio boliviano en el momento de la conquista, 
para luego hablar de los productos del mestizaje. 

A la cabeza de la cultura andina, que por aquel tiempo 
se hallaba bajo la égida del imperio incaico, figuraban prin- 
cipalmente los aimaras y los quichuas. Parece que los pri- 
meros se extendían primitivamente desde Ayaviri hasta Ca- 
racollo. Con posterioridad se concentraron entre los 15? y 
los 20? de latitud, es decir, desde la provincia de Tinta en 
el Perú, hasta Paria, en el actual departamento de Oruro. 
Las principales agrupaciones aimaras eran los omasuyos, 
los pacajes, los carangas, los yungas y los sicasicas. Los 
quichuas de Bolivia eran vecinos de los aimaras y ocupaban 
los actuales departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, 
Potosí, parte de Oruro y parte de La Paz (provincia Muñe- 
cas). 

Aimaras y quichuas estaban incorporados a la civiliza- 
ción incaica y poseían sus características, que se examina- 
rán más adelante, aparte de algunos hábitos propios del 
pueblo aimara que los incas habían adoptado o que tolera- 
ban, por razones de política o por necesidad. 

La lengua aimara ha sido considerada siempre como 
una de las más ricas y completas. Sus apologistas —ya lo 


di DE 


hemos visto— han atribuido origen aimara a todos los idio- 
mas de la tierra. D'Orbigny dice que el aimara es un idioma 
“elegante y poético, pero uno de los más duros del mundo”, 
sobre todo por su carácter gutural. En cuanto a gobierno, 
las leyes aimaras procedían de las viejas tradiciones y cos- 
tumbres. Los mallcus eran jefes superiores y jueces. Los 
ancianos de la tribu se reunían para servir de consejeros. 
Su religión empezó por ser eminentemente espiritualista. 
Creían en un ser supremo, todopoderoso e invisible, al que 
llamaban Wiracocha o Huirajocha (Viracocha escribe, sim- 
plemente, Garcilaso) pero luego adoraban las manifestacio- 
nes materiales de su poder, que no podían explicarse natu- 
ralmente: el rayo, el trueno, la nieve, etc. Tenían nociones 
relativas a la inmortalidad del alma y practicaban el culto 
de los muertos. Todas estas creencias estaban presididas 
por el totemismo. Eran pastores (criaban rebaños de llamas 
y alpacas) y cultivaban la tierra. Explotaban las minas y co- 
nocían el beneficio y el uso de algunos metales. Existe la 
suposición bien fundada de que los aimaras constituyeron 
en época remota un imperio ramificado. 

Poco hay averiguado sobre la cultura quichua anterior 
a la fundación del imperio de los incas. En cuanto a organi- 
zación, costumbres, religión, etc., de los quichuas, habla- 
remos extensamente al ocuparnos del Tahuantinsuyo. 


Por lo que se refiere a los caracteres físicos de aimaras 
y quichuas, historiadores y sociólogos bolivianos han pasa- 
do generalmente de largo sobre esos temas. La etnografía 
y la antropología no sor ciencias que les han interesado gran 
cosa. Debemos apelar, por lo tanto, a las investigaciones y 
a los estudios de exploradores y hombres de ciencia extran- 
jeros, generalmente europeos, para dar una idea de los ca- 
racteres físicos de los habitantes autóctonos del territorio 
boliviano. 

Sobre la nación aimara, por ejemplo, dice D'Orbigny, en 
L'Homme Américain, que es una de las que merecen más 
atención. Afirma que, difiriendo muy poco del quichua, el 
aimara, en cuanto a caracteres físicos, se distingue de él en 
“el largo y el ancho del pecho” por cuanto habita regiones 
de gran altura. Agrega que el aimara tiene la misma forma 
de cabeza que el quichua, es decir, “frecuentemente volumi- 
nosa, oblonga de adelante hacia atrás o ligeramente compri- 
mida, lateralmente; la frente, generalmente convexa y de- 


> 


primida, pero sin presentar la deformación aplastada de los 
cráneos encontrados en las tumbas de sus antepasados de 
las islas del Titicaca, lo que demuestra que esa deformación 
se hacía por medios artificiales”. 

Respecto a los quichuas, dicho etnólogo, cuya autori- 
dad no ha sido superada, dice que tienen el mismo color 
bronceado de los aimaras y que su talla es generalmente 
más baja, no encontrándose ejemplares que pasen de un 
metro y setenta centímetros. La talla media es de un me- 
tro y sesenta centímetros, y todavía menor en los lugares 
fríos, siendo más elevada en los valles. Los quichuas tie- 
nen el tronco, más largo que los hombres de otras razas 
y las extremidades más cortas. La amplitud del pecho es 
normal. El rostro es ancho y la nariz aguileña y curva, como 
entre los aimaras. La dentadura es buena y resistente. Los 
ojos pequeños, horizontales y no oblicuos, como general- 
mente se cree. El idioma quichua es también gutural, co- 
mo el aimara, aunque en menor grado. 

Independientemente de quichuas y aimaras, pertene- 
cientes al primer grupo de los pueblos andinos —o andope- 
ruanos, como dice el etnólogo citado, de acuerdo con la cla- 
sificación más difundida— la región alta del territorio bo- 
liviano estaba poblada por los atacamas, los changos y los 
uros, habitantes de las vertientes occidentales de los An- 
des marítimos, en el antiguo litoral boliviano y de una parte 
de la altiplanicie. Atacamas y changos parece que tenían 
casi las mismas características físicas de los quichuas, de 
quienes eran vecinos. Ambas naciones hablaban lenguas y 
tenían costumbres algo diferentes de los quichuas y de los 
aimaras. Dichos pueblos parecen totalmente extinguidos en 
la actualidad, así como los puquinas, a quienes se atribuye 
origen arawak. 

El segundo grupo racial situado hacia el interior de Bo- 
livia con el nombre de antis, abarcaba y abarca principal- 
mente a los yuracarés, los mosetenes, los tacanas, los ma- 
ropas y los apolistas. Algunos etnólogos han llamado tam- 
bién a este grupo norandino, agregándole otros pueblos que 
en realidad pertenecen a los mojos. De este grupo dice 
D'Orbigny que sus componentes varían de color, desde el 
oliváceo oscuro hasta un tono bastante claro. Agrega que 
son de talla superior a quichuas y aimaras y que tienen el 
tronco de proporciones normales, rostro oval y nariz varia- 


a 7 


ble. Habitan las regiones en que se extinguen los contra- 
fuertes de la cordillera real, generalmente quebrados, de cli- 
ma caliente y húmedo y de vegetación exuberante. Entre 
esos pueblos, aun en la actualidad quedan algunos en esta- 
do salvaje y eran los habitantes del Antisuyo, una de las par- 
tes en que se dividía el imperio del Cuzco, aunque lo más 
probable es que en la mayor extensión de ese territorio no 
se hubiera sentido mayormente la influencia incaica. Eran 
cazadores, pescadores y navegantes, como lo son sus des- 
cendientes. 

Dentro de la raza, pampeana, o de los llanos, según d'Or- 
bigny (), existía el grupo chiquitano, en el que estaban 
comprendidos los zamucos, los chiquitos propiamente di- 
chos, los otuquis, curuminacas, covarecas, curavés, tapiis, 
curucanecas, corabecas, paiconecas, etc. La etnografía agru- 
pa a todas estas tribus bajo una denominación común, tan- 
to por sus caracteres físicos semejantes (color claro, talla 
media de 1.65, fisonomía vivaz y alegre, labios delgados, 
nariz corta, cara redonda, etc.) como por la región que ha- 
bitaban y aún habitan, entre Mojos y el Chaco Boreal y por 
sus costumbres sedentarias. Los chiquitanos hablaban tan- 
tas lenguas como eran los pueblos o tribus en que se divi- 
dían, pero todas o casi todas esas lenguas eran eufónicas. 
Por obra de los misioneros jesuitas muchas de ellas desa- 
parecieron para fundirse en el chiquitano. Eran gentes ale- 
gres, comunicativas y que gustaban de la música y el baile; 
poseían una sociabilidad extraordinaria y eran muy hospita- 
larios. 

Luego cabe considerar al grupo mojeño, también pam- 
peano, compuesto de numerosas “naciones”, algunas de 
ellas subdivididas, pero cuyas principales clasificaciones 
eran las siguientes: mojos, chapacuras, itonamas, canicha- 
nas, movimas, cayubabas, pacaguaras e iténez. 


El color de la piel de los mojeños era moreno pálido. 
Su talla era mayor que la de los chiquitanos y tenían un 
aire más varonil y decidido. Sus lenguas diferían de las 
que aquéllos y eran relativamente más duras en su pronun- 
ciación. Los mojeños eran también sociables y los más in- 
dustriosos e ingeniosos entre los naturales que habitaban 


(1) L'Homme Américain, tomo !l. 


e]: E 


el territorio más tarde boliviano. Antes de la conquista vi- 
vían en behetrías y sus creencias religiosas eran tan va- 
riadas como diferentes entre sí. Se sometieron fácilmen- 
te a la organización de las misiones jesuíticas. 

Queda todavía por hablar de los pueblos de origen 
guaraní, establecidos en suelo boliviano, con sus tres ra- 
mas de chiriguanos, guarayos y sirionós, seguramente por 
obra de las grandes emigraciones a que los tupí-guaraníes 
eran tan inclinados. Todas estas agrupaciones guaraníticas 
habitaban y habitan todavía en el oriente o en el sudeste 
de Bolivia. Eran caníbales y guerreros. Los chiriguanos, por 
ejemplo, se sobrepusieron a los quichuas y a otros pueblos 
y los dominaron, desalojándolos 'de las regiones de Tarija, 
Tomina y Cordillera, así como a los chanés, pobladores de 
los llanos de Grigotá, a quienes esclavizaron y absorbieron. 

El P. Corrado describe a los chiriguanos como hombres 
de talla aventajada y muy desarollados fisicamente. “Cara 
ancha, frente poco espaciosa y pómulos algo salientes, ojos 
oblicuos y negros, boca grande de labios prominentes, nariz 
gruesa y roma, color parduzco. Se frotan la piel con aceite 
de palmera y se pintan el rostro y las piernas con tinte ve- 
getal de un rojo amarillento. Su vestido es elemental y ge- 
neralmente no lo usan sino para las fiestas. El adorno es- 
pecial que los distingue es la tembeta, que consiste en una 
especie de botón que lucen en el labio inferior, que es agu- 
jereado para el efecto. Es de madera o estaño, adornado con 
una piedra vistosa, azul o verde”. 

Los chiriguanos no gustaban de reunirse en pueblos. 
Generalmente vivían en agrupaciones reducidas o en tolde- 
rías situadas en pequeñas alturas o a orillas de los arroyos. 
Se alimentaban de maíz y hortalizas, así como de pescado y 
productos de la caza, sazonados con ají. Se embriagaban con 
chicha, a la que llamaban cangúi, fabricada como en el Pe- 
rú. Eran antropófagos. Carecían de verdaderas prácticas re- 
ligiosas y no tenían templos. Creían en un ser supremo, !la- 
mado Tumpa, en los genios tutelares y en el genio del mal 
(Aña). Practicaban la hechicería y eran polígamos. 

Los guarayos (segundo grupo de la raza guaraní esta- 
blecido en territorio boliviano) eran de piel más clara, a tal 
punto que a veces se les confundía con gentes de la raza 
blanca. Su talla era mayor que la de los chiriguanos y sus 
formas proporcionadas y esbeltas. Eran bondadosos, afa- 


— 29 — y 


bles y hospitalarios. En una palabra, la flor de las agrupa- 
ciones primitivas del territorio oriental del país. Sus fac- 
ciones eran regulares. Sus costumbres morales, irreprocha- 
bles. Se alimentaban de la caza y de los productos agríco- 
las, que cultivaban con esmero. Como las demás agrupa- 
ciones selváticas, dormían en hamacas. Sus casas eran bien 
construidas, de madera y de palmas. El gobierno era patriar- 
cal y sólo tenían dos leyes severas: contra el robo y el 
adulterio de la mujer. Su dios se llamaba también Tumpa y 
le veneraban como a benefactor y padre. 

Los sirionós constituían la tercera rama boliviana de 
origen guaraní y se distinguían por lo indómitos y selváti- 
cos. Vivían desnudos y desdeñaban los adornos. 

El idioma de estas tres agrupaciones era el guaraní 
más o menos degenerado, con variaciones respecto a la 
lengua del Paraguay y Corrientes. 

Habría que mencionar también otras tribus del Chaco 
boliviano, pertenecientes a la raza pampeana, que sería 
largo enumerar. 

La clasificación que antecede, seguramente algo defi- 
ciente y arbitraria, porque antropólogos y etnógrafos no 
están todavía de acuerdo sobre muchos puntos relativos a 
ella, marca en todo caso una directiva útil para darse cuen- 
ta de los elementos raciales nativos que concurrieron y to- 
davía concurren a la formación del factor humano que ha 
servido de base a la población boliviana. Sobre ese mosaico 
absurdo hay que agregar todavía la influencia del conquis- 
tador. español, que no tardó en mezclarse con la población 
autóctona; del negro que, felizmente en pequeña escala, con- 
tribuyó también a la confusión de razas; y del europeo de 
otros orígenes que gradualmente ha ido influyendo en la 
amalgama de las sangres. 

Aunque el concepto de raza ha evolucionado en los úl- 
timos tiempos hasta el extremo de ser solamente aplicable, 
desde el punto de vista estrictamente científico, a la dife- 
rencia de los caracteres somáticos, forzosamente tendre- 
mos que usarlo para referirnos al elemento humano que 
primitivamente habitó el territorio de Bolivia y que en par- 
te todavía lo habita, a fin de dejar establecido que no exis- 
te una raza boliviana homogénea, ni siquiera en estado de 
formación. A ello se han opuesto los factores más arriba 
examinados someramente. No se puede considerar como 


“raza boliviana” ni siquiera el elemento autóctono, cuya 
infinita variedad ha podido apreciarse en la enumeración 
anotada. El mestizaje se ha detenido por la falta de fuerte 
inmigración blanca y no hace sino extenderse en pequeña 
escala. El fenómeno, por lo demás, es natural y lógico en 
un pueblo nuevo y más atrasado que otros en la marcha 
de su evolución. Los dos grupos étnicos autóctonos más 
importantes y persistentes son el aimara y el quichua, que 
constituyen la raza andina, y a su resistencia se debe su 
estancamiento. Por lo demás, no alcanzan a poblar ni siquie- 
ra la mitad del territorio nacional. Los grupos de la zona tro- 
pical y de los llanos orientales tienen tal diversidad de tipos 
en cuanto a aspecto físico, idiomas y costumbres, que ni la 
división por zonas geográficas puede adoptarse con éxito pa- 
ra clasificarlos. Entre los indios de Mojos, de Chiquitos y 
del Chaco, por ejemplo, se hallan incrustados varios pueblos 
de origen guaraní, así como tribus cuyas lenguas acusan as- 
cendencia arawak. 


5. CIVILIZACION ANTERIOR AL PERIODO INCAICO. 


Para completar el cuadro de los antecedentes que han 
dado nacimiento a la nacionalidad boliviana, se impone exa- 
minar también el estado de cultura en que se encontraban 
las agrupaciones humanas que habitaban el territorio con 
anterioridad al advenimiento de la dominación incaica. To- 
do parece indicar que sólo la nación aimara era digna de 
mención a este respecto. 

Descartando el enigma de Tiahuanaco, por abstruso e 
indescifrable si se la considera desde el punto de vista ex- 
clusivamente histórico, conviene considerar la tradición re- 
lativa a los aimaras, primeros habitantes conocidos de la re- 
gión del lago Titicaca. Los aimaras no constituyeron propia- 
mente una nación. Su organización social, basada en el aillu, 
al que un ilustrado escritor ha llamado “ampliación elemen- 
tal del concepto de familia”, no alcanzó a dar nacimiento a 
la idea de patria. La reunión de aillus o su desdoblamiento 
formó la comunidad o la marca. 

Acudiendo a la tradición folklórica, recogida por los cro- 
nistas de la conquista y perfeccionada por los estudiosos 
de la época moderna, existen algunas fuentes, bastante ne- 
bulosas, que suministran ciertos datos sobre la organiza- 


AA 


ción del pueblo aimara. También existen monumentos que 
lógicamente deben considerarse construidos por los aima- 
ras, puesto que subsisten hasta nuestros días, lo que indica 
que fueron levantados después de la destrucción de Tiahua- 
naco. Ellos son las llallahuas, las pucaras y las chulpas o 
tumbas en que se guardaban los “muertos sentados”. 

El pueblo aimara se dedicaba al pastoreo y en menor 
escala a la agricultura. Su religión abarcaba una trinidad de 
la que hacía parte el dios Viracocha, precedentemente cita- 
do, Pachacamac, animador de! universo y Khuno, espíritu 
destructor o genio del mal. Creían también en el espíritu de 
la tierra (Pachamama), en el espíritu malo (Supaya) y en 
muchas deidades tutelares. 

Sus templos principales (huacas) se levantaban en la 
isla. del Sol (Inticaca) y en Copacabana. Los aimaras eran 
gobernados por los mallcus y por sus lugartenientes, los 
¡lacatas. AS: 

Los arqueólogos y los cronistas están generalmente 
conformes en afirmar que después de la destrucción de Tia- 
huanaco se produjo en la altiplanicie boliviana un largo pe- 
ríodo de aplanamiento, que en realidad corresponde a la cul- 
tura aimara o a su decadencia. Luego sobrevino el imperio 
del Cuzco, cuyo origen no. ha podido esclarecerse a través 
de leyendas contradictorias. Si la misma tradición incaica 
se presentó tan oscura para los conquistadores, con más 
razón es aventurado afirmar cualquier cosa con relación 
a la prehistoria aimara. Una de las noticias más difundidas 

.€s la que sostiene que la guerra civil entre los caris y los 
sapanas, facilitó la conquista de los incas y su primera irrup- 
ción en territorio actualmente boliviano. Este suceso se co- 
loca generalmente en los reinados de Maita-Cápac (cuarto 
inca) y de su sucesor Cápac-Yupanqui. 

Según Bautista Saavedra, el aillu no es sino “la gens 
primitiva de las poblaciones del centro del continente sud- 
americano”. Explica que el aillu es la célula social formada 
por la familia consanguínea con un antepasado común. El 
aillu se transformó en comunidad agrícola, y el conjunto de 
aillus en la marca o aldea. A estar a esta información, se 
encuentra entre los aimaras y quizá también entre los qui- 
chuas, que los imitaron, el más remoto núcleo de la socie- 
dad boliviana. Su estructura ha debido influir por lo tan- 
to, por lo menos en cierta región, en las modalidades socia- 


es TA 


les del país, pese a la influencia transformadora de la con- 
quista española. El sello indígena ha debido tener, forzosa- 
mente, una influencia persistente en la psicología colectiva 
y en más de una característica de la sociedad boliviana. 


No hay noticia de que la civilización aimara hubiera al- 
canzado un período superior de evolución bajo la dominación 
incaica, como lo veremos más adelante. 


CAPITULO I11 
DOMINACION INCAICA 


1.— Importancia de este período.— 2.— Bases de la orga- 
nización incaica.— 3.— Educación, culto, trabajo colectivo 
y otras características.— 4.—- Dominación total del territo- 
rio boliviano por el imperio del Cuzco. 


1. IMPORTANCIA DE ESTE PERIODO. 


Los historiadores de Bolivia generalmente pasan por 
alto o.se refieren muy superficialmente al período incaico, 
como si se tratara de un accidente sin mayor trascenden- 
cia. Es sorprendente esa manera de considerar un asunto que 
es desde todo punto de vista fundamental. Nuestro actual 
territorio fue parte integrante del imperio del Cuzco y, lo 
Jue es más esencial, uno de sus componentes principales. 
Es cosa admitida, por otra parte, de acuerdo con la tradición 
más autorizada que recogieron los primitivos historiadores 
de Indias, que la cuna de los fundadores del imperio estu- 
vo situada en suelo boliviano. 

Pero hay algo más trascendente. La cultura incaica im- 
primió tan hondas huellas en el elemento autóctono de nues- 
tro país, elemento que constituye más de la mitad de la 
población total..de Bolivia, que no es posible referirse al 
proceso histórico y sociológico de la nacionalidad, sin con- 
siderar seriamente la influencia profunda de las institucio- 


LS 


nes incaicas en la mentalidad, en las costumbres y en la 
economía de una gran porción de nuestro pueblo. La explo- 
tación agrícola en la altiplanicie y en las regiones templadas 
continúa haciéndose, con pocas excepciones, conforme al 
sistema de los incas, inspirado quizá en sus antecesores 
los aimaras, pero adaptado y perfeccionado por aquéllos. 
Hasta en las prácticas religiosas hay supervivencias ances- 
trales que demuestran de cómo las creencias de los incas 
continúan presidiendo la vida espiritual de nuestros indios 
y mestizos. 

Aunque los incas carecieron de escritura, elemento in- 
dispensable para mantener una verdadera tradición histó- 
rica, las relaciones de los cronistas y las investigaciones 
realizadas con empeño en época posterior han adelantado 
mucho en el conocimiento de la organización social y de 
la vida civil del llamado Tahuantinsuyo. No puede negarse 
que las fuentes de información han sido deficientes, si se 
consideran las contradicciones en que generalmente se in- 
curre en lo relativo al origen de la dinastía incaica. Refirién- 
dose a esa tradición, uno de los cronistas coloniales que se 
ocuparon en recogerla (Sarmiento de Gamboa) no vaciló en 
calificarla de “ensalada graciosa”. 


Cierto es que los incas disponían de un sistema de con- 
tabilidad aplicable a la cronología y a la estadística (el de 
los quipus), que les permitía, con el auxilio de funcionarios 
especiales, mantener una especie de registro destinado a 
ayudar la memoria, para evocar los acontecimientos del pa- 
sado. Pero ni ese método, reforzado por algunos documen- 
tos gráficos (como las pinturas o dibujos sobre tablas que 
se encontraron en el templo del So! del Cuzco y los lienzos 
de Coricancha, en que se veían bordados los retratos de los 
incas, con los hechos principales de sus respectivos reina- 
dos) ha sido suficiente para reconstituir la verdadera histo- 
ria de un pueblo que contaba con varios siglos de existen- 
cia. De esos paños o lienzos, remitidos a España por el vi- 
rrey Toledo en 1572, fue tomada la iconografía de los incas 
que aparece en la portada de las Décadas de Herrera (edi- 


ción de 1728) y las reproducciones posteriores en que ha 


intervenido la fantasía. 

Pero aun pasando por alto la inseguridad que ofrecen 
los fastos así reconstituidos, bien se puede, sobre la base 
del estudio de las instituciones incaicas que se mantenían 


-—36— 


en pie en la época de la conquista, de las costumbres, de 
la religión y de otros'aspectos de la vida de ese gran pue- 
blo, obtener una idea bastante aproximada de los antece- 
dentes de su cultura, que es parte integrante de la cultura 
boliviana. La tradición incaica es patrimonio común de los 
pueblos que formaron el imperio, como la historia de Amé- 
rica durante la dominación española es parte de la historia 
de España. ' 

El testimonio de los cronistas —ya lo hemos dicho— 
es vago y contradictorio. Recogieron las relaciones orales 
del pueblo conquistado, doblegado por el temor e imbuido 
de la más natural desconfianza. Los historiadores primiti- 
vos, además, según su carácter y. procedencia, pensaban 
de manera distinta. Mientras Garcilaso, de ascendencia in- 
dia, se empeñaba en demostrar que el régimen incaico ha- 
bía sido paternal y perfecto, el ya citado Sarmiento de Gam- 
boa, estrecho colaborador del virrey Toledo, pretendía pro- 
bar que los incas habían sido tiranos, sanguinarios y usur- 
padores, con el propósito de hacer resaltar, por contraste, 
la política colonial española, que pretendía ser sabia y hu- 
manitaria para la raza sometida. Es prudente presumir que 
la verdad se encuentra en el término medio de opiniones 
tan definitivas como antagónicas. 


La bibliografía relativa al tema incaico, antigua, mo- 
derna y contemporánea, es copiosísima y reviste un interés 
apasionante. Generalmente abundan en ella las obras de to- 
no polémico, género al que son tan inclinados los investi- 
gadores del pasado de América, tanto europeos como ame- 
ricanos. Sería largo e inconducente para nuestros fines glo- 
sar cada una de sus opiniones, engolfándonos en disquisi- 
ciones interminables. Procuraremos, por lo tanto, limitar- 
nos a los hechos 'averiguados y atenernos a las opiniones 
más autorizadas en la materia. 


Hasta sobre la procedencia de los fundadores del im- 
perio se siguen manteniendo disputas que no. dan señales 
de llegar a feliz término. Frente a la versión más difundi- 
da —la de Garcilaso— que habla de Manco-Kápac y Mama: 
Ocllo, hijos del Sol, que partieron de una isla del lago Ti- 
ticaca, con la misión de establecerse en el lugar donde se 
hundiera con facilidad una vara de oro que llevaban consi- 
go, para desde allí dedicarse a enseñar y doctrinar al género 
humano, existe la de los Ayares, cuatro parejas predestina- 


PE y AP 


das para la misma obra, que salieron de unas cuevas situa- 
das en Pacaritambo, cerca del Cuzco, y acometieron la tarea 
de fundar una dinastía, aunque también bajo la dirección 
de Manco. Los citados personajes, que eran hermanos, te- 
nían los nombres de Ayar-Manco, Ayar-Cachi, Ayar-Uchu y 
Ayar-Auca. Sus mujeres y hermanas eran Mama-Ocllo, Ma- 
ma-Cora, Mama-Raua y Mama-Huaco. Todas las leyendas re- 
lativas a la creación del imperio son imprecisas, vagas y 
fabulosas. Se pierden entre las brumas de lo irreal y de las 
concepciones míticas, al extremo de que subsiste la duda 
sobre si Manco-Cápac, es un personaje que existió o sola- 
mente una ficción. 

Mientras algunos sostienen que los primeros incas fue- 
ron de raza aimara, por cuanto procedían del Collasuyo, re- 
gión habitada por los aimaras, otros pretenden que su ori- 
gen fue quichua e invocan que el idioma general del imperio 
era la lengua de los quichuas, bien que no faltan opiniones 
que afirman que eran extranjeros y que hablaban entre ellos 
un idioma que no era el de sus súbditos. 


Poca trascendencia tienen, a nuestra manera de ver, es- 
tas discusiones, desde el momento en que el imperio del 
Cuzco abarcó bien pronto .a quichuas y aimaras. La impor- 
tancia del tema consiste en el estudio de las instituciones 
incaicas y de su eficacia en la dirección de la vida de los 
pueblos de esta parte de América. 


2. BASES DE LA ORGANIZACION INCAICA. 


El misterio con que los primeros soberanos del Cuzco 
supieron rodear su cuna, atribuyéndose origen divino, cons- 
tituyó la base de su poder sobre las sencillas gentes que 
habitaban el territorio. Las creencias religiosas afianzaron 
el principio de jerarquía, sobre el que debía descansar toda 
la organización del imperio. De los antiguos aillus reales o 
grupos familiares, de donde salieron los primeros monar- 
cas, se formó la casta gobernante, con un estatuto privile- 
giado y con derechos que la diferenciaban totalmente de la 


-masa del pueblo. Es inútil, por consiguiente, hablar de una 


organización incaica socialista, si ha de interpretarse esta 
palabra en el sentido igualitario. 

El inca era la encarnación de la divinidad, parte de ella 
y también la divinidad misma. Están, pues, en lo cierto quie- 


— 38 — 


nes afirman que el imperio peruano era un estado teocrático. 
El inca se hacía adorar como hijo del Sol, dios tutelar. Pero 
la religión tenía fundamentos más elevados. Proclamaba un 
principio creador: Pachacamac. Y dentro de una tendencia 
absolutamente panteísta se veneraban todas las cosas que 
no tenían para el pueblo una explicación natural o que sa- 
lían de lo común: las huacas. 

La ley era la voluntad del inca, que era la voluntad di- 
vina; pero como los emperadores gobernaban sabiamente, 
respetando las costumbres establecidas y haciéndolas res- 
petar, conciliaban el principio de autoridad con el del inte- 
rés público. Las innovaciones se producían solamente cuan- 
do así lo exigía la política de unificación, necesaria para el 
mantenimiento del imperio. 

Los incas cuidaban en sus conquistas de mantener y 
respetar no solamente los hábitos de los pueblos conquis- 
tados, en cuanto no afectaran a la unidad nacional, sino 
hasta las creencias religiosas. Simplemente superponían el 
culto del Sol, pero no abolían los cultos locales, que subsis- 
tían como secundarios. La clase sacerdotal estaba subordi- 
nada a la persona del soberano, que ejercía la autoridad de 
pontífice máximo. 

Otra de las bases fundamentales de la organización in- 
| caica era la económica. Se cuidaba de mantener y de aumen- 
| tar la producción. Como las buenas tierras de cultivo eran 

pocas, allí donde la población crecía y las subsistencias po- 
dían escasear, la autoridad proveía la traslación de grupos 
de familias a lugares que ofrecían mayores ventajas para 
la agricultura. La cooperación del estado en este sentido era 
siempre activa y eficaz. Respetando los derechos del aillu 
o de la comunidad agraria, se planeaban y ejecutaban obras 
de nivelación y de riego, se ensanchaban las tierras de cul- 
tivo y se proporcionaban semillas. La distribución de la tie- 
rra se hacía dividiéndola en tres partes: para el Sol (cuyo 
producto se destinaba al culto), para el inca (tributo fiscal) 
y para la comunidad. Según algunos cronistas, la extensión 
de las parcelas variaba según las necesidades de la pobla- 
ción y según la fertilidad del suelo. Pero en ningún caso se 
exigía tributo sin asegurar primeramente el abastecimiento 
suficiente para el pueblo. En casos de sequía u otros acciden- 
tes, los almacenes imperiales se encargaban de proporcio- 
nar alimentos. Anualmente se hacía la repartición de las 


— 39 — 


tierras de las comunidades, según la necesidad de cada uno 
de sus componentes. Una parte de las tierras del inca o una 
parcela especial se cultivaba para el mantenimiento de viu- 
das, inválidos e incapaces. 

Los incas descubrieron el sistema de convertir en un 
placer el trabajo agrícola. Los momentos de la siembra y de 
la cosecha daban lugar a grandes fiestas, así como el labo- 
reo de las tierras del soberano. De estas prácticas se han 
conservado algunas hasta nuestros días. 

Pero no debe creerse —como se ha afirmado con fre: 
cuencia— que el imperio tenía organización comunista. El 
producto de los cultivos en común se distribuía por partes 
iguales y cada individuo podía disponer de la suya como ab- 
soluto propietario. La propiedad individual regía también so- 
bre la casa, los muebles, los animales domésticos, etc. Ha- 
bía, además, absoluta libertad de comercio, que no era afec- 
tada por la falta de moneda, desde el momento en que exis- 
tía la costumbre del trueque o se empleaban ciertas espe- 
cles representativas del valor de los productos. Aunque la ' 
propiedad de la tierra no era individual sino que correspon- 
día a los aillus o comunidades, era propiedad privada y el 
estado no tenía derecho sobre ella. No había, pues, comunis- 
'mo, sino colectivismo agrario. 

La estadística era una de las preocupaciones principa- 
les de la organización incaica. Salta a la vista su importan- 
cia para la dirección de un estado colectivista. El censo de 
la población era llevado a maravilla, por medio de un siste- 
ma práctico que dividía a los habitantes en categorías, de 
acuerdo con las edades. El empadronamiento se hacía to- 
dos los años. 

El servicio de estadística corría a cargo de gran núme- 
ro de funcionarios de diferente importancia, ocupados a la 
vez de la contabilidad y de la conservación de los anales his- 
tóricos por medio de los quipus. 

La sociedad incaica estaba dividida en castas. La pri- 
mera era la nobleza, compuesta de los “orejones”, nombre 
con que los designaron los conquistadores españoles, por la 
deformación del pabellón de la oreja, causada por la costum- 
bre de llevar grandes pendientes. Aun entre los nobles ha- 
bía categorías, según que pertenecieran a la descendencia 
de alguno de los monarcas o de personas que se hubieran 
distinguido en funciones de gobierno o de guerra. Esto es, 


— M0 


la nobleza hereditaria o de sangre y la nobleza por méritos. 
La educación estaba destinada exclusivamente a esta clase. 
La casta sacerdotal también procedía de la nobleza. 

Las funciones de gobierno, especialmente en las pro- 
vincias, eran ejercidas por los curacas o gobernadores, unos 
de nombramiento imperial y otros originarios del lugar en 
que ejercían sus funciones por herencia, pero confirmados 
por el inca. 

Los jefes militares, cuando no procedían de la nobleza, 
eran ennoblecidos por sus hazañas y premiados por sus 
méritos. ; 

Luego venía la casta de los hatunrunas, hombres de la 
clase media, habitantes de ciudades y pueblos, artesanos y 
funcionarios subalternos, así como agricultores. Estaban 
subdivididos en dos categorías: marca-runas y llacta-runas. 
Y, por último, la casta de los yanaconas, categoría que, se- 
gún la expresión de Baudin, “se encuentra colocada al mar- 
gen de la sociedad incaica”. Los yanaconas eran verdaderos 
esclavos, sometidos a servidumbre por herencia. 

El distintivo de las clases residía en la forma y en la 
calidad del vestido. La nobleza se distinguía hasta en el cor- 
te del cabello y en los adornos. Sus individuos eran los úni- 
cos que podían llevar telas de lana de vicuña, pendientes, 
collares y brazaletes de oro, plata y piedras preciosas. Los 
hatunrunas debían vestirse de manera igual y sólo se dife- 
renciaban, entre los habitantes de las diferentes provincias, 
en la forma del sombrero. 


3. EDUCACION, CULTO, TRABAJO OBLIGATORIO Y OTRAS 
CARACTERISTICAS. 


Ya hemos dicho que la educación general no existía en 
el imperio. Estaba limitada a la nobleza o clase directora. 
Bajo la tutela de los amautas o sabios, existían en el Cuzco 
las escuelas para la aristocracia, que obedecían a la máxima 
de que el que manda debe ser instruído, máxima que sirve 
de base a todas las oligarquías. El pueblo, destinado a obe- 
decer y a trabajar, no necesitaba iniciarse en los arcanos de 
la ciencia. 

Las escuelas para los nobles funcionaban con el doble 
fin de enseñar ciencias profanas y religiosas: matemáticas, 
astronomía, estadística, historia, poesía, teología, música, 
medicina. Al lado de los amautas trabajaban en la enseñan- 


e e 


za de la juventud los haraves o poetas, encargados de tras- 
mitir los cantos líricos o épicos del repertorio quichua. Se 
daba gran importancia a la cultura física y a las prácticas 
militares, con el objeto de preparar los futuros jefes del 
ejército. De acuerdo con Morúa, citado por Baudin, el primer 
año de estudios se dedicaba al idioma; el segundo a la reli- 
gión y a los rites; el tercero a los quipus; el cuarto a la 
historia. Pero el adiestramiento militar se hacía simultánea- 
mente y los jóvenes se sometían a exámenes prácticos en 
que se comprobaba la fortaleza física, el valor y la habilidad 
para el combate. 

La religión de los incas se basaba en una teogonía bas- . 
tante complicada, resultado de una evolución lenta de las 
creencias. El culto 4 Pachacamac, cuyo templo se encontra- 
ba en la costa, parece haber sido anterior a la dinastía del 
Cuzco, así como el de Viracocha, de origen aimara. Ambas 
deidades correspondían a la misma concepción de un ser 
supremo, creador de todas las cosas. Sólo el culto del Sol, 
que acusa clara procedencia incaica, fue creado por la ne- 
cesidad de explicar el origen divino de la casta dominante. 
Los arqueólogos consideran como el más antiguo de los 
templos dedicados al Sol, el de la isla de ese nombre en 
el lago Titicaca, isla que hace, parte del territorio bolivia- 
no. Prescott afirma que los incas hacían de ese templo el 
objeto de una veneración peculiar. Pero el famoso templo 
del sol en el Cuzco era algo así como la gran basílica na- 
cional. Tenía el nombre de Coricancha, por la cantidad fa- 
bulosa de oro que acumulaba. Por cierto que al hablar de 
la construcción del grandioso edificio y de sus galas, mu- 
chos cronistas señalan el contraste de que, siendo tan mag- 
nífico, tuviera techo de paja. 

El culto de la Luna formaba también parte de la religión 
incaica, así como el de las estrellas, el relámpago y el arco 
iris. Otra de las islas del Titicaca, la de Coati, era sede de 
un santuario dedicado a la Luna, templo cuyos escombros se 
mantienen hasta la fecha. 

Presidía las ceremonias religiosas en el Cuzco el Vi- 
llac-Umo, jefe de la casta sacerdotal. Las festividades prin- 
cipales, dedicadas al Sol, eran los equinoccios y los solsti- 
cios. La del solsticio de verano (') llamada Intirraimi, era 


(1) Mientras Prescott señala el solsticio de verano, otros autores ha- 
blan del de invierno. 


at Ad 


la principal. La festividad más importante consistía en es- 
perar ese día la salida del astro y en saludarla con clamo- 
res y expresiones de regocijo. Tal ceremonia era presidida 
por el inca, rodeado de su corte, de los sacerdotes y del 
pueblo. Culminaba con sacrificios cruentos de animales, es- 
pecialmente de llamas y, aunque Garcilaso lo niega, también 
con sacrificios humanos, de acuerdo con las referencias de 
la generalidad de los cronistas antiguos. Las llamas sacri- 
ficadas, pertenecientes a los rebaños sagrados, proporcio- 
naban la carne que se repartía al pueblo para los banquetes 
populares, rociados con abundante chicha, la bebida na- 
cional. 

También en el Cuzco se encontraba el gran monaste- 
rio de las vírgenes del Sol, sin perjuicio de la existencia de 
monasterios provinciales. En ellos eran recluidas las don- 
cellas de la nobleza, las hijas de los curacas o funcionarios 
principales y, en ciertas ocasiones, hasta las hijas del pue- 
blo que se distinguían por su belleza. Allí escogía el inca 
sus concubinas o las esposas que destinaba a los grandes 
dignatarios, como premio a sus servicios. Las demás ñustas 
se dedicaban al culto o a labores con destino a la provisión 
de artículos de lujo para el inca y para el servicio de sus 
palacios y de los templos. 

El inca era polígamo, así como los señores y curacas. 
No así, el hombre común, que sólo podía tener una mujer. 

Las leyes morales eran tan enérgicas y drásticas que, 
según opinión general de los cronistas españoles, en el Pe- 
rú no existía el robo, ni la ociosidad, ni el vicio, ni el adul- 
terio de la mujer. La holgazanería era castigada severamen- 
te y el trabajo era obligatorio. “Evitar la pereza” era una 
de las máximas de la sabiduría de los incas, pero el trabajo 
estaba reglamentado en forma tal, que no era una carga 
pesada. Los días de labor eran alternados por gran núme- 
ro de fiestas en que el pueblo descansaba y se divertía, 
también obligatoriamente. Cada uno trabajaba según sus 
fuerzas, su edad y su sexo. El trabajo de las minas estaba 
reglamentado como un servicio alternativo, que fue el ori- 
gen de la mita, mantenida por los conquistadores. No se 
empleaba en el cultivo de la coca sino a los habitantes de 
las tierras cálidas. 

En la organización incaica predominaba la economía fa- 
miliar. Un sociólogo moderno dice acertadamente a este 


A A 


respecto que el imperio incaico “ofrecía el curioso espec- 


táculo de una civilización que permanece hostil a la divi- 


sión del trabajo”. Con pocas excepciones, en el Perú no 
había artesanos, sino los necesarios para el servicio del in- 
ca. Los oficios eran hereditarios. Cada familia producía 
lo que le era menester para alimentarse y para vestirse: 
las mujeres hilaban y tejían y los hombres cultivaban la 
tierra. La perpetuación de esas costumbres, con pocas ex- 
cepciones, ha mantenido al indio como un elemento que 
no consume o consume muy poco y que retarda la evolución 
de la economía. Agréguese a esto la limitación de sus ne- 
cesidades y su ignorancia de lo agradable o de lo superfluo 
y se tendrá una idea de la influencia de la economía incaica 
en el desenvolvimiento de la vida boliviana moderna. 

Los peruanos anteriores a la conquista usaban una es- 
pecie de traje talar, la cusma, al que se agregaba un manto 
en los lugares fríos. El pueblo no llevaba ninguna clase de 
calzado, pero entre la nobleza y la clase, militar se usaba la 
ojota, especie de sandalia. 

La alimentación era frugal en grado extremo. Dos comi- 

das al día, poco abundantes, eran suficientes para mantener 
la salud y la vida. Alimentación de tierra pobre, que ha acos- 
tumbrado al indio de los Andes a no aspirar a más de lo que 
tiene. No consumían carne fresca sino una vez por semana. 
En general empleaban el charqui, carne de llama salada y 
secada al sol. “Es increíble que estas gentes lleguen a ali- 
mentarse con tan poca cosa”, escribía uno de los más au- 
torizados historiadores de la conquista. 
h La embriaguez era el vicio de los indios de raza andina 
y continúa siéndolo en la época moderna. Abusaban de la 
chicha, a pesar de las severas ordenanzas contra la bebida. 
No están; pues, en lo cierto quienes afirman que el algoho- 
lismo es un vicio moderno. Los habitantes del imperio incai- 
co eran tan incontinentes como todos los pueblos primitivos 
de América. Sólo eran castigados cuando la embriaguez los 
privaba del sentido. 

Aunque la arquitectura tuvo entre los incas algún desa- 
rrollo, que se manifestó en templos, palacios y residencias 
oficiales “ más imponentes que bellos y más espaciosos que 
confortables”, no puede decirse lo mismo de las edificacio- 
nes civiles. La habitación común era tan pobre y antihigié- 
nica como continúa siéndolo en el día. Pequeñas chozas 


ses MA 


construidas de piedra y barro, sin ninguna preocupación de 
comodidad ni de buen gusto. caracterizaba la vivienda de los 
indios del período incaico. Bastaba una habitación así cons- 
truida y techada con paja y barro para alojar toda una fa- 
milia y para los usos domésticos. En cuanto a mobiliario, 
casi no lo conocían, como no se tratara de los nobles o de 
los grandes dignatarios. El indio común se sentaba en cu- 
clillas en el suelo y allí mismo dormía sobre vellones de 
llama y tapado con los tejidos burdos de fabricación casera, 

Llama la atención el contraste entre tan mísera exis- 
tencia y el bienestar de que gozaba la clase privilegiada. Sin 
embargo, se sostiene que los indios eran felices con tal gé- 
nero de vida y quizá quienes lo afirman no se hallen del to- 
do equivocados. La legislación prohibía no solamente los 
usos suntuarios sino hasta cualquier comodidad que saliera 
de lo corriente. Suprimiendo las necesidades ficticias, afir- 
ma el conde Carli (') los incas eliminaron “los agentes des- 
tructores de toda sociedad civil”. 

Un pueblo que vivía en tales condiciones, sin embargo, 
realizó obras sorprendentes, dada la escasez de medios en 
que tenía que desenvolverse. Grandes vías de comunicación, 
acueductos, fortalezas, puentes colgantes y otras maravillas, 
sin contar con más instrumentos ni más auxilios que los de 
la industria manual y la paciencia. Pero todas estas obras se 
realizaron bajo la inspiración del soberano que las necesi- 
taba, no para impulsar la industria ni el comercio, que casi 
no existían, sino con fines de buen gobierno y, sobre todo, 
para ejercer vigilancia y facilitar la movilización en caso de 
guerra. 

Gracias a la guerra se afianzó el poder de los incas, por- 
que hizo desaparecer todo peligro exterior para el imperio. 
Por lo tanto había que facilitar, disponiendo alojamientos 
escalonados (tambos) y depósitos de víveres y de equipo 
a lo largo de los caminos y calzadas. Las guerras de con- 
quista eran más preventivas que agresivas. El inca trataba 
de incorporar a su dominio el mayor número de pueblos que 
le fuera posible, generalmente por medios persuasivos y pa- 
cíficos, pero no permitía que se formaran fuerzas o coalicio- 
nes peligrosas en sus fronteras. La misma política de todos 
los imperios modernos. 


(1) Cartas Americanas. 


A aa 


La organización del ejército era sencilla y se basaba 
en el sistema decimal. Había jefes de diez, de cien, de mil 
y de diez mil hombres, que se movilizaban rápidamente y 
quedaban automáticamente sobre las armas. Esta organiza- 
ción descansaba, como todo el engranaje del imperio, en el 
poder absoluto del inca y en el espíritu de sometimiento y 
de ciega obediencia del indio. Seguramente era una orga- 
nización admirable, pero atentaba contra la libertad indi- 
vidual y suprimía la iniciativa, al apoderarse de la voluntad 
personal que era dominada por la voluntad del estado. El im- 
perio incaico era, pues, un imperio totalitario. 

Los sociólogos han planteado en diferentes épocas la 
cuestión de si el indio era feliz bajo el dominio de los in- 
cas. Algunos llegan a la conclusión de que lo era, pero que 
alcanzaba “una felicidad negativa”, conforme con su idio- 
sincrasia, refractaria a toda modificación y a-todo esfuer- 
zo. Y todavía agregan que la organización incaica era la úni- 
ca posible para un pueblo semejante, que vivía en un me- 
dio pobre y sin esperanzas de mejoramiento. Si el indio 
trabajaba obligatoriamente, también estaba seguro de que 
no había de faltarle lo indispensable. 


4. DOMINACION TOTAL DEL TERRITORIO BOLIVIANO POR 
LOS INCAS. 


Nos corresponde examinar ahora cómo, cuándo y con 
qué resultados se implantó la dominación incaica en el te- 
rritorio actualmente boliviano. 

Ya se ha dicho que los incas respetaron la comunidad 
agraria, de origen netamente aimara. Era lógico, por lo tan- 
to, que trataran de extender su poder sobre el pueblo que 
les había suministrado esa inspiración, verdaderamente sa- 
bia en un país en donde el cultivo de la tierra requiere del 
esfuerzo colectivo. 

La invasión de los incas sobre la provincia de los co- 
llas y su extensión al resto del territorio alto y montañoso, 
primeramente, y luego a los valles templados, para rematar 
en los llanos tropicales, tuvo exactamente los mismos ca- 
racteres que la conquista española, con escasa diferencia. 
Se inició esta primera “conquista” en la época en que Maita- 
Cápac y Cápac-Yupanqui llevaron la guerra contra los aima- 
ras. Y así como Pizarro aprovechó la lucha civil entre Huás- 


= 406 = 


car y Atahuallpa para señorear sobre el imperio, el inca se 
valió de las disensiones entre caris y sapanas, facciones ri- 
vales en que los collas estaban divididos, para imponerse 
sobre ellos y dominarlos. Los incas impusieron su religión 
—el culto del Sol — aunque por medios más suaves y polí- 
ticos que aquellos con que los españoles implantaron entre 
los indios el catolicismo. Unos y otros se apoderaron de las 
minas y emprendieron su explotación en beneficio del esta- 
do. Los incas dividieron las tierras de los collas y estable- 
cieron el tributo que significaba el cultivo de las parcelas 
del Sol y del soberano, exactamente como los españoles 
fijaron el servicio personal y las contribuciones a la corona 
y a la Iglesia. Para que todo fuera semejante, se fundó en 
el Cuzco un consejo que gobernaba el Collasuyo, como en 
Madrid, más tarde, se creó el Consejo de Indias. De colo- 
nia incaica pasó nuestro territorio, sin transición, a colonia 
española. Servidumbre por servidumbre, si la impuesta por 
los incas era más suave, la que procedía de España era 
portadora de nuevos medios de vida y de cultura, a la'vez 
gue de los recursos de la civilización occidental. Había una 
sola diferencia, pero fundamental: los representantes de los 
incas quizá no cometían los abusos de los encomenderos 
y adelantados. 


Fue, pues, el inca Maita-Cápac, quien invadió las tierras 
de los aimaras, sobrepasó el Titicaca y se apoderó de Tia- 
huanaco. Esto habría sucedido en el siglo XIll de nuestra 
era. Su antecesor, Lloque-Yupanqui, habría conquistado a los 
aimaras o collas del norte del Titicaca y dominado a los cau- 
dillos de Hatuncolla, Ayaviri y Pucara. Cápac Yupanqui, su- 
cesor de Maita-Cápac, llevó sus conquistas hasta el Potosí. 
A comienzo3 del siglo siguiente, Inca-Roca sometía a los 
charcas y Viracocha-Inca alcanzaba el norte argentino, es 
decir, las tierras del Tucumán, después de someter a los 
chichas y a los habitantes del valle de Tarija. Huaina-Cápac, 
por último, si hemos de atenernos a las referencias mejor 
fundadas, peleó contra los chiriguanos en la época del des- 
cubrimiento de América por los españoles y tuvo suerte va- 
ría en sus incursiones al oriente y al sudoeste del actual te- 
rritorio boliviano. 5 

No hay acuerdo en la tradición recogida por los cronis- 


tas respecto a la duración del imperio del Cuzco. Fluctúa 
entre tres y diez siglos, desde la fundación hasta la llegada 


E a 


de los españoles a Cajamarca, según las fuentes de informa- 
ción que se consulten. Tampoco hay uniformidad sobre el 
número de emperadores del Cuzco ni sobre los hechos de 
cada uno de ellos. Nos atenemos, pues, a las versiones, a 
nuestro juicio, más autorizadas. 

De acuerdo con ellas, Maita-Cápac conquistó a los ai- 
maras de Larecaja y Pacajes; que se sometieron de buen 
grado; dominó la región de Chuquiago (actual asiento de la 
ciudad de La Paz) y llevó sus victorias hasta Caracollo y 
Paria, sojuzgando todo ese territorio. 

A Cápac-Yupanqui le correspondió el papel de mediador 
entre los caudillos aimaras. de los bandos Caris y Sapanas 
(o Chipanas, como escriben algunos). Luego emprendió la 
conquista del valle de Cachabamba y la de los Charcas. A 
Cápac-Yupanqui se le atribuye la construcción del primer 
puente sobre el río Desaguadero, formado de pontones flo- 
tantes de totora. 

Inca-Roca, sucesor de Cápac-Yupanqui, prosiguió el so- 
metimiento de los charcas y se posesionó de la región de 
Chuquisaca. También al noreste, pasando por los Yungas, 
inició la conquista de los Antis, o sea de las tribus salvajes 
que ocupaban los contrafuertes de la cordillera Real. 

Pero los collas no permanecieron sumisos a la domina- 
ción incaica, sino que trataron de sacudirla para recobrar su 
independencia. En tiempo de Yahuar-Huácac, sucesor de In- 
ca-Roca, aimaras y charcas se pusieron sobre las armas y 
desconocieron la autoridad del inca. El curaca Tintuyo, de 
Chuquiabo (La Paz) encabezó el levantamiento de los aima- 
ras. Pero un ejército poderoso, enviado desde el Cuzco, a las 
órdenes del príncipe Apu-Maita, derrotó a los sublevados. 
Esta expedición sometió también a los carangas, lípez y chi. 
chas, estos últimos situados al extremo sur del actual terri- 
torio boliviano. 

El inca Viracocha, que había arrebatado el trono a su 
padre, sobrepasó los límites de ese territorio y llevó sus 
conquistas, ya lo hemos dicho, hasta Tarija y el Tucumán. 
Tal es el origen quichua del norte argentino y de su simi- 
litud con el sur del Bolivia. 

Túpac-Yupanqui fue el primer inca que prosiguió la 
conquista de los antis, penetrando en la región de Mojos, 
correspondiente a los actuales departamentos bolivianos del 
Beni y Pando. También intentó hacer la guerra, a los chiri- 


E 1: UA 


guanos, pero en ambas campañas fue derrotado. Concentró 
sus esfuerzos a la conquista de Chile y consiguió llegar has- 
ta el Maule. : 

En tiempos de Túpac-Yupanqui y mientras andaba ocu- 
pado en otras empresas bélicas, se produjo una segunda su- 
blevación del Collasuyo, que terminó con una fuerte repre- 
sión, después de la derrota de Pucara. Entre las represalias 
contra los vencidos puede contarse la traslación de grandes 
contingentes humanos a otras regiones del imperio, en don- 
de fueron sometidos a trabajos forzados. La sublevación ha- 
bía sido motivada por el exceso de los tributos y las cargas 
impuestas a los collas por los incas del Cuzco. De esta re- 
presión resultó la creación de los yanaconas o siervos, y el 
afianzamiento de la institución de los mitimaes o trasplan- 
tados, de donde tomó origen la mita o servicio personal, que 
- mentuvieron los españoles. 

Dice Sarmiento de Gamboa que los collas eran, entre 
los pueblos sojuzgados por los incas, “los que más procura- 
ban su libertad, siempre que hallaban coyuntura”. Esta úl- 
tima insurrección duró varios años y el rigor de las repre- 
siones demuestra la decisión con que lucharon los subleva- 
dos. Esto comprueba que el yugo incaico era mucho menos 
paternal y dulce de lo que generalmente se cree. Con la piel 
de los cabecillas collas, que fueron desollados vivos, Túpac- 
Yupanqui mandó hacer tambores, que utilizó para su entra- 
da triunfal a la capital del imperio.” Los tributos eran tan 
pesados —dice el mismo autor— que ninguno era señor de 
una mazorca de maíz, que es su pan para comer, ni de una 
ojota, ni de casarse sin expresa licencia”. 

Túpac-Yupanqui hizo una excursión al Titicaca, atraído 
por la fama del lago sagrado, y en su isla principal edificó. 
un templo de gran suntuosidad, dedicado al Sol. También 
edificó un monasterio, un colegio para nobles y un palacio 
para su residencia. En la isla de Coati levantó un templo a 
la Luna. 

Fue durante el reinado de Huaina-Cápac cuando los in- 
cas tuvieron las primeras noticias sobre la llegada de los 
españoles al continente americano. Por la misma época los 
chiriguanos invadieron tierras de los charcas y desafiaron 
el poderío de los incas con una audacia extraordinaria, sin 
duda para vengarse de las agresiones de Túpac-Yupanqui. 
Tomaron sorpresivamente la fortaleza de Cuzcotuyo (2). 


e 


Huaina-Cápac, que se encontraba en Quito, envió un fuerte 
ejército contra los chiriguanos, que fueron vencidos, tomán- 
doles muchos prisioneros. 

Es de presumir que a la muerte de Huaina-Cápac y 
aprovechándose de la guerra de sucesión entre sus hijos 
Huáscar y Atahuallpa, los chiriguanos hubieran tomado de 
nuevo la ofensiva, acometiendo a las guarniciones incaicas 
y venciéndolas. Porque es el hecho que los españoles del 
Río de la Plata, que subieron al Alto Perú a través de la re- 
gión poblada por los descendientes de los guaraníes, en 
1547, encontraron que dichas guarniciones incaicas habían 
sido dominadas o evacuadas, que los chiriguanos habían de- 
rrotado y muerto a Guacane, señor o curaca de los llanos 
de Grigotá y hecho prisionero a Condori, hermano de éste, 
que ocupaba el fuerte de Saipurú en la Cordillera. 

La misma tradición, documentada por la relación de 
uno de los conquistadores españoles ('), asegura que en di- 
cha época se habían retirado las tropas del inca de Samai- 
pata (en donde todavía existen los restos de: un fuerte) y 
de Guanacopampa, a Comarapa, Pulquina y Pojo. Los chi- 
riguanos se establecieron en la Cordillera, conservando pri- 
sionero “a Condori y sus mujeres”. 

Ninguno de los cronistas españoles de la conquista, a 
excepción del que llevamos citado, que no figura entre los 
historiadores oficiales, hace referencia a la dominación in- 
caica en las actuales provincias de Vallegrande y Florida del 
departamento de Santa Cruz. Pero es evidente que debió 
suceder en los tiempos de Túpac-Yupanqui, tanto por la re- 
lación a que venimos haciendo referencia, como por los ves- 
tigios arqueológicos incaicos que en los lugares arriba men- 
cionados se conservan. De acuerdo con ese documento, €s- 
crito por el capitán Martín Sánchez de Alcaya, uno de los 
primeros descubridores y fundadores de Santa Cruz de la 
Sierra, el curaca Guacane (a quien Alcaya llama “rey”, va- 
sallo del inca) fue comisionado por éste, “antes de que a 
estas partes vinieran los españoles, ni a las del Paraguay”, 
para conquistar los llanos de Grigotá. Este nombre se debía, 
de acuerdo con el mismo documento, al título que llevaban 
los soberanos de la región, que era el mismo para todos, 
“como en Roma los Césares, los Faraones en Egipto y los 


(1) Archivo de Indias, 74-4-6. 


EN 1 


Incas en el Cuzco”. Guacane pasó por los valles de Mizque, 
Pojo, Comarapa, Sauces (actualmente Monteagudo), Pulqui- 
na y Vallegrande. Acerca del lugar de Samaipata dice Alcaya 
que Guacane construyó allí "una fortaleza grandiosa, con 
muchos aposentos para alojamiento de sus soldados, de her- 
mosa piedra labrada”, que luego descendió a los llanos y 
marchó al encuentro del gran cacique Grigotá, que era “de : 
humilde condición y que, lisonjeado con presentes de ropas 
y objetos diversos, algunos de fina plata del Perú, se allanó 
a prestarle acatamiento y se declaró vasallo del inca”. La 
conquista pacífica de los llanos se extendió hasta la Cordi- 
llera. Guacane se posesionó del cerro de Saipurú y puso 
sus minas bajo la administración y el mando de su herma- 
no Condori, venido expresamente del Cuzco para llenar esa 
misión. Poco a poco Guacane extendió su dominio sobre to- 
do los pobladores de los llanos y les enseñó a labrar la tie- 
rra. Gobernaba pacíficamente cuando fue sorprendido con 
una invasión chiriguana que asoló la tierra y se estableció 
en Saipurú. Según todos los indicios, los habitantes de los 
campos de Grigotá pertenecían a la nación pampeana de 
los chanés. 


Completado de esta manera el cuadro de las conquis- 
tas incaicas en el territorio boliviano, se llega a la conclu- 
sión de que los incas lo dominaron totalmente, desde el la- 
ga Titicaca hasta la frontera argentina y más allá, en la ex- 
tensión de norte a sur; por el oeste hasta el Pacífico y por 
el oriente, a partir de los Chunchos, pasando por Mojos, 
hasta llegar a los llanos de Santa Cruz, después de haber 
ocupado los valles de Cochabamba y los últimos contra- 
fuertes de la cordillera, por Vallegrande y por la frontera 
de Tomina y Pomabamba. 


A título informativo agregaremos que, en tiempo de 
Huaina-Cápac, fue sometido el llamado “reino de Quito”, 
que abarcaba el actual territorio del Ecuador y parte de Co- 
lombia, con lo que el imperio de Tahuantinsuyo (nombre 
que se asegura no se conocía en tiempos de los incas), que- 
dó constituido en sus cuatro grandes provincias: Antisuyo, 
Cuntisuyo, Chinchasuyo y Collasuyo. 


— 51 — 


CAPITULO III 
LA CONQUISTA ESPAÑOLA 


1.— Proyecciones del descubrimiento de América.— 2.— 
La conquista del Perú.— 3.— Estado del imperio a la llegada 
de los españoles.— 4.— Caída del imperio.— 5.— Guerras 
entre los conquistadores.— 6.— Carácter de la conquista y 
sus consecuencias.— 7.—- Extensión de la conquista en el 
territorio boliviano.— 8.— Los disturbios en Charcas.— ' 


1. PROYECCIONES DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA. 


El descubrimiento de América no fue solamente un su- 
ceso histórico que cambió la faz de la civilización europea, 
o un hecho económico de enorme trascendencia. Fue algo 
más que todo eso. Porque si bien es cierto que para la na- 


ción que lo llevó a cabo (la España de fines del siglo XV) 


las tierras descubiertas constituyeron una fuente inagotable 
de recursos de toda especie, fueron a la vez el origen de 
una serie de problemas y de obligaciones de toda índole. 
Europa empezaba a salir de las brumas de la Edad Media 
y estaba dominada por la preocupación religiosa. La pose- 
sión del Nuevo Mundo —habitado por infieles— empareja- 
ba, por lo tanto, la obligación de emprender la difusión de 
la fe, supremo objetivo del estado católico y firme sostén 
de la monarquía absoluta. 


a idas 


Pertenece al dominio de la historia universal y de la 
general de América la relación pormenorizada de los ante- 
cedentes de la empresa concebida y llevada a cabo por el 
audaz empeño de Colón, sobre la base de anterióres espe- 
culaciones de la ciencia cosmográfica, de los progresos de 
la navegación y de los conocimientos geográficos alcanza- 
dos hasta esa época. 

De acuerdo con las ideas antiguas sobre la redondez 
de la tierra, Colón sostenía que navegando hacia occidente 
encontraría islas o tierra firme interpuestas entre Europa 
y las Indias Orientales, ya descubiertas por los portugueses, 
después de rodear las costas africanas, o que había de lle- 
gar, por un camino más corto, a las mismas Indias, abrien- 
do una nueva ruta al comercio. Colón no era el autor de la 
idea, pero poseía la fe y la perseverancia que conducen a las 
grandes realizaciones. Poseía también la insaciable ambición 
que fue el origen de sus desgracias. En sus capitulaciones 
con los Reyes Católicos exigió que se le otorgaran venta- 
jas personales: el almirantazgo de.las tierras descubiertas, 
el título de virrey y gobernador general y un décimo de las 
cosas que se adquiriesen, incluyendo “oro, plata, perlas y 
piedras preciosas”. En cuanto a los reyes, bajo el estímu- 
lo de los descubrimientos portugueses, buscaban el engran- 
decimiento de la corona y nuevas posibilidades para el co- 
mercio. Hay que convenir en que ambas cosas armonizaban 
admirablemente. Por eso proporcionaron el dinero para la 
expedición, las embarcaciones, las armas y la gente. 

La incapacidad de Colón para el gobierno acarreó tam- 
bién su desgracia. Para colmo de desventuras, una equivo- 
cación cometida en cierta obra sobre cosmografía, publica- 
da en 1507, atribuyó a Américo Vespucio el descubrimiento 
de la tierra firme que ya Colón había visitado. Vespucio era 
uno de tantos navegantes y cartógraftos distinguidos que 
completaron la obra del almirante. A consecuencia de ese 
error los pueblos de Europa empezaron a llamar América 
al nuevo continente. Y aunque en España se le designó 
siempre con e! nombre de Indias Occidentales o simplemen- 
te Indias, alcanzó a imponerse la denominación impropia. 

Los reyes de Castilla y León acababan de poner térmi- 
no a las guerras cen los moros, después de la toma de 
Granada. El éxito de Colón abría el camino de otras em- 
presas capaces de dar a la corona honra y provecho. Los 


o MO 


soberanos -se apresuraron a pedir al Papa Alejandro VI la 
confirmación de los derechos adquiridos por el descubri- 
miento, lo que el jefe de la Iglesia concedió por la famosa 
bula de 1493 que repartía entre España y Portugal el domi- 
nio de los territorios del mar océano o Mar del Norte. 

En 1498 y antes que Américo Vespucio, Cristóbal Colón 
tocó el continente, en uno de sus viajes posteriores al des- 
cubrimiento de las Antillas. Esta fue la señal de partida pa- 
ra una serie de expediciones, que en el curso de treinta 
años reconocieron y ocuparon casi todo el contorno de Amé:- 
rica y buena parte de las tierras interiores. En 1522 los res- 
tos de la expedición de Magallanes llegaron a España, des- 
pués de haber dado por primera vez la vuelta al mundo. 

Vasco Núñez de Balboa había descubierto en 1513 el 
océano Pacífico o Mar del Sur y este hecho abrió el camino 
para la conquista del imperio incaico que los españoles em- 
pezaron a llamar Perú, por el nombre de un río sin impor- 
tancia, situado al norte de la costa hoy peruana, que fue el 
primer accidente geográfico de que tuvieron noticias evi- 
dentes. 

El dominio sobre el imperio peruano y sobre Méjico, re- 
volucionó la economía del mundo. En el siglo XV se sentía 
- en Europa la falta cada vez mayor de metales preciosos, in- 
dispensables para satisfacer las necesidades del comercio. 
La acumulación de riquezas en algunas manos y los tesoros 
de la Iglesia, habían disminuido en gran proporción el metal 
que exigía la circulación monetaria, dificultando las tran- 
sacciones. Los caudales que empezaron a afluir de las minas 
de América no tardaron en colmar esas necesidades y en 
sobrepasarlas en una forma sin precedentes. España llegó 
pronto a convertirse en árbitro del comercio y se encontró 
con la posibilidad de dominar políticamente a las demás na- 
ciones de Europa. Al mismo tiempo se consagró a la tarea 
de afianzar sus dominios y fomentó las empresas de expan- 
sión por todos los medios. Ala noticia de nuevas riquezas 
descubiertas o de la posibilidad de descubrirlas, acudían de 
toda la Península gentes ansiosas de fortuna y dispuestas a 
realizar las más audaces empresas. 


2. LA CONQUISTA DEL PERU. 


Después de algunas tentativas de reconocimiento hacia 
el sud, entre ellas la de Pascual de Andacoya, en 1522, los 


o 


españoles de Panamá concibieron el proyecto de equipar 
una expedición hacia el país que, por las referencias de los 
indios, poseía oro y plata en cantidades nunca vistas. Dos 
soldados de la expedición de Pedrarias Dávila, que en 1517 
se posesionó de Panamá y ejecutó a Núñez de Balboa por 
supuestas infracciones a los mandatos reales, formaron el 
plan de marchar hacia el sud: eran Francisco Pizarro y Diego 
de Almagro. Es demasiado conocida la historia de esta aso- 
ciación (a la que se incorporó el clérigo Hernando de Luque, 
que costeaba el viaje) para insintir en sus pormenores, po- 
co pertinentes a nuestro propósito. El hecho fue que, des- 
pués de varias tentativas infructuosas, realizadas en 1524 y 
en 1526, en que los expedicionarios alcanzaron a la isla del 
Gallo y luego, tras de recibir refuerzos, llegaron a Túmbez, 
Pizarro y Almagro acordaron regresar a Panamá, para de allí 
dirigirse a España en busca de auxilios, comprendiendo que 
la empresa era de tal magnitud que no existía posibilidad 
de llevarla a término con los menguados recursos de que 
disponían hasta ese momento. Pizarro viajó á España y, des- 
pués de laboriosas gestiones, consiguió la capitulación que 
le otorgaba los subsidios de la corona, la autorización para 
descubrir doscientas leguas de costa y el título de goberna- 
dor y adelantado de las tierras que conquistara. Por fin, 
en 1531, pudo «equipar la expedición definitiva, posesionar- 
se de Túmbez y avanzar por tierra hasta Cajamarca, impor- 
tante población del imperio. 


3. ESTADO DEL IMPERIO A LA LLEGADA DE LOS 
ESPAÑOLES. 


Es muy probable que sin la profunda división y sin la 
guerra civil en que los incas se hallaban envueltos en la épo- 
ca en que los españoles de Panamá resolvieron llevar a ca- 
bo la audaz empresa de la conquista, ésta se habría retrasa- 
do por muchos años y no habría podido realizarse con la fa- 
cilidad con que se llevó a cabo. | 

El penúltimo inca, Huaina-Cápac, que consumara la do- 
minación del reino de Quito, había muerto en la misma épo- 
ca en que se realizaba el descubrimiento del océano Pa- 
cífico y en que se preparaban las expediciones para apode- 
rarse del Perú. Tuvo noticia de la llegada de aquellos hom- 
bres extraños, provistos de armas de fuego y cubiertos de 
hierro, y no dudó que se trataba de los seres sobrenaturales 


0% JO 


en cuyas manos debía perecer la dinastía de sus antepasa- 
dos, según las predicciones de sus oráculos, confirmadas 
por una serie de fenómenos sísmicos y celestes que acae- 
cieron por aquel tiempo: temblores y terremotos (tan fre- 
cuentes en la costa del Pacífico) y la aparición de un co- 
meta. Dice la tradición recogida por los cronistas que, cuan- 
do Huaina-Cápac se sintió próximo a la muerte, convocó a 
los personajes de su corte y les anunció la próxima llegada 
de aquellos semidioses, a quienes no debía hacerse resis- 
tencia. Esta versión, sin embargo, está desautorizada por el 
hecho de que los peruanos, después de la muerte de Ata- 
huallpa y repuestos de la sorpresa que les produjo tal .acon- 
tecimiento, intentaron la resistencia armada, rica en episo- 
dios que demuestran la decisión y el valor con que trataron 
de oponerse al dominio de los blancos. 


Huaina-Cápac tenía un hijo legítimo de su esposa y 
hermana, llamado Huáscar, que estaba designado oficial- 
mente heredero del trono, de acuerdo con la práctica es- 
tablecida. Pero al mismo tiempo dispensaba particular afec- 
to al hijo que había tenido de una de sus concubinas (prin- 
cesa quiteña, al decir de algunos testimonios) conocido por 
Atahuallpa. El emperador residía en Quito en la época de su 
muerte y, en sus últimas disposiciones, dividió el imperio 
en dos partes, dando a Atahuallpa el reino de Quito y a 
Huáscar el resto. Por algún tiempo los hermanos vivieron 
en armonía reinando cada uno en su circunscripción res- 
pectiva, pero no tardaron en sobrevenir dificultades, provo- 
cadas por las adulaciones e intrigas de los cortesanos y se 
produjo el rompimiento. Después de algunas escaramuzas 
la victoria se decidió en favor de Atahuallpa, que tenía a su 
lado a los más expertos generales de Huaina-Cápac: Quis- 
quiz y Calcuchina. La última batalla de esta guerra sangrien- 
ta y sin cuartel se libró cerca del Cuzco, en donde Huáscar 
fue vencido y hecho prisionero. El ejército de Atahuallpa 
entró a la capital y se entregó a mil excesos contra los pa- 
rientes y partidarios de Huáscar, a quien se mantuvo en pri- 
sión en la fortaleza de Jauja. Esto ocurría en 1532, cuando 
Pizarro y sus gentes se aproximaban a la costa peruana. 
Atahuallpa se encontraba en Cajamarca celebrando la noticia 
del triunfo de su causa y su proclamación como señor de 
todo el imperio, cuando supo que los españoles habían. de- 
sembarcado por segunda vez en Túmbez. 


E AE 


Tal era el estado, si no de disolución, por lo menos de 
agitación y de anarquía en que se encontraba en aquellos 
momentos el poderoso imperio de los incas. El momento no 
podía ser más propicio para que los conquistadores euro- 
peos llevaran a cabo sus designios. Pero jamás creyeron és- 
tos que la empresa que acometían fuera de tanta magnitud 
y que los recursos del Tahuantinsuyo fueran tan formida- 
bles. Por eso fue que la hazaña que llevaron a cabo, cuando 
se la juzga imparcialmente, adquiere las proporciones de 
una locura. 


4. LA CAIDA DEL IMPERIO. 


Cuando Pizarro desembarcó en Túmbez, haciendo la 
travesía desde la isla de Puná, en donde la flota se detuvo, 
se encontró con una situación muy distinta a la que dejara 
cuando estuvo allí seis años antes. Todo era desolación y 
ruina, por efecto de la guerra civil. Además, fue recibido 
hostilmente por los indios y supo que dos españoles deja- 
dos en su anterior viaje, con el propósito de que apren- 
dieran el idioma, habían sido sacrificados. Con tales adver- 
tencias avanzó por tierra cautelosamente. 


Su primera fundación la hizo con el nombre de San MIi- 
guel, de donde procede San Miguel de Piura, aunque la po- 
blación no fué establecida en el sitio de la ciudad moderna. 
Vale la pena recordar este hecho por tratarse del primer 
repartimiento de indios y de las primeras encomiendas crea- 
das por los españoles en el Perú. Informado puntualmente 
de la situación y sin tomar en cuenta lo exiguo de sus tro- 
pas (alrededor de ciento cincuenta hombres) no vaciló en 
marchar hacia el sitio en donde se hallaba el inca rodeado 
de un numeroso ejército. Con buena política respecto a los 
naturales, Pizarro consiguió desvanecer la hostilidad con 
que se le había recibido en el norte. 


Cerca ya de Cajamarca el jefe de la expedición recibió 
un emisario que le anunciaba una embajada de Atahuallpa. 
Esta se presentó poco después, llevándole regalos y un 
mensaje de bienvenida. Pizarro devolvió el saludo con otra 
embajada y avanzó hasta la población en donde el inca ha- 
bía dispuesto que se alojara con su gente. Las noticias que 
trajeron los enviados eran tan graves, que los conquista- 
dores se descorazonaron, a excepción de Pizarro, cuya ente- 


a: 


reza resistía todas las pruebas. Las tropas que rodeaban al 
inca eran tan numerosas y bien organizadas y tal la pompa 
de que el emperador se hallaba rodeado, que todo anuncia- 
ba el inmenso poderío que aquel grupo de hombres blancos 
trataba de desafiar con su osadía. 


Pizarro concibió entonces la atrevida idea de imitar la 
conducta de Hernán Cortés en la conquista de Méjico, ocu- 
rrida once años antes: apoderarse del monarca y entonces 
dictar la ley a sus súbditos, que creían y adoraban en él co- 
mo a un ser divino. Por lo demás, los audaces aventureros 
estaban convencidos de que realizaban una verdadera cru- 
zada por el triunfo de la fe: el fervor religioso los sostenía 
y los alentaba. Como Atahualpa había manifestado que al 
día siguiente (terminado el ayuno a que estaba sometido 
en acción de gracias a sus dioses por haberle concedido 
el triunfo sobre su hermano) vendría al real de los españo- 
les para entrevistarse con Pizarro, éste se propuso prepa- 
rarle una emboscada en la gran plaza a cuyo alrededor es- 
taban los edificios que a él y sus hombres les servían de 

alojamiento. 


Aunque el inca venía con todas sus tropas, las hizo 
acampar en las afueras de Cajamarca y sólo se presentó 
acompañado de una parte de ellas. —alrededor de cinco mil 
hombres desarmados— así como de sus cortesanos y sir- 
vientes. Venía en su trono de oro, alzado en andas. Salió 
a recibirle a la mitad de la plaza el capellán de la expedi- 
ción, fray Vicente Valverde, que por medio de intérpretes 
trató de iniciar al monarca indio: en los misterios de la fe 
católica. Luego le conminó a prestar acatamiento al sobera- 
no español encargado por el Papa de someter a los infieles 
que poblaban esta parte del mundo, agregando que en el 
libro que tenía en la mano (un breviario según unos y una 
biblia según otros, pues sobre el particufar no hay acuerdo 
entre los cronistas) se encontraban inscritos los mandatos 
de la voluntad divina. El inca tomó el libro y no compren- 
diendo de cómo aquel objeto podía expresar las cosas que 
el sacerdote le anunciaba, lo arrojó lejos de sí, creyéndo- 
se objeto de un agravio y de una burla. Su respuesta fue 
tan airada como no podía menos de serlo; su parte funda- 
mental encerraba un argumento irrefutable: negaba al Pa- 
pa toda autoridad para disponer de reinos y de países que 
no reconocían su autoridad. 


a, O) canes 


Esta fue la señal de la matanza. Los indios, tomados de 
sorpresa, se vieron acometidos de todos lados por los sol- 
dados de a pie y de a caballo, que empleaban sus armas de 
fuego y que les aturdían con el estruendo. El terror dominó 
a los naturales, pero no al extremo de no sacrificarse va- 
lerosamente pará salvar al inca, cuyo trono rodearon con la 
intención de protegerlo. Innumerables indios desarmados 
fueron muertos antes de que los conquistadores consiguie- 
ran echar mano a la persona del emperador y la pusieran 
a buen recaudo, en una de las habitaciones que rodeaban 
la plaza. La prisión del inca fue la señal de la desbandada 
general, no sólo de la comitiva de Atahuallpa sino del ejér- 
cito acampado fuera de Cajamarca. Los españoles se lan- 
zaron en su persecución y siguieron matando hasta que la 
noche los obligó a regresar. a sus cuarteles. 


Por grande que hubiera sido la matanza, sin embargo, 
no se concibe cómo los nativos no pudieron reaccionar, ar- 
marse y atacar en grandes masas a los españoles, que ha- 
brían tenido que sucumbir ante el número, no obstante la 
superioridad de sus armas. Es indudable, pues, que toma- 
ron a los conquistadores por seres sobrenaturales, abste- 
niéndose de hacerles resistencia. Desde aquel instante 
adoptaron la costumbre de llamar a los blancos viracochas, 
es decir, hombres-dioses, con que hasta ahora los designan 
los aimaras y los quichuas. Aun así cuesta concebir la fa- 
cilidad con que fue sometido el poderoso imperio. 


El cautiverio de Atahuallpa duró varios meses, tiempo 
durante el cual se pactó y se pagó el rescate en oro y plata 
cuyo monto se ha hecho legendario. El pago no fue un obs- 
táculo para que el inca fuera sacrificado, como se sabe, des- 
pués de un proceso en el que se acusaba de idolatría, de 
haber ordenado la muerte de su hermano Huáscar y de tra- 
mar una traición contra sus carceleros. En honor de Piza- 
rro es necesario declarar que se opuso al proceso contra el 
inca, proceso que era fomentado por el temor de los solda- 
dos a una sublevación de los indios. 


Como antes del suplicio de Atahuallpa el conquistador 
había recibido refuerzos de Panamá, conducidos por Alma- 
gro (refuerzos que eran superiores en número a la tropa 
primitiva que había acompañado a Pizarro) prosiguió la con- 
quista a través del territorio peruano, con débil resistencia 
de los naturales. Aunque Pizarro había elegido como suce- 


lo 


sor de Atahualipa a un hermano de éste de origen quiteño, 
deseoso de gobernar el imperio por medio de un soberano 
indígena, la muerte de ese jefe, acaecida cuando los espa- 
ñoles se aproximaban ai Cuzco, dio lugar a que los conquis- 
tadores proclamaran nuevo inca al joven Manco, también 
hijo de Huaina-Cápac, pero de la rama legítima. Manco no 
había de tardar mucho en rebelarse contra los españoles. 

Pizarro y sus huestes entraron a la capital del imperio 
el día 15 de noviembre de 1533, a los cuarenta años del 
descubrimiento de América. Después de la conquista de 
Méjico, éste era el hecho más notable de toda la gesta es- 
pañola en el Nuevo Mundo. También marcaba el comienzo 
de la dominación en el territorio hoy boliviano. 

La noticia de la conquista del Perú fue recibida en Es- 
paña sensacionalmente. La había llevado un hermano de 
Pizarro, que presentó a Carlos V una buena parte de los te- 
soros del inca. 

Por primera vez se recibía de las Indias una cantidad 
de oro y plata que sobrepasaba todas las esperanzas cifra- 
das en las riquezas que América encerraba. Se abría, pues, 
ante los ojos de la metrópoli, un nuevo campo de incalcu- 
lables promesas, de expansión para el comercio y de ex- 
pectativa para el valor castellano. 


5. GUERRAS ENTRE LOS CONQUISTADORES. 


Uno de los primeros resultados de las desaveniencias 
entre Pizarro y Almagro por el territorio que uno y otro de- 
bían ocupar y someter a su respectiva jurisdicción, en cum- 
plimiento de las resoluciones regias, fue la fracasada ex- 
pedición de este último a Chile, que dividió las fuerzas es- 
pañolas y permitió al inca Manco asaltar el Cuzco. Vencido 
el inca con la intervención de ' Almagro, que volvió decep- 
cionado, éste ocupó la antigua capital del imperio y apresó 
a los hermanos de Pizarro, con lo que se desencadenó la 
guerra entre ambos caudillos. Almagro, en su viaje a Chi- 
le, había atravesado el Collao sin encontrar grandes re- 
sistencias: Entonces fundó una población en Paria,.la más 
antigua de las fundaciones coloniales en Bolivia. No prestó 
atención al territorio, que le pareció pobre y sin atractivos. 

La disputa era por la posesión del Cuzco, cuya situá- 
ción geográfica no estaba aclarada en las providencias rea- 


A 


les. Ellas establecían que la jurisdicción de Almagro debía 
empezar desde “doscientas setenta leguas 'al sud del río 
de Santiago”; pero los conquistadores no habían medido esa 
distancia ni tenían la manera de calcularla. El encuentro de 
las facciones rivales se realizó en el lugar de las Salinas, 
y Almagro fue derrotado, hecho prisionero y ejecutado por 
los parciales de su antiguo asociado y compañero de aven- 
turas. 

Pizarro, que años antes había fundado la ciudad de Los 
Reyes en la costa, residía en ella. A la noticia de la muerte 
de Almagro regresó al Cuzco y allí nombró a su hermano 
Gonzalo para conquistar el Collasuyo, que caía dentro del 
reino de la Nueva Toledo y que pertenecía a la gobernación 
de Almagro. Es seguro que si éste hubiera sabido de las ri- 
quezas que encerraban los minerales de Porco y Potosí, no 
se hubiera entretenido en disputar la posesión del Cuzco, 
disputa que le costó la vida. Los charcas resistieron a Gon- 
zalo Pizarro, pero acabaron por someterse. 

Noticiada la corona de los excesos en que los conquis- 
tadores del Perú habían caído por disputarse la posesión de 
la tierra, creyó conveniente enviar un comisionado regio 
que se informara de todo y dispusiera lo conveniente. Para 
ese cargo fue designado el licenciado Vaca de Castro. La 
perturbación más grave a que dieron lugar los sucesos del 
Perú, acaecidos como consecuencia de la guerra civil, fue 
la relativa a la suerte de los naturales, que habían sido dis- 
tribuidos en encomiendas y repartimientos. A la muerte de 
Almagro los Pizarro despojaron a los deudos y soldados de 
éste de cuanto les correspondía por decisión de la corona 
y se creó una situación de desorden y confusión que reque- 
ría pronto remedio. El inca Manco aprovechó las circunstan- 
cias para volver a tomar las armas y se situó entre el Cuz- 
co y la costa, amagando continuamente a las fuerzas espa- 
ñolas. A este tiempo corresponde la fundación de La Pla- 
ta en el país de los charcas, villa establecida con el pro- 
pósito de sujetar a los indios, como otras que se crearon 
en la misma época, así como también con el aliciente de 
las minas de plata. Tan confuso es este período, que ni si- 
quiera existe un documento que indique a ciencia cierta la 
fecha de la erección de la ciudad. Se sabe que la fundación 
la llevó a cabo Pedro de Anzures en 1538. En 1549 La Pla- 
ta fue ascendida a la categoría de ciudad y obispado. Dos 
años después se posesionó el primer obispo. 


as 


Sometidos los charcas, Gonzalo Pizarro fue comisio- 
nado por su hermano para dirigir una expedición sobre el 
reino de Quito. En el interín se produjo en Lima la conspira- 
ción de los almagristas, que dieron muerte a Francisco Pi- 
zarro y se apoderaron del gobierno. Por fortuna en aquellos 
días llegaba el comisionado regio Vaca de Castro. 


Contrariamente a lo que afirman algunos historiado- 
res, las guerras civiles del Perú terminaron con la muerte 
de Pizarro, pues eran guerras entre los conquistadores, ins-- 
piradas en intereses y sentimientos personales. Los alma- 
gristas habían alcanzado a vengarse. Las guerras posterio- 
res tuvieron, como se. verá, otro carácter. Es por eso que 
el cronista Gutiérrez de Santa Clara las llama “guerras más 
que civiles”. 

Los almagristas estaban acaudillados por Almagro “el 
mozo”, hijo del conquistador, que pretendía derechos a la 
sucesión de su padre. Vaca de Castro se negó a entrar en 
negociaciones con los asesinos de Pizarro, y sus tropas, reu- 
nidas para imponer la autoridad real, sin aceptar tampoco 
el concurso de Gonzalo Pizarro, que representaba la fac- 
“ción contraria, chocaron con las de Almagro “el mozo” en 
los campos de Chupas obteniendo la victoria. El joven Al- 
magro fue ajusticiado y sólo quedó vivo, de los primitivos 
caudillos de la conquista, Gonzalo Pizarro, quien después de 
su “entrada al país de la Canela”, es decir, a la región ama- 
zónica por el lado de Quito, se presentó en el Cuzco a Vaca 
de Castro y se allanó a retirarse a sus encomiendas de 
Charcas, en donde fijó su residencia en espera de los acon- 
tecimientos. 


Vaca de Castro cumplió acertadamente su papel de pa- 
cificador y tomó medidas para tranquilizar el país y para or- 
ganizarlo, después de tan graves disturbios. Bien pronto, sin 
embargo, la guerra había de encenderse por motivos más 
graves que las disputas entre facciones. Ahora se trataba 
de una insurrección de los colonos contra la autoridad de 
la corona española, cuya acción les perjudicaba. 


6. CARACTER DE LA CONQUISTA Y SUS CONSECUENCIAS. 

Ya hemos dicho que poco después del descubrimiento 
de América se inició el período de las expediciones parcia- 
les con el objeto de reconocer los territorios y de apoderar- 


a 


se de sus diferentes regiones, especialmente de aquellas 
en que existía la posibilidad de encontrar riquezas minera- 
les. Las capitulaciones firmadas en Toledo en julio de 1526 
entre la reina y Pizarro, establecían las condiciones en que 
se había de llevar a cabo la conquista del Perú, semejantes 
a las fijadas para otras conquistas. Entre esas condiciones 
se fijaba la facultad de repartir “tierras y solares” entre 
los conquistadores, así como la de crear encomiendas de 
indios, que era la manera de distribuirlos para que benefi- 
ciaran a los españoles con su trabajo, sin más obligación 
por parte de éstos que la de mantener a los naturales den- 
tro de la fe religiosa. En virtud de tales capitulaciones los 
conquistadores se consideraban dueños de los repartimien- 
tos que habían recibido, así como señores absolutos de los 
indios que les habían sido encomendados. No fueron po- 
cos los abusos que con tal motivo se cometieron, aunque 
es justo reconocer que ellos no fueron mayores en el Pe. 
rú que en otras partes de la América recién conquistada. La 
población de las Antillas había sido diezmada por los ma- 
los tratos impuestos a los indios. El clamor general de pro- 
testa interpretado en la reclamación escrita del P. Las Ca- 
sas, obispo de Chiapa, fue escuchado por Carlos V; pero 
es indudable que ese documento adolecía de notorias exa- 
geraciones. El resultado fue que el emperador, después de 
oír la opinión de una junta de teólogos y juristas, dictó una 
legislación especial para las colonias, protegiendo a la raza 
autóctona, declarando a los indios “fieles y leales vasallos 
de la corona” y completamente libres, con ciertas excep- 
ciones que se consideraron necesarias para evitar excesi- 
vas perturbaciones. Se reglamentó el trabajo de los indios 
y se redujeron los repartimientos. Cuando en el Perú se 
tuvo noticias de estas leyes u ordenanzas, la conmoción 
fue general. Ni la política conciliadora y prudente de Vaca 
de Castro fue «bastante para calmar los ánimos. En vano 
se ofreció el gobernador para interceder ante la corona a 
fin de que la aplicación de las ordenanzas fuera suspendida 
hasta estudiar mejor la situación del Perú, porque pronto 
se supo que llegaría un virrey encargado de cumplirlas y 
de implantar la primera audiencia en Lima. 


Los conquistadores alegaban que, con sus trabajos, sus 
esfuerzos y su sangre, se habían apropiado de la tierra y 
que la corona desconocía sus derechos y los despojaba de 


a DO 


un solo golpe de lo que habían ganado con tanto sacrificio. 
En una palabra cundía la rebelión originando el desobedeci- 
miento a las ordenanzas sin ningún embozo y dentro de un 
espíritu francamente sedicioso. y 

Esta fue, pues, la primera insurrección del Perú con- 
tra la corona de España, con la intención de darse gobierno 
propio o de que se reconociera el derecho de sucesión de 
los conquistadores. Su caudillo salió de Charcas, y por eso 
esta materia adquiere especial interés para la historia de 
Bolivia. Nuestro territorio fue en gran parte el escenario de 
la rebelión y de las guerras que luego sobrevinieron, ensan- 
grentando al antiguo Collasuyo. 

Cuando se tuvo la certeza de que el virrey nombrado, 
Blasco Núñez de Vela, se dirigía a Lima, después de desem- 
barcar en Túmbez, y que venía animado del espíritu más 
intransigente, Pizarro enarboló en Charcas la bandera de 
la. insurrección y marchó sobre el Cuzco, en donde se hizo 
fuerte, con el título de procurador general encargado de ges- 
tionar la suspensión de las ordenanzas. Aunque su primiti- 
va actitud no fue francamente rebelde, no tardó en serlo 
ante la conducta del virrey, que llegó a Lima en 1544 y ma- 
nifestó que cumpliría las ordenanzas, bien que insinuan- 
do que apoyaría las reclamaciones justas que se interpusie- 
ran contra ellas. Esta política no fue del agrado de los re- 
clamantes; unida a ciertos actos de desconfianza y rigor 
procedentes de Núñez de Vela, precipitaron la caída de és- 
te y su prisión, decretada por la propia audiencia, que abra- 
zó la causa de Pizarro, por interés o por miedo. Pizarro se 

d presentó en Lima proclamándose gobernador. 

Pero el virrey, que había sido embarcado con rumbo a 

España, consiguió regresar de Panamá y se sintió en Quito 

b dispuesto a abrir campaña contra los rebeldes. Pizarro sa- 
lió de Lima con dirección al norte; después de una serie 
de escaramuzas, de marchas y contramarchas, el virrey fue 
vencido y muerto en el combate de Añaquito. 

Mientras esto sucedía en el norte, las gentes de Char- 
cas, entendiendo que la causa de la corona acabaría por 
triunfar, o bien animadas por ciertos intereses que empeza- 
ban a ponerse en juego, se levantaron al mando de Diego 
Centeno y dieron muerte al gobernador Francisco de Al- 
mendras. Centeno era natural de Ciudad Rodrigo y había 
venido al Perú en 1534 con la expedición de Pedro de Alva- 


A A 


rado, conquistador de Méjico, que trató de interferir la con- 
quista del Perú, conocedor de las riquezas encontradas por 
Pizarro y Almagro. Cuando Alvarado regresó a Guatemala, 
por una transacción con Almagro, dejó a la mayor parte de 
su gente en el Perú. De esta manera se incrementó el nú- 
mero de soldados aventureros, cuya codicia no tuvo lími- 
tes, provocando los mayores desórdenes. Centeno había 
pertenecido a diversos bandos y se encontraba en La Plata 
como alcalde en 1544, cuando Núñez de Vela llegó al Perú 
dispuesto a cumplir las ordenanzas de Carlos V. En conse- 
cuencia aquél fue nombrado uno de los procuradores que 
los encomenderos de Charcas enviaron al virrey para pe- 
dir que se suspendieran los decretos de la corona. Pero 
cuando Pizarro se sublevó en el Cuzco, Centeno, que esta- 
ba de regreso en La Plata, abrazó el partido de Vela y se 
sostuvo en Charcas con suerte varia, luchando contra el ca- 
pitán Alonso de Toro, partidario de Pizarro y luego contra 
Francisco de Carvajal, enviado por aquél para aniquilarle. 
En 1545 había tomado posesión del cerro de Potosí, en 
compañía del capitán Juan de Villarroel, empezando a ex- 
plotarlo, después de que el indio Hualca lo descubrió ca- 
sualmente, coma es notorio. Probablemente adoptó el par- 
tido del virrey con la esperanza de ver confirmados sus de- 
rechos sobre la rigueza descubierta. 

No pudo sostenerse contra Fancisco de Carvajal, que 
le declaró una guerra sin cuartel y, después de mil esfuer- 
zos inútiles, Centeno optó por dispersar sus tropas, refu- 
giándose en una cueva cerca de Arequipa. Una parte de sus : 
fuerzas, al mando de Lope de Mendoza, fue derrotada por 
Carvajal en el combate de Pocoma. El “demonio de los An- 
des”, como se llamaba a éste, se posesionó de La Plata y 
de los productos del cerro de Potosí, que empezó a enviar 
a Lima en grandes cargamentos. No se necesita mucha pers- 
picacia para comprender que en esta lucha incesante en 
Charcas, Centeno tenía otras razones, además de su leal- 
tad a la causa de la corona. Defendía sus minas de Potosí. 
“Todos acudían a Potosí a reformarse”, dice un documento 
de la época, publicado por Jiménez de la Espada en sus 
Relaciones Geográficas de Indias ('). “Con la fama de la 
riqueza de las minas acudían allí muchos bastimentos y mer- 


(1) Madrid, 1885, tomo segundo. 


o 


caderías y mucha gente a gozar del provecho de la plata y 
unas veces entraban los capitanes del tirano y otras los 
servidores de Su Majestad, y siempre que esto sucedía, era 
con mucho daño, porque se llevaban la gente, la plata, los 
bastimentos y mercaderías que hallaban; y era en aquel 
tiempo tanta la plata que se sacaba, que se puede tener 
por cierto en el mundo no haberse visto tal, por cuya cau- 
sa la plata era tenida de poca estima”, agrega el mismo co- 
'mentarista ('). 

Pronto se vio que la resistencia de Centeno no estaba 
mal fundada. No obstante que se reconocía en la corte que 
la falta de tacto de Núñez de Vela había desencadenado la 
tormenta, contrariamente a lo sucedido en Méjico con el 
virrey don Antonio de Mendoza, que no trató de imponer 
las ordenanzas contra viento y marea, no por eso se pensó 
ni un solo momento en dejar sin castigo la conducta de Pi- 
zarro. Aunque no se conocía el triste fin de Núñez de Vela, 
se consideraba necesario el envío de un comisionado con 
plenos poderes. No tardó en saberse que la corte manda- 
ba al Perú un nuevo representante y que éste era un clé- 
rigo, Pedro de La Gasca, muy recomendable por su talento 
político y por su lealtad al soberano. La Gasca debía con- 
temporizar mientras fuera conveniente, en tanto se resta- 
blecía el orden y llegada el momento de hacer justicia. Fue 
investido por Carlos V de amplia autoridad para proceder 
en la forma que exigieran los acontecimientos, aunque só- 
lo llevaba el título de presidente de la audiencia. En ma- 
yo de 1546 La Gasca partió para el Nuevo Mundo. 

A su paso por Panamá consiguió que se le plegaran las 
autoridades colocadas por Pizarro y que se le entregara la 
escuadra. Recibió acatamiento y ayuda de todos los que po- 
dían auxiliarle en su empresa y resolvió seguir al sud, no 
sin haber intentado antes todos los medios conciliaterios. 

La noticia de la aproximación del presidente cambié la 
situación en el Perú y en Charcas. Diego Centeno dejó su 
escondite, convocó a sus parciales y se apoderó del Cuzco 
en nombre del rey. Luego corrió hasta Charcas y sublevó a 
La Plata, con lo que recuperó la posesión de sus minas. Mar- 
chando al norte para reunirse con la Gasca,”“interceptó a 


(1) Relación muy particular del cerro y minas de Potosí, por "Nicolás 
del Benino, dirigida a D. Francisco de Toledo, virrey del Perú, en 
1573. 


a 


Pizarro, que pretendía retirarse a Chile y se enfrentó con 
sus tropas en las cercanías del lago Titicaca. Allí tuvo lugar 
la batalla de Huarina, en la que Centeno, enfermo e impedi- 
do para dirigir el combate, llevó la peor parte. A duras penas 
pudo retirarse para juntarse con las tropas leales. 

Con la victoria de Huarina, Pizarro recobró sus bríos y 
se posesionó del Cuzco. La Gasca entre tanto, había toma- 
do el camino de Jauja, aumentando sus gentes' con los re- 
fuerzos que le aportaron Benalcázar, de Quito y Pedro de 
Valdivia, de Chile. Los ejércitos se encontraron en el valle 
de Sacsahuana; allí las tropas de Pizarro empezaron a pa- 
sarse al ejército real, habiéndoles dado el ejemplo el licen- 
ciado Cepeda, antiguo oidor de Lima, que era de los par- 
ciales del jefe rebelde, y el capitán Garcilaso de la Vega, 
padre del famoso cronista de los Comentarios Reales, que 
buscaban el indulto de La Gasca. La desbandada fue general 
y Pizarro, abandonado por los suyos, se rindió sin condicio- 
nes. Carvajal fué detenido cuando trataba de ponerse a salvo. 


Fue entonces cuando Centeno, el caudillo de Charcas, 
dio pruebas de su noble carácter. Fue el protector de sus 
adversarios y aunque ño consiguió salvarles la vida, influyó 
cuanto pudo para evitarles humillaciones y ultrajes. Pizarro 
y Carvajal fueron ejecutados. 


Pero las providencias adoptadas por La Gasca para re- 
compensar a los leales, otorgándoles nuevos repartimientos 
y encomiendas, fueron recibidas con descontento general. 
Las aspiraciones de los capitanes eran excesivas y como al. 
mismo tiempo el delegado de la corona procuraba aliviar la 
situación de los indios librándolos, siquiera en parte, de la 
servidumbre a que estaban sometidos, servidumbre contra 
la cual se habían dictado las ordenanzas, la tranquilidad fue 
corta y relativa, porque los orígenes de la anarquía (la am- 
bición de los conquistadores y la pugna de intereses) que- 
daban en pie y sólo esperaban una nueva ocasión para ma- 
nifestarse. Aquéllos eran los resabios de la forma irregu- 
lar y bárbara en que se había realizado la conquista. 


La verdad es que La Gasca se ocupó en estudiar seria- 
mente la situación de los indios, poniendo remedio a los 
excesos de los colonizadores y rebajando los tributos a una 
tasa todavía inferior a la que pagaban en tiempo de los in- 
cas. Pero tropezó con grandes dificultades para suprimir el 
servicio personal de los naturales. Los indios no trabajaban 


A 


si no se les obligaba a hacerlo, porque: estaban acostum- 
brados a tal régimen durante los siglos que habían vivido 
bajo el sistema de los incas. El cambiarlo habría ccasionado 
trastornos incalculables y también estaba de por medio la 
explotación de las minas, que urgía a la metrópoli, siempre 
necesitada de recursos extraordinarios. 


7. EXTENSION DE LA CONQUISTA EN EL TERRITORIO 
BOLIVIANO. 


Ya hemos visto que, durante el período de las guerras 
del Perú, la extensión de la conquista y la creación de cen- 
tros de colonización habían sufrido un colapso. Fuera de los 
esfuerzos de Vaca de Castro, que mandó una desgraciada 
expedición hacia el Río de la Plata, en el mismo rumbo que ' 
siguió Almagro en su viaje a Chile, y de las entradas orga- 
nizadas con dirección a los Mojos, en el territorio que ac- 
tualmente pertenece a Bolivia, no se había logrado gran 
cosa. El sometimiento del Collao y de Charcas hakía sido 
el único acto positivo y permanente. 


Al tiempo en que La Gasca se dirigía a Lima, para des- 
de allí disponer su regreso a España, uno de sus primeros 
cuidados fue nombrar al capitán Alonso de Mendoza para 
que en el lugar llamado entonces Chuquiabo, fundara un 
pueblo nuevo, con el nombre de Nuestra Señora de La Paz, 
nombre con el que quiso aludir a la pacificación del Perú, 
después de tantas agitaciones y disturbios. Se eligió ese si- 
tio por encontrarse entre el Cuzco, Arequipa y La Plata y, 
además, por el renombre que había adquirido por su rique- 
za aurífera, que, desde la llegada de los españoles, había 
sido una atracción. La Paz fue tundada el 20 de octubre de 
1548. 


En cuanto a Centeno, como para confirmar lo que lle- 
vamos dicho sobre los intereses que estaban en juego en- 
tre él, por una parte, y por otra Pizarro y Carvajal, consta que 
fue confirmado en los derechos sobre sus minas del cerro 
de Potosí. López de Gómara, uno de los cronistas de más 
crédito, dice que La Gasca “proveyó a Diego Centeno para 
las minas de Potosí, que caen en los Charcas y que. son*las 
mejores del Perú y aun del mundo, cada de un quintal de mi- 
neral sale medio de plata y mucho más; y una cuesta hay 
allí, toda veteada de plata, que tiene media legua de alto 


e 


y una de circuito” ('). No fueron éstas las únicas mercedes 
con que La Gasca premió los servicios de Centeno. Tam- 
bién le designó adelantado y gobernador de la provincia del 
Río de la Plata, en vista de los acontecimientos ocurridos 
en el Paraguay, como se verá más adelante. Pero el ¡ilustre 
capitán y rico minero no pudo llenar esas funciones porque 
a poco murió en el Cuzco, se dice que envenenado por sus 
émulos. 

El fundador de La Paz, Alonso de Mendoza, había toma- 
do parte en las guerras del Perú desde 1538, militando en 
las filas de Hernando Pizarro y también en las de Vaca de 
Castro. Pero en tiempos de Núñez de Vela se volvió contra 
los Pizarro, según el cronista Herrera, y estuvo envuelto 
en un plan para asesinar a Gonzalo. Sólo cuando vio que 
este caudillo había triunfado sobre el virrey, se unió nue- 
vamente a sus huestes y sirvió a las órdenes de Alonso de 
Toro contra Centeno. También militó en las filas de Carva- 
jal y concurrió al combate de Pocona, habiendo desempeña- 
do luego el cargo de alcalde de La Plata y el de gobernador 
de Charcas, cuando éste se retiro hacia el Cuzco. Pero los 
reveses sufridos por Pizarro seguramente influyeron para 
que el fundador de La Paz se pusiera contra él, para impul- 
sarle a que se uniera a Centeno, sumándose al partido de 
La Gasca. Por eso es que vemos luego a Mendoza luchando 
en campo opuesto al de sus antiguos jefes, batiéndose en 
Huarina y, después de la derrota, reuniéndose a las tropas 
reales antes de Sacsahuana. 

En cuanto a Potosí, si bien desde 1545 había empeza- 
do a poblarse con motivo de la explotación de la plata, en 
esos tiempos de turbulencia no alcanzó a organizarse como 
centro urbano. Sólo pudo conseguirlo algunos años más tar- 
de. Por real provisión firmada por Carlos V en Ulm, en ene- 
ro de 1546, el caserío de Potosí recibió el título de Villa 
imperial, con que había sido bautizado por Juan de Villa- 
rroel a raíz del descubrimiento de las minas del cerro. 

Por la misma época se iniciaban, desde Asunción, se- 
de de la gobernación ríoplatense, las primeras incursiones 
españolas sobre los territorios orientales de Bolivia, en bus- 
ca de la “Sierra de la Plata”. Después de la expedición de 
Ayolas, que acabó con su muerte, el gobernador de Asun- 


(1) Historia General de las Indias, capítulo CLXXXVII. 


O 


ción, Martínez de lrala, llegó en 1547 a los confines de 
Charcas, desde donde envió un mensaje a La Gasca, mensa- 
je cuyo portador fue el capitán Ñuflo de Chaves. Este regre- 
só a Asunción con el desengaño de ver que la “Sierra de 
la Plata”. estaba ya ganada por los españoles del Perú, pero 
con la idea de buscar el Dorado, el Gran Paititi o el Gran 
Mojo, imperio semejante al del Perú, según las “noticias”, 
que debía estar situado al otro lado de los Andes orientales 
y al norte de Chiquitos, o sea más al sur de los Chunchos, 
a donde habían tratado ya de llegar otras expediciones sa- 
lidas del Perú, como las de Candia (1539) y Pedro de An- 
zures, por Camata. 


8. NUEVOS DISTURBIOS EN CHARCAS. 


Pero las turbulencias de Charcas no terminaban. Su- 
cedió a La Gasca el virrey don Antonio de Mendoza, cuyo 
hijo, don Francisco, fue destacado para visitar el territorio, 
hasta Potosí y La Plata. Se nombró corregidor de Charcas 
al mariscal Pedro de Hinojosa, que residía en el Perú desde 
1534 y que, como los caudillos mencionados anteriormen- 
te, había participado en todas las guerras ocurridas allí. 
Después de militar en el partido de los Pizarro, también se 
había unido a Vaca de Castro. En tiempos de Núñez de Vela 
fue otra vez pizarrista, pero desertó las filas y entregó la 
escuadra en Panamá a La Gasca, comprendiendo, sin duda, 
que la obstinación de Gonzalo Pizarro podía depararle días 
de luto. Se sumó, por lo tanto, al partido del emisario regio. 
Cuando Hinojosa se posesionó de la gobernación de Char- 
cas, se agitaba el descontento producido entre los capitanes 
y soldados por la distribución de recompensas hechas por 
La Gasca y hasta se decía que el mariscal lo encabezaba 
ocultamente. A esto vino a agregarse la promulgación, he- 
cha por la audiencia de Lima, durante la enfermedad del vi- 
rrey, de la ordenanza sobre supresión del servicio personal 
de los indios, que La Gasca había suspendido hasta consul- 
tar al monarca. 

Pero no hubo tal, porque estaba decidido a mantenerse 
fiel al gobierno en un puesto de tanta confianza, pues era 
bien sabido que el distrito de Charcas seguía siendo el foco 
de los alborotos y de los escándalos. 

-———En La Plata existía un centro de conspiración formado 
por los elementos que habían intentado levantarse en el 


y 


bastián de Castilla, a cuya facción pertenecía. La anarquía 
más absoluta era la característica de la vida en Charcas, has- 
ta que Alvarado acudió a castigar a los culpables, con mano 
de hierro, restableciendo el orden. Todos estos sucesos 
acaecieron en el año 1553. 


Al año siguiente estalló en el Cuzco, por añadidura, la 
rebelión de Francisco Hernández Girón, en señal de pro- 
testa contra las ordenanzas que abolían el servicio personal 
de los indios. Aunque sotocada en Pucara, al norte del Ti- 
ticaca, después de una sangrienta batalla, el servicio perso- 
nal'no desapareció. Recibió otros nombres y continuó opri- 
miendo a la raza autóctona, no por disposición de la 'coro- 
na, cuyos impulsos humanitarios constan en la legislación 
de indias y en numerosas disposiciones adoptadas por los 
virreyes, sino por el abuso de los encomenderos y de cier- 
tas autoridades, que heredaron el espíritu inhumano de los 
hombres de la conquista. 


Estos hombres, con su conducta indisciplinada y sus 
ansias de riqueza y de mando, atentaron varias veces con- 
tra el poder real, destituyeron, sacrificaron autoridades y 
se opusieron sistemáticamente a la aplicación de las leyes 
que favorecían a los indios y trataban de poner orden en 
la administración. La organización colonial, encomendada 
a veces a hombres de rectas intenciones y de gran capaci- 
dad, no alcanzó nunca, en el curso de los dos siglos y medio 
que duró, después de este período caótico y anárquico, a 
destruir el germen que dejaron los soldados y los aventure- 
ros sin freno y sin moral. Tal la levadura que el régimen 
español, no obstante ser bien inspirado, no alcanzó a des- 
truir del todo y que, reforzada por la acción disolvente de 
la mezcla de razas, realizada en forma irregular, entró en 
la composición del conglomerado que ha servido de base a 
la sociedad boliviana. La mayor desgracia para los países 
de gran riqueza mineral es su destino de tierras de aventu- 
ra, con atractivo irresistible para gentes de rapiña, que acu- 
den de otras latitudes en busca de fortuna rápida; mucho 
más si esos países poseen una población autóctona fácil 
de dominar y de explotar. 


Este aspecto de los orígenes de la nacionalidad no ha 
sido detenidamente analizado por los historiadores. Lo ha 
utilizado, en cambio, el género literario impropiamente lla- 
mado tradicional, deformándolo con exageraciones inspira- 


A 


das en la fantasía. La mayor parte de las leyendas sobre el 
“Potosí colonial”, por ejemplo, se refieren al “Potosí de la 
conquista” y sus personajes son los soldados aventureros 
cuyas fechorías acabamos de relatar a grandes rasgos. 

El período colonial empieza para la historia de Bolivia 
con la creación de la audiencia de Charcas. Bajo la acción 
de este tribunal se organiza el distrito como entidad autóno- 
ma, aunque sometida, por razones de jerarquía, al virrey del 
Perú. 


E Y MERO 


CAPITULO IV 
COLONIZACION 


1.— Noticia sobre la dinastía española durante el período 
colonial.— 2.— Examen general de la política colonial.— 
3.— Administración.— 4.— Gobierno metropolitano de las 
Indias.— 5.— El comercio colonial.— 6.— Extensión y con- 
solidación de la conquista.— 


1. NOTICIA SOBRE LA MONARQUIA ESPAÑOLA EN EL 
PERIODO COLONIAL. 


No es posible acometer la empresa de escribir la his- 
toria de cualquiera de las naciones hispanoamericanas, sin 
seguir al mismo tiempo, paso a paso, la historia de la mo- 
narquía española durante el tiempo que le estuvieron some- 
tidos estos territorios, que no fueron sino una parte de sus 
dominios durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en que reci- 
bieron directamente su influencia. 


El descubrimiento de América coincidió poco más o me- 
nos con el final de la guerra llamada de Reconquista y con 
el establecimiento de la unidad nacional en España. Por el 
matrimonio de la infanta doña Isabel (hermana y heredera 
de Carlos IV, rey de Castilla y León) con don Fernando, 
heredero del rey de Aragón, vinieron a reunirse en ellos las 
dos monarquías principales y la mayor parte de los seño- 


E, On 


ríos de la Península, cuando una y otro (Isabel y Fernando) 
entraron en posesión de sus respectivas coronas. La toma 
de Granada consolidó poco después la unidad española. El 
descubrimiento coincidió también con importantes conquis- 
tas en Africa y en Italia. 


A la muerte de la reina Isabel (1504) cuyas preocupa- 
ciones por la suerte de sus nuevos súbditos, los indios ame- 
ricanos, la llevaron al extremo de consignar en su testamen- 
to un codicilo relativo al buen trato que se les debía dar, 
gobernó España Fernando el Católico, su marido, que se re- 
tiró a Italia cediendo la corona de Castilla a su hija, conoci- 
da con el nombre de Juana “la Loca”, esposa de Felipe “el. 
Hermoso”, archiduque de Austria. Los territorios de Améri-- 
ca dependían de la corona de Castilla, por haberse hecho 
el descubrimiento con los recursos del reino. Esos territo- 
rios eran parte de la monarquía castellana y este hecho les 
acordaba especiales privilegios institucionales. De ahí que 
no eran propiamente colonias, sino dominios personales de 
los reyes castellanos. Como Felipe “el Hermoso” falleciera 
al poco tiempo (1506) y la reina Juana sufriera grave per- 
turbación mental, Fernando “el Católico” volvió a asumir la 
regencia hasta su muerte, ocurrida en 1516. Atento el es- 
tado de salud de la reina, Fernando designó regente al hijo 
de ésta y de Felipe “el Hermoso”, el príncipe don Carlos, 
más tarde emperador de Alemania, que se encontraba au- 
sente, por lo que el cardenal Cisneros asumió la regencia 
del reino hasta 1517. Dos años después don Carlos era ele- 
gido emperador de Alemania, por muerte de su abuelo, el 
emperador Maximiliano. No es necesario repetir, porque es 
bien sabido, que durante el gobierno de don Carlos (Prime- 
ro de España y Quinto de Alemania) la nación española 
llegó, en todo orden, al apogeo de su grandeza. Carlos V 
[como generalmente se le llama) venció a los comuneros de 
Castilla, con lo que consolidó el orden interno y el poder 
absoluto de la monarquía. Venció también a Francisco l, rey 
de Francia, en la batalla de Pavía, que le entregó la domi- 
nación de Italia. En 1519 Hernán Cortés llevaba a cabo la 
conquista de México. 


La capitulación de 1529, autorizando a Pizarro para la 
conquista del Perú, fue firmada por la reina y emperatriz 
doña Isabel, esposa de Carlos V, en ausencia de éste, em- 
peñado en sus guerras contra los franceses y los turcos. Ya 


o EN 


hemos visto cómo las ordenanzas dictadas por Carlos V 
en Barcelona, en 1542, produjeron las insurrecciones del 
Cuzco y de Charcas, por su espíritu humanitario en favor 
de los indios. 

Cuando Carlos V abdicó, para ingresar a un monaste- 
rio,sen 1557, cedió la sucesión del imperio a su hermano 
Fernando | y la corona de España a su hijo Felipe Il, que fue 
el primer monarca que eligió a Madrid como residencia fija 
de la corte. La audiencia de Charcas fue fundada en ese 
tiempo, así como las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, 
Tarija y Oruro. Felipe Il dictó grandes reformas en materia 
de minería y suprimió las encomiendas. 

Le sucedió su hijo Felipe lli, que se coronó en 1598, 
iniciándose con él la decadencia de la casa de Austria. En 
su época se erigieron los obispados de Santa Cruz de la 
Sierra y de La Paz, elevándose a arzobispado el de La Plata. 

En 1621 subió al trono Felipe IV, cuyo ministerio, el con- 
de-duque de Olivares, gobernó el reino como señor absolu- 
to. Durante el reinado de aquel monarca, Portugal se separó 
de España, a la que había estado sometido desde Felipe !l, 
y la decadencia se dejó sentir en todo orden. > 

Bajo Carlos Il, hijo de! rey anterior, que gobernó des- 
pués de la regencia de su madre, tuvo fin la dinastía aus- 
tríaca eh España (1700). Fue entonces que se promulgó la 
célebre Recopilación de las Leyes de Indias. 

El resto de la historia de España en este período de 
dominación 'en América, hasta la independencia, lo ocupan 
los monarcas de la casa de Borbón: Felipe de Anjou (nieto 
de Luis XIV de Francia) que tomó el nombre de Felipe V, 
Fernando VI y Carlos !Il, hermano del anterior, cuyas dife- 
rencias con Portugal dieron lugar a la intensificación del 
avance de los portugueses del Brasil sobre las posesiones 
españolas de la América del Sud, comprendiendo la parte 
oriental de los territorios de Mojos y Chiquitos. Fue un so- 
berano inteligente, colaborado por buenos ministros, y en 
su tiempo se creó el virreinato de Buenos Aires, a cuya ju- 
risdicción pasó el distrito de Charcas. Carlos IV gobernó 
pésimamente, bajo la inspiración de Godoy, príncipe. de: la 
Paz y fue arrojado del trono por Napoleón Bonaparte. Fer- 
nando VII, en fin, prisionero de los franceses, dio pretexto 
para la revolución por la independencia. 

Esta breve relación tiene por objeto dar una idea glo- 
bal de la sucesión de los monarcas de España, que lo fueron 


A a 


también de las posesiones españolas de ultramar. Nos co- 
rresponde ahora investigar en qué forma sus gobiernos or- 
ganizaron y administraron estos vastos territorios, mientras, 
simultáneamente, participaban en las guerras y en la polí- 
tica europea e influían en los destinos del mundo. 


2. EXAMEN GENERAL DE LA POLITICA COLONIAL. 


Difícil y complejo fue el problema que le planteó a la 
corona española el descubrimiento y la conquista de Amé- 
rica. Dice un historiador autorizado (') que “uno de los 
principales obstáculos para la colonización permanente y 
efectiva consistió en la sed de oro que impulsaba a los es- 
pañoles”. Sólo que, para ser justo, hay que aclarar que esa 
sed es común a toda la raza humana. Pero si tal era el es- 
píritu de los conquistadores, no interpretaba en manera al- 
guna la política que, desde los primeros tiempos, se había 
propuesto desarrollar la corona. Es fácil comprobar que, 
cuando en las Antillas se agotaron los yacimientos de oro 
y los colonos trataron de pasar al continente en busca de 
metales preciosos, el gobierno se vio obligado a ofrecer to- 
da clase de alicientes para que se dedicaran a las pacíficas 
faenas agrícolas, en las islas o en tierra firme. La población 
de América era difícil de fomentar, cuando no se trataba 
de ir a las tierras ricas: Méjico o el Perú. 

Al principiar el siglo XVI los reyes ofrecieron a los 
súbditos que quisieran trasladarse a América, con fines agrí- 
colas, toda clase de ventajas: exoneración de contribucio- 
nes por veinte años, pasaje libre, ayuda económica por el 
primer tiempo, instrumentos de labranza, animales de cría, 
tierras en propiedad, etc. Exactamente lo que las repúbli- 
cas americanas han seguido-haciendo tres o cuatro siglos 
más tarde. Se cuidaba, sin embargo, de que los colonos fue- 
ran españoles y buenos cristianos, con el fin de procurar la 
unidad política y religiosa. ' 

En vano se ha dicho que la emigración a América con- 
tribuyó al despoblamiento de la metrópoli. Hasta se han pu- 
blicado cifras estadísticas para comprobarlo; pero el exa- 
men sereno de los hechos demuestra lo contrario. A fines 


(1) pe H. parinO; El comercio y la navegación entre España y las Indias, 
ap. V. 


> AN 


del siglo XVI, según datos históricos autorizados, no había 
en América más de ciento cincuenta mil españoles. Y, sin 
embargo, la disminución de la población del reino abarcaba 
varios millones de habitantes. La expulsión de moros y ju- 
díos, así como las guerras de Europa, en que España se vio 
siempre empañada en los siglos XVI, XVIl y XVIII, parece 
que tenían más parte en esa disminución que el éxodo con 
destino a América. 

Es sabido que la base de esa emigración, especialmen- 
te a las regiones pródigas en metales preciosos como Char- 
cas, la constituyeron los aventureros que buscaban enrique- 
cerse rápidamente, sobre todo en los primeros tiempos pos- 
teriores a la conquista. Entre esos elementos de población 
no faltaban los hidalgos segundones, a quienes la institución 
del mayorazgo dejaba en escasos medios de vida y que, por 
lo tanto, se acogían a las únicas carreras seguras: la militar 
y la eclesiástica. “El descubrimiento de América abrió hori- 
zontes amplios a su ambición de labrarse fortuna propia, 
que les permitiese salir rápidamente, aun a costa de los ma- 
yores riesgos, del estado de inferioridad económica en que 
vivían, y ello les impulsó a enrolarse en las huestes de la 
conquista” ('). Pero esta corriente inmigratoria fue parcial 
y relativa, en lo que al territorio hoy boliviano se refiere. 
Por el oriente, como se verá más tarde, aunque las prime- 
ras expediciones que salieron del Río de la Plata tuvieron 
iguales objetivos, ante el fracaso de sus intentos debieron 
dedicarse a la agricultura, estimulada por la autoridad real, 
que nunca descuidó los fines de la colonización propiamen- 
te dicha. 

Desde la época de los Reyes Católicos la corona se ha- 
bía empeñado en que vinieran a América artesanos y agri- 
cultores. Pero ese elemento escaseaba en la Península y la 
política de poblamiento tropezaba con grandes dificultades. 
Las cosas llegaron a tal extremo, que en los primeros años 
se autorizó el reclutamiento de delincuentes para formar 
las expediciones, aunque esa medida fue revocada a los po- 
cos años, por inconveniente y peligrosa. 

Claro que las colonias se habrían poblado rápidamen- 
te si se hubiera autorizado la libre inmigración extranjera 
a las posesiones españolas del Nuevo Mundo. Pero no era 


(1) José María Ots Capdequi, El Estado Español en Indias, México, 1941. 


O, Pa 


ése el propósito del gobierno. Prohibió, por tanto, la entra- 
da en esas posesiones a los extranjeros, a los descendien- 
tes de moros y judíos, a los gitanos,.a los herejes, y a otros 
elementos “indeseables”. En cuanto a los extranjeros, poco 
a poco fué relajándose la prohibición, por la excepción pa- 
ra los naturalizados; y lo mismo sucedió con los descen- 
dientes de “cristianos nuevos”, de donde resultó que a mu- 
chas poblaciones altoperuanas afluyeron numerosos ele- 
mentos de origen judío. Muchos apellidos sefarditas, que' 
son frecuentes en Bolivia, así lo atestiguan. 

En cuanto a las clases sociales, pronto se observó el 
fenómeno de que, sobre la base de los segundones o de los 
hidalgos de la conquista y de los descendientes de los 
funcionarios que venían de la metrópoli, se formó una aris- 
tocracia colonial, en la que no faltaron ciertas ejecutorias 
de nobleza, unas de origen hereditario (las menos) otras 
por concesión de: la corona, a cambio de donativos cuantio- 
sos o en premio de especiales servicios. Los descendien- 
tes de comerciantes españoles o de funcionarios subalter- 
nos formaron una segunda categoría social o una clase me- 
dia, que fue parte integrante del elemento criollo que sub- 
sistió, en condiciones de relativa igualdad, con las autori- 
dades peninsulares que continuaron viniendo en todo el pe- 
ríodo colonial a desempeñar funciones judiciales, de hacien- 
da o de gobierno. Se distinguía al nativo de la Península y 
a su descendiente, como “español de España” y criollo o 
“español de origen”, respectivamente. La tercera categoría 
quedó constituida por los meztizos, frutos de las uniones 
irregulares entre españoles e indias. Se exceptuaban, natu- 
ralmente, los hijos legítimos de españoles y de indias prin- 
cipales o de la nobleza incaica. Pronto los mestizos comunes 
constituyeron la verdadera clase popular de las ciudades, 
dejando a los indios en una categoría todavía más baja, 
sobre la que aquéllos hicieron sentir su autoridad con más 
dureza que las verdaderas clases superiores. 

El mestizaje constituye un fenómeno digno de estudio, 
no en cuanto se refiere a la mezcla de sangre, que científi- 
«camente considerada, no parece perniciosa, sino en cuanto 
se relaciona con la formación de una nueva clase, la del 
cholo, con mentalidad y cultura diferentes a las de otras 
castas. Estudiado el problema desde el punto de vista de 
la sociedad colonial, dentro de la cual tuvo su origen, ad- 
quiere importancia excepcional. 


si Al as 


y á | 


La atención de la corona en este orden se dejó sentir 
desde el momento mismo en que se produjeron las prime- 
ras uniones entre españoles y naturales. No se trataba de 
una preocupación racista, sino de orden moral, que encara- 
ba el problema con claridad admirable. En realidad la legis- 
lación y la política en que ella se inspiraba no prohibían ni 
trataban de evitar la fusión de las razas, sino que la fomen- 
taban en condiciones legítimas, dando un noble ejemplo que 
no han imitado otras naciones colonizadoras. Lo que la co- 
rona no veía con gusto era la unión ilícita, por las conse- 
cuencias inevitables que ella había de traer en la formación 
espiritual. 


, Desde los primeros tiempos que siguieron a la conquis- 
ta, se planteó el mestizaje come hecho natural e irremedia- 
ble, porque los conquistadores, por lo general, no trajeron 
con ellos a sus mujeres. En el Perú, sin embargo, fueron 
raros los matrimonios de soldados y capitanes con indias. 
Garcilaso de la Vega, el cronista, fue un resultado de este 
género de alianzas. Los mestizos surgieron, pues general- 
mente, como productos de uniones vergonzantes. El famoso 
jurista Solórzano Pereyra decía a este respecto, en su Polí. 
tica Indiana: “Pero porque lo más ordinario es que nacen 
(los mestizos) de adulterio y de otros ilícitos y punibles 
ayuntamientos: porque pocos españoles de honra hay que 
casen con indias, el cual defecto de los natales les hace in- 
fames, por lo menos infamia facti, según la más grave y co- 
mún opinión de graves autoridades, sobre él (sobre el mes- 
tizo) cae la mancha del color vario y otros vicios que suelen 
ser como naturales y mamados en la leche. En estos hom- 
bres hallo que por otras muchas Cédulas no se les permite 
entrada para oficios algunos autorizados y de república, 
aunque sean Protectorías, Regimientos o Escribanías, sin 
que hayan expresado este defecto cuando los impetraron y 
estén particularmente dispensados de ellos, y que se les 
quiten los Títulos a los que de otra suerte los hubieren ga- 
nado. Y también hay otras que prohiben se les den órdenes 
sacras hasta que otra cosa se mande, de cuya práctica, sien- 
do Dios servido, diremos en otro lugar”. Las razones que 
expone Solórzano Pereyra, apoyándose en las leyes de In- 
dias y en autorizadas opiniones, no estaban fundadas, como 
5e ve, en prejuicios raciales, sino en las consideraciones de 
orden social a que daba lugar la forma de abandono en que 


y A 


se criaban y educaban los mestizos, nacidos irregularmente. 
Hace notar en otro lugar que adquieren “viciosas y depra- 
vadas costumbres y son lós que más daño y vejaciones sue- 
len hacer a los mismos indios, como lo anota el mismo P. 
Fr. José de Acosta, y lo dan a entender muchas Cédulas”; 
que por esta razón ordenaban las leyes “que no les dejen 
andar ni habitar (a los mestizos) en sus pueblos (los de in- 
dios) sino que se reduzcan a los de españoles o a otros que 
se procuren formar de los mismos mestizos y mulatos y 
que las mestizas casadas con españoles, si cometieran adul- 
terio, sean juzgadas y castigadas como españolas”. 


Todavía iba más lejos la legislación colonial a este res- 
pecto: “27. Y otras Cédulas hay más modernas de los años 
de mil y seiscientos y de mil seiscientos y ocho, dirigidas a 
los virreyes del Perú D. Luis de Velasco y Marqués de Mon- 
tes Claros, en que se les dice haberse entendido que crece 
mucho el número de los mestizos, mulatos y zambahigos 
(que son hijos de negros e indias o al contrario) y mandan 
que estén con el cuidado conveniente para que hombres de 
teles mezclas y viciosos por la mayor parte no ocasionen 
daños y alteraciones en el Reino, cosa que siempre se pue- 
' de recelar de los semejantes, como con Atheneo y otros lo 

dejamos advertido en otro lugar, y más si se consienten vi- 
vir ociosos y sobre los pecados a que les llama su mal na- 
cimiento añadir otros, que previenen de la ociosidad y mala 
enseñanza y educación”. 


A mayor abundamiento y como una prueba de que des- : 


de el siglo XVII la legislación española se inspiraba en só- 
lidos principios sociales, citaremos todavía algunas reflexio- 
nes del mismo autor, que no trataba de condenar la mezcla 
de razas como perniciosa, sino la forma en que venían al 
mundo y se educaban generalmente los mestizos. “Los mes- 
tizos —dice— es la mejor mezcla que hay en Indias y son 
los hijos de españoles e indias; y también lo serán si un 
indio se casase con una española, aunque esto sucede rara 
vez. Los que son de legítimo matrimonio son muy atendi- 
dos por las leyes”. Esto significaba, pues, que el mestizaje 
constituía para la ley colonial algo execrable desde el punto 
de vista de su origen irregular, pero nunca como fruto del 
matrimonio. La legislación de Indias quería evitar la propa- 
gación del mestizo mal nacido, indeseable como elemento 
social. Tal el origen de ese mote despectivo, que no alude 


ca dl de 


á 
' 


a la mezcla de razas, sino a la educación descuidada, defi- 
ciente y viciosa que recibe casi siempre el sujeto de bas- 
tarda procedencia, áunque no sea de raza híbrida: cholo. 
Concordante con ese criterio colonial es la costumbre mo- 
derna de aplicar esa denominación peyorativa al individuo 
inculto, de baja moral y de malos instintos, criado en el aban- 
dono y en la ignorancia a que le condena el medio en que 
nace y crece. A nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, llamar 
chola al mariscal Santa Cruz prototipo del mestizo bien na- 
cido, moral e intelectualmente cultivado. 

El virrey D. Francisco de Toledo, en un acuerdo cele. 
brado en el Cuzco, en 1571, en viaje al distrito de Charcas, 
hizo presente que era necesario legislar sobre los mestizos, 
expresando que no era conveniente que moraran en el lugar 
de procedencia de sus madres, porque “no dejaban los es- 
pañoles de hallarse mal con ellos, por la mála naturaleza 
que habían tomado por la falta de crianza”. El virrey, en su 
correspondencia con el monarca, los consideraba “peligro- 
sos” y llenos de pretensiones. El padre Juan de Rivero, de- 
cía a este respecto: “Como la tierra es tan ocasionada para 
que los hombres se den al vicio de la sensualidad, nacen 
gran copia de mestizos, de los cuales muchos salen avie- 
sos, por no les favorecer la mezcla o por criarse mal, entre 
mulatos e indios. Adelante se teme, si no se enfrena esta 
gente con tiempo, que ha de ser perjudicial”. 

Una prueba de que en el período colonial se marcaba 
ya la diferencia entre el mestizo y el cholo, se encuentra en 
el Diario del Cerco de La Paz, por D. Sebastián de Segurola, 
cuando dice: *...juntando las fuerzas que pudieron de es- 
pañoles, mestizos y cholos, intentaron unidos hacer frente 
el rebelde” ('). Y más adelante expresa, refiriéndose a Tú- 
pac Catari: *...gobernado, por no saber leer ni escribir, por 
un cholo de esta ciudad, llamado Bonifacio Chuquimamani, 
se hizo cabeza principal...”. Dice cholo y no mestizo, mar- 
cando la diferencia, porque se trataba de un sujeto descon- 
ceptuado. . , 

En cuanto a los eriollos, que ni en el orden jurídico ni 
en el orden económico formaron verdaderamente una cas- , 
ta aparte, en el hecho fueron generalmente preferidos para 
ciertos empleos, por el temor de que su vinculación con la 


[1) Archivo Boliviano, por Vicente Ballivián y Rojas, París, 1872. 


o 


tierra nativa les hiciera mirar con poco celo los intereses de 
la metrópoli. 

El indio, como componente mayoritario de la sociedad 
colonial, siguió su condición de servidumbre, a pesar de los 
esfuerzos de la corona para emanciparlo de la baja condición 
en que los sumió la cenquista, como se ha viste en las pági- 
nas precedentes. Desde 1500, en que se corrigió, por real 
cédula de la reina Isabel, la situación de esclavitud en que 
Colón puso a los naturales de las Antillas, declarándolos, 
en cambio, como vasallos libres, la política colonial sufrió 
muchas vicisitudes respecto al estatuto de los individuos de 
la raza sometida. Se admitió, desde luego, que podrían ser 
esclavizados los indios infieles dominados en “justa gue- 
rra”, lo que dio pretextos para toda clase de abusos. Muy 
avanzado ya el siglo XVII, los jesuitas de Mojos se quejaban 
ante el rey y el Consejo de Indias de las expediciones que 
realizaban las autoridades de Santa Cruz de la Sierra a las 
“naciones gentiles” vecinas a las misiones, para someter a 
los indios y esclavizarlos, sobre la base de las capitulacio- 
nes relativas a la fundación de la ciudad -de San Lorenzo, 
que concedían la facultad de hacer “entradas contra los in- 
fieles”. 

Aunque declarados “vasallos libres”, los indios fueron 
equiparados por las leyes de Indias a los menores y rústi- 
cos a que se refería el derecho castellano. En consecuencia 
y como gentes necesitadas de "protección y tutela” (') fue- 
ron distribuidos en repartimientos y encomiendas, que se 
consideraban como instituciones “reguladoras del trabajo”. 
A decir verdad, entre los incas se practicaba el mismo sis- 
tema, bajo la supervigilancia de los curacas. Pero los repar- 
timientos de la conquista se hicieron con el objeto de dar a 
los colonos una cantidad de indios que debían trabajar para 
ellos. Estos indios estaban destinados a la agricultura, a las 
minas y a otros géneros de actividad. La encomienda tenía 
origen peninsular y consistía en entregar al encomendero la 
autoridad sobre cierto número de familias indígenas agru- 
padas en poblaciones o zonas, que debían trabajar en su be- 
neficio, bajo la condición de protegerlas y de cuidar de su 
instrucción religiosa. Las encomiendas se concedían por 
una o dos “vidas”, es decir, en beneficio de la persona del 


(1) Ots Capdequi, op. cit. 


a 


conquistador o de éste y de la primera generación de sus 
descendientes en cabeza del hijo mayor varón, que podía 
ser sustituido por otro, por la esposa o, en su defecto, por 
alguna de las hijas. Las peticiones de mercedes por servi- 
cios prestados a la corona y las resoluciones reales que 
les cabían, mencionaban el valor transaccional que se atri- 
buía a los indios, en conformidad con lo que producía su 
trabajo. El rey mandaba así dar encomiendas de “indios va- 
cos”, por valor de tantos miles de pesos. Aunque suprimi- 
das las encomiendas varias veces, volvieron a restablecer- 
se, al extremo de que, a fines del siglo XVIII, todavía sub- 
sistían en algunas partes. De modo que, en rigor, puede afir- 
marse que el sistema imperó con mayor o menor fuerza en 
todo el período colonial. 


También se establecieron reducciones, a cargo de “co- 
regidores de indios”, sistema que se complementó con el 
establecimiento de las misiones religiosas, que alcanzaron 
gran desarrollo en los siglos XVII y XVIII. Sin los misione- 
ros y especialmente sin los jesuitas, la extensión de la con- 
quista habría sido imposible en ciertos territorios poblados 
por tribus salvajes. Allí donde ellos no estuvieron durante 
el período colonial o en los lugares de donde fueron expul- 
sados sin que se les sustituyera de inmediato con curas del 
clero secular y con autoridades civiles, los indios siguen vi- 
viendo en la barbarie más absoluta. Lo que no podían hacer 
las expediciones militares, lo hacían los misioneros. En 
tiempo relativamente corto, los jesuitas redujeron a “doc- 
trinas” las tribus de Chiquitos y de Mojos. La razón era seri- ' 
cilla: no iban los misioneros en busca de metales precio- 
sos, sino de almas para difundir el dominio de la fe. La co- 
rona les ayudaba por convicción y por conveniencia. 


La táctica de los misioneros era siempre la misma: 
aprendizaje del idioma durante visitas a los indios, cuya 
amistad trataban de ganar por medio de dádivas y actos ca- 
ritativos, hasta infundirles confianza. Nacida ésta, empe- 
zaba el trabajo de persuasión en materia religiosa, al mis- 
mo tiempo que les sugerían la conveniencia de vivir en po- 
blaciones estables y con las ventajas de la vida civilizada. 
La catequesis era simultánea con la enseñanza de artes y 
oficios útiles, que hacían la vida más fácil y agradable. Lo 
demás venía como consecuencia lógica y poco a poco las 
“misiones” se transformaban en centros sociales y religio- 


O > PR 


sos a la vez que en grandes explotaciones agrícolas y ga- 
naderas. 

Es fuerza reconocer que la acción de los misioneros 
fue valiosa y decisiva para atraer a la población indígena 
de dilatadas regiones del país, iniciándola en las prácticas 
civilizadas y convirtiéndola en elemento de producción y de 
progreso. Reservado estaba a los discípulos de Loyola rea- 
lizar la hazaña de crear centros de cultura en tierras pobres 
de metales preciosos y algunas de ellas inhospitalarias en 
grado sumo. 

La población indígena estuvo sometida'a tributo en to- 
dos aquellos lugares en que no había encomiendas o misio- 
nes. La tasación del tributo se hacía, según los lugares, por 
funcionarios llamados visitadores y se pagaba en dinero o 
especies. 

A pesar de todo lo que se ha dicho con relación a los 
malos tratos inferidos a los indios, el examen de las leyes 
y de las numerosas disposiciones reales relativas a esta 
materia, demuestra palpablemente un hecho innegable: que 
los períodos de la conquista y de la colonización fueron una 
continua lucha de los monarcas españoles y de algunos de 
sus representantes más meritorios, sin excluir a los magis- 
trados del Consejo de Indias, para imponer a las autorida- 
des coloniales la obligación de proteger y amparar al ele- 
mento autóctono contra los atropellos y los abusos de lus 
colonos. Sólo que esa política no rezaba del todo con la mi- 
ta, como se verá más adelante. 


Pasando una rápida revista a la acción de los virreyes 
del Perú, cuya jurisdicción abarcaba el territorio boliviano, 
hasta la fundación del virreinato de Buenos Aires, es fácil 
comprobar que muchos de ellos desarrollaron una acción 
abnegada en defensa de los indios. Sin excluir al virrey To- 
ledo, que si mandó ejecutar a Túpac Amaru y reorganizó la 
mita, no. por eso dejó de dictar severas ordenanzas en fa- 
vor de los naturales, se sucedieron magistrados como D. 
García Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Cañete, 
en cuyo tiempo se dictó la cédula de 1593, que recomenda- 
ba a las audiencias especial severidad contra los españoles 
que dieran malos tratos a los indios; D. Luis de Velasco, que 
promulgó un reglamento que limitaba y aliviaba el trabajo 
en las minas de Potosí; el marqués de Montesclaros;. el 
príncipe de Esquilache, que no vaciló en proclamarse “pro- 


a 


tector de los indios”; el conde de Santiesteban, autor de 
una reglamentación favorable a la raza autóctona, que Mar- 
khan ha calificado de “fnodelo”; el conde de Lemos y tantos 
otros. ? 

La institución de la mita era de origen incaico, como 
ya se ha visto. Consistía en la obligación de trabajar por 
turno en las minas, en la agricultura, en el servicio domés- 
tico, etc., por tiempo variable, según las regiones. La mita 
de los mineros era la más dura y la más agotadora. Funda- 
damente se atribuye a esta práctica el hecho de que, en el 
período colonial, hubiera sido diezmada la población indí- 
gena. Como estaban de por medio la codicia de los conquis- 
tadores y las exigencias de la corona, no se reparaba en me- 
dios para obtener los mayores rendimientos. Muchas auto- 
ridades se complicaban en los malos tratamientos que se 
infería a los indios, por la tendencia a recomendarse, au- 
mentando el producto de los quintos ies que las minas 
entregaban al erario. 

Una de las principales características de la coloniza- 
ción española en América y la que le proporcionó su mayor 
prestigio, fue la obra evangelizadora. Es conveniente olvidar 
de vez en cuando la conducta del P. Valverde en Cajamar- 
ca, para recordar la acción apostólica de los misioneros, cu- 
yo celo hemos mencionado más arriba. 

Los fines religiosos de la conquista habían sido conden- 
sados, mejor que en cualquier otro documento, en esta cláu- 
sula del testamento de Isabel la Católica: “Item, por cuanto 
al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa Sede Apos- 
tólica las islas y tierra firme del Mar Océano, descubiertas 
y por descubrir, nuestra principal intención fue, al tiempo 
que lo suplicamos al Papa Alejandro VI, de buena memoria, 
que nos hizo la dicha concesión, de procurar, inducir y traer 
a los pueblos de ellas y los convertir a nuestra Santa Fe Ca- 
tólica, e inviar a dichas islas y tierra firme Prelados y reli- 

_giosos y clérigos y otras personas doctas y temerosas de 
Dios para instruir a los vecinos y moradores de ella en la 
Fe Católica, e los enseñar e dotar de buenas costumbres, e 
poner en ello la diligencia debida, según más largamente en 
las letras de dicha concesión se contienen. Por ende supli- 
co al Rey mi señor muy afectuosamente, y encargo y mando 
a la dicha mi hija y al dicho Príncipe su marido, que así lo 
hagan y cumplan e que éste sea su principal fin y que en 
ello pongan mucha diligencia”. 


E A 


Ya hemos enumerado someramente, al hablar de los 
monarcas españoles, la creación de los obispados del dis- 
trito de Charcas y del arzobispado de La Plata. La implanta- 
ción de las órdenes religiosas y la construcción de sus con- 
verítos no tardaron en iniciarse en las ciudades altoperua- 
nas. Empezaron á elevarse templos por todas partes, siendo 
digno de señalarse que las manifestaciones del culto y las 
actividades de las instituciones monásticas fueron más nota- 
bles en los lugares en donde la explotación de las minas 
concentraba mayor población y mayor riqueza, o en sus in- 
mediaciones. El fenómeno era natural porque las fundacio- 
nes se hacían generalmente a costa de la piedad de los 
fieles. 

Por bulas de los papas Alejandro VI y Julio Il los mo- 
narcas españoles tomaron a su cargo el patronato sobre las 
iglesias de América, es decir, el derecho de elegir a los pre- 
lados y dignidades eclesiásticas, con cargo de confirmación 
por la Santa Sede. La corona percibía los impuestos ecle- 
siásticos y tomaba a su cargo los gastos del culto, de las 
fundaciones religiosas y de la obra catequística, si bien es 
cierto que muchas obras pías corrían a cargo de la muni- 
ficencia particular. 

No puede negarse que los soberanos omárán con em- 
peño la tarea de procurar la difusión de la fe por todos los 
medios posibles, aunque es forzoso reconocer que la propa- 
ganda religiosa tropezó con grandes dificultades, no siendo 
una de las menores la resistencia pasiva de los indios, la 
diversidad de lenguas y las prácticas idolátricas fuertemen- 
te arraigadas entre los naturales. 

Misioneros y párrocos cometieron el error fundamen- 
tal de descuidar la castellanización de los indios, acome- 
tiendo la tarea de aprender los idiomas autóctonos, para 
predicar y doctrinar, lo que representaba un trabajo impro- 
bo, a la vez que creaba el problema de bilingúismo, que tan- 
to daño ha hecho a la propagación de la cultura. Cierto es 
que el estudio de las lenguas americanas ha sido fuente de 
conocimientos importantes en materia filológica y ha permi- 
tido penetrar el folklore y la prehistoria americana, pero 
cuánto más práctico habría sido unificar el idioma e incor- 
porar al indio, de hecho, a la vida nacional, mediante ese 
vínculo. 

Los resultados de la instrucción religiosa, por otra par- 
te, siempre fueron mediocres, porque los indios, apegados 


A 


a sus creencias y a sus prácticas idolátricas, no las abando- 
naron nunca ni las han abandonado hasta nuestros días. Es 
sabido que la Inquisición no rezaba con los indios, en su ca- 
lidad de neófitos. Su catequización era, por lo tanto, super- 
ficial e imperfecta. Confundían los misterios de la fe cris- 
tiana y los mezclaban con sus costumbres paganas y con 
sus creencias primitivas. “Los indios, aun después de con- 
vertidos -—decía un tratadista religioso del siglo XVll— tie- 
nen sus adoratorios y guacas en los retiros y cuevas de los 
montes, para darles culto y veneración con más libertad y 
sin recelo de los curas, a quienes temen” ('). La misma opi- 
nión tenían autoridades como fray Bernardino de Cárdenas, 
Torquemada y Solórzano, quienes afirmaban, además, que 
los indios no abandonan nunca el culto de sus dioses lares 
y de los penates que veneraban sus antepasados. Solamente 
en las “misiones” y debido a la vida en común, los converl- 
sores pudieron cimentar más sólidamente una fe mejor de- 
purada. 

En. materia de gobierno, las leyes de Indias disponían 
que, en cuanto fuera posible, se dejara a los naturales sus 
propias autoridades. A este fin obedeció la conducta de Pi- 
zarro, después de la ejecución de Atahuallpa, coronando 
como inca a Toparca y luego a Manco, y la obra reformista 
de D. Francisco de Toledo, el mejor gobernante que tuvo el 
virreinato. 


3. ADMINISTRACION COLONIAL. 


Los primeros órganos de gobierno establecidos en el 
distrito de Charcas —ya lo hemos visto— como en otras 
circunscripciones todavía no claramente establecidas en las 
tierras conquistadas, fueron los adelantados. A' Diego de 
Almagro correspondió, por disposición real, el “adelanta- 
miento” y gobernación de la Nueva Toledo, que comprendía 
esa provincia. Aunque no llegó a desempeñar sus funcio- 
nes y no conoció el territorio sino de paso a Chile, por la 
vía de la Altiplanicie, de Chichas y de Jujuy, fue en realidad 
la primera autoridad titular del territorio. Poco después le 
sucedió Gonzalo Pizarro, por nombramiento de su hermano 


(1) Itinerario para párrocos de indios, por el Dr. Alonso de la Peña Mon- 


tenegro, obispo de Quito. Libro l, tratado X, sección VIII. 


E 


Francisco, cargo del que puede decirse que no fue sino una 
extensión de su calidad de primer encomendero. 

Como fundador de La Plata, Pedro de Anzures de Cam- 
po Redondo debió ejercer la gobernación o el corregimiento 
por un período más o menos breve (1538 y 1539). Cuando 
Gonzalo Pizarro salió de Charcas para desconocer la autori- 
dad de Núñez de Vela, dejó como gobernante a Francisco 
de Almendras, contra el cual se levantaron los “leales” que 
encabezaba Diego Centeno, quienes lo depusieron y le die- 
ron muerte. Alonso de Toro y Francisco de Carvajal alter- 
naron, como parciales de Pizarro, en el gobierno de Charcas, 
con Centeno, según se desarrollaba la guerra. En 1552 era 
corregidor de La Plata, Pablo Meneses. 

El virrey D. Antonio de Mendoza designó a Pedro de 
Hinojosa para corregidor de Charcas, pero poco después de 
tomar posesión del cargo fue asesinado por Castilla, quien 
a su vez murió a manos de Godínez, en los primeros días 
de su gobierno revolucionario. Este, a su turno, fué senten- 
ciado y ejecutado por el mariscal Alvarado, que del corre- 
gimiento de La Paz pasó al de Charcas, por nombramiento 
de la audiencia de Lima,-en 1553. 

Tantas alteraciones en territorio tan rico y tan vasto, 
que no podían ser debidamente reprimidas desde Lima y que 
establecían tan funestos precedentes, acabaron por llamar 
la atención de la corona, inspirándole la conveniencia de 
poner remedio a situación tan anormal. Cabe hacer hinca- 
pié sobre la forma en que estos vecindarios iniciaron su vi- 
da colonial, para deducir que llevaban en su seno el princi- 
pio de la disolución y de la anarquía, que más tarde había 
de dar tantos y tan funestos frutos. 

Se impuso, pues, la erección de la Audiencia de Char- 
cas, creada por real cédula de 1559; pero el tribunal sólo 
pudo instalarse en 1561. 

La primera audiencia establecida en América fue la de 
Santo Domingo, fundada en 1511 y suprimida al poco tiem- 
po, para ser reabierta en 1526. En 1525 se fundó la de Mé- 
jico o de la Nueva España. Ya hemos visto cómo y cuándo 
se estableció la audiencia de Lima. La de Charcas o La Pla- 
ta se instaló tras de no pocas dilaciones. Fundadas sobre 
el modelo de las cancillerías reales de Valladolid y de Gra- 
nada, las audiencias fueron primitiva y fundamentalmente 
tribunales de justicia, pero no tardaron en ser investidas 
con funciones de gobierno. 


es 


Según opiniones autorizadas (') “los jueces del Conse- 
jo de Indias parecen haber sido los primeros en proponer la 
creación de una Audiencia en Charcas”. La causa de esa 
fundación fue indudablemente Potosí, cuya riqueza requería 
vigilancia inmediata. Tierra tan rica y tan poblada no podía 
ser debidamente atendida desde Lima. El Consejo había ma- 
nifestado al monarca, en abril de 1551, que “para el buen 
gobierno de aquellas provincias” no bastaba la audiencia 
establecida en Los Reyes, “porque desde allí al fin de lo que 
está cubierto hay más de quinientas leguas y por haber 
tan gran distancia no puede aquello ser tan bien gobernado”. 
Aconsejaba el Consejo, en resumen, que se fundara un tri- 
bunal “en la villa de La Plata, que es en los Charcas, cer- 
ca de las minas de Potosí” (?). Un oidor de Lima, el licen- 
ciado Fernández, apoyaba la iniciativa en 1555, afirmando 
que “en Potosí y en toda aquella provincia, como es lo más 
rico, concurre gran cantidad de gente”. Era la razón econó- 
mica, guiando las determinaciones políticas. El virrey mar- 
qués de Cañete, sin embargo, se opuso a la creación de la 
audiencia, en 1556, diciendo al rey, en una carta, que “el au- 
diencia, que habían informado a V. M. que era menester en 
el Pueblo Nuevo o Villa de La Plata no es necesario, porque 
acá hay muy pocos pleitos de hacienda sustanciales, por- 
que no hay mayorazgos”, etc. Como se ve, hubo también 
opinión de establecer la audiencia en La Paz y no en La Pla- 
ta. Consultados los oidores de Lima por el Consejo de In- 
dias, el licenciado Altamirano recomendó la primera de di-- 
chas poblaciones. En cuanto al distrito que debía cubrir el 
tribunal proyectado, el virrey conde de Nieva dispuso que 
provisionalmente abarcara cien leguas a su alrededor. El li- 
cenciado Matienzo, que se encontraba de paso en Lima, aun- 
que nombrado para hacer parte de la audiencia de Char- 
cas, había opinado porque el tribunal se estableciera en 
Arequipa, ciudad a la que concedía más importancia, pero 
sobre la base de que el distrito tuviera gran extensión y 
abarcara no solamente los Charcas, sino también Chile y 
Tucumán. La resolución del virrey sobre la extensión del 
distrito fue un jarro de agua fría que recibieron los magis- 
trados de la audiencia, instalada oficialmente en La Plata 


(1) Roberto Levillier, La Argentina del siglo XVI, Guerras y conquistas 
en Tucumán y Cuyo. Buenos Aires, 1945, (Pág. 50). 
(2) Audiencia de Charcas, por R. Levillier, tomo l, pág. 503. 


— 91 —. 


el 7 de septiembre de 1561. Inmediatamente comenzaron las 
reclamaciones ante el rey y ante el Consejo de Indias, abo- 
gando porque se corrigieran tales disposiciones. “Tenemos 
entendido que no fue la voluntad de V. M. fundar una au- 
diencia con sello real para juzgar los pleitos que un solo 
corregidor solía librar y aun le sobraba tiempo para el go- 
bierno de la tierra”, decía una de las representaciones del 
tribunal. La restricción del distrito demostraba, pues, que la 
audiencia, a juicio del virrey, sólo tenía por objeto velar por 
las riquezas de Potosí. 

El Consejo de Indias resolvió la cuestión, después de 
maduro estudio, dos años más tarde, mediante real provi- 
sión firmada por Felipe Il, en Guadalajara, el 29 de agosto 
de 1563, ampliando los límites de la audiencia de Charcas 
y comprendiendo “la gobernación del Tucumán, Juríes y 
Diaguitas; las provincias de Moxos y Chunchos; las tierras 
pobladas por Ñuflo de Chaves y Andrés Manso y las que se 
poblaren en aquellas partes; la tierra que hay desde la ciu- 
dad de La Plata hasta la ciudad del Cuzco, con sus términos 
inclusive, la cual quede sujeta a dicha Audiencia de los Char- 
cas”. Esta jurisdicción fué alterada varias veces, ampliada 
por algunas partes y restringida por otras, según la volun- 
tad real. 

El primer regente y luego presidente de la audiencia 
fue D. Pedro Ramírez de Quiñones, hombre de acción y de 
extraordinaria capacidad, por cuyo celo se resolvieron cues- 
tiones tan graves como las ocurridas entre Ñuflo de Chaves 
y Andrés Manso, ¿conquistadores de Chiquitos y del Chaco, 
a quienes fue a poner en paz sobre el terreno, pues no tuvo 
inconveniente en trasladarse al lugar de la disputa y demar- 
car las respectivas jurisdicciones. 

Estos primeros tiempos de la Audiencia de Charcas se 
señalaron por la intervención del tribunal, siempre atinada, 
en' la organización del país, pues tomó iniciativas impor- 
tantes en materia de expediciones, de fundaciones de ciu- 
dades, de repartimientos y encomiendas, de percepción de 
rentas y de buen trato a los naturales. En esta época tuvie- 
ron actuación sobresaliente, además de Ramírez de Quiño- 
nes, funcionarios tan notables como los oidores Matienzo, 
Haro, Recalde, Rabanal y el fiscal D. Francisco de Alfaro. 
Quiñones fué hombre absorbente que, no obstante sus bue- 
nas cualidades, no siempre sujetó su conducta a los man- 
datos de la ¡ey y a los dictados de la prudencia. De allí vino 


0005 


su desgracia, provocada por las continuas quejas y las in- 
trigas de los oidores, que al fin consiguieron que se les so- 
metiera a juicio de residencia y que se le exonerara del car- 
go. Tales fueron los comienzos de la reputada Audiencia de 
Charcas. 

Como una imitación del viejo municipio castellano, las 
primeras ciudades españolas fundadas en América adop- 
taron el gobierno municipal, instituyendo los cabildos. Aun- 
que en España, al tiempo de la conquista, el régimen muni- 
cipal había venido a menos, en Indias recobró todo su vigor 
y adquirió nuevas prerrogativas. Desgraciadamente los ca- 
bildos, que empezaron a organizarse por elección popular o 
por nombramiento que hacían los conquistadores, poco a 
poco pasaron a depender de la corona, que distribuía los 
cargos vendiéndolos para obtener un ingreso más en cali- 

- dad de regalía. Con todo, la institución municipal continuó 
prestando grandes servicios en la administración de lás ciu- 
dades y constituyendo un reflejo de la soberanía popular, co- 
mo se demostró en la época de la revolución por la inde- 
pendencia. Solórzano Pereyra dice en su Política Indiana (') 
que “los Adelantados o Cabos de descubrimiento tienen fa- 
cultad de nombrar regidores y otros oficiales públicos”, y 
agrega que “por gran distancia de su Rey y por el peligro 
de la tardanza pueden los moradores (de las ciudades y vi- 
llas), por derecho natural, elegir estos magistrados y alcal- 
des ordinarios que así los gobiernen y juzguen”. 

Los alcaldes ordinarios eran elegidos por los cabildos 
y estaban encargados de administrar. justicia, en primera 
instancia, tanto en lo civil como en lo criminal. Posterior- 
mente se crearon los puestos de alguaciles mayores, equi- 
valentes a gobernadores o corregidores, según los lugares, 
cargos que eran de nombramiento real. 

Las ciudades tenían la facultad de dictar ordenanzas 

- para el buen gobierno municipal, con cargo de aprobación 
de la respectiva audiencia y de confirmación por la corona. 


4. GOBIERNO METROPOLITANO DE LAS INDIAS. 


A medida que se fue desarrollando la conquista y que 
los asuntos de América requirieron mayor atención, la co- 


(1) Tomo ll, Libro V. Cap. |, págs. 252 y siguientes. (Edición de 1739). 


e 1 es 


rona creó los órganos necesarios para dirigirlos y resolver: 
los. En 1509 se estableció en Sevilla la Casa de Contrata- 
ción, que no solamente atendía el comercio con las Indias, 
sino también las cuestiones de gobierno. Era algo así como 
un ministerio de Colonias. 

El Consejo de Indias fue, a partir de 1524, el organis- 
mo encargado de la dirección política y administrativa de 
los territorios de América. Corría a su cargo la designación 
de funcionarios, la decisión sobre expediciones y descubri- 
mientos, la jurisdicción civil y criminal en la última instan- 
cia, los asuntos de hacienda, protección de los indios, etc. 
De él dependían el Cronista Mayor de Indias, encargado de 
los anales americanos y el Cosmógrafo Mayor, que se ocu- 
paba de la formación de los archivos geográficos. 

La acción fiscalizadora de las colonias se ejercitaba 
por intermedio del Consejo de Indias y mediante procedi-. 
mientos como los “juicios de residencia” y las “visitas”, que 
se practicaban periódicamente, sea para responsabilizar a 
los funcionarios, sea para indagar su conducta en el caso de 
que ella fuera denunciada o diera lugar a dudas. 

La administración hacendaria estaba a cargo de “ofi- 
ciales reales”, que eran tesoreros, contadores, factores y 
veedores, es decir, lo que en nuestra época se llamaría 
contralores, recaudadores, etc. 

Los impuestos principales abarcaban el “almojarifaz- 
go”, o impuesto de importación; la “sisa” o descuento en 
el sistema de pesas y medidas, en favor del erario; la “al- 
cabala”, o impuesto a las ventas y transferencias; el “tri- 
buto”, a que estaban sometidos los naturales; los impues- 
tos eclesiásticos, como “diezmos y primicias”: la “media 
annata”, que recaía sobre la renta de los funcionarios; los 
monopolios, llamados rentas estancadas, que versaban so- 
bre el azogue, la sal, los naipes, el papel sellado, etc. No to- 
das estas gabelas fueron establecidas en la misma época ni 
en todos los lugares. 

Sobre “impuestos eclesiásticos” cabe agregar algunas 
consideraciones que, si no se refieren estrictamente a la 
materia, tienen que ver con la influencia opresiva de la Igle- 
sia en el desarrollo económico del Alto Perú en la época 
colonial. “Todos los productos del suelo, lo mismo que el 
ganado vacuno y los carneros, quedaban bajo la acción del 
gravamen (de los diezmos y primicias) cuyo efecto debió 


Sy, AR 


haber sido muy adverso al desarrollo de una comunidad 
agrícola en lucha por constituirse. Además, los fundos de 
la Iglesia se dilataron pronto en grado increíble. Ahora bien, 
en un país nuevo, donde las tierras deben ser roturadas y 
sometidas al cultivo, por lo general se requieren parcelas 
medianas y el estímulo de la propiedad privada a fin de lo- 
grar el uso más benéfico y económico del suelo” —expresa, 
hablando desde el punto de vista general, un escritor muy 
autorizado ('). Estas razones concurren a condenar la ex- 
tensión de las tierras de labor en poder de “manos muertas”. 
De allí procedía la política de la corona para impedir que es- 
tas tierras fueran transferidas a iglesias y conventos, así 
cómo a que se multiplicara el número de monasterios. En 
carta dirigida por Felipe Ill al virrey del Perú en 1620, hacía 
notar que los conventos de Lima “cubrían más terreno que 
todo el resto de la ciudad”. Humboldt comprobaba, al empe- 
zar el siglo XIX, que en algunas provincias de la América 
española, el ochenta por ciento de la propiedad rural estaba 
en manos de la Iglesia. A pesar de las restricciones, un do- 
cumento de 1603 (?) decía de Potosí qua tenía cinco monas- 
terios y catorce parroquias, para una población de seis mil 
españoles, entre hombres y mujeres. 


5. EL COMERCIO COLONIAL. 


El real monopolio había sido establecido en España pa- 
ra el comercio con las Indias, desde el momento en que se 
consumaron el descubrimiento y la conquista, pero no en la 
forma absoluta que se cree generalmente, sino en principio. 
Gradualmente se fueron ampliando las condiciones para ne- 
gociar con América, extendiendo permisos que empezaron 
por ser comunes a los habitantes de Castilla y luego a los 
demás súbditos de la corona española. Para reglamentar el 
comercio fue creada la Casa de la Contratación de que he- 
mos hablado más arriba. 

Dice Humboldt que los monarcas españoles considera- 
ron los territorios de América como patrimonio privado más 
que como colonias, en la acepción que generalmente se 
acostumbra dar a ese término. De ahí la política paternal 


(1) Haring, op. cit. 
(2) Relaciones Geográficas de Indias, tomo !l. 


se ON 


con que se manejó la economía de estos países, política que, 
si bien sujeta a notorias contradicciones, no fue, en el fon- 
do, hostil al desarrollo de la economía colonial, aunque fun- 
damentalmente perseguía el mantenimiento del monopolio 
español. “Aunque la tendencia a una organización exclusi- 
va y restrictiva del comercio colonial se manifestó tan tem- 
prano y continuó de modo tan persistente en España, sin 
embargo hubo poca ingerencia sistemática respecto a la 
industria americana, contra lo que ocurría en las posesiones 
de la mayor parte de los pueblos durante la época mercan- 
tilista” —dice un reputado autor anglosajón ('). El mismo 
autor reconoce que, si bien la metrópoli mantenía el privi- 
legio de proveer de mercaderías a los habitantes de Amé- 
rica, no exigía que los colonos comprasen esos artículos 
.con exclusión de los productos de su propia industria. Tam- 
poco la metrópoli impedía [salvo raras excepciones) el de- 
sarrollo de tales industrias, y más bien las fomentaba. 


En efecto, por iniciativa de la corona, se procuró el des- 
arrollo agrícola y ganadero de las colonias, no sólo en. las 
regiones templadas sino en las de producción tropical, im- 
portando a América la caña de azúcar, ciertas frutas, el ca- 
fé, el arroz, así como el ganado vacuno, porcino, lanar y ca- 
ballar. Tal es el origen de la riqueza agrícola y ganadera de 
las llanuras orientales de Bolivia que, por desgracia, no 
han recibido más impulso ni atención, hasta nuestros días, 
que los que le prestó la colonización española. 


El comercio del Alto Perú se vio perjudicado por la 
falta de rutas adecuadas para mantenerlo. Aunque desde 
los tiempos inmediatos a la conquista, por iniciativa de es- 
tadistas de clara visión —como el licenciado Matienzo, oi- 
dor de la Real Audiencia de Charcas— se pensó en habilitar 
el puerto de Buenos Aires para poner estas tierras en comu- 
nicación fácil y directa con España, las restricciones al trá- 
fico con las Indias, que impusieron la vía de Portobelo y Pe- 
namá, por el Pacífico, bajo el pretexto de precauciones con- 
tra las correrías de los piratas, impideron que se usara la 
vía del Atlántico para acortar la distancia entre el Alto Pe- 
rú y la metrópoli. Esto no quiere decir que estuviera prohi- 
bido el comercio entre Charcas y el Río de la Plata. 


(1) C. H. Haring, op. cit. 


ne >; MO 


Se ha dicho, de él, que en las colonias españolas de 
América estuvo prohibido entre ellas, pero ésta es una afir- 
mación exagerada. El intercambio marítimo entre el Perú 
y Méjico, por ejemplo, existió siempre, sujeto a ligeras res- 
tricciones. 


6. EXTENSION Y CONSOLIDACION DE LA CONQUISTA. 


La obra de la conquista no terminó en el período que 
se ha convenido en llamar con ese nombre. Se prolongó en 
la época colonial y aun después de la independencia, por- 
que en Bolivia, como en otros países del continente, todavía 
en nuestros días existen regiones inexploradas y habita- 
das por salvajes, sin contacto con la vida civilizada, y que 
sólo nominalmente forman parte de los organismos nacio- 
nales. Tales son también los casos del Brasil, del Perú, de 
Colombia, del Ecuador, etc. 

La conquista española en Charcas no se vio consolida- 
da, por otra parte, mientras el actual territorio nacional no 
quedó sembrado de núcleos de población estable y de cen- 
tros urbanos que permitieran la verdadera organización del 
país. 

Dentro del período propiamente dicho de la conquista, 
que por razones de método debemos considerar que termina 
con la fundación de la Audiencia de Charcas, creadora de 
la entidad política y territorial autónoma que ha servido 
de base a la nacionalidad, ya hemos visto cómo los conquis- 
tadores no habían cimentado sino tres de los principales 
centros poblados que han subsistido: La Plata, cuya acta de 
fundación no se conoce; Pueblo Nuevo o ciudad de Nuestra 
Señora de La Paz, que se estableció en 1548, y Santa Cruz 
de la Sierra, fundada primitivamente en 1561, precisamente 
el mismo año del establecimiento de la audiencia en La Pla- 
ta. Potosí no fue en sus comienzos una ciudad ni una villa, 
sino un “asiento”, como se le nombra en los documentos del 
siglo XVI, dependiente de La Plata. Las ciudades y villas 
quedaban establecidos cuando se procedía oficialmente a su 
erección por real provisión y se elegía “cabildo, justicia y 
regimiento”, a semejanza de las poblaciones de Castilla. 
Francisco Pizarro, al enviar a Pedro de Anzures a fundar ka 
ciudad de La Plata en 1538, nombró alcaldes y regidores, en 
virtud de la autoridad de que se hallaba investido para el 
caso. Estos fueron Pedro de Hinojosa, Francisco de Almen- 


== 


dras y Diego López de Zúñiga (regidores); Garcilaso de la 
Vega y Luis Perdomo (alcaldes) y Antonio Alvarez (algua- 
cil mayor). 

La Plata y La Paz se habían establecido sobre centros 
de población indígena (Chuquisaca y Chuquiabo). Santa Cruz 
de la Sierra en lugar abierto y como ciudad netamente es- 
pañola, por razones estratégicas. 

El virrey Toledo, con visión de hombre de estado, dio 
estructura al distrito de Charcas y lo organizó como cuer- 
po social y político, a partir de 1570, año en que ordenó es 
Gerónimo de Ossoria la fundación de la villa de Oropesa 
en el valle de Cochabamba. Por este medio el virrey trataba 
de poblar un centro que incorporara esa importante región 
agrícola al resto del país. En 1573, desde La Plata, comisio- 
nó a Sebastián Barba de Padilla para corregir la ubicación 
de la villa y ésta quedó definitivamente fundada en el lugar 
que ocupa, en 1574. “La villa de Cochabamba —decía el 
virrey Manso de Velasco. en sus memorias— da nombre a 
toda la provincia, que comprende diecisiete doctrinas, fue- 
ra de los curatos de españoles; es muy poblada de indios 
y de mestizos y de los últimos abunda más que otra en el 
Perú; su territorio es muy fértil y provee de trigos y maíces, 
mucho minerales, y si las conducciones no fueran costosas, 
se asegura que podría dar trigos para la mitad del reino”. 
El virrey Armendáriz decía más tarde: “La villa de Orope- 
sa es el granero y el depósito de la abundancia de los pue- 
blos confinantes en las provincias de La Plata”. De allí vie- 
ne la costumbre de llamara Cochabamba el “granero de 
Bolivia”. 4 

Para contener los avances de los indios chiriguanos 
contra los chichas y para proteger a las poblaciones pam- 
peanas que habían sido sometidas por los incas en la región 
de Tarija, Toledo concibió la idea de fundar una villa, para 
lo que comisionó a Luis de Fuentes, en 1574, que echó los 
cimientos de San Bernardo de Tarija el 4 de julio de ese 
año, a la cabeza de un grupo de españoles reclutados en 
La Plata y Potosí y de cierto número de quichuas proceden- 
tes de Chichas, que se aliaron a los tomatas, indios pacífi- 
cos que poblaban la región, en lucha permanente con los 
chiriguanos. 

A comienzos del siglo XVII fue fundada la villa de San 
Felipe de Austria de Oruro, a consecuencia del descubri- 
miento de minas de gran riqueza (1606). 


ed a 


En cuanto a Potosí, poblado desde 1545, año en que 
las minas del cerro fueron descubiertas, atrajo gran núme- 
ro de españoles y de indios, que hicieron sus viviendas sin 
orden ni concierto, a tal punto que, como dice Acosta y con- 
firma Arzans y Vela (') “cada uno hizo su casa con tanta 
prisa que careciendo de la forma hubieron de quedar sin 
calles”. Al año siguiente se obtuvo que el emperador le con- 
cediese la categoría de villa. Pero no se hizo la: fundación 

d formal ni se constituyó el cabildo, por lo que surgieron dispu- 
tas con La Plata, que consideraba a Potosí como su de- 
pendencia. Sólo en 1565, por cédula real de Felipe Il, Potosí 
fue reconocida como: villa autónoma, con nuevas armas y 
con derecho a formar cabildo con las preeminencias del de - 
Sevilla, mediante pago de una compensación al de La Plata. 


Ya hemos dicho que Ñuflo de Chaves, en 1547, había 
ido hasta el Perú, enviado por el gobernador del Río de la 
Plata, Martínez de Irala, y que regresó a Asunción, después 
de haber sido atendido por La Gasca. Fue entonces cuando 
Chaves concibió el plan de organizar una nueva expedición 
que, marchando al norte de la ruta seguida con Irala, des- 
cubriera y poblar el país de los Mojos o del Gran Paititi, 
sobre cuya existencia había recogido datos equivocados. En 
1558, Chaves salió nuevamente de Asunción a la cabeza de 
una lucida expedición que remontó el Paraguay y entró en 
Chiquitos por los Jarayes. A mediados del año siguiente, pe- 
netrando en tierra de chiriguanos, se encontró con la ex- 
pedición de Andrés Manso, que procedía de Charcas y que 
tenía por objeto pacificar y reducir las tierras del Chaco, 
por encargo del virrey marqués de Cañete. Ambos capita- 
nes se pusieron de acuerdo para que Chaves se dirigiera 
a Lima en demanda de una demarcación de jurisdicciones. 
Así se hizo y el virrey creó la provincia de Mojos, dando 
a Chaves la tenencia de la gobernación y encargándole la 
fundación de una ciudad que debía ser su capital. En cuanto 
a Manso, debía retirarse hacia el sur. 


Chaves llevó consigo buen número de soldados recluta- 
dos en el Perú. Con noventa vecinos fundó, como se ha di- 
cho, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a orillas del arro- 
yo Sutós, en las faldas de una baja serranía chiquitana, el 


(1) Historia de la Villa Imperial de Potosí, Emecé, Editores, Buenos Ai- 
res, 1943. ; 


Ao RE 


26 de febrero de 1561. Organizó el cabildo con Hernando de 
Salazar [alguacil mayor con voz y voto); Juan de Agreda y 
Pedro Téllez Girón (alcaldes ordinarios); Bartolomé Moya 
(factor); Alfonso de Cañizares (veedor); Fernán Campos, 
Jorge de Herrera y Juan de Garay (regidores). Más tarde 
Santa Cruz de la Sierra fue trasladada a los llanos de Grigo- 
tá y luego refundida en la ciudad de San Lorenzo, próxima 
a su sede, que también había sido trasladada de su asien- 
to primitivo en las orillas del Guapay. 


e Tia 


CAPITULO V 


VIDA COLONIAL 


1.— La constitución del núcleo altoperuano y el virrey Tole- 
do.— 2.— Cultura altoperuana.— 3.— Disturbios e insurrec- 
ciones en los siglos XVII y XVII.— 4.— Límites del distrito 
de Charcas.— 5. —Expulsión de los jesuitas.— 6.— AÁlza- 
miento general de los indios.— 


1. LA CONSTITUCION DEL NUCLEO ALTOPERUANO Y EL 
VIRREY TOLEDO. 


Con el establecimiento de la audiencia y el arzobispa- 
do de La Plata, Charcas adquirió unidad y cohesión en lo 
político, lo económico y lo social, constituyendo un núcleo 
característico, destinado a persistir y a afirmarse como en- 
tidad individual. Aunque dependiente del virreinato de Li- 
ma, esta vinculación se rompería más tarde, y el distrito, al 
pasar a formar parte de otro virreinato, del que a su vez 
tendría que separarse al principio de la guerra de la inde- 
pendencia, iba plasmando su propia personalidad y consoli- 
dando su autonomía. Todo este proceso se operaba gradual- 
mente, por obra de la riqueza minera, causa y razón para 
que se organizara el país que ya empezaba a llamarse Alto 
Perú. Aunque el Collasuyo constituyó una unidad territorial 
durante la dominación incaica, tal vez no habría alcanzado 
a mantenerse en tal carácter en el período colonial, si el des- 


— 101 — 


cubrimiento de la riqueza argentífera no hubiera formado 
la célula vital alrededor de la cual se acumuló rápidamente 
una población española atraída por el señuelo de la fortu- 
na, haciendo posible la irradiación de la conquista hacia las 
tierras habitadas por los salvajes, tierras que gradualmente 
fueron incorporándose al centro de atracción cuyos cauda- 
les servían para' equipar las expediciones ¿y para fomentar 
las “entradas”. Del mismo modo se poblaron y empezaron 
a explotarse los valles fértiles y templados, cuya produc- 
ción era indispensable para el mantenimiento de los traba- 
jadores de las minas de Potosí. 

La formación de este emporio, su desarrollo comercial 
y su producción demandaban una prolija vigilancia de Ja co- 
rona, más directa y eficaz que la que podía prestarle la au- 
diencia. Necesitaba, en suma, el impulso de un estadista de 
altas miras, que a la vez fuera un hombre de acción. Ese 
hombre fue don Francisco de Toledo, a quien Antonio de 
León Pinelo llamó con justica el “Solón peruano”, único vi- 
rrey que residió en Charcas por un tiempo bastante largo 
y que consagró al distrito su atención inmediata. 

Muy discutida ha sido la actuación del virrey Toledo, 
en lo referente a su conducta respecto al inca Tupac Ama- 
ru, último descendiente de la dinastía de los emperadores 
del Cuzco, por la línea que podríamos llamar directa y le- 
“gal. Pero todas las opiniones están conformes en atribuir a 
Toledo las cualidades de un eximio gobernante, cuya huella 
quedó marcada en la organización del país y en la marcha 
de sus instituciones. Había venido de España en 1569, dota- 
do de facultades extraordinarias por el monarca y por una 
junta, superior al Consejo de Indias, formada especialmen- 
te para poner orden en el virreinato peruano, que bien lo 
necesitaba, tanto en el aspecto hacendario como en el ecle- 
siástico y en el de gobierno y justicia. 

A la llegada del virrey Toledo, la ciudad de La Plata 
estaba poblada por treinta y dos encomenderos y trescien- 
tos vecinos españoles; La Paz por treinta encomenderos y 
doscientos vecinos; Potosí contaba con ochocientos veci- 
nos españoles, casi todos dedicados a la industria minera (D. 
La venida del virrey al distrito de Charcas fue parte del 


(1) e de Juan dé Salinas Loyola, Colección Muñoz, citada por R. 
; —— Levillier. 


— 102 — 


programa de “visita de la tierra” que él se propuso realizar 
personalmente, como medida indispensable para atender las 
necesidades del país, para organizarlo y corregir abusos de 
todo género. Esta función se había confiado antes a “visita- 
dores”, que carecían de facultades para imponer sus deci- 
siones. Esos visitadores iban ahora acompañando al virrey 
y le servían de ayudantes y consejeros. Entre ellos figura- 
ba el licenciado Matienzo, oidor de La Plata. Pero la visita 
á Charcas tenía, además, otro objeto: proveer lo necesario 
para contener a los indios chiriguanos, o chiriguanaes, como 
se decía entonces, cuya amenaza era permanente. 

En materia eclesiástica tomó enérgicas medidas para 
restablecer el derecho del patronato real, invadido por los 
prelados. En La Plata designó sacerdotes para las doctrinas 
asesorado por el obispo. Que su acción era justificada lo 
demuestran sus cartas al soberano. “A estas partes —de- 
cía— pasan muchos clérigos y los más dellos, después que 
han hecho su pella de plata, dan la vuelta a esos reinos de 
España a gastarla. Hame parecido cosa necia que desta viña 
de Dios no quieran más que la vendimia los que por su pro- 
fesión deberían hacer lo contrario”. No por eso dejaba de 
reconocer los méritos y servicios de los misioneros, reco- 
mendando especialmente a los de la Compañía de Jesús, a 
los de San Francisco y a los Mercedarios, de quienes decía 
que eran, “entre otros, los que menos se metían en escán- 
dalos y los más dispuestos a ir a doctrinar a las punas de- 
siertas” (1). 

Después de visitar La Paz y de tomar medidas relati- 
vas al buen gobierno y al trato de los indios, Toledo llegó 
a Potosí en noviembre de 1572. 

En la Villa Imperial atendió preferentemente la rehabi- 
litación de las minas, cuya explotación pasaba por un pe- 
ríodo de crisis. Inició el uso del azogue, cuya aplicación se 
venía haciendo en Méjico, empleando el método de amalga- 
mación. El descubrimiento de las minas de mercurio en 
Huancavélica proporcionó el' material para este procedi- 
miento, que no tardó en usarse en Potosí. Bien lo necesita- 
ban las minas de la Villa Imperial, en decadencia desde 
1558, agudizada en 1565, como si no fueran bastantes las ca- 


(1) De la correspondencia del virrey, publicada por Roberto Levillier en 
su magistral obra Don Francisco de Toledo y en su colección Pa- 
peles del Perú. 


— 103 — 


lamidades que por aquella época afligían a la pcblación, 
azotada por pendencias y motines de toda especie, provoca- 
dos por la implantación de la alcabala. 

Don Francisco de Toledo supervisó las minas personal- 
mente y organizó los “ingenios” para moler los minerales. 
Puso la primera piedra de la iglesia Matriz, abrió calles y 
plazas y emprendió otras obras públicas de enorme benefi- 
cio. La labor más importante del virrey fué la reorganiza- 
ción de la mita para el trabajo de las minas, aumentando 
el número de provincias que asistían como tributarias. La 
casa de moneda había sido fundada en 1569. 

La cuestión de la mita era una de las más graves y com- 
plicadas en la legislación y en el régimen colonial español 
en las Indias y especialmente en el distrito de la audiencia 
de Charcas. Ya hemos dicho que la institución tenía su ori- 
gen en la organización incaica, pero tal antecedente no jus- 
tificaba su perpetuación y menos su agravamiento. Por eso 
Solórzano Pereyra decía en su Política Indiana: “La mate- 
ria no es menos profunda que las mesmas minas” ('). En 
obsequio de D. Francisco de Toledo cabe decir que la opi- 
nión de teólogos y juristas, como el arzobispo Loaiza, el P. 
Acosta y el licenciado Matienzo, estaban conformes en que 
era lícito exigir a los indios que concurrieran al trabajo de 
las minas, aun por la fuerza, a condición de que se cambia- 
ran los turnos, fueran bien tratados y pagados y se alterna- 
ran por séptimas partes. Las instrucciones especiales que 
traía de España el virrey Toledo, por otra parte, eran termi- 
nantes a este respecto: “También os encargo que tengáis 
mucha cuenta con la labor y beneficio de las minas descu- 
biertas y en procurar que se busquen y labren otras de 
nuevo, pues la riqueza de la tierra es el nervio principal 
para si conservación e de su mesma prosperidad resulta la 
de estos reinos (los de España) que es en ellos tan impor- 
tante y necesaria cuanto lo tenéis entendido”. La mita forzo- 
sa se fundaba, pues, en que era necesaria para fomentar las 
rentas de la corona y en que así lo reconocía la opinión de 
teólogos y juristas... españoles, aunque ésta contravenía 
disposiciones de “cédulas antiguas”. 

Verdad que en 1601 se dictaron reglas prohibiendo el 
servicio forzoso en las minas, pero al mismo tiempo se en- 


(1) Libro ll, Cap. XVI, tomo l, pág. 124, edición de 1736. 


— E — 


viaron disposiciones secretas en contrario, por “si se halla- 
se que de ello podían resultar inconvenientes o que las mi- 
nas no se podían labrar suficientemente con esclavos (ne- 
gros) o indios voluntarios, porque-la real voluntad no era que 
esta labor cesase”. En 1609 se envió una cédula encargan- 
do al virrey del Perú “engrosar los envíos de plata”, para lo 
cual se le autorizaba a fin de que “se den y repartan los 
indios que fueren menester para ello” (?). 

No faltaron, por cierto, opiniones autorizadas opuestas, 
pero fueron ahogadas por el interés y la codicia. Pueden ci- 
tarse entre ellas las del historiador Herrera, autor de las 
Décadas, del P. La Gasca, de Calancha, etc. 

Según Solórzano, Toledo asignó a Potosí 95.000 indios 
en diecisiete provincias, de los cuales debía asistir a las mi- 
nas la séptima parte cada año. Habitualmente debían tra- 
bajar 4.500 indios en cada turno. 

Toledo examinó las cuentas del registro del “quinto” 
real sobre la producción de plata, encontrando que arroja- 
ba setenta y seis millones de pesos ensayados en veintisie- 
te años, sin incluir el contrabando, que debía alcanzar a una 
suma igual o mayor. Ese “quinto” fue reducido al décimo 
en 1735. 

A fines del siglo XVI la renta anual por concepto del 
quinto era en Potosí de cuatro millones anuales. Esta renta 
fue decreciendo hasta que, en 1633, no alcanzaba ni a tres- 
cientos mil pesos. 

En La Plata se consagró el virrey a escribir y promul- 
gar sus famosas “ordenanzas” sobre toda clase de mate- 
rias, en especial sobre minas, haciendo obligatorio el servi- 
cio de la mita y acabando por abolir la libre contratación 
de los indios. Su talento político se manifestó en reflexio- 
nes tan atinadas como las que dirigió al cabildo de la ciu- 
dad, enjuiciando la falta de previsión de sus primeros po- 
bladores, al descuidar las actividades pacíficas que la re- 
gión reclamaba para fundar centros industriosos, florecien- 
tes y estables. Criticaba la forma en que se habían explo- 
tado las minas, agotándolas sin orden ni concierto, al mis- 
mo tiempo que se abandonaba el cultivo de la tierra, tan 
necesario para el sustento general. “Todo les ha sucedido 
—decíia— porque olvidados de este cuerpo universal y per- 
petuidad de los sucesores, acudieron a sus intereses parti- 


(1) Ibídem, pág. 128. 


— 105 — 


culares, dejando de labrar y cultivar las plantas de cuyo fru- 
to habían de ser mantenidos. Todas las demás razones y 
ejemplos se podrán tener por palabras ociosas tratando de 
esta ciudad de La Plata, pues lo que en ella ha sucedido por 
este descuido se podría tomar para otras muchas, pues sien- 
do en su tanto la más aparejada de las que sabemos para 
ser rica y próspera, la falta de esta consideración la tiene 
la más pobre y de más necesitados moradores” —decía el 
virrey en la introducción de sus ordenanzas ('). 

En La Plata el virrey fue ayudado en la redacción de 
las leyes en materia de gobierno, por los oidores de la au- 
diencia Matienzo, Barros y Recalde. En lo eclesiástico re- 
quirió los consejos del obispo y de los padres José Acosta y 
Reginaldo de Lizárraga. 

Otra de las preocupaciones del virrey Toledo fué la ne- 
cesidad de reunir los indios y agruparlos en centros pobla- 
dos, tanto para facilitar la obra de catequización, vomo para 
protegerlos contra la explotación de encomenderos y corre- 
gidores de reducciones. “Había doctrina —dice el propio 
virrey— que estaba a cargo de un solo sacerdote y en ella 
mil indios que estaban poblados en sesenta leguas de terri- 
tdrio por sierras y páramos. Esto se ha logrado remediar con 
reducir a los indios a pueblos grandes y que no se encargue 
a un sacerdote más que un pueblo, y cuando no le hubiere 
con su número de indios bastante, que se encargue de dos 
o tres pueblos que no disten más que dos leguas”. 

Uno de los resultados de la visita de Toledo al distrito 
de Charcas fue la reconstitución de las viejas comunidades 
indígenas, dispersadas por la codicia de los encomenderos o 
por el abuso del clero. Examinó títulos y ordenó la devolu- 
ción de tierras que habían sido arrebatadas por el derecho 
del más fuerte. Esto tenía, además, la ventaja de concen- 
trar a los indios para hacer más fácil el servicio de la mita. 

Terminada su obra legislativa, el virrey se ocupó en or- 
ganizar su “entrada” contra los chiriguanos, en son de gue- 
rra. Encomendó su avanzada al capitán Gabriel de Pania- 
gua, que partió con dirección a Santa Cruz de la Sierra, su- 
blevada contra el gobernador Pérez de Zurita, nombrado 
por Toiedo para suceder a Ñuflo de Chaves, muerto poco 


(1) Documentos de 1574, existentes en el Archivo Nacional de Sucre, 
publicados por Abecia. 


— 106 — 


antes a manos de los indios ¡tatines, mientras Diego de 
Mendoza, elegido por el cabildo y cuñado de Chaves, se ne- 
gaba a abandonar el mando. Paniagua cumplió su misión 
apoderándose de Mendoza y remitiéndolo a Potosí, en don- 
de fue ajusticiado. El virrey con sus huestes descendió de 
La Plata por la vía de Tomina, población fundada por él, 
pero los chiriguanos se replegaron hacia el Parapetí, sin pre- 
sentar batalla y agotando la resistencia de las tropas, con 
escaramuzas, asaltos sorpresivos y marchas interminables. 
Uno de los objetivos de la campaña era castigar a los indios 
rebeldes por la destrucción de la Nueva Rioja, fundada por 
Andrés Manso, y por la victimación de todos sus habitantes. 
Pero el virrey tuvo que volver a La Plata sin haber alcanza- 
do a llenar su propósito. Sin el oportuno auxilio del presi- 
dente de la Audiencia de Charcas, Ramírez de Quiñones, 
que había salido con refuerzos, quizá el virrey hubiera su- 
frido un serio descalabro. En cuanto al castigo de los itati- 
nes, victimadores de Ñuflo de Chaves, a que se refieren 
algunos historiadores, nunca entró en los planes de Toledo, 
que no penetró a Chiquitos, como tampoco lo hizo Paniagua. 
Los itatines estaban situados entre Santa Cruz la Antigua y 
el río Paraguay. En 1571 —por lo demás— al nombrar a 
Pérez de Zurita para ocupar la gobernación de Santa Cruz de 
la Sierra, Toledo había dispuesto la traslación de la ciudad 
al Grigotá, lugar más estratégico, en donde debía ser útil 
para impedir que los chiriguanos siguieran amenazando a 
La Plata y a Potosí. 

El virrey regresó á Lima por la vía de La Paz y del 
Cuzco, a mediados de 1575, pero antes dispuso que el co- 
mercio de Charcas se hiciera por el puerto de Arica, que fue 
habilitado, estableciéndose en él oficinas reales para el co- 
bro de impuestos. 


2. CULTURA ALTOPERUANA. 


En nada es posible apreciar mejor la obra de España 
en América como en:las manifestaciones intelectuales y ar- 
tísticas que son la demostración palpable de la noble estir- 
pe y del elevado espiritualismo que imprimen un sello es- 
pecial a la cultura hispanoamericana. 

"Nadie puede negar la existencia de un arte americano 
ni de una tradición cultural con carácter propio. Y es en 
ciertos lugares del Nuevo Mundo, como Bolivia, el Perú, el 


— 107 — 


Ecuador y Méjico, en donde las manifestaciones de esa tra- 
dición se mantienen con mayor intensidad. ; 

El patrimonio artístico e intelectual dejado por España 
en el distrito de la audiencia de Charcas es el mejor blasón 
de ese país y su mayor timbre de orgullo. A cambio de las 
riquezas extraídas de sus minas recibió los dones de una 
acción civilizadora perdurable, traducida en el desarrollo de 
las artes y de las letras, en forma altamente apreciable. Es 
sabido que Potosí alcanzó a ser, en el siglo XVII, la más po- 
pulosa ciudad de América. ; 

Cuando no existían en el continente más universidades 
que las de Méjico y Lima, fue creada, en 1624, la Real y 
Pontificia Universidad de San Francisco Javier, en la capital 
de Charcas. Más tarde le concedió el rey el goce de todos 
los honores y prerrogativas que poseía la universidad de 
Salamanca. 

La Plata se convirtió en el centro cultural de no pocas 
provincias sudamericanas. A sus aulas concurría buena par- 
te de la juventud de regiones alejadas. : 

La falta de imprenta fue un grave obstáculo para la 
producción literaria en el distrito de Charcas. Aunque a 
principios del siglo XVIl se hicieron algunas impresiones 
por los jesuitas de Juli, en Chucuito, dependencia del obis- 
pado de La Paz, no puede decirse con propiedad que ese 
instrumento de cultura estuvo al. alcance de lós escritores 
altoperuanos. La producción de éstos, así como la de los 
españoles y extranjeros que escribieron en el Alto Perú, 
veía la luz en España o en Lima. Muchas obras de escrito- 
res coloniales han permanecido inéditas hasta después de 
la proclamación de la independencia, como las de los cro- 
nistas potosinos. De otras, sobre cuyos manuscritos hay 
prolijas referencias, se ignora el paradero. 

La producción literaria altoperuana abarca varias cró- 
nicas religiosas, algunos trabajos de índole catequística, 
ciertas piezas históricas y tal cual obra de especulación ju- 
rídica o de índole científica. Enumerando en orden cronoló- 
gico y ateniéndonos a lo más importante, empezaremos ci- 
tando una obra monumental, mencionada por el cronista Ca- 
lancha: la del religioso Fr. Juan de Caxica, doctrinero de Pu- 
carani, que escribió “más libros que otro en el mundo”, pues 
fuera de muchos que han desaparecido, tenía en Lima, a 
principios del siglo XVII, en la biblioteca de los agustinos, 
treinta y dos volúmenes in folio y veinte de menor forma- 


— 108 — 


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to, “listos para la imprenta”, que trataban de las materias 
necesarias a la conversión de los infieles y a las buenas cos- 
tumbres de los indios, volúmenes escritos en cuatro idio- 
mas: castellano, quichua, aimara y chinchasuyo. El testimo- 
nio de Calancha es demasiado serio para que esta noticia 
pueda ponerse en duda. Las tales obras quedaron inéditas 
por falta de recurscs pera publicarse. 

En La Plata produjo el célebre ¡licenciado D. Juan de 
Matienzo, oidor de la real audiencia, su libro Gobierno del 
Perú y otras obras que han perpetuado su nombre y que co- 
rresponden a los siglos XVI y XVII. 

Son conocidos los escritos de Fr. Bernardino de Cár- 
denas, obispo del Paraguay, que tuvo tan serias controver- 
sias con los jesuitas. Cárdenas había nacido en La Paz. Una 
Relación verdadera de cosas del reino del Perú, es la más 
importante de sus obras. 

Como cronistas religiosos que vivieron en Charcas o 
escribieron sobre su historia, son conocidos Fr. Diego de 
Mendoza, autor de la Crónica de la Provincia de San Anto- 
nio de los Charcas, Alonso Ramos Gavilán y otros. El prin- 
cipal entre ellos es el fraile chuquisaqueño Fr. Antonio de 
la Calancha, autor de la famosa Crónica Moralizadora del Or- 
den de San Agustín en el Perú nacido en 1584. Su obra con- 
tiene datos de gran interés histórico y se publicó en Bar- 
celona en 1638. Fue un esforzado defensor de los indios y un 
escritor cultísimo y ameno. La más alta crítica española, 
"por boca de D. Marcelino Menéndez y Pelayo, lo ha consa- 
grado como uno de los hombres de letras más notables de 
América durante el período colonial. 

Varios de entre los mitrados de La Plata se distinguie- 
ron en los siglos XVIl y XVIII, como hábiles escritores y 
como grandes oradores sagrados, entre ellos D. Gaspar de 
Villarroel, D. Cristóbal de Castilla y Zamora, Fr. Antonio 
de San Alberto (raro ejemplo de virtudes evangélicas) y 
D. Benito María de Moxó y Francolí. 

Un cura de Potosí, el Pbt. Alonso Barba, publicó en 
1640 el libro Arte de los Metales, que se ha hecho famoso 
por haber revolucionado la metalurgia en el Nuevo Mundo 
y por su alto valor científico. Basta decir que, desde su apa- 
rición, se han hecho de él varias ediciones, algunas en la 
época moderna. 

Otra obra notable de la bibliografía colonial es el Ga- 
zophilacium Regium Peruvicum, prontuario razonado de eco- 


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nomía y tratado sobre el régimen hacendario establecido 
por España en el Perú. Su autor fue el Dr. Gaspar Escalona 
y Aguero, natural de Charcas. 

En el Alto Perú vivió largo tiempo y produjo buena par- 
te de su obra, D. Antonio de León Pinelo, más tarde cronista 
mayor de Indias, jurista y bibliógrafo afamado. Entre sus 
obras figuran dos Memoriales sobre comercio del Río de la 
Plata y la Villa Imperial de Potosí y una Historia del Cerro 
Rico y de su Imperial Villa. Fue corregidor y alcalde de mi- 
nas en Oruro y asesor letrado en Potosí. 

Sobre los numerosos escritores que vivieron en el dis- 
trito de Charcas, que escribieron sobre su historia o sobre 
cosas relativas a él, puede encontrarse una relación porme- 
norizadora en la Historia de la Literatura Boliviana ('). Pero 
podemos adelantar que el Potosí colonial tuvo también sus 
poetas, entre los cuales merecen mención Juan Sobrino y 
Luis de Rivera. 

En cuanto a historia, las obras coloniales más difundi- 
das son la Historia de la Villa Imperial de Potosí y Anales 
de Potosí, de Nicolás Martínez Arzanz y Vela. Durante mu- 
cho tiempo reinó cierta confusión sobre el verdadero nom- 
bre de este escritor potosino, y hasta se suponía que se tra- 
taba de dos autores diferentes: padre e hijo. Investigacio- 
nes recientes, que han dado el resultado de encontrar ma- 
nuscritos originales existentes en la Biblioteca Nacional de 
Sucre, parecen comprobar que el mencionado más arriba, es 
el verdadero nombre del autor de ambas obras, cuyas no- 
ticias han sido la fuente en que bebieron los tradicionalistas, 
imitadores de Ricardo Palma, sin excluirle a él mismo, fun- 
dador del género (?). . 

Tales fueron, a grandes rasgos, los productos del inge- 
nio boliviano en la época colonial. Es necesario dejar esta- 
blecido, sin embargo, que si no fueron mayores ni más apre- 
ciables, se debió a la escasa difusión de la enseñanza públi- 
ca, limitada a las escuelas parroquiales, que apenas enseña- 
ban a leer y escribir, además de la doctrina cristiana; a los 
seminarios y a los escasos colegios de las órdenes religio- 
sas. La Plata tuvo el seminario de San Cristóbal, fundado 


(1) Por Enrique Finot, Méjico, 1943. 

(2) La Historia de la Villa Imperial há sido publicada por primera vez 
en Buenos Aires, en 1943, bajo la competente dirección de Gus- 
tavo Adolfo Otero. | 


— 110 — 


en 1595 y el Colegio Real de San Juan Bautista, establecido 
por los jesuitas en 1623. La enseñanza que impartía la uni- 
versidad de San Francisco Javier era exclusivamente canó- 
nica y jurídica, nada adecuada para estimular las inclinacio- 
nes literarias. 


La Academia Carolina, anexa a la universidad, sin em- 
bargo, al fomentar las disputas académicas, provocaba tam- 
bién el cultivo de las aptitudes oratorias. De allí salieron 
los tribunos de la independencia y los oradores de los 
primeros tiempos de la república. 


En materia de arte arquitectónico el distrito de Char- 
cas fue pródigo en fábricas religiosas. y civiles; las prime- 
ras, levantadas generalmente por el estímulo de la piedad 
y por la munificencia de los fieles, y las segundas por las 
necesidades del servicio público (tal la casa de moneda) 
o por iniciativa de señores y potentados. Es fama que gran 
número de iglesias y conventos fueron dirigidos en su cons- 
trucción por arquitectos venidos de España, algunos de 
gran renombre, aunque tampoco faltaron los alarifes nati- 
vos. A la influencia de algunos de éstos se debe sin duda 
la introducción: en los estilos europeos más o menos pu- 
ros, de ' ciertas características arquitectónicas absoluta- 
mente propias, que constituyen el sello del arte america- 
no. A esa influencia corresponden, por ejemplo, la solum- 
na que Sartorio llama “panzuda” y diversos motivos crna- 
mentales típicamente indígenas. 

Las influencias y transformaciones de la arquitectura 
española renacentista se reprodujeron con poca diferencia 
en el estilo altoperuano, a veces sin orden ni concierto. 
San Francisco de Potosí es un ejemplo de renacimiento 
español, con reminiscencias góticas y tal cual moderado 
aditamento plateresco. San Lorenzo, de la misma ciudad, 
en cambio, es churrigueresco con no poco de mozárabe y 
con algo de las tendencias decorativas indígenas. San Fran- 
cisco de La Paz es típicamente barroco, aunque abundando 
también en otras influencias. “Ocurre a veces encontrar 
sobre las líneas de un frontispicio muy desconcertantes fi- 
liaciones” ('). Lo que parece indudable, sin embargo, es que 
los dos grandes estilos españoles, el plateresco y el barro- 


(1) Emilio Villanueva, en Bolivia en el Primer Centenario de su indepen- 


dencia. Nueva York, 1925. 


— 111 — 


co, son los que tuvieron más franca influencia y más di- 
fundida representación en la arquitectura altoperuana. 

Muchos y muy notables son los templos de Potosí, Chu- 
quisaca, La Paz y Cochabamba, que mantienen la tradición 
del arte colonial. Herederos a la vez de los artífices del pre- 
histórico Tiahuanaco y de los talladores de piedra que la- 
braron las bellezas del Escorial, los picapedreros altoperua- 
nos, como se les llamaba humildemente, han dejado monu- 
mentos que resisten el ultraje de los siglos y que permane- 
cen erectos para proclamar la pujanza de los tiempos idos 
y el buen gusto de la ascendencia hispánica. Ni la índole ge- 
neral ni la extensión de esta obra permiten ingresar en más 
pormenores relativos a la materia, como tampoco autorizan 
para profundizar sobre otros aspectos de la cultura artísti- 
ca. Apuntaremos a grandes rasgos, por consiguiente, breves 
consideraciones sobre pintura, escultura, talla en madera, 
forja, platería, etc., que pueden ser útiles para dar una idea 
del grado de desarrollo que alcanzó esa cultura. 

Abundan en templos y monasterios, cuadros y escultu- 
ras, algunos de verdadero mérito, de procedencia europea 
(española, italiana, flamenca) o de factura local. Entre los 
pintores criollos de la época sobresalió el potosino Pérez de 
Holguín. Entre los escultores debe ser citado el indio Tito 
Yupanqui, que talló la famosa Virgen del santuario de Copa- 
cabana. Otras obras escultóricas notables, como el Cristo 
de la Veracruz y la Virgen de las Mercedes de Potosí, son 
de autor desconocido y sobresalen por su belleza. Entre los 
trabajos de talla en madera los mejores son los altares de 
San Agustín, de Potosí y los del templo de La Merced, de 
Sucre; la sillería del coro de la Recoleta, el retablo de Santo 
Domingo y la antigua capilla de la universidad jesuítica de 
Chuquisaca. El repujado y el cincelado en metal, especial- 
mente en plata, hizo célebres a los orfebres y plateros de 
Charcas. Vajillas, vasos sagrados, revestimientos de altares 
y diversos objetos del culto, son piezas que todavía se con- 
servan como testimonio de un arte que alcanzó gran desarro- 
llo. Por el arte, suprema expresión de la vida del espíritu, 
es posible completar mejor la visión de la cultura colonial 
altoperuana. 

Es lamentable que el cuadro desmerezca por dos ele- 
mentos que es forzoso mencionar, aunque no.correspondan 
exclusivamente a Bolivia sino a todos los países de la Amé- 
rica española: la restricción impuesta al comercio de libros 


— 112 — 


E y ] 


en las colonias; que tanto retrasó la extensión de los cono- 
cimientos y el progreso de las ideas, y la tendencia a perpe- 
tuar las lenguas americanas, en vez de propender a la difu- 
sión del castellano. Sobre el primer punto —ya lo hemos di- 
cho— hay que reconocer que la razón política y la preocu- 
pación religiosa que lo inspiraron, acusando una miopía ver- 
daderamente lamentable, se vieron defraudados porque no 
sirvieron para impedir que se'abrieran paso los ideales de 
independencia. En cuanto al segundo, es de admirar el em- 
peño que pusieron misioneros y catequistas en aprender y 
sistematizar el estudio de los diferentes idiomas indígenas 
(aimara, quichua, chiriguano, chiquitano y mojeño, para no 
citar sino los principales) al mismo tiempo que mantenían 
a los naturales en la ignorancia de la lengua de Castilla. No 
negaremos la importancia y el interés científico que, desde 
el punto de vista filológico y de los estudios americanistas, 
tiene el conocimiento y la perpetuación de los idiomas in- 
dígenas. También son esos idiomas lazos con la raza y con 
la tierra, que sirven para mantener la fibra nacionalista. Pe- 
ro para conocer y estudiar el aimara, el quichua, el guaraní, 
etc., no hacía falta mantener al indio ignorando el español. 

Muy apreciables son las obras de religiosos y seglares 
que, durante la colonia, dedicaron sus desvelos a las espe- 
culaciones sobre filología altoperuana, por lo que sus nom- 
bres deben conservarse. Los primeros libros impresos en 
el Perú son catecismos en quichua y en aimara y vocabula- 
rios de las mismas lenguas, a partir de 1585. El segundo 
obispo de La Plata, Fr. Domingo de Santo Tomás, fue au- 
tor de una Gramática o arte de la lengua general de los in- 
dios de los reinos del Perú. La audiencia de Charcas dispu- 
so en 1583 la creación de una “cátedra de lengua de los in- 
dios”. Las primeras —y quizá las únicas— ediciones de la 
imprenta de los jesuitas establecida en Juli a principios del 
siglo XVI, estuvieron dedicados a la impresión de los traba- 
jos del P. Ludovico Bertono, como el Arte de la Lengua Aima- 
ra y la Vida, hechos y milagros de nuestro Redentor, en len- 
gua aimara, publicada en 1612 y dedicada a D. Alfonso de 
Peralta, primer arzobispo de Charcas. 

El tercer Concilio Limense dispuso que se enseñara a 
los indios las oraciones y se les catequizara en su lengua, 
sin obligarles a aprender el castellano. Lo mismo fue decre- 
tado por varias cédulas reales y figura en la Recopilación de 
las Leyes de Indias, contra la opinión de juristas tan doctos 


— 113 — 


y tan hábiles políticos como Juan de Matienzo y Solórzano - 
Pereyra. La controversia se prolongó por mucho tiempo y 
no faltaron instrucciones a los virreyes para que se procu- 
rase que los indios aprendieran el castellano, comprendien- 
do la utilidad de esta medida. Pero ya era tarde y la rutina 
siguió obligando a españoles, criollos y mestizos a aprender 
“las lenguas indígenas. 


De nada sirvió el convencimiento que a la larga adqui- 
rieron los catequistas en el sentido de que, “en la mayor y 
más perfecta lengua de los indios, no se pueden explicar 
bien ni con propiedad los misterios de la fe, sino con gran- 
des absurdos e imperfecciones” ('), pues no se cumplieron 
las determinaciones de la Corona, se dice que, entre otras 
razones, porque algunos misioneros tenían interés en que 
los neófitos, cuya lengua ellos hablaban, no poseyeran me- 
dios de comunicación con gentes cuya influencia podía ser- 
les perniciosa. 


Por ese prejuicio, o por otras causas, se ha mantenido 
en Bolivia el uso de los idiomas nativos y, lo que es peor, 
de idiomas que, careciendo de literatura, no pueden ser úti- 
les a la cultura y cuyo uso perjudica a la unidad nacional. 
Juzgando el asunto con el criterio de que no era justo im- 
poner a los indios el idioma del conquistador, resultaba 
irrisorio que respetaran la lengua, quienes no habían respe- 
tado la religión. Téngase en cuenta, por otra parte, que al 
decir del P. Acosta, sólo en el Perú se hablaban setecientas 
lenguas diferentes, en el momento de la conquista. 


Pero no todas las regiones de Bolivia sufrieron las con- 
secuencias de esta política. La provincia de Santa Cruz, en 
donde el conquistador trató de preservarse de la influencia 
indígena, impuso el castellano al autóctono. Así lo recono- 
cía, complacido, a fines del siglo XVIII, el gobernador Vied- 
ma, con estas palabras, entre sorprendidas y justicieras. 
“No acostumbran los naturales otro idioma que el castella- 
no, de que pudieran tomar ejemplo los demás pueblos de la 
Sierra, para sacarlos de la costumbre bárbara del nativo y 
no hacerse los españoles, en esta parte, de la calidad de 
los indios” (?). 


(1) Ley 18, título l, libro 6* de la Recopilación. 
(2) Colección de Angelis, tomo ll. 


de 


3. DISTURBIOS E INSURRECCIONES EN LOS SIGLOS 
XVI Y XVvill. 


No fue la vida colonial, en el distrito de Charcas, tan 
fácil ni tan pacífica durante el largo período que ella abar- 
có. No faltaron los disturbios ni las insurrecciones, unas 
veces de criollos, otras de mestizos y, por último, de la ra- 
za autóctona, revistiendo mayor o menor gravedad, según las 
causas —generalmente económicas— en que tenían origen. 

A partir de las agitaciones de Potosí, ocasionadas por 
la formación de partidos que se disputaban los cargos pú- 
blicos y las influencias, desde principios del siglo XVII has- 
ta los primeros síntomas de la revolución por la independen- 
cia a comienzos del XIX, muchas fueron las perturbaciones 
que se sucedieron en el Alto Perú. Trataremos 'de enume- 
rarlas, conservando el orden cronológico, como reveladoras 
del estado social y de su evolución durante ese importan- 
te período de nuestra historia. 

En 1617, cuando los vascongados residentes en Potosí 
formaban un grueso partido, fomentado y favorecido por el 
corregidor Ortiz de Sotomayor, estalló la más enconada lu- 
cha entre ellos y los castellanos, criollos, andaluces y ex- 
tremeños, que formaban el bando llamado de los vicuñas. 
Con justicia o sin ella, el corregidor apresó y ajustició a 
Alonso de Ibáñez y otros cabecillas vicuñas, acusados de 
subversión, con lo que se desencadenó una guerra sin cuar- 
tel. Poco después surgía otro cabecilla, Francisco Castillo, 
contra el cual la audiencia movilizó un nuevo corregidor, don 
Felipe Manrique y un verdadero ejército de algunos miles 
de hombres. Alternando períodos de tregua y de lucha en- 
conada, estas alteraciones abarcaron gran parte del siglo 
XVII. 

En 1661 se produjo en La Paz una sublevación popular 
encabezada por un tal Antonio Gallardo, apodado el Philinco, 
que momentáneamente se impuso en la ciudad, consiguió 
saquear los domicilios de las gentes de fortuna y luego se 
dio a la fuga, pereciendo en Puno, población que también 
pretendió asaltar. 

Durante el siglo siguiente, en 1730; con motivo de ha- 
berse ordenado una revisión del tributo que pagaban los in- 
dios, para corregir el fraude en que incurrían muchos de 
ellos, haciéndose pasar por mestizos, estalló en Cochabam- 
ba una sublevación dirigida por un platero llamado Alejo 


— 115 — 


Calatayud. La insurrección tomó cierto carácter antiespañol, 
pero sólo duró dos meses, al cabo de los cuales las mismas 
autoridades impuéstas por Calatayud le hicieron preso y le 
sentenciaron a muerte. e 

Poco tiempo más tarde, en 1739, fue descubierta una 
conspiración contra las autoridades de Oruro. Oportuna- 
mente debelada, por denuncia de uno de los conjurados, fue 
ejecutado Vela de Córdova, su presunto caudillo. Otra re- 
vuelta se realizó en 1745 en la misma ciudad, por rivalida- 
des entre los aspirantes a funciones públicas. 

Aunque algunos historiadores han tratado de calificar 
estos disturbios como “precursores de la independencia”, la 
verdad es que no obedecían a plan alguno concertado y eran 
sólo estallidos esporádicos de descontento contra las auto- 
ridades, de protesta por las exacciones de las mismas o, 
simplemente, actos de pillaje encabezados por maleantes 
irresponsables. El patriotismo local ha tratado muchas ve- 
ces de magnificar esos movimientos, atribuyéndoles finali- 
dades trascendentales. Sin negarles valor, como actos de 
rebelión capaces de contribuir a suscitar el espíritu de re- 
sistencia contra las autoridades, es necesario considerar 
que la revolución por la independencia, no necesitaba, para 
nutrirse, de esos brotes de descontento. Obedecía a otras 
causas y a otras tendencias, como se verá más adelante. 
Pero los pueblos necesitan símbolos que, de cualquier ma- 
nera que se forjen, sirven para alentar la tradición patrió- 
. tica. He aquí la forma en que el gran historiador René-Mo- 
reno se ha referido al estudio de D. Eufronio Viscarra so- 
bre la revolución de Calatayud en Cochabamba: “Ahora sa- 
limos colocando en el cerebro de plomo del platero Cala- 
tayud los planes vastos y profundos de Miranda y de Bolívar. 
Santo amor a la tierra natal, que obliga a estos escritores a 
disputar sobre quién fue más revolucionario que quién, y a 
esponjar en el horno de su corazón panes sin levadura” ('). 
Hablando de la rebelión posterior, de Sebastián Pagador, otro 
cronista 'boliviano, experto en achaques de crítica históri- 
ca, consigna una sentencia parecida: “Bien visto, el último 
pueblo boliviano tiene su Pagador, (caudillo de 1781) por- 
que no falta en ninguno un mestizo medianamente garru- 
lero, con bastante atrevimiento para encaramarse a cierta 


(1) G. René Moreno, Biblioteca Boliviana, Santiago de Chile, Imp. Guten- 
berg, 1879. (Pág. 394). 


— 116 — 


altura con una payasada política, y ser contemplado como 
héroe...” (1). 


4. LIMITES DE CHARCAS. 


Ya muy avanzado el siglo XVIII, la jurisdicción de la 
audiencia 'de Charcas, según documentos oficiales, com- 
prendía la ciudad de La Plata y la villa de Potosí, los gobier- 
nos de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán y Santa Cruz de la 
Sierra (con sus dependencias de Mojos y Chiquitos), las 
provincias del arzobispado de Charcas y del obispado de La 
Paz y parte de las del obispado del Cuzco, incluyendo Lam- 
pa, Azángaro y Carabaya. Por el lado del Pacífico el distri- 
to de Charcas, que había sustituido a la antigua gobernación 
de Diego de Almagro, llegaba hasta el paralelo 25? 57 09”, 
donde terminaban las doscientas leguas, de norte a sur, 
asignadas a la Nueva Tóledo. Una orden real declaraba el 
territorio de Atacama como parte de la intendencia de Po- 
tosí. Con la creación del virreinato del Río de La Plata y de 
la audiencia de Buenos Aires, el distrito de Charcas dejó 
de tener jurisdicción sobre Buenos Aires, Tucumán y Para- 
guay. Una real cédula de 1796 separó de la intendencia de 
La Paz las provincias de Lampa, Azángaro y Carabaya, en 
las que estaban comprendidas Chucuito y Puno. Todas estas 
modificaciones, hechas sobre territorios pertenecientes a la 
misma corona española, no señalaban siempre límites pre- 
cisos, de donde han procedido los pleitos de fronteras que 
Bolivia ha sostenido con sus vecinos de origen hispano, du- 
rante la época independiente. Hechos parecidos han provo- 
cado contenciones semejantes entre las demás repúblicas 
americanas, ex colonias españolas. 

Es diferente el caso de los límites con el Brasil, que 
desde el período colonial fueron límites internacionales en- 
tre territorios pertenecientes a las coronas de España y 
Portugal. En 1750 ambos gobiernos celebraron en Madrid 
un tratado de demarcación de fronteras y nombraron comi- 
siones encargadas de ejecutarlo sobre el terreno. Pero la 
operación no se pudo llevar a cabo por haberse comprendi- 
do en las regiones cedidas por España a Portugal, territo- 
rios de las misiones guaraníes, y por ciertas exigencias del 


(1) M. Beltrán Avila, Ensayos de crítica histórica, Oruro, 1924. (Pág. 
189). 


— 117 — 


comisario portugués. Esta fallida operación, encomendada 
por parte de la corona española al marqués de Valdelirios, 
costó a las cajas de Potosí la crecida suma de un millón 
ochocientos sesenta mil pesos, aproximadamente. En la 
misma época se registreran varios avances portugueses En 
la región de Chiquitos y de Mojos. Conviene echar una ojea- 
da sobre los antecedentes de esta cuestión que, como se 
ha visto, hizo crisis a mediados y a fines del último siglo 
de la dominación española en la América meridional y dió 
origen a graves alteraciones durante el período indepen- 
diente 

Ya sabemos que la bula papal de 1493 había dividido 
las posesiones de los reyes de Castilla y de Portugal por 
medio de una línea trazada cien leguas al oeste de las ¡islas 
de Cabo Verde. Como Portugal protestara contra esta divi- 
sión, que le negaba toda posibilidad de adquirir posesiones 
en América, consiguió firmar el tratado de Tordesillas (1494) 
fijando la línea del Papa a trescientas setenta leguas al oes- 
te de las citadas islas. El litigio no quedó zanjado y se pro- 
longó por más de dos siglos, con complicaciones como la re- 
lativa a la fundación de la colonia de Sacramento, en el siglo 
XVII. En 1744, el sabio francés La Condamine, asistido por 
los cartógrafos españoles D. Jorge Juan y D. Antonio de 
Ulloa, trazó el meridiano fijado por el tratado de Tordesi- 
llas, en virtud del cual se comprobó que el Portugal había 
ocupado más de cinco millones de kilómetros cuadrados de 
tierras españolas. España ratificó esas usurpaciones en el 
tratado de Madrid, de 1750, con el resultado que ya hemos 
visto. La línea de frontera entre el Brasil y Charcas, según 
ese arreglo, seguía el curso del río Paraguay hasta el Jau- 
rú: de allí tomaba una recta hasta la ribera austral del Gua- 
poré; por el curso de éste iba a la confluencia con el Ma- 
moré; de allí seguía el cauce del Madera, hasta 6* 51* de la- 
titud y, desde este punto, por una línea este-oeste, corría 

- hasta encontrar el Yavarí. Todavía este arreglo redundaba | 
en desmedro de los dominios españoles en enorme propor- 
ción. 

La anulación del tratado de 1750 trajo como consecuen- 
cia el de 1777 o de San Ildefonso, más o menos equivalente, 
que tampoco llegó a ejecutarse. De este argumento se valió 
el Brasil, después de la independencia de las colonias espa- 
ñolas y portuguesas, para aumentar sus pretenciones, co- 
mo se verá más adelante. 


— 118 — 


—— : 3 va 


Fueron precisamente los avances portugueses los que 
hicieron necesaria la creación del virreinato del Río de La 
Plata, al que se incorporó el distrito de la audiencia de Char- 
cas (1776). Al propio tiempo se estableció un nuevo régimen 
de gobierno, mediante la aplicación de la Ordenanza de In- 
tendentes, que dividió el territorio altoperuano en cuatro 
provincias: Charcas, La Paz, Potosí y Santa Cruz de la Sie- 
rra, que comprendía a Cochabamba, ciudad a la que se tras- 
ladó su capital. La intendencia de Potosí, provincia de nue- 
va creación, abarcaba Tarija y Atacama. 


5. EXPULSION DE LOS JESUITAS. 


El extrañamiento de los jesuitas (') decretado poco 
antes de la creación del virreinato de Buenos Aires, sobre- 
vino en forma tan brusca que casi no permitió tomar medi- 
das adecuadas para que el cambio de régimen no destruyera 
en un solo día lo que había sido el resultado de la paciente 
labor de tantos años. Puede afirmarse, sin hipérbole, que la 
decadencia que sufrieron la provincia de Santa Cruz de la 
Sierra y sus dependencias de Mojos y Chiquitos, con esa 
medida, no ha terminado en nuestros días. Efímeras han si- 
do las ráfagas de bonanza económica determinadas por al- 
gunas actividades industriales. La penetración de los blan- 
cos quedó en algunos puntos estancada, pese al comercio y 
al mestizaje. Los núcleos de indios conversos que no pere- 
cieron, cazados como fieras o sometidos a trabajos forza- 
dos inhumanos, volvieron al estado salvaje en que se han 
mantenido parcialmente, aun dentro de la época republicana. 

Sin el propósito, de examinar en sus raíces la drástica 
resolución del gobierno de Carlos !Il, que tanta repercusión 
tuvo en América, nos vemos obligados a ocuparnos de ella 
desde el punto de vista netamente objetivo, por cuanto afec- 
tó profundamente el proceso constitutivo de la naciente so- 
ciedad boliviana. Ya sabemos que los jesuitas y nada más 
.que los jesuitas incorporaron a la vida civil del país las ex- 
tensas regiones de Mojos, Chiquitos y el Chaco. 

El real decreto de 1767 designaba, como ejecutor supre- 
mo del extrañamiento, con poder sobre las autoridades y 
los tribunales de toda categoría, al conde de Aranda. Pa- 


(1) Véase sobre este asunto nuestra Historia de la Conquista del Orien- 
te Boliviano, Librería Cervantes, Buenos Aires, 1939. 


— 119 — 


sando sobre el Consejo de Indias, ese magnate envió a Amé- 
rica sus instrucciones, contenidas en pliegos cerrados y se- 
llados, que no debían ser abiertos sino en fecha determina- 
da. El decreto rezaba textualmente: “He venido en mandar 
se extrañen de todos mis dominios de España e Indias, is- 
las Filipinas y demás adyacentes, a los religiosos de la 
Compañía, así sacerdotes como coadjutores o legos que ha- 
yan hecho la primera profesión y a los novicios que quisie- 
ran seguirles, y que ocupen todas las temporalidades de la 
Compañía en mis dominios”. Las “temporalidades” eran los 
bienes de las misiones. 

El gobernador de Buenos Aires, por razones geográfi- 
cas y quizá porque ya se tenía en mente la creación del vi- 
rreinato, fue el encargado de dar cumplimiento al extraña- 
miento en las misiones de Chiquitos y Mojos, por intéerme- 
dio de la audiencia de Charcas, aunque las reducciones per- 
tenecían a las “provincias” jesuíticas del Paraguay y del Pe- 
rú, respectivamente. También existían misiones creadas 
entre los chiriguanos, que dependían del colegio de Tarija. 
Los misioneros de esta circunscripción fueron llevados a 
Buenos Aires, directamente. Para cumplir la medida en Chi- 
quitos, el presidente interino de la audiencia, Martínez de 
Tineo, comisionó al coronel Martínez de la Torre, que se ha- 
llaba en Santa Cruz. Para Mojos el asunto fue puesto en 
manos del coronel D. Antonio Aimerich, que mandaba las 
tropas destinadas a contener los avances portugueses. Los 
jesuitas fueron también expulsados de Charcas, con grave 
daño para su colegio y universidad, así como de Santa Cruz, 
en donde mantenían un colegio y algunas misiones de los 
alrededores. 

Las autoridades eclesiásticas pasaron no pocas fatigas 
para proveer de curas seculares a las misiones. Las subleva- 
ciones de los indios no se hicieron esperar y pronto se vio 
el peligro de que se perdieran totalmente tan florecientes 
poblaciones y colonias. Curas y gobernadores civiles care- 
cían del espíritu evangélico y de la práctica en el trato de 
los indios, que habían hecho de los misioneros hombres 
irremplazables. Muchos pueblos se disolvieron y sus ha- E 
bitantes volvieron a la vida salvaje. “La expulsión de los | 
jesuitas en 1767, resultado de causas europeas más que 
americanas, dio lugar a la destrucción de las misiones que 
habían creado con tanta dedicación y competencia”, ha di- | 
cho un notable historiador inglés contemporáneo. 


— 120 — 


Las misiones chiquitanas, dotadas de colegios y tem- 
plos magníficos, así como de extensos campos de explota- 
ción agrícola y ganadera, eran once, y llegaron a contener 
muy cerca de veinticinco mil conversos. Sólo la misión de 
San José poseía once mil cabezas de ganado vacuno. Man- 
tenían comercio con las demás regiones del Alto Perú, ex- 
portando algunos productos como cera y tejidos de algodón 
de excelente calidad. A Santa Cruz se remitía ganado caba- 
llar y mular. 

A principios del siglo XVIII las misiones de Mojos eran 
quince. Fueron los centros primitivos de las poblaciones del 
Beni, algunas totalmente desaparecidas. Los pueblos eran 
veintiuno y los indios convertidos treinticinco mil, “todos 
ellos fieles vasallos del rey”. 


6. ALZAMIENTO GENERAL DE LOS INDIOS. 


Después de la rebelión del Cuzco, en los primeros años 
de la conquista, heroicamente sofocada por los soldados de 
Pizarro y Almagro, y luego de la muerte del inca Manco 
hijo de Huaina Cápac y hermano de Atahuallpa y de Huás- 
car, ocurrida en 1544, quedó como heredero del llaitu (insig- 
nia del mando imperial) el hijo de éste, Saire Túpac, de diez 
años de edad en 1545, según referencias de La Gasca en 
sus informes. Su hermano Tito Cusi, aunque era mayor, no 
recibió la borla por ser ilegítimo. Tampoco fue tomado en 
cuenta Túpac Amaru, menor que los otros dos, *probablel- 
mente nacido dos o tres años antes de la muerte de su pa- 
dre Manco” ('). Desde la época de la insurrección del Cuz- 
co, la familia real de los incas se había confinado en las 
breñas de Vilcabamba, al norte de la antigua capital del 
imperio, negándose a habitar con los españoles y mante- 
niendo una' especie de resistencia pasiva, sólo alterada 
por algunos golpes de mano. 

Por iniciativa del virrey Cañete se buscó un acercamien- 
to entre conquistadores y conquistados. Por aquel mismo 
tiempo había muerto el inca Paulo, hijo también de Huaina 
ba, Oruro y La Paz. La audiencia mandó tropas contra Tomás 
Cápac, que fué aliado de los españoles y que acompañó a 
Almagro en la primera expedición a Chile. Era el momento 


(10) R. Levillier, Don Francisco de Toledo, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 
1935. (Lib. VI, pág. 305). 
— 121 — 


propicio para buscar la amistad de Saire Túpac. Una emba- 
jada enviada por el virrey, con muchas promesas, obtuvo 
que el inca, que por entonces contaba veintidós años, se 
presentara en Lima, acompañado de su corte. Visitó al vi- 
rrey y fue invitado del arzobispo. 

El marqués de Cañete le hizo merced de la encomienda 
que había pertenecido a Hernández Girón, que representaba 
una renta de diecisiete mil pesos, así como del señorío del 
valle de Yucay y de un solar en el Cuzco. El inca consintió 
en bautizarse y las paces quedaron selladas. 

Pero los rebeldes de Vilcabamba no aceptaron la tran- 
sacción y proclamaron nuevo inca a Tito Cusi, continuando 
su actitud inamistosa y recalcitrante. 

El licenciado Castro, que había sucedido al marqués de 
Cañete y al conde de Nieva en el gobierno del virreinato, 
llegó a un avenimiento con Tito Cusi, en el que fue interme- 
diario el licenciado Matienzo, oidor de Charcas. En tal vir- 
tud entraron doctrineros a Vilcabamba. Esto sucedía poco 
antes de la venida del virrey D. Francisco de Toledo. Dentro 
de la misma política, Toledo envió al inca dos embajadas, 
que éste se negó a recibir. El segundo de los enviados fue 
asesinado. Luego se descubrió el martirio y muerte de uno 
de los misioneros, y el virrey decidió enviar una expedi- 
ción militar para reducir y castigar a los rebeldes. Mientras 
ocurrían tales sucesos, había fallecido Tito Cusi, sucedién- 
dole su hermano menor, Túpac Amaru. 

Derrotadas sus tropas, Túpac Ámaru fue hecho prisio- 
nero y conducido al Cuzco, juzgado por rebelión y senten- 
ciado a muerte en 1572. Vanos fueron los empeños de los 
españoles y de los indios principales del Cuzco para sal- 
var la vida del joven inca. Toledo permaneció sordo a to- 
das las súplicas. Más que un acto de justicia, el suplicio 
de Tupac Amaru revistió los caracteres de un escarmiento 
y perjudicó la reputación del virrey, que fue tachado de 
crueldad. 

Desde entonces los descendientes de los incas queda- 
ron aniquilados y sometidos. Pero el suceso fomentó el odio 
de la raza autóctona, que supo esperar pacientemente "una 
oportunidad para manifestarse. 

Dos siglos más tarde se encendió la hoguera en el pue- 
blo de Macha, del distrito de Chayanta, en donde esta!ló un 
movimiento insurreccional encabezado por Tomás Catari, 
caudillo que se levantó reclamando justicia y rebaja de los 


— 122 — 


IO OO A o o mo 


tributos. La rebelión empezó con la prisión de Catari, que 
fue enviado a Potosí. Sus hermanos Dámaso y Nicolás asu- 
mieron la dirección del movimiento, cometieron varios des- 
manes y apresaron a las autoridades. 

Puesto en libertad el cabecilla mediante el canje de su 
persona con los presos que habían hecho los indios, el mo- 
vimiento se propagó a los distritos de Charcas, Cochabam- 
ba, Oruro y La Paz. La audiencia mandó tropas contra Tomás 
Catari, que fue muerto por sus aprehensores. De esta muer- 
te los indios tomaron sangrientas represalias y pusieron si- 
tio a La Plata, que resistió valerosamente. Puestas a precio 
las cabezas de los otros dos Catari, fueron traicionados, 
entregados y ejecutados por las autoridades. 

En Oruro, entre tanto, estallaba un motín popular, fru- 
to de la agitación revolucionaria que se había extendido rá- 
pidamente por todo el territorio. No tuvo ese movimiento 
el carácter de una insurrección de indios. Fue algo más. 
El mal gobierno del corregidor Urrutia, por una parte, y por 
otra ciertas ambiciones fomentadas por los partidos, dispu- 
tándose las varas de alcaldes, provocaron los disturbios. Los 
hermanos Rodríguez, criollos, pretendieron impedir la elec- 
ción de elementos peninsulares para el cabildo. Al no con- 
seguirlo, fomentaron el descontento entre los mineros, 
acuartelados en previsión de un ataque de los indios de Cha- 
llapata, Poopó y lugares vecinos. A la voz de Sebastián Pa- 
gador, apoyado por Jacinto Rodríguez, que era el verdadero 
jefe, la insurrección estalló el 10 de febrero de 1781 y 
su primer efecto fue una matanza de españoles peninsula- 
res. El corregidor fugó a Cochabamba y al día siguiente in- 
gresaron en la ciudad fuertes contingentes de indios, que 
habían sido llamados como aliados, y que se convirtieron en 
dueños de la situación, cometiendo toda clase de crímenes 
y desmanes. Al final los criollos y mestizos tuvieron que 
enfrentarse con los indios y, en lucha sangrienta, echarlos 
de la ciudad. Pero la rebelión se generalizó. 

Sin el auxilio de Cochabamba, cuyo corregidor reunió 
tropas para marchar sobre Oruro, el desorden y la matan- 
za habrían continuado, porque el ejemplo venía, tanto del 
norte (con el levantamiento de José Gabriel Tupac Amaru, 
que se decía descendiente de la familia imperial incaica y 
que había encabezado un movimiento de indios en la pro- 
vincia de Tinta, de la región del Cuzco) como del sur, en | 
donde la sublevación de los Catari no había sido totalmente | 


— 123 — 


sofocada. Era una conflagración general, a la que pronto ha- 
bía de agregarse Julián Apaza, indio de Ayoayo. Tupac Ama- 
ru había estado en comunicación con los Catari de Chayan- 
ta, que se le anticiparon en el movimiento. 

Oruro recibió algún alivio con el auxilio de Cochabam- 
ba contra los indios, pero continuó la insurrección que en- 
cabezaban los Rodríguez. 

El virrey del Río de la Plata, comprendiendo la gra- 
vedad de la situación, había enviado una expedición militar 
al mando del comandante Reseguín, cuando recibió las pri- 
meras noticias sobre el estado del Alto Perú. Este jefe se 
apoderó de Tupiza, también sublevada contra las aútorida- 
des, por un caudillo mestizo, que se decía representante 
del inca Tupac Amaru. Reseguín siguió al norte, combatien- 
do contra los indios levantados por todas partes, hasta que 
llegó a La Plata, defendida por el coronel D. Ignacio Flores. 

El virrey del Perú, a su vez, había destacado tropas 
contra Tupac Amaru, el caudillo de Tinta. El ejército de Li- 
ma estaba al mando del mariscal de campo D. José del Va- 
lle y bajo la dirección superior del visitador D. José Anto- 
nio de Areche. Dominada la insurrección de Tinta y vencido 
Tupac Amaru, fue hecho prisionero y trasladado al Cuzco, 
en donde se le ajustició. Pero la sublevación no terminó 
con esto. El hermano del presunto inca, llamado Diego Cris- 
tóbal Tupac Amaru, continuó la campaña, mientras el ma- 
riscal del Valle, que operaba contra él, se detenía en Puno.. 

El cerco de Puno había sido mantenido por los indios 
partidarios de Diego Cristóbal Tupac Amaru y por los de 
un nuevo caudillo, el sacristán de Ayoayo, Julián Apasa, que 
se había sublevado y arrastrado a las provincias de la in- 
tendencia de La Paz, en marzo de 1781, proclamándose vi- 
rrey del Perú, con el nombre de Tupac Catari. 

Aliado con las hordas de Diego Cristóbal y una vez que 
las tropas del mariscal del Valle abandonaron Puno y se 
replegaron sobre el Cuzco, el flamante “virrey” Tupac Ca- 
tari puso cerco a La Paz, mientras el segundo Tupac Ama- 
ru sitiaba Sorata, refugio de españoles acaudalados, y la 
rendía y devastaba, después de haberla inundado. 

El mismo plan adoptaron los indios en el sitio de La 
Paz, pero el dique que construían reventó prematuramente 
y la inundación no alcanzó las proporciones necesarias para 
destruir la ciudad y hacer imposible su defensa. 


iS 


Al mando del brigadier D. Sebastián de Segurola, co- 
rregidor de Larecaja, que por disposición de la audiencia de 
La Plata había sido encargado del gobierno militar de La 
Paz, esta ciudad pudo resistir un asedio en regla, manteni- 
do por ochenta mil indios, que duró más de cinco meses y 
que fue el episodio más importante de la insurrección ge- 
neral. Las oportunas y acertadas medidas de Segurola, que 
se preocupó a tiempo de acumular provisiones y de organi- 
zar tropas, libró a La Paz de una segura destrucción. 

Posesionado del mando el 1? de enero de 1781, casi en 
los mismos días en que Tomás Catari, el primer caudillo de 
la insurrección de Chayanta, era muerto por las tropas en- 
viadas para capturarlo, Segurola se previno para la defen- 
sa desde un mes antes de la insurrección de Oruro. Se ha- 
llaba, pues, en pleno ejercicio de sus funciones, mientras 
era Tupac Amaru vencido y ejecutado en el Cuzco [mayo de 
1781) y Tupac Catari iniciaba la insurrección en Ayoayo. 

Duraba ya el cerco de La Paz tres meses y medio, cuan- 
do consiguió abrirse paso un auxilio de tropas enviado por 
la audiencia de La Plata, al mando del teniente coronel D. 
Ignacio Flores, que trajo sólo un alivio momentáneo, por- 
que la falta de recursos le obligó a retirarse a Oruro, en es- 
pera de refuerzos. Hubo necesidad de un ejército de siete 
mil hombres, a órdenes del coronel! Reseguín, para romper 
el sitio, derrotar a los indios y castigarlos. Tupac Catari su- 
frió en el pueblo de Peñas el mismo suplicio a que había 
sido condenado Tupac Amaru en el Cuzco: fue descuartizado 
vivo. 

Conviene reflexionar sobre los antecedentes y conse- 
cuencias de esta guerra de razas que, después de dos siglos 
de tranquilidad y de sumisión de los indios, ensangrentó los 
territorios que habían constituído el núcleo principal del im- 
perio incaico. Si bien es cierto que José Gabriel Tupac Ama- 
ru era descendiente de la dinastía incaica y que, según pu- 
do probarse, preparó la insurrección durante diez años, lo 
que daba al movimiento el carácter de una tentativa de rei- 
vindicación, también lo es que la actitud de los Catari, que 
desencadenaron el rompimiento en Chayanta, obedecía a 
causas netamente económicas y a los abusos de las auto- 
ridades encargadas de la recaudación de rentas. Julián Apa- 
sa, alias Tupac Catari, el caudillo de Ayoayo, había sido mo- 
vido por un mestizo de La Paz, Chuguimamani. Debe agre- 
garse, además, que la subversión de Oruro fue iniciada por 


— 125 — 


criollos que ambicionaban los cargos públicos, como pro- 
testa contra los privilegios que mantenían los españoles 
peninsulares. El alzamiento de Tupiza fue encabezado por 
un mestizo. En suma, los móviles de la gran revolución de 
1780 y 1781 fueron complejos y múltiples, aunque todos 
correspondían a la general inquietud que por entonces agi- 
taba al organismo social del Alto Perú. Se trataba, en su- 
ma, de los verdaderos preliminares de la revolución por la 
independencia, revolución que estallaría a principios del 
siglo siguiente, transcurridos no más de treinta años de 
los sucesos que acabamos de referir. 


— 126 — 


CAPITULO VI 
LA REVOLUCION ALTOPERUANA 


1.— Postrimerías del período colonial.— 2.— El 25 de ma- 
yo y el 16 de julio de 1809.— 3.— Revolución de Buenos Ai- 
res y sus repercusiones en el Alto Perú.— 4.— Inicación 
de la guerra de la independencia.— 


1. POSTRIMERIAS DEL PERIODO COLONIAL. 


Historiadores y sociólogos autorizados están confor- 
mes en admitir las razones económicas como determinan- 
tes del fenómeno de la independencia de la América hispa- 
na. No obstante que la presencia de la casa de Borbón en el 
trono de España se caracterizó por un cambio fundamental 
en la orientación de la política económica de la Península 
con relación a las colonias y que modificó el tráfico maríti- 
mo, que antes se hacía exclusivamente por Panamá, abrien- 
do nuevas rutas al comercio americano e implantando me- 
didas liberales para limitar el contrabando, en realidad no 
se abolió el monopolio ni se permitió el intercambio con 
las demás potencias. Las reformas se limitaron a autorizar 
el comercio directo entre América y los doce principales 
puertos de España. En cuanto a la parte meridional del Nu:e- 
vo Mundo, se libró al tránsito, con restricciones, la vía del 
Río de la Plata. La producción minera altoperuana tuvo 
desde entonces salida por el puerto de Buenos Aires. 


— 127 — 


Pero el anhelo del comercio libre seguía preocupando 
a los espíritus, movidos por el interés de las naciones eu- 
ropeas, especialmente de Inglaterra. En todos los ámbitos 
de la América española surgían al mismo tiempo iniciati- 
vas en favor de las franquicias comerciales. Los sucesos 
políticos de Europa habían de favorecer muy pronto esas 
aspiraciones. Aunque España fue una de las primeras na- 
ciones que combatió a la Francia revolucionaria, no tardó 
en cambiar de orientación y en volverse contra los princi- 
pios de la legitimidad de la monarquía, haciéndose aliada 
de la república y enemiga de Inglaterra. Esa conducta siguió 
el gobierno de Carlos IV, poniéndose al lado de Napoleón, 
al extremo de que la flota española fue deshecha, al igual 
que la francesa, en la batalla de Trafalgar. 

Desde 1793, Inglaterra amenazaba lanzarse sobre las 
colonias españolas del Río:de la Plata. Los planes de in- 
dependencia fermentaban een el corazón de algunos espíri- 
tus americanos, como Miranda, el “Precursor”, que en 1790 
ya gestionaba el apoyo de algunos gobiernos europeos, es- 
timulado por el ejemplo de la emancipación de los Estados 
Unidos. Ya hemos hablado en el capítulo anterior del des- 
contento de los colonos y de los movimientos esporádicos 
que, de vez en cuando, sacudían a los pueblos oprimidos 
por las imposiciones y las gabelas. Bajo el ministerio de 
Pitt, Inglaterra tomó la decisión de atacar las colonias es- 
pañolas y, en 1806, hallándose en guerra con España, de- 
sembarcó una expedición en Buenos Aires, en el supuesto 
de que la población no ofrecería resistencia. La proclama 
del jefe de las escasas tropas invasoras decía que el pro- 
pósito de Su Majestad Británica era el de “abrir un co- 
mercio libre”. 

Un año antes, en 1805, se descubría y debelaba, en la 
ciudad de La Paz, una revolución preparada por los crio- 
llos, entre cuyos organizadores figuraba el mismo Pedro 
Domingo Murillo, que había de actuar poco después. 

Tiempo atrás, en 1782 y 1785, la capital del distrito de 
la audiencia se había visto agitada por disturbios ocasio- 
nados por la malquerencia de los mestizos contra los sol- 
dados españoles [chapetones) que guarnecían la ciudad. 
Pero René Moreno rectifica a Funes y a Muñoz Cabrera, 
que atribuyeron a esos hechos una finalidad inspirada en 
propósitos de autonomía. En todo caso se trataba de ma- 
nifestaciones del descontento popular contra las autorida- 


o 


des españolas, y eran expresiones de ese desasosiego los 
pasquines en que se atacaba a dichas autoridades, pasqui- 
nes que reflejaban una hostilidad que buscaba pretextos pa- 
ra estallar. 

Son bien conocidas las peripecias de las dos invasiones 
inglesas al Río de la Plata, que traían como programa apa- 
rente la idea de independizar las colonias hispanoamerica- 
nas, bajo la protección de las armas británicas, “para abrir- 
se nuevos mercados”. Aunque fracasadas las invasiones, es. 
indudable que en la mente del gobierno inglés persistió esa 
finalidad, que entraba francamente en sus conveniencias. Y 
aunque los criollos se unieron a los españoles para recha- 
zar la tentativa inglesa sobre Buenos Aires, no puede ne- 
garse que aquellos sucesos dieron lugar a que se abriera 
paso en la capital del virreinato la idea de gobierno propio, 
que en las provincias altas hacía tiempo. germinaba, porque 
allí eran más agudos los problemas económicos y sociales. 

Debemos insistir, por lo tanto, que en las necesidades 
comerciales presidieron la agitación revolucionaria que dio 
origen a la guerra de la independencia en la América espa- 
ñola. Por eso dice un ilustre profesor de la universidad de 
Londres: “La América española había estado sujeta a una 
fiscalización mucho más estricta por parte de Europa que 
la ejercida jamás por Gran Bretaña sobre sus colonias nor- 
teamericanas. Su comercio estaba confinado dentro de lími- 

.tes mucho más rígidos y, en verdad, a menudo se veía obli- 
gado a seguir rutas reñidas con la geografía como con el 
sentido común” ('). Y si bien es cierto que el impulso de 
la emancipación no tuvo su arranque inmediato en planes 
de la Gran Bretaña, como anota acertadamente el mismo 
autor lo tuvo en la revolución de la América del Norte y en 
los sucesos políticos de Europa, que pusieron a Inglaterra 
en contra de España. 

Mucho se ha hablado de la influencia de las ideas de la 
revolución francesa y de las doctrinas de los enciclopedis- 
tas, en la preparación del espíritu revolucionario hispano- 
americano. A nuestro juicio se ha exagerado excesivamen- 
te esa influencia que, si existió, fue en pequeña escala, a 
través de quienes, excepcionalmente, alcanzaron a informar- 
se de las corrientes filosóficas que imperaban en la Euro- 


(1) C. K. Webster, Gran Bretaña y la Independencia de la América Latina, 
edición castellana, Buenos Aires, 1944, tomo l. 


— 129 — 


pa del siglo XVII!. Esa influencia pudo operarse sobre muy 
contados espíritus, pero nunca encontrar eco en la masa 
ignorante, ya que faltaban los medios de difusión y el re- 
curso de los pasquines manuscritos era muy limitado como 
elemento de propaganda. 

Más lógico sería atribuir al descontento general contra 
las malas autoridades y contra los privilegios, la mayor pro- 
porción del fermento sedicioso que se formaba entre la po- 
blación criolla y mestiza. El clero, especialmente, que qui- 
zá era el único elemento que alcanzaba cierto grado de cul- 
tura, veía con disgusto que las mitras y las prebendas re- 
caían preferentemente en los peninsulares. Esto explica el 
hecho de que, entre los más prominentes revolucionarios, 
existiera una fuerte proporción de clérigos, tanto en el Alto 
Perú como en el resto de la América española. Los intereses 
y las pasiones serán siempre los móviles que impulsen a 
los hombres a las más arriesgadas empresas; y si a ellos 
se agregan los ideales, aunque sólo alienten en el pecho 
de contados seres superiores, se tendrá una idea de la raíz 
psicológica de las grandes transformaciones sociales, que 
se operan a poco que se presenten circunstancias que las 
favorezcan. El grado de degradación a que había llegado la 
monarquía española, por otra parte, contribuía no poco a 
que la corona perdiera su prestigio en las colonias y a que 
se aflojaran los vínculos de sujeción a la metrópoli. 

Las opiniones más autorizadas coinciden en reconocer 
que, desde el momento en que la corte de España se adhirió 
a la de Francia, para reconocer, en 1778, la independencia de 
los Estados Unidos, adquirió la enemistad de Inglaterra que 
empezó a vigilar la marcha de las colonias españolas, con 
“tanto mayor interés cuanto que el monopolio perjudicaba su 
comercio. Estas fueron las causas determinantes. Un tes- 
timonio altoperuano insospechable es el que registra Muñoz 
Cabrera (') al transcribir una carta de don Manuel Molina, 
ilustre prócer chuquisaqueño, testigo presencial de los su- 
cesos de la independencia, escrita en 1863: “El nacimiento 
de las ideas y sentimientos por la independencia ha tenido 
su cuna en Buenos Aires, desde la Reconquista y victoria 
contra los ingleses que, como sabe Ud., dejaron prisionero 
a Beresford, que escapó con don Aniceto Padilla (cocha- 


(1) Juan R. Muñoz Cabrera, La Guerra de los Quince Años, Imp. Inde 
pendiente, Santiago, 1867. (Pág. 32). 


— 130 — 


bambino), dejando ya una pequeña asociación establecida o 
iniciada para difundir el interés por la independencia... ” El 
general inglés derrotado, por lo tanto, que se libró del cau- 
tiverio en 1806, dejó establecido un núcleo destinado a tra- 
bajar por la emaneipación. 

La controversia entre España e Inglaterra era muy an- 
tigua con relación a los derechos de aquella sobre el Nue- 
vo Mundo. En tiempos de las piraterías de Drake, España 
había pedido restitución de los robos del famoso corsario 
en el pacífico. La corte de Londres contestó que esos actos 
eran la consecuencia de la política española, que prohibía 
el comercio con las Indias, en contravención del derecho de 
las naciones y que, además, el producto de la piratería com- 
pensaba en parte los grandes dispendios realizados en las 
guerras religiosas en Irlanda e Inglaterra, fomentadas por 
España. Al mismo tiempo ponía en tela de juicio el dere- 
cho de la corona española sobre los territorios de Améri- 
ca, concedidos por voluntad del Papa, que no era autoridad 
reconocida por las naciones no católicas. Desde entonces 
la lucha entre la potencia colonial y la potencia naval que, 
con el tiempo, había de hacerse señora de los mares, no 
tuvo cuartel. Desde los tiempos de la Armada Invencible, 
hasta Trafalgar, se mantuvo ese antagonismo que sólo ha- 
bía de terminar con la independencia de las colonias. Por 
lo demás, desde el siglo XVII, Inglaterra contaba con po- 
sesiones antillanas que amagaban a las posesiones espa- 
ñolas. ; ' 

El siglo XVIIl —dice Carlos Pereyra— fué una larga 
lucha sostenida entre Inglaterra y Francia para disputarse 
la supremacía naval. “Esa guerra tenía que extenderse a to- 
das partes del globo y resultar vencedora en ella la poten- 
cia que englobara dentro de su sistema el vasto sistema de 
las provincias americanas” ('). España no supo aprovechar 
debidamente la experiencia de la revolución norteamerica- 
na, que terminó en 1783, cuyas causas fueron esencialmente 
económicas: creación de impuestos reputados ilegales, me- 
didas fiscales contra el desarrollo de la industria, etc. 

Inútiles fueron los esfuerzos de algunos estadistas es- 
pañoles como el conde de Aranda, ministro de Carlos lll, 
que presentía la insurrección y sugería los medios de con- 


(1) C. Pereyra, Historia de la América Española, Editorial Calleja, Ma- 
drid, 1924, tomo ll, 


— 131 — 


jurarla, anticipando reformas prácticas, de carácter políti- 
co y económico. 

La invasión de la Península por las tropas de Napoleón 
fue el acontecimiento decisivo que señaló el destino de las 
colonias de América. La anarquía interna que sobrevino con 
la prisión de Fernando VII, impulsó al Consejo de Regencia 
a tratar liberalmente a las colonias, en su proclama de 1810: 
“Desde este momento, españoles americanos, os veis ele- 
vados a la dignidad de hombres libres; no sois ya los mis- 
mos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro 
mientras más distantes estabáis del centro del poder; mi- 
rados con indiferencia, vejados por la codicia y destruídos 
por la ignorancia”. Pero ya era tarde. El consejo de regen- 
cia iba a ser disuelto bien pronto por el emperador de los 
franceses y las colonias ya habían sido sacudidas por algu- 
nos estallidos que, si bien tuvieron como pretexto la adhe- 
sión al monarca legítimo, fueron los primeros pasos hacia la 
conquista de la soberanía popular. 

En 1808 se habían organizado en España juntas de re- 
sistencia contra la dominación francesa; la junta de Sevilla, 
con el nombre de Central, asumía la representación del rey 
cautivo. Al misrno tiempo una hermana de Fernando Vil, 
la infanta doña Carlota, casada con el príncipe regente del 
Brasil, pretendía el gobierno de las colonias, alegando dere- 
chos dinásticos. El nuevo rey de España, José |, impuesto 
por Napoleón y servido por un partido español de afrance- 
sados, pugnaba también por obtener la obediencia de Amé- 
rica. Tal era la situación cuyos reflejos se dejaban sentir 
en el virreinato de Buenos Aires, del que formaba parte el 
Alto Perú : 


2. EL 25 DE MAYO Y EL 16 DE JULIO DE 1809. 


Aunque enviado por la Junta Central de Sevilla, el bri- 
gadier don José Manuel Goyeneche, a su paso por Río de 
Janeiro, había adquirido el compromiso de trabajar en el 
ánimo de las autoridades españolas que gobernaban el vi- 
rreinato del Río de la Plata, a fin de que se proclamara la 
regencia de la infanta doña Carlota. No faltaban indicios de 
que, por otro lado, Goyeneche estaba en connivencia con el 
gobierno del usurpador José |. Cualquiera de las tres ten- 
dencias que triunfara, el tortuoso intrigante saldría bene- 
ficiado. 


2 138: 


Ocupaba el cargo de virrey en Buenos Aires don Santia- 
go de Liniers, francés de origen, héroe de la resistencia con- 
tra los ingleses. Era de presumir que, si éste flaqueaba en 
su fidelidad hacia la monarquía legítima, no sería para po- 
nerse a las órdenes de la tendencia carlotina sino para 
aliarse con el gobierno que sus compatriotas habían esta- 
blecido en España. Goyeneche obtuvo la adhesión de Liniers 
a la junta de Sevilla y tomó la ruta de Charcas para diri- 
girse al Perú, de donde era oriundo y en donde ambiciona- 
ba fijar el centro de sus operaciones. Llevaba mensajes pa- 
ra el virrey de Lima, tanto de la Junta Central como de la 
infanta. 

Su llegada a la ciudad de La Plata produjo enorme agi- 
tación. La capital del Alto Perú era un importante centro 
social y político, superior a otras ciudades sudamericanas. 
“Las ideas de independencia no eran a la sazón simiente 
desconocida o exótica, sino gérmenes vivos que estaban 
brotando de tiempo atrás en un terreno fértil situado entre 
la universidad y el fofo. Ese terreno era la Academia Caro- 
lina” ('). Hay pruebas de que, a principios del siglo XIX, La 
Plata era un foco de inquietud intelectual que irradiaba an- 
helos de libertad por todos los ámbitos del virreinato. En- 
tre los antiguos “prosélitos de la aspiración sediciosa” ha- 
bían salido-de allí los que poco después encabezarían las 
revoluciones de La Paz y Buenos Aires. Allí debía librarse 
una batalla interna entre las autoridades españolas, que 
permitiría el estallido de las más audaces aspiraciones. 

Bajo el gobierno del, presidente de Charcas, don Ramón 
García Pizarro, teniente general de los reales ejércitos, y 
la dirección espiritual del arzobispo D. Benito María Moxó 
y Francolí, La Plata había celebrado, un año y medio antes, 
la definitiva derrota de los invasores ingleses en Buenos 
Aires y renovado su votos de fidelidad y adhesión a la'co- 
rona. El presidente era querido del pueblo y el arzobispo 
apa de gran prestigio por sus dotes de hombre de letras 

y por su espíritu culto y refinado. Pero la audiencia estaba 
de por medio respecto al presidente, y los oidores no le 
eran adictos en manera alguna. En cuanto al arzobispo, tenía 
en su contra al clero, cuyas costumbres había tratado de 


(1) G. René Moreno, Ultimos días coloniales en el Alto Perú, Santiago 
de Chile, Imp. Cervantes, 1896. (Pág. 63). 


— 133 — 


celar. La misión de Goyeneche, bien acogida por presidente 
y arzobispo, sería obstaculizada, tanto por las concomitan- 
cias del enviado con las aspiraciones carlotinas, cuanto por 
la mala voluntad que las corporaciones citadas abrigaban 
hacia las autoridades de Charcas. El arzobispo. sometió. al 
clero y le obligó a reconocer, bajo amenaza de excomunión, 
la legitimidad de la junta de Sevilla. En cuanto al presiden- 
te, encontró graves dificultades. La audiencia reputó ilega- 
les los poderes de la junta sevillana y optó por no reco- 
cerla, prefiriendo “no hacer novedad” en cuanto a la situa- 
ción del distrito de Charcas, en espera de los acontecimien- 
tos. Para robustecer su posición, la audiencia dio pábulo a 
la insinuación de que Pizarro y Moxó eran partidarios de la 
infanta y que por eso se prestaban a complacer a Goyene- 
che. La adhesión a la Junta podía ser el primer paso en la 
ejecución de planes siniestros. La insinuación tenía funda- 
mento, porque presidente y arzobispo habían recibido sen- 
das cartas de la princesa del Brasil, que había traído el 
mismo Goyeneche. La audiencia se mantuvo en su decisión 
y el enviado de Sevilla siguió viaje a Arequipa y Lima, por 
Potosí y La Paz, después de serios altercados con los oi- 
dores. 

Aquélla fue la señal de una lucha abierta entre el pre- 
sidente y los vocales de la audiencia. Estos se quejaron al 
virrey y organizaron un proceso contra Pizarro, en actitud 
de franca oposición a su política. Pero Liniers apoyó a Pi- 
zarro. No era el momento para provocar escándalos. Alia- 
dos con los “doctores” de la universidad, los oidores decla- 
raron la guerra al presidente y al arzobispo, agitando los 
ánimos en forma tal, que parecía inminente un rompimiento. 

Está probado que las aspiraciones de la princesa del 
Brasil no eran ajenas al propósito de apoderarse de lás 
colonias de la América del Sur, bajo el pretexto de cuidarlas 
y manténerlas sujetas, mientras se resolvía la situación de - 
la casa real destronada. Pero no se descartaba el cálculo 
de que la dinastía de Borbón, sometida por Bonaparte y al 
servicio de sus designios, probablemente no alcanzaría a re- 
cuperar el trono, con lo que el Portugal, ayudado por Ingla- 
terra, adquiría, bajo el pretexto dinástico, el dominio de 
las colonias sudamericanas que, una vez en sus manos, difí- 
cilmente regresarían a su antigua metrópoli. La audiencia 
no andaba pues, descaminada, al considerar peligrosa la 
adhesión de Pizarro y Moxó a las intrigas de Goyeneche. 


— 134 — 


Pero la actitud de éstos era ingenua y honrada. El regio tri- 
bunal de Charcas asumía la defensa de los derechos de 
Fernando VII, pero en forma tan violenta, que no sabía has- 
ta dónde podía llevarle. En cuanto a los agitadores que aguar- 
daban en la sombra, seguramente comprendían que de es- 
tas disensiones había de salir la independencia o cuando 
menos un estado de cosas que la hiciera posible. Tampoco 
puede negarse que la intransigencia de los oidores provocó 
el choque y lo hizo inevitable, en las circunstancias más 
graves y difíciles para el mantenimiento del poder español 
en América. Por eso dice un ¡ilustre historiador boliviano 
que el alzamiento contra la dominación peninsular en. 1809, 
fue encabezado por oidores españoles, “en odio personal 
al presidente de Charcas y al'virrey de Buenos Aires ('). Y 
el mismo autor agrega: “Tan suicida como fecundo fue aquel 
atentado”. 

A la voz de “quieren entregarnos a los portugueses”, 
la agitación llegó al colmo. Pizarro se vio obligado a tomar 
algunas medidas, entre ellas la de detener a dos cabecillas 
de la plebe, los hermanos Zudáñez. Se hablaba también de 
que tenía la intención de prender a los oidores. A las siete 
de la noche del 25 de mayo de 1809 los soldados llevaban 
preso a uno de los Zudáñez, Manuel, y ésta fue la señal pa- 
ra que estallara el motín. Las campanas tocaron a rebato. 
Pizarro se encerró en su palacio con las escasas tropas ve- 
teranas con que contaba y éstas hicieron descargas de fu- 
silería con el propósito de amedrentar al pueblo sublevado. 
El resultado fue contraproducente, porque las turbas ata- 
caron el palacio, se apoderaron de los cañones y el presi- 
dente fue reducido a prisión. La audiencia se hizo sargo del 
gobierno. Como dice un testigo presencial de los sucesos, 
“los mismos oidores, españoles y realistas, todos, cayeron 
en el lazo de los Zudáñez y se hicieron patriotas sin saber- 
lo”. Lo que quiere decir que la revolución estaba preparada, 
y que estalló al grito de “¡Viva Fernando VIl!”, que era la 
única forma de hacerla viable. El propio subdelegado de 
Yamparáez, Alvarez de Arenales, también español, tomó el 
mando de las milicias organizadas en La Plata para mante- 
ner el orden y sostener la revolución. Desde entonces'se vio 
obligado a sumarse a la causa independiente. 


(1) G. René Moreno, Bolivia y Perú, Notas históricas y bibliográficas, 
Santiago de Chile, 1905. (Pág. 205). 


— 135 — 


La idea revolucionaria surgió en La Plata, desde que 
se tuvo conocimiento de que había desaparecido la dinastía 
legítima en el trono de España e Indias. Las colonias no 
pertenecían a la nación española, sino al rey, a título feu- 
dal. Así le proclamaban las Leyes de Indias, fundadas en 
las concesiones otorgadas por el Papa a la corona de Casti- 
lla. Desaparecido el rey legítimo, carecía de valor la cesión 
de sus derechos hecha por Fernando VI! en favor de Napo- 
león, porque significaba el quebrantamiento de la palabra 
real, que solemnemente había prometido “por Nos y nues- 
tros sucesores (ley primera, título !, libro 3%) de que para 
siempre jamás no serán enajenadas ni apartadas ni en to- 
do ni en parte (las Indias) en favor de ninguna persona; y 
si Nos o nuestros sucesores hiciéramos alguna donación o 
enajenación contra lo susodicho, sea nula y por tal la decla- 
ramos”. Tal era el fundamento jurídico que los doctores de 
Charcas habían ideado para cimentar la propaganda revo- 
lucionaria, desde 1808, fundamento que servía para dar for- 
ma “legal” a los antiguos anhelos de independencia y para 
que el pueblo fuera capaz de comprenderlos. Después se- 
rían aderezados con los consabidos toques sobre soberanía . 
popular, que habían inspirado otras revoluciones: la ingle- 
sa, la francesa y la de los Estados Unidos. 

Bajo pretexto de proteger los derechos del rey legítimo 
y de precautelarlos contra la usurpación napoleónica y la 
ambición de la corona portuguesa, se levantaba el pueblo, 
apoyado por los propios magistrados españoles. Así se daba 
el primer paso. Lo demás vendría después. 

No se ha reflexionado bastante sobre la extraordinaria 
habilidad demostrada por los agitadores chuquisaqueños, 
para hacer posible el primer estallido con miras a otros fi- 
nes recónditos. Pero sus intenciones no pudieron ser más 
claras. Ya hemos dicho que la Academia Carolina, de prac- 
ticantes juristas, era el laboratorio en donde se preparaban 
las ideas y adonde concurrían los alumnos de los cursos su- 
periores de la universidad, venidos de todos los ámbitos del 
virreinato. De allí habían salido Mariano Moreno (futuro 
secretario general de la junta revolucionaria de Buenos Ai- 
res en 1810), Monteagudo, Agrelo, Passo, Castelli, «=tc. En 
cuanto al grupo subversivo del 25 de mayo, estaba compues- 
to por Paredes, Michel, Alcérreca, Mercado, Monteagudo, 
Lemoine y otros. De este grupo salieron.los emisarios en- 
viados a La Paz (Michel y Mercado) cuya participación en 


— 136 — 


la jornada del 16 de julio es bien conocida; Monteagudo 
fue destacado a Potosí; Alcérreca y Pulido a Cochabamba y 
Lemoine a Santa Cruz. 

A la noticia de los sucesos de La Plata marchó sobre. 
esa ciudad el gobernador-intendente de Potosí, don Francis- 
co de Paula Sanz, dispuesto a sofocar el movimiento y a re- 
poner en el mando. al presidente Pizarro. Pero la audiencia 
le mandó intimar que se abstuviera de presentarse en son 
de hostilidad. El prestigio del regio tribunal era tan grande 
que Sanz se dio por satisfecho con sus explicaciones y, des- 
pués de una entrevista con los oidores, regresó a su pro- 
vincia, donde le tomaron los sucesos de La Paz. 

Se limitó entonces a ponerse en comunicación cón el 
virrey del Perú, solicitando auxilio y protestando fidelidad. 

Chuquisaca permaneció tranquila, bajo el-gobierno de la 
audiencia, hasta que el principio de la guerra la sacó: de su 
pasividad. Pero nadie podrá disputarle la gloria de haber 
sido la “cuna volcánica de la revolución”, como la calificó 
el historiador chileno Vicuña Mackenna. 

El 16 de julio siguiente estallaba la insurrección de La 
Paz, que ya no era el resultado de una querella entre las 
autoridades españolas, sino un movimiento franco y decidi- 
do hacia la emancipación de las colonias, bien que invocan- 
do siempre el nombre de Fernando VII. Ya hemos visto que, 
según la tesis revolucionaria, las colonias seguían creyén- 
dose ligadas a la persona del monarca, pero como: provin- 
cias libres, para nada sujetas al yugo de la metrópoli. Más 
tarde llegaría el momento de barrer también con el prejuicio 
monárquico. La brutalidad de las represiones, la torpeza y 
la soberbia de las autoridades, se encargarían de que los 
pueblos renegaran muy pronto de toda vinculación con la 
corona. 

Los conjurados de La Paz, entre los que figuraban hom: 
bres tan decididos como Pedro Domingo Murillo y los Lanza, 
e inspiradores de tanto peso como el cura José Antonio Me- 
dina, se apoderaron de la fuerza pública mediante un golpe 
de mano, pidieron “cabildo abierto”, depusieron a las auto- 
ridades (el gobernador Dávila y el obispo La Santa) y orga- 
nizaron una Junta Tuitiva, que debía ser el alma de la re- 
volución. A la cabeza de ella fue puesto Murillo, nombrado 
presidente y jefe de las tropas, con el grado: de coronel. 

La proclama de la junta es un documento tan explícito, 
que no deja lugar a dudas sobre la significación y los alcan- 


A A 


| 


ces de la revolución de La Paz. Es el documento fundamen- 
tal de la insurrección americana, por su contenido y por su 
fecha, anterior a todo otro acto semejante en. las colonias 
españolas. 


"Hasta aquí hemos. tolerado —decía ese notable papel— 
una especie de destierro en el seno mismo de nuestra pa- 
tria: hemos visto con indiferencia por más de tres siglos so- 
metida nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía 
de un usurpador injusto, que degradándonos de la especie 
humana, nos ha reputado por salvajes y mirado como es- 
clavos: hemos guardado un silencio bastante parecido a la 
estupidez que se nos atribuye por el inculto español, su- 
friendo con tranquilidad que el mérito de los americanos ha- 
ya sido un presagio cierto de humillación y ruina. Ya es tiem- 
po, pues, de sacudir yugo tan funesto a nuestra felicidad 
como favorable al orgullo nacional del español. Ya es tiem- 
po de organizar un sistema nuevo de gobierno, fundado en 
los intereses de nuestra patria, altamente deprimida por la 
bastarda política de Madrid. Ya es tiempo, en fin, de levan- 
tar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colo- 
nias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la ma: 
yor injusticia y tiranía. ¡Valerosos habitantes de La Paz y 
de todo el imperio del Perú! Revelad vuestros proyectos pa- 
ra la ejecución; aprovechaos de las circunstancias en que 
estamos; no miréis con desdén la felicidad de nuestro suelo, 
ni perdáis jamás de vista la unión que debe reinar entre to- 
dos, para ser en adelante tan felices como desgraciados 
hasta el presente”. 

Dice Gabriel René-Moreno que si la tentativa de Miran- 
da en 1806, fue anterior a la revolución de La Paz, “había 
sido en realidad una adventicia impulsión externa”, que no 
obedecía a un verdadero plan ni tenía probabilidades de 
éxito. La independencia de las colonias tenía que ser el fru- 
to de un impulso general, favorecido por especiales circuns- 
tancias. La revolución del Alto Perú era la iniciativa enérgi- 
ca, lanzada en su verdadera oportunidad. Fue el comienzo 
de la guerra de la independencia. 


En la proclama de la Junta Túitiva no se habla ya de ' 
Fernando VII. Es un reto absoluto, para las gentes capaces 
de comprenderlo. Bien estaba la iniciación de la jornada con 
ceremonia en la plaza de armas y con guardia de honor al 
retrato del monarca destronado, para arrastrar al pueblo 


+ fifa 


contra las autoridades, acusadas también de carlotismo, co- 
mo en Chuquisaca. 

Un cronista de la época decía a este respecto: “Poco 
menos de un mes se estuvo aquí (se refiere a Michel, envia- 
do de La Plata) cuando por la comisión que mostró no de- 
bía habérsele tolerado más de un minuto. Días antes de su 
salida aparecen puestos pasquines en los puentes' de San 
Sebastián y San Francisco, con horcas figuradas, haciendo 
ver que serían puestas en ellas las autoridades, por traido- 
ras y adictas a la Carlota” ('). 

Pero la proclama contenía expresiones tan claras, que 
denunciaba de lejos las verdaderas miras del movimiento; 
reconocer “el mérito de los americanos”; sacudir el “yugo 
del orgullo nacional del español”; “organizar un sistema nue- 
vo de gobierno, fundado en los intereses de la patria...” 
En una palabra, satisfacer a los descontentos y suprimir los 
privilegios, una de las causas fundamentales de la insurrec- 
ción. Que los criollos y los mestizos alcanzaran los cargos 
que les estaban vedados y que se abatiera la altanería de 
los chapetones. Eso era más importante que los principios 
de la soberanía popular y que las inspiraciones del Contrato 
Social. La proclama era concreta y su intención inconfundi- 
ble. La revolución acabaría por triunfar. En la Junta Tuitiva 
figuraban tres clérigos y era también clérigo el presunto 
redactor de la proclama. El arzobispo de La Plata y los obis- 
pos de las diócesis altoperuanas eran españoles peninsula- 
res. Murillo era un mestizo o un criollo a quien el naci- 
miento irregular cerraba el paso a las situaciones encum- 
bradas. Lo mismo pasaba con Monteagudo en La Plata. Lu- 
chaban por su derecho y las razones sociales predomina- 
ban en sus actitudes por encima de las razones políticas. 
Y como el pueblo se quejaba de los impuestos y tributos, se 
empezó en La Paz por abolir las alcabalas y por quemar 
en la plaza pública los papeles de la real hacienda, con lo 
que se daban por canceladas todas las deudas al erario. 
El cambio general de empleados no se hizo esperar mucho. 

Bien dice Manuel María Pinto (?): “A nuestro objeto 
sólo toca señalar el germen revolucionario que entrañaba 


(1) Memoria histórica de la revolución política del 16 de julio del año 

- 1809 en la ciudad de La Paz (atribuida al español Tomás Cotera). 
Imp. del Colegio de Artes, La Paz, 1840. 

(2) La revolución de la intendencia de La Paz. Tip. Cantiello, Buenos 

Aires, 1909. É 


— 139 — 


el privilegio; y como más adelante los archipeninsulares 
obtuvieron para los suyos preferencia en la distribución de 
prebendas, porque aunque se recomendaba preferir a los na- 
turales, éstos debían ser hijos de “padre y madre españo- 
les”, como reza la cédula de 1609; contra la bula de Gre- 
gorio XIIl (1576) que permitió a los mestizos el acceso a 
las órdenes, todo era letra muerta y el clero se halló dividido 
en dos campos opuestos, mirando los naturales en la inde- 
pendencia el único remedio, desde que el regalismo se ejer- 
citaba absolutamente en provecho de peninsulares; de aquí 
el núcleo compacto que fue el alma mater de la revolución 
paceña”. 

La Paz era una ciudad rica y relativamente populosa. 
Sus autoridades, sin embargo, carecían de ascendiente. D. 
Tadeo Dávila, moqueguano, era solamente asesor de la in- 
tendencia y suplía el cargo por fallecimiento del intendente. 
Con fama de avaro y venal, no tenía arraigo en la población. 
Tampoco gozaba de simpatías el obispo La Santa y Ortega, 
señalado como sacerdote de malas costumbres y de ejem- 
plos poco edificantes. Sin las barreras naturales de autori- 
dades prestigiosas que podían oponerse al espíritu sedicio- 
so, la población fue campo propicio para la propaganda 
revolucionaria. Ya hemos visto que la conspiración venía 
desde 1805. : : 

Es indudable que existía una vasta conjuración por la 
independencia, con ramificaciones en otros distritos, espe- 
cialmente en el Cuzco, Oruro y Cochabamba, y que estas po- 
blaciones no supieron responder con oportunidad a los pla- 
nes concebidos. Por eso La Paz quedó aislada y expuesta a 
la acción de las armas virreinales. Con todo, el movimiento 
popular fue un modelo de moderación, hasta que el peligro 
de la aproximación de tropas enemigas superiores en núme- 
ro, armas y organización, provocó el desconcierto y los de- 
sórdenes frecuentes en esta clase de frustrados levanta- 
mientos. La población, en su mayoría, se plegó al principio 
de buen grado al movimiento y Murillo supo mantener la 
disciplina. Uno de los primeros cuidados del cabildo y de 
la junta fue el de provocar un acto público de unión en- 
tre españoles, indios y criollos, mediante juramento solem- 
ne. Un representante de la raza nativa fue agregado a la junta. 

Una comisión compuesta de los revolucionarios Grego- 
rio García Lanza, Juan Basilio Catacora y Buenaventura 
Bueno presentó al cabildo un plan de gobierno, elaborado 


— 140 — 


por el cura Medina; ese plan era la constitución o la ley bá- 
sica del nuevo orden establecido y contenía disposiciones 
orgánicas sobre gobierno, guerra, comercio y administra- 
ción fiscal. Contenía también un enunciado de derechos y 
garantías, que incluía una declaración estableciendo “la se- 
guridad, propiedad y libertad de las personas”. 

“Convencida de su aislamiento —dice M. M. Pinto— la 
revolución hubo de marchar vertiginosamente en la prime- 
ra quincena dé agosto, escrutando todo género de recursos 
para salvar la causa” ('). Este aislamiento influyó en el 
ánimo de muchos revolucionarios, agravado por noticias de 
la frontera de Puno sobre preparativos de invasión de tro- 
pas del virreinato del Perú, al mando de Goyeneche, nom- 
brado presidente de la audiencia del Cuzco. 

Tales noticias no tardaron en sembrar el desconcierto 
y la anarquía. Los revolucionarios se dividieron y don Pedro 
Indaburo, que había estado a órdenes de Murillo como jefe 
de milicias, se alzó con el mando y sometió a prisión al cau- 
dillo, imputándole haberse vendido a los enemigos. 

Las tropas revolucionarias que habían salido a las altu- 
ras de Chacaltaya, para esperar a las fuerzas de Goyeneche, 
volvieron a la ciudad y restablecieron el orden. Indaburo 
murió en la acción, pero Murillo no fue puesto en libertad. 
Casi todos los historiadores bolivianos relatan este episodio 
a su manera. Pero el reciente estudio de los procesos que 
existen en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, 
por un prolijo investigador, ha restablecido ia verdad. 

Pocos días más tarde" Murillo era conducido a Chacal- 
taya, al campamento de Gabriel Antonio Castro, que había 
asumido el mando del pequeño ejército que debía oponer- 
se a Goyeneche. No hubo combate, porque Castro ordenó 
el repliegue a Yungas, comprendiendo la inutilidad de toda 
resistencia. Las tropas de la revolución estaban diezmadas 
y desmoralizadas. Murillo fue arrastrado en la retirada, siem- 
pre prisionero, hasta que cerca de Coroico consiguió fugar 
y ocultarse en la región de Zongb, donde fue preso por las 
fuerzas de Goyeneche (?). : 

Bajo la instigación de éste se le condenó a muerte, jun- 
tamente con Basilio Catacora, Buenaventura Bueno, Mel- 


(1) Op. cit. , 
(2) Manuel Carrasco, Pedro Domingo Murillo, abanderado de la libertad, 
Editorial Ayacucho, Buenos Aires, 1945. 


má JAN co 


chor Jiménez, Mariano Graneros, Juan Antonio Figueroa, 
Apolinar Jaén, Gregorio Lanza y Juan Bautista Sagárnaga, 
a quienes la posteridad ha llamado “protomártires de la in- 
dependencia”. Es fama que Murillo, al subir al patíbulo, pro- 
nunció estas proféticas palabras: "La tea que dejo encendi- 
da nadie la podrá apagar”. Los demás revolucionarios fue- 
ron condenados a prisión o a destierro. : 

En cuanto a los insurrectos de Chuquisaca, a la cabe- 
za de los cuales se había puesto inconscientemente la au- 
diencia, permanecieron tranquilos hasta la llegada del nuevo 
presidente don Vicente Nieto, mariscal de campo de los rea- 
les ejércitos, enviado por el virrey D. Baltasar Hidalgo de 
Cisneros, que había sustituido a Liniers en el gobierno del 
Río de la Plata. Nieto apresó a los oidores y los sometió 
a proceso, así como-al coronel Alvarez de Arenales y otros 
comprometidos en el movimiento. Esto sucedía pocos días 
antes de la ejecución de Murillo y dos meses después de 
la derrota de los revolucionarios de La Paz y de la entrada 
de Goyeneche en dicha ciudad. 

La sentencia contra Murillo y sus compañeros dejaba 
bien establecido que “erigieron gobierno y adoptaron el es- 
candaloso plan de diez capítulos que atacaba las regalías 
de la soberanía, conspiraban destruir el legítimo gobierno 
e inducían a la independencia”, así como también que hicie- 
ron circular proclamas y papeles subversivos, invitando a las 
demás provincias a la insurrección...”. 


3. REVOLUCION DE BUENOS AIRES 


Cumplido su papel de “pacificador”, con todo el rigor 
y la crueldad imaginables, el brigadier Goyeneche retornó 
al Bajo Perú, dejando como encargado del mando político y 
militar de La Paz al coronel don Juan Ramírez. La pacifica- 
ción impuesta iba a ser de corta duración. El 25 de mayo: 
del mismo año de las ejecuciones de La Paz (1810) esta!la- 
ba la revolución que reinaba en todo el virreinato y en 
el continente. . : 

Durante el gobierno de Liniers, a quien se acusaba tam- 
bién de concomitancias con la princesa Carlota y, por lo 
tanto, de infidencia hacia la causa española, se había su- 
blevado Montevideo con su gobernador Elío, organizando 
una junta de defensa de los derechos de Fernando VII. Re- 
sultado de las maquinaciones de esta junta y del partido 


a, A 


reaccionario que existía en Buenos Aires, fue la destitución 
de Liniers y el nombramiento de Hidalgo de Cisneros, cu- 
ya política era contraria a las tendencias de autonomía que 
alentaba el partido criollo. Aunque en España se dejaban 
sentir corrientes favorables al establecimiento de un régi- 
men liberal en las colonias (representación en las Cortes, 
comercio libre, etc.), el nuevo virrey venía dispuesto a. 
aplastar esas aspiraciones. Empezó por tomar medidas im- 
políticas, como la disolución de las tropas que habían luche- 
do victoriosamente en la reconquista, con lo que hirió los 
sentimientos locales. Luego envió instrucciones a Goyene- 
che, que se las pedía desde La Paz, para ejecutar a los ca- 
becillas del 16 de julio. Como muy bien dice Mitre (), Cis- 
neros castigaba de bién diferente manera los sucesos de 
Montevideo, los de Chuquisaca, y los de La Paz: mientras 
a los autores de los primeros los colmaba de honores y 
trataba con benignidad a los promotores de los segundos, 
ya que las penas no pasaron de prisión y confinamiento, 
porque unos y otros eran peninsulares, a los últimos (los 
de La Paz) les hacía aplicar el tormento y la pena de muer- 
te, porque eran americanos. Las dificultades económicas 
complicaron más la situación de Buenos Aires. Si bien los 
negociantes españoles eran partidarios de mantener el mo- 
nopolio, los agricultores y hacendados, cuyo abogado era 
don Mariano Moreno, antiguo doctor de Charcas, clamaban 
por la libertad de comercio. Aunque Cisneros vacilaba, aca- 
bó por aceptar las exigencias de los segundos. La Repre- 
sentación de los hacendados, de que fue autor Moreno, de- 
cía textualmente: “La justicia pide en el día que gocemos 
un comercio igual al de los demás pueblos que forman la 
monarquía española... No confirmó el soberano a V. E. la 
alta dignidad de virrey de estas provincias para velar so- 
bre la suerte de los comerciantes de Cádiz, sino sobre la 
nuestra...” El lenguaje no podía ser más claro y elocuen- 
te. Se abrió, en consecuencia, el comercio con los ingle- 
ses, que habían pasado a ser aliados de España contra Na- 
poleón; pero esta medida, que fue útil a las finanzas lo- 
cales, perjudicó al virrey ante el partido español y dio pu- 
janza a los criollos, que desde tiempo atrás venían traba- 
jando por la independencia. Ya era tarde para las reformas. 


(1) Historia de Belgrano, 4ta. edición, Buenos Aires, 1887, tomo 1. 


= 148 


Los americanos ya no las pedían como un favor: las exi- 
gían como un derecho. 

La logia revolucionaria funcionaba desde hacía tiem- 
po. El comandante del regimiento de Patricios era el potosi- 
no D. Cornelio Saavedra. Las malas noticias de España, 
que en esos momentos se debatía contra los ejércitos fran- 
ceses y que sólo tenía un simulacro de gobierno, con el 
nombre de Consejo de Regencia, establecido en la isla de 
León, dieron la señal del golpe subversivo, invocando el 
hecho de que la monarquía “había caducado”. La revolu- 
ción se operó pacíficamente y el virrey se sometió, al ver 
que no contaba con la fuerza necesaria para resistir. Inme- 
diatamente se convocó a “cabildo abierto”, en que los doc- 
tores Castelli y Passi sostuvieron lá tesis de la caducidad 
y de la necesidad de elegir un gobierno propio, que repre- 
sentara los derechos del rey. Después de muchos inciden- 
tes sintomáticos, que revelaban falta de unidad de miras 
en los procedimientos, el 25 de mayo el cabildo dio paso 
a la organización de una Junta Gubernativa, después de ha- 
ber obtenido la renuncia del virrey. Una de las primeras 
medidas del nuevo gobierno fue la organización de tropas 
destinadas a conseguir la sumisión de las provincias al nue- 
vo régimen. Como las provincias altas permanecían  sojuz- 
gadas por el presidente Nieto, secundado por las autorida- 
des españolas restablecidas en el territorio, se procedió 
a enviar un ejército destinado a someterlas. Este ejército 
del norte fue primitivamente mandado por Ortiz de Ocam- 
po, sustituido luego por el general D. Antonio González Bal. 
carce. El doctor Juan José Castelli fue nombrado represen- 
tante de la junta de Buenos Aires, al estilo de los comisa- 
rios de la Revolución Francesa, pero con mayores facultades. 

A la noticia del cambio producido en Buenos Aires em- 
pezó a sentirse en el Alto Perú la inquietud consiguiente. El 
presidente Nieto, que a mediados de junio había recibido, 
por la vía de Potosí, aviso de la revolución argentina, se 
apresuró a poner en libertad a varios de los procesados por 
el levantamiento del año anterior y a remitir de Chuquisaca 
a Lima a Arenales, uno, de los hermanos Zudáñez (el otro 
murió en la prisión) y algunos más. Al mismo tiempo decre- 
tó el reconocimiento del Consejo de Regencia establecido 
en España. Convocó también una junta de notables que re- 
solvió pedir la ayuda del virrey del Perú. En Potosí se desar- 
mó y quintó al cuerpo de Patricios, por sospechársele sim- 


= 14 


patizante de la Junta de Buenos Aires y se ordenó la inter- 
dicción con la capital del extinguido virreinato. El virrey de 
Lima dispuso el reclutamiento de tropas, cuya organización 
encomendó nuevamente a Goyeneche. 

Un amago de sublevación de indios en Paria había de- 
terminado al presidente de Charcas a ordenar que marcha- 
ra a Oruro un contingente de milicias de Cochabamba, al 
mando de su comandante D. Francisco del Rivero. Encon- 
trándose allí, recibió éste instrucciones de seguir a Potosí, 
donde se organizaba la resistencia al ejército argentino. Pe- 
ro la tropa desertó, contaminada ya de la propaganda revo- 
lucionaria. Rivero, que seguramente estaba en los mismos 
planes, regresó a Cochabamba con el tiempo preciso para 
ponerse a la cabeza del levantamiento de esa ciudad. 


4. PRINCIPIOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 


En esta situación se operó en Cochabamba el estallido 
del 14 de septiembre. Esta revolución fue el fruto de ante- 
riores trabajos subversivos, paralizados por el fracaso de 
La Paz en 1809. Ta noticia del levantamiento de Buenos Ai- 
res y de la expedición enviada al Alto Perú, que alarmó 
a los españoles, dio esperanzas a los patriotas altoperua- 
nos, que ya no se sintieron solos. Desde Potosí y otros 
puntos del distrito de la audiencia de Charcas se mantenía 
correspondencia secreta con la junta de Buenos Aires. 

Al saberse la aproximación de Balcarce, Nieto salió de 
Chuquisaca y, reforzado con las tropas que Sanz había reu- 
nido en Potosí, se apostó en Cotagaita para esperar y ha- 
cer frente a las fuerzas de Buenos Aires. El virrey de Lima, 
entretanto, declaró que asumía el mando del Alto Perú. Es- 
taba Goyeneche en el Desaguadero, adiestrando a sus sol- 
dados, cuando estalló la insurrección de Cochabamba, en- 
cabezada por D. Francisco del Rivero y por sus lugarte- 
nientes Esteban Arze y Melchor Guzmán, todos ellos oficis- 
les de milicias, que tomaron la guarnición con gente rerlu- 
tada en el Valle y se apoderaron de las autoridades. La 
respuesta del cabildo de Buenos Aires a la comunicación 
del de Cochabamba anunciándole el suceso, no pudo ser 
más elocuente: “El memorable día 14 de septiembre, en 
que la fuerte y valerosa ciudad de Cochabamba hermanó 
sus ideas con las de esta capital, hará desaparerier de so- 
bre el suelo americano la tiranía y despotismo que por tan- 


— 14 — 


to tiempo lo ha mortificado, y que brille la libertad patrió- 
tica a que aspira la nación...” ('): Ñ 

Emisarios enviados de La Plata habían preparado los 
ánimos en Santa Cruz de la Sierra. Probablemente la no- 
ticia del alzamiento de Cochabamba determinó los aconte- 
cimientos. Por muerte del subdelegado D. Antonio Seoane 
de los Santos, gobernaba el distrito el Dr. Pedro Toledo. El 
segundo jefe de la guarnición militar del fuerte de Mem- 
biray, en la Cordillera, teniente coronel D. Antonio Suárez, 
entró en el plan y apoyó la declaración que el día 24 de 
septiembre se formuló en cabildo abierto, formándose una 
junta con D. Antonio Vicente Seoane, D. Juan Manuel Le- 
moine, el comandante Suárez y otros. : 

El 6 de octubre se revolucionó Oruro, acaudillado por 
D. Tomás Barrón, “plegándose a Cochabamba y Buenos 
Aires” (). 

En auxilio de los sublevados de Oruro, amagados por 
una fuerza de ochocientos hombres que había salido de 
La Paz para combatirlos, Cochabamba envió inmediatamen- 
te tropas al mando de D. Esteban Arze. Estas fuerzas, uni: 
das a las de Oruro, sumaron unos 1.500 hombres y se en- 
frentaron a las procedentes de La Paz en los campos de Aro- 
ma (14 de octubre). Si las huestes de Cochabamba y Oruro 
eran superiores en número, sólo se componían de monto- 
neras con escasas armas de fuego y sin ninguna disciplina. 
Triunfaron y persiguieron al enemigo hasta Viacha, impul- 
sadas por su valor y su entusiasmo. Es notorio que estaban 
armadas, en su mayoría, de hondas y de palos y que sólo 
contaban con cañones de estaño. 

El comandante militar Ramírez y los restos de las tro- 
pas derrotadas en Aroma, tomaron el camino del Desagua- 
dero; La Paz prestó acatamiento a la junta de Buenos Aires, 
mediante acta popular. Poco después la ciudad era ocupada 
por una división cochabambina. 

El ejército argentino, entre tanto, avanzaba por el sur, 
recibiendo la adhesión y los refuerzos de Tarija, que se ha- 
bía pronunciado por la causa independiente. Después de una 
escaramuza en Cotagaita, se retiró a Tupiza y, de allí, a 


(1) J. R. Muñoz Cabrera, op. clt. 

(2) M. $. citado por D. Marcos Beltrán Avila en su obra Historia del 
Alto Perú en el año 1810, Oruro, Imp. La Favorita, 1918. (Págs. 69 
y siguientes). 


db 


Suipacha, hasta donde le siguió el ejército del presidente 
Nieto, mandado por Córdova. La acción fue reñida y muy 
sangrienta (7 de noviembre). A consecuencia de la victoria 
de las armas argentinas, se levantaron por la independen- 
cia Potosí y La Plata (10 y 13 de noviembre). Castelli y 
Balcarce tomaron posesión de Potosí. Allí procesaron e hi- 
cieron fusilar al presidente Nieto, al intendente Sanz y a 
Córdova, el general derrotado en Suipacha. Estas ejecucio- 
nes, por las que Castelli ha sido acusado de crueldad, eran 
las represalias de los americanos por la inmolación de Mu- 
rillo y sus compañeros de La Paz, a principios del mismo 
año. Los revolucionarios imitaban los procedimientos de Go- 
yeneche. Era el principio de la guerra a muerte, que en el 
Alto Perú había de durar quince años. 

Las provincias del distrito de Charcas quedaban, pues, 
adscritas a la junta de Buenos Aires y constituían, con las 
provincias de “abajo”, como se acostumbraba decir, la nue- 
va entidad que, sustituyendo al virreinato, tomaba el nom- 
bre de Provincias Unidas del Río de la Plata. Por su pro- 
pia voluntad, después de los alzamientos que acabamos 
de registrar, abrazaban la causa de la independencia, que 
las victorias de Aroma y de Suipacha habían contribuido a 
afianzar. 


A 


CAPÍTULO VII 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 


1.— Estado del Alto Perú bajo la junta de Buenos Aires.— 
2.— Consecuencias del contraste de Guaqui.— 3.— Belgra- 
no.— 4.— Los guerrilleros.— 5.— El Congreso de Tucumán.— 
6.— Continuación de la guerra hasta la llegada de Bolívar.—- 


1. EL ALTO PERU BAJO LA JUNTA DE BUENOS AIRES. 


Sabemos que luego de la victoria de Aroma, los habi- 
tantes de La Paz, en gran asamblea, proclamaron a la jun- 
ta de Buenos Aires el 16 de noviembre. Al mismo tiempo 
que una división cochabambina guarnecía la ciudad, otra 
marchaba sobre La Plata. No esperó la capital de la audien- 
cia la llegada de esas fuerzas y, reuniendo a la población 
en cabildo abierto, se dirigió por escrito a Goyeneche, inti- 
mándole que se abstuviera de invadir el territorio de las 
Provincias Unidas, al que se habían agregado nuevamente 
las provincias altas. 

“Rota de común consentimiento —le decía— la obe- 
diencia interna y provisional que se prestó a esa superio- 
ridad, ruega y exhorta este ayuntamiento, presidido por su 
regente presidente, gobernador en sucesión del mando, se 
sirva usted ordenar con la posible brevedad, se replieguen 
a la banda occidental del Desaguadero cuantas tropas hu- 
biesen descendido del territorio del Perú, teniendo a bien 


188 


A 


disponer que los jefes subalternos de esa capitanía general 
sobresean en todo movimiento hostil, sin avanzar un paso 
sobre la línea de demarcación de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. Espera este ayuntamiento que V. E. juzgará 
conveniente, desde luego, circular a todas las de su mando 
la noticia del recuperado sometimiento de esta ciudad a su 
respectiva capital” ('). Esa capital era Buenos Aires. 

Cuando Castelli llegó a Potosí, salió a recibirle una di- 
putación de la ciudad. Su entrada fue triunfal, como había 
sido su paso por las poblaciones del sur. Las provincias al- 
tas se sentían identificadas con la actitud de Buenos Aires, 
tanto más cuanto que ésta había sido la continuación de los 
sucesos de 1809 en el distrito de Charcas. Después de las 
ejecuciones de Nieto, Sanz y Córdova, Castelli pasó a La 
Plata, donde entró triunfalmente el 27 de diciembre. La po- 
blación estaba dividida en dos bandos: sarracenos y pizarris- 
tas, es decir, los revolucionarios de 1809, que habían sido 
encarcelados y perseguidos .por Nieto, y los que se mante- 
nían fieles a la causa del antiguo presidente de la audiencia, 
que ahora no las tenían todas consigo. Las fluctuaciones 
de la guerra habían de mantener en lo sucesivo a los habi- 
tantes de La Plata y de las otras ciudades del Alto Perú 
en estas alternativas, según el partido que hubiesen abraza- 
do y según los cambios de opinión, que no eran raros. Los 
“sarracenos” aprovecharon la oportunidad para hostilizar a 
los “pizarristas”, tomando desquite de las persecuciones 
que habían sufrido durante el gobierno de Nieto. En conse- 
cuencia, muchos de éstos fueron confinados y se inició la 
lucha dentro de los vecindarios, que desde entonces estu- 
vieron divididos en bandos enemigos irreconciliables. Estos 
hechos, que parecían naturales dentro del estado de guerra 
en que vivía el país, eran el resultado lógico de la situación. 

Como desde los acontecimientos del año nuevo ha- 
bían participado en uno y otro bando, indistintamente, pe- 
ninsulares y criollos, la guerra de la independencia en el 
Alto Perú no fue una lucha entre españoles y americanos, 
sino una contienda civil, en la que se combatían dos parti- 
dos enconados. Goyeneche, ya se ha dicho, era arequipeño, 
es decir, peruano. Algunos jefes insurrectos eran españo- 
les, como Arenales. 


(1) Citado por Muñoz Cabrera, pág. 136. 


— 150 — 


Nombrado por el gobierno de Buenos Aires, se hizo 
cargo de la presidencia de Charcas don Juan Martín de 
Pueyrredón. El ejército patriota recibió en La Plata, como 
había recibido en Potosí, grandes donativos, sin perjuicio 
de tomar los fondos de las arcas públicas. 

En los primeros días de abril llegó Castelli, en su mar- 
cha al norte, a la ciudad de Oruro. Allí publicó un manifies- 
to declarando la guerra al virrey del Perú. “Yo —decía en 
ese documento—- por lo menos no reconozco en el virrey ni 
en sus secuaces, representación alguna para negociar so- 
bre la suerte de estos pueblos. Su destino no depende sino 
de su libre consentimiento, y por esto me veo obligado a 
conjurar a estas provincias, para que, en uso de sus natura- 
les derechos, expongan su voluntad y decidan libremente 
el partido que toman en esto, que tanto interesa a todo 
americano” ('). 

De allí pasó a La Paz, desde donde entabló negociacio- 
nes con el brigadier Goyeneche. Sólo que las proposicio- 
nes de Castelli se dirigían a obtener que el jefe peruano 
abrazara la causa de Buenos Aires, cosa que, indudable- 
mente, no entraba en los cálculos del sanguinario repre- 
sor de la revolución de La Paz. Este movía sus tropas en 
ambas orillas del Desaguadero y tomaba posiciones en ple- 
no territorio del virreinato del Río de la Plata. 

Castelli dirigió, desde La Paz, mensajes al cabildo de 
Lima, renovando proposiciones semejantes. Al mismo tiem- 
po reforzaba su ejército, al que se había agregado una di- 
visión cochabambina de caballería, comandada por Rivero. 
Según ciertos testimonios, las comunicaciones de Castelli 
al cabildo de Lima tuvieron algún resultado. Se ha dicho 
que influyeron en el ánimo de Abascal para que éste autori- 
Zara el envío de una carta del cabildo de Lima al de Buenos 
Aires, pidiéndole una explicación sobre la actitud que se 
proponía asumir respecto a la situación de España y que, al 
mismo tiempo, autorizó a Goyeneche para celebrar con Cas: 
telli un armisticio, en espera de la respuesta. Aunque no 
conocemos documentos suficientes para comprobar esta 
versión, ella no es inverosímil, si se tiene en cuenta que 
el armisticio fue pactado. 

Durante la vigencia de la suspensión de armas, Goye- 
neche recibió refuerzos de tropas y pertrechos de guerra. 


(1) Manuscrito de la biblioteca Rúck, citado por Luis Paz. 


— 151 — 


Castelli se instaló en Laja, mientras su ejército abarcaba 
Tiahuanaco, San Andrés y Jesús de Machaca. 

Es bien sabido que el armisticio se violó y que se 
comprometió la batalla antes de que expirase el término 
pactado, de cuyas resultas el ejército de Castelli fue ven- 
cido en Guaqui (20 de junio de 1811). La violación del ar- 
misticio se imputó a Goyeneche, de quien se ha dicho que 
cayó por sorpresa sobre las tropas del adversario; pero no 
debe perderse de vista que, en días anteriores, se produje- 
ron choques sangrientos, que exaltaron los ánimos. El con- 
venio de suspensión de hostilidades comprendía una cláusu- 
la en que se reconocía a ambos ejércitos la facultad de avan- 
zar, para proporcionarse forraje. Estos avances ocasionaron 
colisiones y de éstas el ejército peruano pasó al ataque ge- 
neral, que no fue tan sorpresivo como se ha asegurado, por- 
que dos días antes, según el parte de Castelli a la junta de 
Buenos Aires, se había movido el ejército de Goyeneche pa- 
ra tomar posiciones y el ejército patriota había hecho otro 
tanto. El parte de Castelli atribuyó la derrota al mal compor- 
tamiento de las tropas de La Paz y de la infantería cochabam- 
bina. El brigadier Rivero, comandante de la caballería de 
Cochabamba, que llegó al campo de batalla con tres mil hom- 
bres que no habían combatido, aseguró por su parte que la 
acción no estaba perdida y que el resultado permanecía in- 
deciso, cuando las fuerzas de Buenos, Aires huyeron a la 
desbandada. Todo hace pensar que la falta de dirección y pe- 
ricia militar comprometió el éxito de esta importantísima ac- 
ción de armas. Tan indeciso fue el resultado del combate, 
que Goyeneche no se aventuró a perseguir a los derrotados. 
Que no hubo sorpresa se demuestra por el hecho de que la 
caballería cocthabambina había recibido orden de colocarse 
detrás del enemigo y de atacarlo por retaguardia. Sólo que 
al llegar este contingente al campo de batalla, el ejército de 
Castelli ya había sido derrotado. 


2. CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DE GUAQUI. 


Así como Balcarce y Castelli siguieron su retirada ha- 
cia el sur, con los restos dispersos del ejército argentino, 
sin tratar de rehacerse, porque ni siquiera se había previsto 
la posibilidad de un descalabro ni se había fijado un sitio 
de reunión, Viamonte y Díaz Vélez, los jefes argentinos 
que habían mandado las divisiones que mejor resistieron en 


— 152 — 


Guaqui, retrocedieron en orden hasta Potosí, mientras Ri- 
vero, después de ocupar La Paz, se retiraba a Cochabamba, 
dispuesto a preparar la resistencia. Díaz Vélez reorganizó 
una fuerte columna y salió de Potosí para unirse con Rive- 
ro. Entre tanto Goyeneche ocupó La Paz y de allí marchó, por 
Oruro, decidido a atacar a los defensores de Cochabamba. 
El encuentro se produjo en Sipesipe, y Goyeneche llevó la 
mejor parte. Prosiguiendo su marcha, entró a Cochabamba, 
que capituló en condiciones ventajosas. Díaz Vélez, con los 
restos de su tropa, se dirigió de nuevo a Potosí. El jefe 
realista se mostró esta vez. humano y benigno con Cocha- 
bamba, al extremo de dejar en la intendencia al propio D. 
Francisco del Rivero. También tuvo una conducta modera- 
da en Chuquisaca, ciudad que no sufrió más cambio que el 
de ver otra vez encumbrados a los “pizarristas”, en perjui- 
cio de los “sarracenos”. 

El presidente Pueyrredón se había replegado sobre Po- 
tosí; acosada esta ciudad por las fuerzas de Goyeneche, 
aquél tuvo que emprender la fuga, detrás de los restos del 
ejército comandado por Díaz Vélez. En esta retirada los ar- 
gentinos llevaron hacia el sur los caudales de la casa de 
moneda, contra la oposición del vecindario potosino. Aunque 
se ha criticado tanto este acto de Pueyrredón, no puede ne- 
garse que procedió dentro de las prácticas de la guerra, que 
aconsejan no dejar recursos al enemigo. Las tropas argen- 
tinas en retirada cometieron -en Potosí los desmanes natu- 
rales en fuerzas derrotadas, carente de disciplina y de moral. 

Mientras esto sucedía en el sur, en el norte se desen- 
cadenaba una sublevación de indios, contra la cual lanzó el 
virrey al cacique Pumacahua, desde el Cuzco. En ninguna 
época de la guerra de la independencia se vio el suelo alto- 
peruano más sometido a la anarquía, a los excesos y a la 
violencia. Pero más tarde, sin embargo, Pumacahua se con- 
vertiría a la causa americana. 

A fines de 1811 volvió a levantarse Cochabamba, a ór- 
denes de D. Esteban Arze y de D. Mariano Antezana. Esta 
situación duró hasta mayo del año siguienté, en que Goye- 
neche acudió a sofocar la insurrección, al propio tiempo que 
se organizaba en Tucumán un nuevo ejército argentino al 
mando del general D. Manuel Belgrano. Goyeneche batió 
en Pocona a los sublevados de Cochabamba y entró a la ciu- 
dad, entregándola al saqueo de sus tropas. Las ejecuciones 
recayeron sobre el caudillo Antezana y otras víctimas, entre 


Ed, Es 


las que abundaban personas principales. La última resisten- 
cia había sido organizada por las mujeres del pueblo en el 
cerro de San Sebastián y fue verdaderamente heróica y le- 
gendaria. Las crueldades de Goyeneche en Cochabamba só- 
lo tuvieron parangón con las que ejecutó en Potosí, luego 
de la salida de Díaz Vélez y Pueyrredón. 

Después de algunas escaramuzas contra la vanguardia 
realista, sostenidas con valor y tesón por Díaz Vélez en el 
sur, éste debió retirarse a las provincias argentinas, ante 
la aproximación del general Pío Tristán, nombrado para in- 
vadirlas. 

Este avanzó hasta Tucumán, en donde le esperaba el 
ejército de Belgrano. El resultado de la acción de armas fue 
incierto, porque Tristán, derrotado y diezmado, pudo reti- 
rarse cómodamente hasta Salta, y allí, por fin aplastado, 
viose en la necesidad de capitular, comprometiéndose bajo 
juramento y palabra de honor a no volver a tomar las armas 
contra el ejército de Buenos Aires. El compromiso abarcaba 
a jefes y oficiales (20 de febrero de 1813). 

A la noticia de la victoria de Salta, salió Goyeneche 
apresuradamente de Potosí, donde se encontraba, y, al lle- 
gar a Oruro, alegando el estado de su salud, envió su re- 
nuncia a Abascal. También evacuó Chuquisaca el presiden- 
te Ramírez, colocado allí por Goyeneche. El Alto Perú se de- 
claró nuevamente en favor de la revolución, pues no tar- 
dó en pronunciarse Cochabamba. 


La vanguardia de Belgrano llegó a Potosí el 7 de mayo, 
a las órdenes de Díaz Vélez. Pocos días después llegaba el 
general en jefe y se dedicaba a tomar disposiciones admi- 
nistrativas, empezando por activar la elección de diputados 
al Congreso de Buenos Aires y por designar gobernadores. 
Las tropas realistas permanecían en Oruro, cuyo mando to- 
mó el general Pezuela, designado por Abascal para sustituir 
a Goyeneche. 


3. BELGRANO. 


Belgrano organizó los distritos que estaban a sus ór- 
denes, en el sur, el centro y el oriente del país. Nombró go- 
bernador de Cochabamba al coronel Arenales; de Santa 
Cruz, al coronel Ignacio Warnes; de Chuquisaca, al de igual 
grado D. Juan Antonio Ocampo. 


— 184 — 


Mientras Belgrano permanecía en Potosí, lugar en que 
sus tropas estaban expuestas a la seducción del elemento 
reaccionarió, que permanecía emboscado, el general Pezue- 
la organizaba y reforzaba sus tropas en Oruro, constituyen- 
do un peligro que iba en aumento. Los “capitulados” de Sal- 
ta habían sido obligados en gran parte a incorporarse a las 
tropas serviles. Belgrano salió de Potosí para buscar al ene- 
migo y los del ejército se encontraron en la llanura de Vilca- 
pugio. Sea que el comando argentino hubiera cometido erro- 
res estratégicos o que sus fuerzas fueran inferiores en nú- 
mero y recursos, lo cierto es que éstas fueron derrotadas (1? 
de noviembre de 1813). Belgrano se replegó hacia Chuquisa- 
ca y consiguió reunir nuevos contingentes, que igualmente 
fueron batidos en Ayohuma, después de una resistencia he- 
róica. Los restos del ejército argentino siguieron retirándo- 
se y, al pasar por Potosí, trataron de hacer volar la casa de 
moneda, poniendo en peligro la parte central de la ciudad. La 
actitud del pueblo evitó ese desastre, que habría aumenta- 
do el desprestigio de la causa independiente. 


4. LOS GUERRILLEROS. 


Desde el año anterior se habían extendido en el país 
algunas partidas patriotas, mandadas por hombres decidi- 
dos y audaces, para mantener en jaque a las tropas realis- 
tas, que ya empezaban a llamarse así, aunque los dos ban- 
dos proclamaban su adhesión a Fernando VII. Así se inició 
la “guerra de guerrillas”. Entre esos caudillos se hicieron 
notables por su actividad y su audacia: Padilla, Lanza, Ro- 
jas, Camargo, Zárate, Betanzos, Mercado y el cura Muñecas. 

Con la definitiva retirada de Belgrano, la actividad de 
las guerrillas se desarrolló en mayor escala. Warnes en San- 
ta Cruz, al que durante algún tiempo se unió Arenales, 
mantuvo la resistencia desde 1814 hasta 1816. Después de 
algunos combates como San Pedrillo y la Angostura, libra- 
dos por Arenales en su retirada de Cochabamba a Valle- 
grande, de donde pasó a las llanuras cruceñas, reunidos los 
dos caudillos pudieron enfrentarse y derrotar en Florida al 
coronel Blanco, destacado por Pezuela para dominar la re- 
sistencia de Santa Cruz (25 de mayo de 1814). Las activi- 
dades de los guerrilleros habían obligado a Pezuela a re- 
partir sus fuerzas. 

Un nuevo ejército argentino, al mando del general Ron- 
deau, ingresó al Alto Perú a principios de 1815, aprove- 


— 155 — 


chando circunstancias tan favorables. En la misma época 
se había insurreccionado el Cuzco y todo parecía conve- 
niente para esta tercera irrupción de las tropas del Río de 
la Plata. Sin embargo, la indisciplina y la disolución fueron 
las características del ejército de Rondeau, que empezó en 
Potosí por entregarse a mil excesos, exaccionando al vecin- 
dario. En Chuquisaca, gobernada por D. Martín Rodríguez, 
flamante brigadier, los atropellos no fueron menores. Has- 
ta los conventos fueron allanados y despojados, a la noti- 
cia de que las familias realistas habían ocultado allí dinero 
y joyas, lo que a veces era cierto. 


Es necesario reconocer que esa conducta era la conse- 
cuencia natural del colapso que atravesaba la revolución 
argentina. La caída de Napoleón y la reposición de Fernan- 
do VII en el trono de España amenazaban al Río de la Pla- 
ta con el envío de un ejército destinado a someterlo. El 
gobierno de Buenos Aires había iniciado gestiones para que 
la corona reconociera la autonomía del virreinato, a cambio 
de aceptar la soberanía de un príncipe español. Reinaba la 
anarquía y el ejército destrozado en el Alto Perú apenas 
empezaba a reorganizarse. Después de someter Montevi- 
deo, reducto del poder español que mantuvo una larga re- 
sistencia, Artigas, caudillo oriental, se había levantado en 
Corrientes y Entre Ríos contra Buenos Aires. 


Por suerte la situación del virreinato peruano no era 
mucho mejor, como antes se ha visto. Con todo, Pezuela 
pudo concentrar las fuerzas necesarias para hostigar al ene- 
migo en el Alto Perú, y el fracasado golpe de Venta y Me- 
dia (20 de octubre de 1815) no tardó en darle superioridad. 
Esta sorpresa, mal dispuesta y peor ejecutada, dio el triun- 
fo a los serviles y preparó la segunda derrota de Sipesipe 
(o Viloma), pues tanto las tropas de Rondeau como las de 
Pezuela trataron de concentrarse en Cochabamba, el prime- 
ro retirándose de Chayanta, en esa dirección, y el segundo 
descendiendo desde Oruro. Los ejércitos chocaron en Vilo- 
ma (29 de noviembre de 1815); Rondeau, derrotado, se re- 
tiró a Chuquisaca, y de allí a Potosí y a Tupiza, en el desor- 
den más espantoso. En Humahuaca encontró refuerzos en- 
viados de Buenos Aires y pudo rehacerse. 

Las represalias del ejército de Pezuela se desencade- 
naron sobre los vecindarios, sin dejar nada por hacer en 
cuanto a excesos. Como las poblaciones se hallaban dividi- 


— 156 — 


das en bandos, cada acción de armas significaba el aniqui- 
lamiento del partido derrotado. 

Poco antes de Viloma el coronel Warnes, gobernador 
de Santa Cruz, alcanzaba otra victoria en Chiquitos, a donde 
se había dirigido en persecución de los restos del ejército 
realista vencido en Florida, que se habían unido a otras fuer- 
zas dirigidas por el gobernador Altoalegre. Este fue el com- 
bate de Santa Bárbara (7 de noviembre), triunfo efímero, 
porque la desastrosa retirada del tercer ejército argentino 
dejó a Santa Cruz aislada y a merced del vencedor, por la 
falta de refuerzos y de recursos. 

A principios de 1816 Pezuela fue ascendido a virrey del 
Perú, en sustitución de Abascal. El ejército real recibió fuer- 
tes contingentes enviados de España y compuestos de tro- 
pas que habían luchado contra los franceses. La Serna, ge- 
neral de escuela, sustituyó a Pezuela en el ejército del Alto 
Perú, pero no se posesionó del mando hasta septiembre. 

Los planes de La Serna consistían en acometer la inva- 
sión de las provincias argentinas, y lo habría conseguido 
con las considerables fuerzas de que disponía, si no le hu- 
bieran interferido los guerrilleros altoperuanos, nuevamen- 
te en acción por todas partes. Fue el período heroico desig- 
nado impropiamente con el nombre de “guerra de las repu- 
bliquetas”, porque ni la palabra es apropiada ni en el caso 
de serlo podría tener otra acepción que la lucha entre pe- 
queñas repúblicas, es decir, cuerpos políticos provinciales, 
lo que da cierta idea de organización territorial y de gobier- 
no. Aunque los guerrilleros actuaron en regiones más o me- 
nos circunscritas, con raras excepciones constituyeron algo 
más que partidas móviles, que asediaban al enemigo apro- 
vechando las circunstancias y le hostigaban sin tregua, cam- 
biando de posiciones continuamente y a veces dispersándo- 
se del todo, para volver a reunirse cuando las fluctuaciones 
de la guerra lo permitan. Ejemplos de heroísmo y de per- 
severancia extraordinarios, los guerrilleros mantuvieron la 
lucha por muchos años, especialmente en los períodos en 
que los ejércitos patriotas sufrían los peores reveses. El 
ejemplo venía de España, en su desesperada resistencia po- 
pular contra Napoleón. No entra en los propósitos de un 
libro de esta naturaleza examinar los pormenores de esa 
brega gloriosa y esforzada, pero tampoco se puede dejar 
de mencionar su importancia como factor coadyuvante al 
éxito final de la revolución emancipadora. Los nombres de 


— 157 — 


los guerrilleros altoperuanos se conservan en la memoria 
del pueblo, que tanto les debe por sus heroicos sacrificios 
y que serán siempre símbolos del patriotismo más acen- 
drado. 

Entre esos nombres figura 'en primer término el de una 
mujer, doña Juana Azurduy de Padilla, esposa del guerri- 
llero de la región de La Laguna, Manuel Ascencio Padilla. 
Esta verdadera amazona, después de haber acompañado al 
marido en sus campañas, tomó su lugar a la cabeza de sus 
parciales cuando éste, después de mil heroicas actuaciones, 
fue derrotado y muerto en el Villar, en septiembre de 1816, 
por los jefes enemigos Tacón y Aguilera. E 


Aunque el coronel Warnes, nombrado por Belgrano go- 
bernador de Santa Cruz, no era! precisamente guerrillero 
'sino.militar de línea y hombre de gobierno, en cuyo carác- 

- ter mantuvo su provincia dentro de la causa independiente, 
bajo el prestigio de sus triunfos de Florida y Santa Bárbara, 
acabó por ser copado el 21 de noviembre del mismo año, 
en la sangrienta batalla de Pari, en que perdió la vida. Man- 
daba las fuerzas realistas el brigadier Aguilera, cruceño, 
que sometió a su-tierra natal al dominio del terror más es- 
pantoso. 


El popular cura Muñecas, nacido en Tucumán, caudillo 
de la insurrección patriótica en la región montañosa situa- 
da al este del lago Titicaca, actuó en esa zona desde 1814, 
en que vino del Cuzco, formando parte de las fuerzas de 
Pumacahua, a las órdenes del patriota Pinelo. Derrotado és- 
te, Muñecas se refugió en Larecaja y levantó los pueblos en 
favor de la causa de la libertad. Desde La Paz y Puno salie- 
ron tropas para perseguir a Muñecas y tomarlo entre dos 
fuegos. En febrero de 1816 sus montoneras fueron detrui- 
das y él sometido a prisión. Le trasladaban custodiado, en 
mayo de ese año, con rumbo al Perú, entre Tiahuanaco y 
Puno, cuando sus conductores le dieron muerte alevosa. 


El caudillo de Cinti, Vicente Camargo, después de es- 
forzadas campañas con suerte varia, fue vencido a traición 
en abril de 1816. Degollado en el lugar de la sorpresa que 
le prepararon las fuerzas contrarias, su cabeza fue puesta 
en una pica en el pueblo que actualmente lleva su nombre. 
Por los mismos días era atacada Tarija y dispersados sus 
guerrilleros, entre los que figuraba Ramón Rojas, muerto en 
combate. 


— 158 — 


Mejor suerte corrió José Miguel Lanza, guerrillero de 
Ayopaya, que consiguió eludir los ataques organizados con- 
tra él y que nunca fue copado. 


5. El CONGRESO DE TUCUMAN. 


Para poner remedio a los disturbios políticos que anar- 
quizaban el gobierno de las provincias argentinas, éste ha- 
bía convocado en 1815 a un congreso que debía reunirse en 
Tucumán. 

Dicho congreso forma parte de la historia boliviana, 
porque a él concurrieron representantes del Alto Perú, ele- 
gidos de cualquier modo, si se quiere, en un período de gue- 
rra y de turbulencias, pero al fin y al cabo llevando una im- 
perfecta representación de las provincias altas, oficialmen- 
te consideradas como parte integrante del extinguido virrei- 
nato del Río de la Plata. 

Como muy bien dice Mitre, “las Provincias Unidas no 
habían proclamado aún ningún dogma político, puesto que 
no se habían dado una constitución ni pronunciándose so- 
' bre la forma de gobierno, limitándose a organizar proviso- 
riamente el poder y a realizar algunas reformas parciales...” 
(1). La asamblea reunida en Buenos Aires, en 1813, se ha- 
bía ocupado de cuestiones secundarias, porque la decisión 
de la independencia no había sido tomada. El movimiento 
que derrocó a Alvear, supremo director del Río de la Plata, 
disolvió esa asamblea e impuso la convocatoria de un con- 
greso general destinado a dictar una constitución, congreso 
que debería reunirse en un lugar céntrico del territorio. 

Ocupado como se hallaba el territorio altoperuano "por 
las fuerzas españolas, la elección de diputados por esas 
provincias fue hecha por los patriotas emigrados que resi- 
dían en Tucumán, Salta y Jujuy. “Su director —dice Mitre— 
era el Dr. Serrano, el más hábil de todos ellos; pues todos 
sus compañeros ni tenían ideas políticas ni experiencia al- 
guna de la vida pública, pretendiendo todos ellos explicar 
la revolución por las crueldades de los españoles con los 
indios en la época de la conquista y arreglar el estado con 
sujeción a los códigos de la antigua metrópoli. Sin embar- 
go, todos ellos tenían un propósito común, y era, trasladar 


(1) Historia de Belgrano, citada tomo ll, pág. 293. 


— 159 — 


la sede: del gobierno al interior del Perú y restablecer, si 
era posible, la monarquía de los incas” ('). 


Después de elegir Director Supremo a D. Juan Martín 
Pueyrredón, el Congreso procedió, después de muchas va- 
cilaciones, a la proclamación de la independencia. Se en- 
contraba entonces en Tucumán el general Belgrano, bajo cu- 
ya influencia se redactó el acta respectiva. Recibido Belgra- 
no por la asamblea, manifestó ideas francamente monár- 
quicas con relación a la forma de gobierno que debía adop- 
tarse. Influían en su ánimo sus impresiones de Europa, de 
donde acababa de volver y a donde había ido en comisión 
diplomática, acompañado de Rivadavia. Eran los tiempos 
de la Santa Alianza y Belgrano sabía que el Viejo Mundo 
resistiría a las tendencias republicanas. 


Por fin se optó por la declaración simple y llana de la 
“independencia del rey de España, sus sucesores y metró- 
poli y de toda otra dominación extranjera” (9 de julio de 
1816). Es fama que el redactor del acta fue el diputado al- 
toperuano D. José Mariano Serrano, cuyas ideas, por lo de- 
más, eran manifiestamente monárquicas. En su discurso 
expresó que, “aunque había sido partidario del gobierno fe- 
deral, por creerlo el más a propósito para el progreso y la 
felicidad de las Provincias Unidas, después de meditar se- 
riamente sobre la necesidad del orden y de la unión, la rá- 
pida ejecución de las leyes, etc., se había decidido por la 
monarquía temperada, que conciliando la libertad del ciuda- 
dano y el goce de los derechos principales.del hombre, con 
la salvación del país, la hacían preferible a toda otra for- 
ma, en la crisis en que se hallaban envueltas”. Se declaró, 
sin embargo, contra la idea de fundar una monarquía incaica. 


De acuerdo con el Redactor del Congreso (?) Serrano 
se fundo, para esta opinion, en el hecho de que la idea de 
la monarquíá incaica, proclamada poco tiempo atrás por el 
caudillo del Cuzco, Pumacahua, lejos de obtener la adhesión 
de los indios a la causa de la independencia, produjo el 
efecto contrario. En resumen, hizo ver que se trataba de una 
idea regresiva, puesto que los promotores de la independen- 
cia no eran indios (cuyo grado de cultura no había avan- 

E zado) sino criollos y mestizos. 


(1) Ibídem, pág. 353. E 
(2) Citado por Mitre y copiado por Luís Paz. 


— 160 — 


Es sabido que quien hirió el problema con más decisión 
republicana fue el fraile Santa María de Oro, haciendo no- 
tar que para decidir sobre la forma de gobierno debería con- 
sultarse con el pueblo, agregando que, si se optaba por la 
monarquía, él se retiraría del Congreso. 

Se abandonó, pues, en Tucumán, la discusión sobre el 
tema, dejándolo aplazado para mejor oportunidad. “En cuan- 
to a los que se titulaban representantes del Alto Perú, ellos 
no eran sino los diputados vergonzantes de los emigrados 
de aquellas provincias, que habían seguido la desgraciada 
suerte de los ejércitos argentinos derrotados en las ante- 
riores campañas” — comenta Mitre. 

La idea de la monarquía incaica acabó por ser abando- 
nada. “Es la monarquía con ojotas”, comentaba Agrelo. El 
altoperuano Vicente Pazos Kanki, que actuaba como perio- 
dista de primera línea en Buenos Aires, aunque tenía en las 
venas sangre autóctona, fue el más denodado opositor a 
aquella idea, que sucumbió acompañada de la general re- 
chifla. : Ly 
En el Congreso de Tucumán, que clausuró sus sesiones 

a principios de 1817, figuraban como representantes del Al- 

to Perú, elegidos en la forma que se ha dejado anotada, D. 

José Mariano Serrano, diputado por Charcas, que actuó co- 

mo secretario; D. José Severo Malavia, diputado por Char- 

cas; el presbítero D. Mariano Sánchez de Loría, diputado 
; por Charcas; D. Mariano Ignacio Rivera, diputado por Miz- 
que; el presbítero D. Andrés Pacheco de Melo, diputado por 

Chichas; D. Pedro B. Carrasco, diputado por Cochabamba, 

que no firmó el acta de la declaración de la independencia 

por haberse incorporado posteriormente; el presbítero D. 

Felipe Antonio de Iriarte, diputado por Charcas, que tam- 

poco figura en el acta citada; y D. Juan José Fernández 

Campero, diputado por Chichas, que no se incorporó. 


6. CONTINUACION DE LA GUERRA HASTA LA VENIDA 
DE BOLIVAR. 


i Posesionado La Serna del mando del ejército español 
del Alto Perú,-encontró que sus tropas ocupaban el sur del 
país y se mantenían al acecho de las provincias argentinas, 
después de algunas operaciones sobre Tarija. Obedeciendo 
las órdenes del virrey Pezuela, no tardó en emprender la 
ofensiva. Mientras Giúiemes, el caudillo gaucho de Salta, per- 


— 161 — 


manecía en observación, al mando de la vanguardia del ejér- 
cito argentino, el general Belgrano se ocupaba en reorgani- 
zar el ejército y vigilar el desenvolvimiento del Congreso. 

El general Olañeta, subalterno de La Serna, al mando 
de la avanzada del ejército español, ocupó Jujuy a principios 
de 1817. Después de una serie de operaciones, La Serna se 
apoderó de Salta, donde se vio frecuentemente hostilizado. 
Allí recibió la noticia de que el ejército de San Martín ha- 
bía atravesado los Andes, uniéndose a los patriotas de Chi- 
le, para atacar el virreinato del Perú por el mar, y se vio 
obligado a retroceder. Mientras tanto, el comandante argen- 
tino La Madrid había realizado con éxito una irrupción so- 
bre la plaza de Tarija, de la que se posesionó con ayuda del 
vecindario y de los cabecillas patriotas Iriondo y Méndez. 
Filtrándose luego por la retaguardia del enemigo, se presen- 
tó en Chuquisaca, cuya guarnición lo rechazó con pérdidas. 

La Madrid se replegó entonces sobre Yamparáez y, des- 
pués de unos días, insistió en el ataque a Chuquisáca, en 
donde ya se habían concentrado mayores fuerzas españolas. 
En vista de su inferioridad, La Madrid emprendió de nuevo 
la retirada hacia Tarabuco y de allí una precipitada fuga 
hasta Sopachuy, donde fue alcanzado por los jefes penin- 
sulares La Hera y Espartero, que lo. derrotaron completa- 
mente. Con los restos de su deshecha tropa se dirigió por Po- 
mabamba a Tarija y allí trató de sostenerse, sin conseguir- 
lo. En diciembre de 1817 evacuaba el territorio altoperuano. 

La Serna, por su parte, había retrocedido a Tupiza. Des- 
de entonces el Alto Perú quedó aislado, soportando la do- 
minación española sin esperanzas de poder sacudirla. Nue- 
vas tentativas del ejército real sobre Salta no tuvieron re- 
sultado, al mismo tiempo que se sabían los éxitos de San 
Martín en Chile (1818). Durante este año y el siguiente la 
lucha se mantuvo en las provincias altas por la sola acción 
de los guerrilleros, que hostilizaban sin cesar a las tropas 
enemigas. Las provincias bajas, presas de la anarquía, ha- 
bían abandonado toda idea de cooperación con las altas. To- 
davía en marzo de 1819 el ejército español hizo una excur- 
sión al sur, ocupando Jujuy, mientras Belgrano se dirigía 
a Córdoba para intervenir en la guerra civil. 

Poca o ninguna actividad tuvieron las armas españolas 
del Alto Perú por esta época, como no fuera la de dedicarse 
a perseguir las guerrillas que seguían brotando por todas 
partes. Pero estas operaciones de hostigamiento que los es- 


— 162 — 


forzados patriotas altoperuanos no abandonaban, carecían 
de mayor trascendencia, por la escasez de recursos y de 
efectivos con que luchaban. 

La situación interna de España era difícil y favorecía 
el desarrollo de los planes americanos de independencia. 
Restablecido Fernando VII en el trono desde 1814, aplastó 
a las fuerzas liberales que habían mantenido la lucha con- 
tra Napoleón y que, en 1812, habían votado una constitu- 
ción que limitaba los poderes de la monarquía absoluta. 
Fernando VIl derogó esa constitución, con lo que se inició 
la lucha de partidos. La agitación política fue incesante has- 
ta que, en enero de 1820, cuando el gobierno disponía el 
embarco de una fuerte expedición militar contra el Río de 
la Plata, cuyos efectos habrían sido fatales para la causa 
de la emancipación, se produjo la insurrección de Riego, 
que restauró la constitución de 1812. El movimiento se ge- 
neralizó y el rey se vio obligado a jurarla para mantenerse 
en el trono. Los liberales en el poder no fueron más afortu- 


nados, porque el partido absolutista se levantó por todas. 


partes, favorecido por la política europea de la Santa Alian- 
za, que fomentaba la guerra civil. Los excesos liberales en 
la lucha contra el absolutismo y el clero, culminaron con la 
intervención decretada por el Congreso de Verona, en el 
cual Prusia, Austria, Rusia y Francia firmaron un “acuerdo 
para invadir la península. En abril de 1823 un ejército fran- 
cés mandado por el duque de Angulema ingresaba a España, 
apoyado por los absolutistas, y en octubre quedaba Fernan- 
do VII afianzado en el trono con sus prerrogativas absolu- 
tas. La persecución contra los liberales empezó con la mis- 
ma violencia que éstos habían empleado contra sus adver- 
sarios, y la agitación política continuó, cada vez más 
exaltada. 

Mientras todo esto sucedía en la Península, las fuerzas 
españolas en América perdían gradualmente más y más te- 
rreno. Las divisiones'políticas de España se plegaban al 
ejército que combatía contra la independencia de las colo- 
nias. Relevado en el Alto Perú el general La Serna, por re- 
nuncia del cargo, fue sustituido interinamente por Canterac 
y luego por el general D. Juan Ramírez, que antes había 
actuado en el mismo territorio y que en mayo de 1820 in- 
tentó una nueva irrupción sobre las provincias argentinas y 
ocupó Salta, de donde tuvo que retroceder a sus posiciones 
de Tupiza. En virtud de órdenes procedentes de la metrópo- 


— 163 — 


li, las tropas españolas del Alto Perú juraron la constitu- * 
ción liberal en 1820, lo que fue la señal de la división entre 
sus jefes. Esta división había de influir más tarde en las 
campañas de la independencia. 

En septiembre el general San Martín, al mando del ejér- 
cito chileno-argentino, desembarcó en Pisco y el virrey, ini- 
ció negociaciones para obtener un armisticio, con el objeto 
de que las colonias sublevadas nombraran diputados a las 
cortes liberales de España, en las que podrían negoctar un 
nuevo régimen de relaciones con la madre patria. Pero en 
estas proposiciones no se hallaba de reconocimiento de 
la independencia, ni el virrey se prestaba a lo que pedía 
San Martín: evacuación del Alto Perú y del territorio chile- 
no todavía ocupado en parte por fuerzas españolas. 

El ejército'chileno-argentino inició sus operaciones con 
una expedición al interior del Peru, con el propósito de ais- 
lar las fuerzas que el virrey tenía en Lima. Esta expedición, 
a las órdenes de Arenales, tuvo el mejor éxito y triuntó en 
Pasco, tomando prisioneros al general O'Relly y al coronel 
altoperuano D.. Andrés de Santa Cruz que, desde entonces, 
se pasó al ejército independiente. 

La expedición de Arenales había fraccionado las fuer- 
zas peninsulares, al situarse entre Lima, el Cuzco y Arequi- 
pa. Muy lejano quedaba el ejército del Alto Perú, vigilando 
la frontera argentina y hostigado por los guerrilleros. La 
incapacidad del virrey para afrontar la situación y las di- 
vergencias que habían surgido en el ejército, como conse- 
cuencia de la división en España, determinaron la deposi- 
ción de Pezuela y su sustitución por La Serna. 

La Serna, posesionado del gobierno, celebró una entre- 
vista con San Martín, en que se trató otra vez de un armis- 
ticio que se pactaría bajo la condición de constituir una re- 
gencia en el Perú, que se declararía estado independiente, 
con destino a'ser gobernado por un príncipe de la familia 
real de España. Pero el ejército español, consultado por La 
Serna, se negó a reconocer la independencia, aun en tales 
condiciones. En consecuencia, ante la imposibilidad de un 
arreglo, La Serna optó por abandonar Lima, plaza en la que 
no podía sostenerse, y se retiró a la sierra, tomando con- 
tacto con el ejército del Alto Perú. 

Ocupada la capital del virreinato por San Martín, el 28 
de julio de 1821, se hizo la solemne proclamación de la inde- 
pendencia del Perú, aunque todavía quedaba mucho por ha- 


y 


juas TA 


cer, y el virrey, en el interior, disponía de más de veinte 
mil hombres. San Martín fue nombrado Protector. 

Mientras tanto, la vanguardia española destacada so- 
bre las provincias argentinas, había invadido nuevamente 
Salta y sorprendido a Gúemes, que murió a consecuencia de 
las heridas recibidas en la sorpresa. Pero Salta se libertó 
nuevamente, y Olañeta, jefe de la división expedicionaria, 
tuvo que replegarse. 

Alentados los patriotas altoperuanos por las noticias 
de Lima y por los contrastes sufridos por las tropas espa- 
ñolas en Salta, se levantaron en Potosí el 1? de enero de 
1822, apoderándose de la guarnición. Pero atacados por el 
gobernador de Charcas, brigadier Maroto, y por Olañeta, 
que acudió por el sur, fueron derrotados. Este último, que 
tenía el:mando de las provincias del sur, ordenó las repre- 
siones acostumbradas. El guerrillero Lanza, entre Cocha- 
bamba y La Paz, seguía hostilizando a las fuerzas realistas. 

La Serna, situado en el Cuzco, había obtenido contac- 
to con el ejército del Alto Perú, concentrado en Oruro. El 
general Canterac, con una división, guarnecía Tarija. El vi- 
rrey, por lo tanto, se mantenía en una posición fuerte y San 
Martín carecía de la fuerza suficiente para «atacarlo. Enton- 
ces se estableció la comunicación entre el general argen- 
tino y Bolívar, presidente y Libertador de Colombia, cuyo 
auxilio era a todas luces necesario para dar fin con el do- 
minio español en el continente. 

En 1822 Bolívar había consolidado definitivamente el 
dominio independiente en Venezuela y la Nueva Granada, 
después de heroicas y brillantes campañas, organizando la 
República de Colombia y emprendiendo su expedición al sur 
para someter el distrito de la audiencia de Quito. A su lle- 
gada al Ecuador, uno de sus lugartenientes, Sucre, había 
derrotado ya a las fuerzas españolas en la batalla de Pi- 
chincha. Comprendiendo la situación del Perú, donde el do- 
minio peninsular se mantenía aún fuerte y poderoso, Bolí- 
var destacó fuerzas en auxilio del ejército de San Martín, con 
tanta más razón cuanto que una división argentino-peruana 
había combatido en Pichincha, auxiliando al ejército colom- 
biano. En carta del 17 de junio, Bolívar decía a San Martín, 
desde Quito: “La guerra en Colombia ha terminado y su 
ejército está pronto a marchar donde quiera que sus herma- 
nos lo llamen, muy particularmente a la patria de nuestros 
vecinos del sur”, 


— 165 — 


Aunque la posesión de Guayaquil, que pretendían si- 
tultáneamente el Perú y Colombia, estuvo en 1822 a punto 
de comprometer la cooperación entre ambas naciones, triun- 
fó el interés común y el buen sentido. San Martín y Bolívar 
se encontraron en Guayaquil, después de cambiar algunas 
cartas que expresaban el mutuo deseo de celebrar una en- 
trevista, la que se efectuó el 26 de julio. Lo que en ella se 
trató y resolvió, nunca fue anunciado oficialmente. No es 
materia de este libro dilucidar un asunto tan controvertido. 
Nos limitaremos, por lo tanto, a consignar el hecho de que 
los dos campeones, dignos el uno del otro, se separaron en 
términos cordiales y a anotar que poco después salía para 
el Callao un importante contingente de tropas colombianas, 
destinado a reforzar el ejército del Perú. Al mismo tiempo 
San Martín dimitía el cargo de Protector y anunciaba, ante 
el Congreso, su propósito indeclinable de abandonar el país. 
El retiro de San Martín, que ha sido comentado diversamen- 
te, significaba, cuando menos, que no estaba satisfecho de 
la marcha de los negocios del Perú, país que atravesaba un 
período de anarquía verdaderamente lamentable. En su au- 
sencia había sido depuesto Torre Tagle, que era su sustitu- 
to, y desterrado su ministro Monteagudo. El gobierno de Li- 
ma fue encargado entonces a Riva Agúero, que envió una 
delegación ante Bolívar para rogarle que pasara al Perú y 
tomara el mando del ejército. Obtenida la autorización del 
Congreso colombiano, el Libertador se embarcó rumbo al 
Callao, haciéndose preceder por el general Sucre y por las 
trcpas de que podía disponer. 

El gobierno de Lima, en tanto, había enviado una ex- 
pedición al sur, al mando del general Santa Cruz, encarga- 
do de asediar a las tropas españolas del interior. Este mo- 
vimiento, que se conoce con el nombre de "campaña de In- 
termedios”, tuvo un final desastroso, después de una serie 
de operaciones desacertadas. Habiendo conseguido ingre- 
sar hasta Oruro y La Paz, el ejército de Santa Cruz, sepa- 
rado en dos fracciones, libró un combate indeciso en Zepi- 
ta (agosto de 1823) con la división española del general Val- 
dés, vanguardia del ejército del virrey y, falto del auxilio 
gue esperaba de Chile, se vio en el caso de retirarse con 
perdidas enormes, aunque había sido reforzado por las gue- 
rrillas de Lanza. Este caudillo trató de replegarse sobre Co- 
chabamba, pero fue alcanzado y batido por Olañeta, que ha- 
bía acudido con sus tropas del sur a unirse al ejército del 
virrey. 


— 166 — 


Mientras los restos deshechos del ejército de Santa 
Cruz bajaban difícilmente a la costa y se embarcaban con 
rumbo al norte, Bolívar llegaba a Lima el 1? de septiembre 
de 1823. Se iniciaba la última y decisiva etapa de la guerra 
de la independencia de la América Meridional. 

Resulta fácil darse una idea del estado social del Alto 
Perú durante este período. Las luchas entre los jefes espa- 
ñoles que no tardarían en producirse, eran el último y defi- 
nitivo episodio que anunciaba la destrucción del poder de 
la metrópoli. En ese momento el ambiente presentaba el 
cuadro más desolador de postración y aniquilamiento. Gran 
parte de la población, en sus elementos más representati- 
vos, había emigrado a las provincias argentinas, en donde el 
partido independiente se mantenía en pie desde 1810. Los 
adictos a la causa americana que no habían podido emigrar 
vivían a salto de mata, cuando los guerrilleros no conse- 
guían darles un respiro. 

La economía del país estaba destruida y la cultura en 
colapso, del que tardaría mucho en reponerse. Los fracasos 
sucesivos de las expediciones libertadoras procedentes del 
Río de la Plata y del Bajo Perú habían desmoralizado a los 
vecindarios, hasta el extremo de hacerles creer que esos 
centros políticos eran impotentes para organizarse e in 
fluir en los destinos de las provincias altoperuanas, abando- 
nadas a su propia suerte, lo que debilitaba o rompía los 
vínculos que las habían mantenido unidas a ellos en otros 
tiempos. Cundía la desconfianza y la sensación de aisla- 
miento y germinaban propósitos de autonomía; y cundía 
también el desapego proveniente de los sucesos de la gue- 
rra, no siempre llevada con la preocupación de mantener 
firmes los vínculos de cooperativa solidaridad. 

En semejantes condiciones se aproximaba la época en 
que el Alto Perú debía plantearse el problema de su futura 
suerte, como entidad libre de la sujeción colonial. Ocioso 
parece concluir de todo esto, que si bien el país carecía de 
las condiciones necesarias para convertirse en estado inde- 
pendiente, al mismo tiempo existían razones de peso que 
dificultaban su agregación a otras circunscripciones. 


— 167 — 


CAPITULO VIII 


LA FUNDACION DE BOLIVIA 


1.— Ayacucho y sus consecuencias.— 2.— Sucesos del Alto 
Perú.— 3.— Proclamación de la independencia.— 4.— La 
organización del país.— 5.— Presidencia del general Su- 
cre.— 6.— La intervención peruana.— 


1. AYACUCHO Y SUS CONSECUENCIAS. 


A su llegada al Perú, Bolívar fue nombrado dictador y 
se encargó de la reorganización del país, única esperanza 
de terminar la guerra, porque el estado de descomposición 
no permitía formar un ejército capaz de enfrentarse al po- 
der español. Por suerte, estallaron en las filas del virrey 
las disensiones políticas, que las dividieron en dos bandos: 
liberales (o partidarios de la Constitución española de 1812) 
y parciales del gobierno absoluto. Las comunicaciones del 
partido absolutista de España, dirigidas al general D. Pedro 
Antonio de Olañeta, comandante de las tropas del Alto Pe- 
rú, dieron por resultado que éste se decidiera a negar obe- 
diencia al virrey, afiliado a la tendencia constitucional. En 
enero de 1824, Olañeta abrazó públicamente el absolutis- 
mo, destituyó a las autoridades de Potosí y La Plata, nom- 
bradas por La Serna, y se declaró en abierta rebelión con- 
tra su jefe. 

Este mandó al general D. Jerónimo Valdés a tratar con 
Olañeta, para reducirlo a la obediencia, sin otro resultado 


— 169 — 


que el de consumar el rompimiento y hacer inevitable la 
guerra civil, porque ambos bandos se mostraban enemigos 
irreconciliables. Ni el peligro de debilitar sus fuerzas en: be- 
neficio de los independientes alcanzó a evitar las hostilida- 
des. 

Para no ser menos, los patriotas del Bajo Perú también 
se dividían, disputándose el poder, y el 5 de febrero se su- 
blevaba la guarnición del Callao, pasándose a la causa es- 
pañola. Otros sucesos semejantes desmembraron y debili- 
taron al ejército aliado de Colombia y el Perú y pusieron a 
Bolívar en una situación tan grave, que otro jefe de menos 
carácter y perseverancia habría dado por perdida la causa 
de la emancipación. 

En cuanto a Olañeta, sin aliarse francamente con los 
patriotas altoperuanos, admitió el concurso de éstos para 
luchar contra el virrey y se preparó a hacer frente a un 
ejército de cuatro mil hombres que La Serna mandó contra 
él, al mando del general Valdés. Abierta la campaña, las 
tropas de uno y otro jefe estuvieron hostilizándose en una 
serie de operaciones sin resultado definitivo, sin librar más 
combate importante que el de La Lava, en que ambos bandos 
se quebrantaron notablemente. Como las avanzadas del ejér- 
cito de Bolívar amagaban al virrey, éste ordenó a Valdés 
regresar al Cuzco, dejando el Alto Perú a disposición de 
Olañeta. Esto sucedía a fines de agosto de 1824: el 6 de 
ese mismo mes, el ejército perú-colombiano había obtenido 
su primera ventaja, en el combate de Junín. 

Cuatro meses después el general Sucre alcanzaba en 
Ayacucho (9 de diciembre) la más completa victoria sobre 
el ejército español. Las tropas de Olañeta, cuyo concurso 
pudo haber cambiado la suerte de las armas (contaba con 
cuatro mil hombres) no concurrieron a este encuentro, que 
decidió el porvenir de la América del Sur. Las guerras civi- 
les entre españoles, así en la Península como en el Perú, fa- 
cilitaron el triunfo del bando independiente y fueron la cau- 
sa determinante de la pérdida definitiva de las colonias. No 
diremos que, sin esas circunstancias, el dominio español se 
habría restablecido en América, pero es seguro que, sin la 
rebelión de Riego en 1820 y sin la guerra civil de 1824, en- 
tre constitucionales y absolutistas, por lo menos se habría 
retrasado por algún tiempo el final de la guerra en Sudamé- 
rica. El general Sucre recibió del Congreso peruano el tí- 
tulo de “Gran Mariscal de Ayacucho”. 


— 170 — 


La victoria había sido el resultado de la fe y de la per- 
severancia de Bolívar, para no comprometer una batalla de- 
finitiva hasta no ver asegurada la victoria. Muchas fueron 
las dificultades con que tuvo que luchar para conseguir que 
su ejército estuviera en condiciones de actuar con ventaja. 
En el mes de enero de 1824 se opuso a la iniciativa de Su- 
cre para tomar la ofensiva contra el virrey, si bien es cierto 
que esa opinión de su lugarteniente le hizo titubear (1). De 
no haber esperado el momento oportuno (la llegada de re- 
fuerzos de Colombia, que más tarde recibió) la campaña 
del Perú habría terminado quizá con un descalabro de pro- 
yecciones incalculables. Sólo cuando Bolívar supo con segu-1 
ridad que el ejército español se hallaba dividido y cuando 
el suyo estuvo organizado, se decidió a atacar. “Tomada 
esta resolución —dice Bulnes— Bolívar y Sucre trabajaron 
de consuno en preparar el ejército y en este sentido reali- 
zaron una obra tan grande, que bastaría para inmortalizarlos 
si ambos no hubiesen tenido títulos y acciones más altas 
para merecer la gratitud de América”. E 

Pero con la batalla de Ayacucho —en la que Sucre dees- 
truyó el núcleo principal del poder español e hizo prisione- 
ro al virrey, quince generales, dieciséis coroneles y guinien- 
tos cincuenta jefes y oficiales— no había terminado la gue- 
rra en el Alto Perú. Quedaba allí un ejército aguerrido, fuer- 
te de cuatro mil hombres y dispuesto a batirse, como anun- 
ciaba en una proclama, “hasta derramar la última gota de 
sangre”. Pero esta resistencia, que revelaba en quien esta- 
ba decidido a mantenerla, el valor y la perseverancia que 
nunca se han negado a Olañeta, no podía durar por much'o 
tiempo. La noticia de Ayacucho había tomado a este jefe en 
Cochabamba, de donde salió con dirección a La Paz, des- 
pués de recibir comunicaciones del general D. Pío Tristán 
que, de común acuerdo, pretendía reunir tropas en Arequi- 
pa para resistir a los independientes. Alentado por estos 
propósitos, Olañeta creyó que podía mantenerse en espera 
de los refuerzos que le anunciaban de España. Pronto com- 
prendió su error, porque el Cuzco, Arequipa y Puno se rin- 
dieron y proclamaron la independencia. En La Paz recibió 
un emisario del general Sucre, el teniente coronel Elizalde, 


(1) Gonzalo Bulnes, Bolívar en el Perú, Editorial América, Madrid, 1919, 
tomo ll, pág. 205. 


— 11 — 


con quien pactó un armisticio de cuatro meses, que debía 
ser aprobado por aquél y que no tuvo cumplimiento porque. 
el ejército libertador, por orden de Bolívar, pasó el Desa- 
guadero. 


¿Cuáles eran los propósitos del Libertador respecto a 
las provincias altoperuanas? Según se desprende de la co- 
rrespondencia que sostuvo con Sucre, después de Ayacu- 
cho, en anteriores conversaciones entre ambos, Bolívar ha- 
bía expresado que “su intención para salir de las dificulta- 
des del Alto Perú era convocar a una asamblea de esas pro- 
vincias” ('). Sobre la base de tales propósitos, el general 
Sucre, a falta de instrucciones concretas, había dictado el 
decreto de fecha 9 de febrero de 1825, a su llegada a La 
Paz. Es sabido que ese decreto, convocando a una asam- 
blea de las provincias altoperuanas, con el pbjeto de que 
decidieran su suerte, no fue del agrado del Libertador, aun- 
que primitivamente la idea había sido suya. El citado de- 
creto decía textualmente: 


"Considerando: 1?. — Que al pasar el Desaguadero el 
Ejército Libertador ha tenido el solo objeto de redimir, las 
provincias del Alto Perú de la opresión española, y dejarlas 
en posesión de sus derechos. 2? — Que no corresponde al 
Ejército Libertador intervenir en los negocios domésticos 
de estos pueblos. 3?. — Que es necesario que estas provin- 
cias dependan de un gobierno que provea a su conservación, 
puesto que el ejército ni quiere ni puede abandonarlas a la 
anarquía y al desorden. 4?. — Que el antiguo virreinato de 
Buenos Aires, a quien ellas pertenecían al tiempo de la re- 
volución de América, carece de un gobierno general que re- 
presente completa, legal y legítimamente la autoridad de 
todas las provincias, y que no hay, por consiguiente, con 
quién entenderse para el arreglo de ellas. 5?%. — Que, por 
tanto, ese arreglo debe ser el resultado de la deliberación 
de las mismas provincias y de un convenio entre los Con- 
gresos del Perú y el que se forme en el Río de la Plata. 6?. 
— Y, en fin, que siendo la mayor parte del Ejército Liber- 
tador compuesto de tropas colombianas, no es otra su in- 
cumbencia que libertar al país y dejar al pueblo su sobe- 
ranía, dando este testimonio de justicia, de generosidad y 


(1) Simón B. O'Leary, Memorias del general O'Leary (Correspondencia 
de hombres notables con el Libertador), Caracas, 1879, tomo 1. 


+ 1 


de nuestros principios. He venido en decretar: 1? — Las 
provincias denominadas del Alto Perú quedarán dependien- 
tes de la primera autoridad del ejército libertador, mientras 
una asamblea de diputados de los pueblos delibere sobre la 


suerte de ellas. 2?. — Esta asamblea se compondrá de un 
diputado por partido, que será elegido por los cabildos y to- 
dos los notables que se convocarán al efecto. 3?. — El 25 


de marzo se reunirán en la cabeza del partido la municipa- 
lidad, los notables y todo propietario de una renta de 300! 
pesos o poseedor de un oficio que se los produzca y que 
quiera asistir a la elección, a cuyo efecto el gobernador del 
partido los citará con ocho días de anticipación. 4*. — Será 
presidida esta asamblea del partido por la persona que ella 
misma elija, y mientras tanto lo estará por el gobernador. 
Ella nombrará dos escrutadores y un secretario para tomar 
los votos, que se darán públicamente. 5. — Hecha la vo- 
tación, resultará diputado el que reúna la pluralidad abso- 
luta y será obligado. a asistir a la asamblea general sin ex- 
cusa alguna. 6?. — Para ser diputado se necesita ser mayor 
de 25 años y poseer una renta de 800 pesos anuales o tener 
un empleo, o ser profesor de alguna ciencia que se los pro- 
duzca y ser avecindado en la provincia que va a represen- 
tar, por cuatro años de residencia. Cualquiera dificultad so- 
bre estas calidades será resuelta por la misma asamblea 
del partido. 7?. — Las credenciales de estos diputados se- 
rán firmadas y autorizadas por toda la asamblea del partido 
y sus poderes no tendrán condiciones, ni sus instrucciones 
serán más que conformarse al voto libre de los pueblos, 
por medio de la representación general. 8?. — Todos los 
diputados estarán reunidos en Oruro el 10 de abril, para que 
durante una/semana sean examinados sus poderes y cre- 
denciales. 9?. — El 29 de abril se reunirá la asamblea ge- 
neral y ella deliberará sobre los destinos de las provincias 
y sobre su régimen provisorio de gobierno; y mientras una 
: resolución final, legítima y uniforme, quedarán regidas con- 
forme al art. 12. 10? — El Ejército Libertador respetará la 
resolución de esta asamblea, con tal que ella conserve el 
orden, la unión y la concentración del poder, para evitar a 
los pueblos la anarquía. 11?.— Toda intervención de la fuer- 
za armada en las deliberaciones de la asamblea, hará nu- 
los los actos en que se mezcle el poder militar. 12%. — 
Una copia de este decreto se remitirá al gobierno del Pe- 
rú y a los gobiernos que existen en las provincias que an- 


— 173 — 


tes componían el virreinato de Buenos Aires, protrstándo- 
les que, no teniendo el ejército libertador miras ni aspi- 
raciones sobre los pueblos del Alto Perú, el presente de- 
creto ha sido una medida necesaria para salvar su difícil 
posición respecto a los mismos pueblos. Dado en La Paz, 
a 9 de febrero de 1825.— A. J. de Sucre”. 

Hemos creído conveniente insertar íntegramente este 
histórico decreto, tomado de la colección de Documentos 
referentes a la creación de Bolivia de D. Vicente Lecuna, 
porque es, a nuestro juicio, la piedra fundamental en que se 
basa la independencia del país. En ese decreto no solamen- 
te se reconoce el derecho de las provincias altoperuanas 
para decidir de su suerte, sino que también, poniendo a 
salvo el principio que hasta entonces había presidido la for- 
mación de las nuevas nacionalidades americanas (el uti po- 
ssidetis), se proclama el de la autodeterminación, subordi- 
nándolo, como era natural, al del reconocimiento extranjero, 
conforme a las prácticas del derecho público. Todo nuevo 
estado que se incorpora a la comunidad internacional nece- 
sita ser admitido por ella en tal carácter, para entrar a go- 
zar de la soberanía en condiciones de igualdad. A ese fin 
se encaminaban las previsiones del último artículo dei de- 
creto, con tanta más razón cuanto que la situación con el 
Río de la Plata no estaba despejada. Está probado que Su- 
cre remitió a Bolívar el texto del documento en cuestión, 
desde Puno, donde se detuvo algunos días; y que si bien el 
Libertador lo impugnó, por razones políticas de última ho- 
ra,*sus observaciones llegaron después de promulgado y 
cuando estaba en vías de ejecución. Sucre, además, amena- 
zó a Bolívar con su renuncia si se le obligaba a revocarlo. 

La ocupación de las provincias del sur, por las armas 
españolas, había retardado las elecciones. Fue posible a Su- 
cre, por lo tanto, postergar la convocatoria a la asamblea, 
para retirarse a tiempo en el caso de que Bolívar insistiera 
en su propósito de suspenderla. Posteriormente fueron cam- 
biados el lugar y la fecha de la reunión. 

Durante mucho tiempo se ha pensado (y lo han repetido 
casi todos los historiadores bolivianos) que D. Casimiro Ola- 
ñeta influyó en el ánimo del general Sucre para que el de- 
creto fuera dictado. Es posible que en la mente del futuro 
tribuno hubiera existido ese propósito, pero el hecho es que, 
cuando ambos personajes se encontraron en Puno, el pro- 
yecto estaba redactado y ya había sido remitido al Liber- 


a E 


tador, no en consulta, puse ya no era tiempo para iniciar 
esos trámites, sino para su conocimiento y gobierno ('). Es 
posible, sin embargo, que en el ánimo de Sucre pesaran 
anteriormente otras sugestiones altoperuanas que se le hu- 
bieran transmitido por algún conducto, pues en Carta a Bo- 
lívar, escrita en el Cuzco el 8 de enero, le decía que el Alto 
Perú no quería ser “sino de sí mismo”. 

Sucre recibió en Potosí una carta del Libertador, escri- 
ta en Lima el 21 de febrero, que expresaba: “Según dice us- 
ted, piensa convocar a una asamblea de dichas provincias. 
Desde luego la convocación es un acto de soberanía. Ade- 
más, llamando usted estas provincias, a ejercer su sobera- 
nía, las separa de hecho de las demás provincias del Río. 
de la Plata”. Pero ya era tarde y la observación llegaba fue- 
ra de tiempo. El general Sucre, además, había dado ese pa- 
so porque el Río de la Plata estaba sin gobierno responsa- 
ble, anarquizado y fuera de toda posibilidad de ocuparse 
del Alto Perú. Las provincias altas no podían esperar a que 
esa situación cambiase y tenían que organizarse en alguna 
forma. El ejército libertador, por otra parte, dependía del 
gobierno de Colombia y Bolívar era presidente del Perú. ¿A 
quién consultar? La inspiración de Sucre fué, pues, la más 
acertada, como no tardaría en demostrarlo el conocimiento 
de la actitud que, desde tiempo atrás, había asumido el Con- 
greso argentino. A esto había que agregar que esa inspi- 
ración coincidía con las aspiraciones de la población alto- 
peruana, “que no quería ser sino de sí misma”. | 

Algo más tarde, al acercarse el Libertador al territorio 
de las provincias altas, dió en Arequipa otro decreto, subor- 
dinando las resoluciones de la asamblea altoperuana a la 
aprobación del Congreso de Lima. Bien estaba ese paso en 
cuanto al reconocimiento del nuevo estado, que requería la 
decisión de los países vecinos y de todas las demás nacio- 
nes soberanas. Pero era improcedente al tratar de subordi- 
nar los actos de la asamblea a la aprobación del Congreso 
peruano. Lo que el Libertador quería era conciliar las medi- 
das sobre el Alto Perú con sus deberes políticos de jefe de 
la nación peruana. Pero en ese propósito iba demasiado le- 


(1) Así lo ha demostrado con pruebas irrecusables D. Humberto Váz- 
quez Machicado, en su ensayo Blasfemias Históricas (Editorial Au- 
rora, La Paz, 1939) con el auxilio de estudios inéditos de G. René 
Moreno. 


— 175 — 


jos. Aunque el Perú había ayudado a la liberación de las 
provincias altas, no tenía derecho para disponer de su des- 
tino. Las tropas de la Argentina, de Chile y de Colombia 
habían contribuído a la independencia peruana y, sin embar- 
go, ninguno de esos países se creía facultado a intervenir 
en la suerte del Perú. El hecho de que la Audiencia de Char- 
cas hubiera pertenecido al virreinato del Río de la Plata, co- 
mo la de Quito al de la Nueva Granada (antecedente invo- 
cado por Bolívar para que no se concediera al Alto Perú 
una autonomía a la que según él no podía aspirar) no des- 
truía el precedente sentado con Guayaquil, cuando un ple- 
biscito provocado por él, verdadero acto de autodetermina- 
ción, había desmembrado ese territorio del Perú, agregán- 
dolo a Colombia. ¿ i 

No puede negarse, por lo tanto, que en el ánimo del 
Libertador reinaba una confusión propensa a las contra- 
dicciones. No le convenía, como a colombiano, que el Perú 
se anexase el territorio de las provincias altas, aumentan- 
do el poderío de ese vecino de su patria, y por eso procla- 
maba los derechos del Río de la Plata; pero ál mismo tiem- 
po, como presidente del Perú, no se atrevía a contrariar 
las aspiraciones del país que gobernaba y que alimentaba 
intenciones manifiestas. Tenía la sospecha bien fundada de 
que Altoperuania, rotos los vínculos con Buenos Aires, op- 
taría por incorporarse al Perú y, sin embargo, se prestaba a 
satisfacer las pretensiones peruanas. ¿Por qué? Quizá por- 
que habiendo adquirido sobre Lima y 'sus hombres un as- 
cendiente incontrastable, pensaba que sería más fácil in- 
corporar el Perú a sus planes de confederación, con el adi- 
tamento de las provincias altas. En todo caso, la conducta 
del Libertador aparecía arbitraria y desconcertante. 


2. SUCESOS DEL ALTO PERU. 


No bien el general Olañeta salió de Cochabamba con 
dirección a La Paz, aquella ciudad proclamó la independen- 
cia. Lo mismo hicieron las demás poblaciones que no es- 
taban ocupadas por el ejército español y aun algunas cu- 
yos vecindarios consiguieron deponer a sus autoridades. 

Olañeta evacuó La Paz el 22 de enero y Lanza, antiguo 
guerrillero, se posesionó de la ciudad en nombre de los in- 
dependientes, hasta la entrada de Sucre, el 7 de febrero. 
Aquél se dirigió a Potosí, con el propósito de concentrar sus 


— 176 — 


fuerzas, aunque en sus filas se multiplicaban las desercio- 
nes y se tenían noticias de que por el sur avanzaba una 
expedición argentina a las órdenes de Arenales, mientras 
que por el norte la vanguardia del ejército libertador se 
aproximaba apresuradamente. El mismo día que salía de Po- 
tosí, entraba dicha vanguardia en la histórica villa, y al 
día siguiente la ocupaba Sucre con el grueso de sus tro- 
pas (29'de marzo). Cuando el jefe español llegó a Tumusla 
(2 de abril) se encontró con que una parte de su ejército 
se había pronunciado por la independencia, encabezada por 
uno de sus subalternos, el coronel Medinaceli. En el com- 
bate que se trabó como consecuencia de esa defección, 
Olañeta fué muerto ('). Así terminó la guerra en el Alto 
Perú, sin que el ejército libertador hubiera intervenido.con 
sus armas. El genera! Sucre recibió en Potosí el parte de 
esta acción, que simplificaba la pacificación del territorio y 
accedió al pedido de los restos del ejército español, para 
acogerse a lo estipulado en la capitulación de Ayacucho. 
Pocos días después recibía una comunicación del comisio- 
nado nombrado por el gobierno de Buenos Aires (el go- 
bernador de Salta, coronel Arenales), cuya misión era ajus- 
tar un acuerdo con las autoridades españolas que se supo- 
nía existentes aún en el Alto Perú, sobre la base —decían 
sus credenciales— de que las provincias altoperuanas ha- 
bían de quedar en la más completa libertad para acordar 
lo más conveniente a sus intereses y gobierno; el ejecuti- 
vo nacional se obligaba a “ratificar inmediatamente, o con 
la previa autorización del Congreso general constMélyente, 
conforme a la ley fundamental de 23 de enero, todo cuanto 
ajustare y conviniera a su nombre el referido gobernador y 
capitán general de la provincia de Salta”. La actitud de Bue- 
nos Aires obedecía, ante todo, a la necesidad de resguar- 
dar la frontera norte contra una irrupción de las tropas es- 
pañolas, que lógicamente habían de buscar una salida para 
escapar del ejército libertador. Por eso Arenales llevaba cre- 
denciales para Olañeta. 

Posteriormente a estas instrucciones, el Congreso ge- 
neral de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con fe- 
cha 9 de mayo de 1825, había expedido un decreto por el 


(1) No faltan historiadores que afirman que no hubo combate, sino que 
Olañeta fué herido por un disparo anónimo, cuando se presentó a 
sofocar el motín que había estallado éntre sus tropas. 


— 177 — 


que se nombraba una legación ante Bolívar y se invitaba a 
las provincias altoperuanas a incorporarse al Congreso ge- 
neral argentino, designando representantes, aunque por el 
Art. 42 del mismo, se las declaraba libres de disponer de 
su destino. El texto de dicho artículo era el siguiente: “La 
invitación de que habla el artículo anterior y las instruc- 
ciones que la legación recibida del supremo Poder Ejecutivo, 
reconocerán por base que, aunque las cuatro provincias del 
Alto Perú han pertenecido siempre a este Estado, es la vo- 
lúuntad del Congreso general constituyente que ellas que- 
den en plena libertad para disponer de su suerte, según 
crean convenir mejor a sus intereses y a su felicidad”. La 
conducta argentina no podía ser más amplia y tenía por ob- 
jeto, en el momento de anarquía que atravesaban las Pro- 
vincias Unidas, descartar dificultades. En cuanto a la acti- 
tud del Perú o, mejor dicho, de Bolívar, fundada en el he- 
cho de hallarse ocupado el Alto Perú por el ejército liber- 
tador, era tan curiosa como inexplicable: “La deliberación 
de esta asamblea —decía el decreto dictado en Arequipa 
el 16 de mayo, refiriéndose a la convocada por Sucre— no 
recibirá ninguna sanción, hasta la instalación del nuevo Con- 
greso del Perú en el año próximo... Las provincias del Al- 
to Perú quedarán entre tanto sujetas a la autoridad inme- 
diata del Gran Mariscal de Ayacuho, general en jefe del 
ejército libertador... Las provincias del Alto Perú no reco- 
nocerán otro centro de autoridad, hasta la instalación del 
nuevo Congreso peruano, sino la del gobierno supremo de 
esta república”. 

Pero antes de que el Libertador pisara territorio alto- 
peruano, las provincias altas, por sí solas, se encargarían de 
resolver el problema, cortando el nudo gordiano. Por dispo- 
siciones adoptadas por el general Sucre, después de varias 
dilaciones, le asamblea se reunió en Chuquisaca, el 10 de 
julio, y su primer acto, después de madura deliberación que 
duró varios días, fue la declaración de la independencia al- 
toperuana, aunque al mismo tiempo bautizó al nuevo estado 
con el nombre de República Bolívar, dió al Libertador el tí- 
tulo de padre y protector de la patria, votó premios, hono- 
res, etc. Es indudable que Sucre influyó en estos actos pa- 
ra comprometer a Bolívar y obligarle a declararse partida- 
rio de la autonomía altoperuana. Si él no influyó, los dipu- 
tados, por sí solos, dieron muestras de una habilidad ex- 
traordinaria. Pero antes se había enviado al Libertador un 


— 178 — 


mensaje dándole cuenta de la instalación de la Asamblea, 
invocando su protección y su ayuda. La ley de dominación 
del nuevo estado y la de premios y honores, abarcaba tam- 
bién al general Sucre, pero en realidad estaba dedicada a 
Bolívar, cuya oposición a la independencia altoperuana era 
necesario quebrantar. 

La flecha dió en el blanco. La “legación legislativa” 
nombrada para ir al encuentro del Libertador y expresarle 
los votos nacionales, que se le presentó en La Paz, obtuvo 
que aquél se interesara por la suerte del nuevo estado, aun- 
que no alcanzó a conseguir la derogatoria del decreto de 
Arequipa, que subordinaba los actos de la asamblea a su 
exclusiva autoridad, bajo el pretexto de que representaba al 
gobierno peruano. Hay que comprender que, decorosamen- 
te, no podía retroceder en este punto, sin desautorizarse y 
desmentirse. Sus escrúpulos en este orden llegaron al ex- 
tremo de no contestar personalmente a ninguna de las co- 
municaciones de la diputación, que sólo se comunicaba con 
él a través de su secretaría”. 

Se han criticado mucho —y con razón— los excesos 
adulatorios del Congreso de Chuquisaca o Congreso “deli- 
berante”, como se le llamó con acierto, porque ésa era su 
función, por voluntad de Bolívar: “deliberar” y no resolver, 
aunque resolvió nada menos que la independencia. La asam- 
blea extremó los homenajes: nombre de la nueva nación, 
títulos, premios, medalla de brillantes, estatuas ecuestres 
en cada capital de departamento, etc. Pero hay que reco- 
nocer que por tal medio se buscaba conquistar la voluntad 
del hombre omnipotente, que si no revocó el decreto de 
Arequipa, pasó por encima de él, realizando una obra de 
organización que valía por el reconocimiento tácito de la 
independencia y comprometiéndose a redactar la carta cons- 
titucional del nueyo estado. 

Bueno es saber que las resoluciones de la asamblea 
nombrando a Bolívar primer presidente, pidiendo que el 


ejército colombiano permaneciera en el territorio y desig- 


nando al general Sucre para reemplazar al Libertador en. el 
caso de que éste se ausentara, no fueron actos espontáneos 
dictados por la gratitud, sino medidas que se conformaban 
con el famoso documento de Arequipa. La prueba de que 
Bolívar no reconoció formalmente validez alguna a los acuer- 
dos del Congreso ni a la proclamación de la independencia 
se encuentra en todos los decretos que dictó en el territorio 


— 179 — 


de la nueva república, en los que se titulaba, invariable- 
mente, “Libertador y Presidente de la República de Colom- 
bia, Libertador de la del Perú y Encargado del Supremo Man- 
do de ella, etc.”, sin referencia alguna a Bolivia. Lo mismo 
que Sucre, ejerciendo la presidencia el año 26, sólo se lia- 
maba “General en jefe del Ejército Libertador, Encargado 
del mando de estos departamentos”, seguramente por ins- 
piraciones superiores. 

Bolívar era fiel a su palabra y no quería aparecer reco- 
nociendo tácitamente la independencia altoperuana, que él 
mismo había subordinado al Congreso del Perú. Esto no le 
impedía, por otro lado, decir en su correspondencia prive- 
da: “Creo que Revenga debe ser Ministro de Hacienda [de 
Colombia)... Si no se le da este Ministerio quiero que 
venga a reunirse conmigo para que arregle las cosas de 
Bolivia que la estoy queriendo mucho”. [Carta al vicepre- 
sidente Santander, de Potosí, a 21 de octubre de 1825). “La 
república boliviana será reconocida por sus vecinos de sur 
y norte, porque les hemos quitado un manantial de anar- 
guías, disputas y disensiones y nos están muy agradeci- 
dos”. (La misma carta). "Yo me intereso por este país por 
gratitud y por orgullo y por consiguiente me esmeraré siem- 
pre en favorecerlo”. (Carta de Chuquisaca, del 11 de no- 
viembre) ('). Y, lo que es más notable, el 26 de noviembre 
daba un decreto convocando a elecciones, decreto en cuya 
parte considerativa, si bien declaraba a la asamblea delibe- 
rante sin “facultades para poder constituir a la decretada 
República Boliviana”, en cambio convocaba a un Congreso 
para que dictara la constitución del país a cuya independen- 
cia se había opuesto y cuya proclamación se había negado 
a reconocer. 

La conducta del Libertador respecto a Bolivia seguía 
siendo contradictoria, aunque la autonomía del Alto Perú 
quedó proclamada solemnemente el 6 de agosto de 1825, 
mediante un acta ampulosa y enfática, pero que reflejaba 
el anhelo de los pueblos. Esa actitud, en resumen, era el 
resultado de la voluntad decidida de los altoperuanos, que 
había encontrado eco en el noble espíritu del Mariscal de 
Ayacucho y cuyos votos eran favorecidos por la situación es- 
pecial que atravesaban las Provincias Unidas del Río de la 


(1) Lecuna, Documentos relativos a la creación de Bolivia, tomo !l. 


— 180 — 


Plata. Las vacilaciones y contradicciones del Libertador, sin 
duda alguna, tenían origen en los grandiosos planes que ali- 
mentaba y que, desde tiempo atrás, fermentaban en su es- 
píritu: la unión, liga y confederación sudamericana. Cual- 
quier acto festinatorio pocía perjudicar tan altas finalidades. 
No era seguramente la ambición personal la que le guia- 
ba, sino la conciencia de la importancia de sus concepcio- 
nes para el porvenir del continente y, quizá también, el amor 
a la gloria. El Alto Perú, entretanto, era contrariado en sus 
aspiraciones, postergado y humillado. Bolivia todavía no era 
la “hija predilecta”, sino la oveja negra del rebaño. 


Desde tiempo atrás, Bolívar estaba en comunicación 
con el Río de la Plata —con el deán Funes, particularmen- 
te— y sabía que allí se hablaba de él para realizar grandes 
proyectos. La prematura desmembración del: Alto Perú po- 
día perjudicarle ante el concepto argentino. En el Perú exis- 
tían propósitos de anexión respecto a las provincias altas y 
él no debía aparecer contrariándolas. Su propia correspon- 
cencia, por último, nos ha dado más de una vez la clave del 
intríngulis. En carta de Potosí, de fecha 10 de octubre de 
1825, decía a Santander, refiriéndose a la legación argenti- 
na que recibió allí: “Me han dicho terminantemente que yo 
debo ejercer el protectorado de América, como único medio 
de salvarla de los males que la amenazan, muy particular- 
mente por la actitud hostil que ha tomado el Brasil contra 
Buenos Aires...” ('). Pronto vió que la creación de Bolivia 
no perjudicaba sus planes y que más bien parecía favore- 
cerlos, pero no podía cambiar la actitud adoptada oficial- 
mente. Desde Chuquisaca, el 12 de diciembre, decía al mis- 
mo Santander: “Esta república boliviana tiene para mí un 
encanto particular. Primero su nombre y después todas sus 
ventajas, sin un escollo; parece mandada hacer a mano. 
Cuando más medito sobre la suerte de este país, tanto más 
me parece una pequeña maravilla. Los argentinos me es- 
tán amando mucho y quieren que haga extensiva esta re- 
pública a la suya. Los peruanos me dan pruebas de estima- 
ción y todos marchan perfectamente, excepto Chile, que 
está en anarquía completa, mas me parece que pronto ten- 
drá término aquel desorden” ('). 


(1) Lecuna, op. cit., tomo l, pág. 375. 
(1) Lecuna, op. cit., tomo |, pág. 439. 


— 181 — 


3. PROCLAMACION DE LA INDEPENDENCIA. 


Hemos tratado precedentemente de la declaración de 
la asamblea de Chuquisaca, considerándola simplemente 
desde el punto de vista de la actitud del Libertador. Nos co- 
rresponde ahora ocuparnos de ella er su trascendencia de 
acto inicial y a la vez decisivo de la fundación de la neacio- 
nalidad. 

- La independencia de Bolivia fué un fenómeno social 
emergente de mil antecedentes históricos, políticos y eco- 
nómicos. Desde los tiempos de la conquista, el distrito de 
Charcas se constituyó como una entidad propia, formada al- 
rededor de la riqueza minera descubierta en su territorio. 
También en el período incaico —ya lo hemos visto— había 
constituído una unidad política y geográfica: el Collasuyo. 
Si algún vínculo lo ligaba a una jurisdicción, era el de los 
lazos seculares del imperio y del virreinato peruanos, que- 
brantados por la fundación del virreinato del Río de la Pla- 
ta. Pero este nuevo vínculo fué efímero. Tan efímero, que 
los revolucionarios altoperuanos de 1809 actuaron por pro- 
pia cuenta o considerándose siempre ligados, por razones 
raciales y geográficas, al Bajo Perú. “Valerosos habitantes 
de La Paz y de todo el imperio del Perú”, decía la procla- 
ma de la Junta Tuitiva, porque los planes revolucionarios 
abarcaban no solamente el distrito de Charcas sino tembién 
el del Cuzco. Y aunque es efectivo que durante la guerra de 
la independencia se creó, por cierto tiempo, alguna solida- 
ridad entre las provincias de “abajo” y las de “arriba” del 
extinguido virreinato platense, ella duró muy poco y fué des- 
truída por los azares de la guerra y por el abandono que hi- 


cieron las provincias bajas de la suerte del Alto Perú, por 


nueve años librado a sus propios esfuerzos. Todavía en 
1820 el gobierno de Buenos Aires se había negado a coo- 
perar con.mil hombres a la iniciativa de San Martín para 
organizar un ataque combinado sobre las fuerzas españo- 
las, concentradas en la sierra peruana y en Charcas. Así 
lo comprendió el Congreso argentino al manifestarse dis- 
puesto a reconocer el derecho de las provincias altas pa- 
ra resolver su propio destino. En cuanto al Bajo Perú, si bien 
invocando conveniencias recíprocas para una reunión que 
no dejaba de tener simpatizantes entre los altoperuanos, 
no podía alegar título alguno legal para afianzar sus preten- 
siones y, además, venían ellas en momento en que las ten- 


— 182 — 


dencias de autonomía ya se habían robustecido y afianza- 
do. Los “doctores altoperuanos” y los miembros de la cla- 
se armada que había militado primero en las filas españo- 
las y luego en las independientes del Perú y del Río de la 
Plata, se creían llamados a mandar en su propio país, en 
situaciones de primera línea y, por lo tanto, querían ser in- 
- dependientes. Todo, pues, concurría a ese resultado. 

El general Sucre, acompañado de Arenales, había lie- 
gado a Chuquisaca en 25 de abril, recibiendo una ovación 
sín precedentes. Sin pérdida de tiempo se dedicó a organi- 
zar el país en todas las esferas de la administración, preo- 
cupándose, desde luego, de las cuestiones más urgentes. 
Creó la Corte Suprema de Justicia, aunque con carácter in- 
terino, para reemplazar la extinguida audiencia. Si bien sus 
medidas eran provisionales, fijó su atención en todo lo que 
exigía reforma o arreglo inaplazable. 

Pasadas las elecciones, Sucre dejó en Chuquisaca todo 
dispuesto para que la asamblea se realizase. Por indica- 
ciones de Bolívar, ducha en materias políticas, se retiró de 
la sede del Congreso y alejó al ejército para que la repre- 
sentación popular se reuniera, libre de toda influencia del 
poder militar. : 

Ya hemos dicho que la asamblea se instaló el 10 de ju- 
lio con la mayor solemnidad. Los distritos de la república 
habían enviado lo más conspíicuo y representativo entre sus 
hombres. Algunos poseían cierta experiencia parlamenta- 
ria, adquirida en el Congreso de Tucumán. Los demás eran 
varones probos e ilustrados, en cuyas manos habían depo- 
sitado los vecindarios el porvenir de la patria. En la inau- 
guración del Congreso estuvieron presentes treinta y nue- 
ve diputados, y la mesa directiva quedó elegida en esta for- 
ma: presidente, José Mariano Serrano; vicepresidente, José 
María Mendizábal (clérigo, realista hasta la víspera, natu- 
ral de Jujuy); secretarios, Angel Mariano Moscoso y José 
Ignacio de Sanjinés. En las palabras del presidente sobre- 
salieron las referencias de elogio para Bolívar y Sucre y las 
demostraciones de la gratitud nacional. Luego se leyó la me- 
moria enviada por el general Sucre, en cuya redacción ha- 
bía intervenido Bolívar, desde el Cuzco. Y, por fin, se desig- 
nó una legación encargada de pedir al Libertador la dero- 
gación del decreto de Arequipa, legación cuyos resultados 
ya hemos visto. Esta no anduvo corta en exigencias. Des- 
pués de varias comunicaciones a Bolívar, el 6 de septiem- 


— 183 — 


bre le enderezó una nota de oficio, dirigida a su secreta- 
rio general, en la que expresaba, terminantemente: “Los 
pueblos que de hecho ejercen la soberanía, aun cuendo no 
sean reconocidos de derecho por las demás naciones, bien 
pueden dictar sus leyes para arreglar el país provisoria- 
mente. De otro modo resultaría como una consecuencia ine- 
vitable la anarquía, la disolución y la muerte. He aquí, se- 
ñor secretario, la posición difícil de los departamentos. En 
consecuencia, la Asamblea para cumplir la voluntad sobe- 
rana de sus representados, exige de S. E. (el Libertador) 
una explicación sobre estos asuntos” ('). Firmaban la con- 
minatoria D. José María de Mendizábal, D. Casimiro Ola- 
ñeta y D. Hilarión Fernández, como secretario. 

Todo induce a creer que la nota no fué contestada, por- 
que la colección de documentos de donde ha sido tomada, 
contiene las respuestas del secretario Estenós a otras co- 
municaciones de la misma fecha, pero no a ésta. 

El general Santa Cruz, electo diputado por La Paz, re- 
husó incorporarse a la asamblea. Era partidario de la nión 
al Perú y contrario a la autonomía, como más tarde jo de- 
mostrara superabundantemente. Fué nombrado, en cambio, 
por la misma asamblea, presidente (prefecto) del departa- 
mento de Chuquisaca. 

El 18 de agosto se inició la discusión sobre el futuro 
destino del Alto Perú. Planteó la cuestión el diputado Se- 
rrano, abarconando la presidencia. Expuso que, por diver- 
sas razones, estas provincias no debían unirse al Río de la 
Plata ni agregarse al Bajo Perú, sino declararse absoluta- 
mente independientes. En el mismo sentido opinó el dipu- 
tado Olañeta, que empezaba a lucir sus aptitudes orato- 
rías. La tesis contraria, que no se inclinaba a la unión al 
Río de la Plata sino al Perú, la sostuvieron los diputados 
Eusebio Gutiérrez y Mendizábal, aunque débilmente. Las ob- 
jeciones de Gutiérrez se fundaban en que estas provincias 
“no podían constituir un estado independiente porque care- 
cían de virtudes políticas, verdadero patriotismo, espíritu 
público y elementos de seguridad” f'). La corriente general 
estaba en favor de la autonomía absoluta, pero sólo el di- 
putado Montoya fundó este desiderátum en la razón del 
equilibrio entre los estados de la América del Sur; ésta era 


(1) Lecuna, op. cit., pág. 331. 
(1) Sabino Pinilla, La Creación de Bolivia. América, Madrid, pág. 189. 


— 184 — 


quizá la razón más valedera, como que, a ella y no a otra 
debe Bolivia el milagro de mantenerse independiente, des- 
pués de todas las vicisitudes de su historia. 

Con la sola discrepancia de los diputados Gutiérrez y 
Velarde, que dieron sus votos por la anexión al Perú, la 
asamblea resolvió la absoluta independencia, en la sesión 
del 6 de agosto. Inmediatamente se leyó el acta preparada 
para el caso, redactada por la comisión nombrada al esfec- 
to, y se procedió a firmarla. Aunque “con cargo de aproba- 
ción por el Congreso del Perú”, por voluntad de Bolívar, 
guedaba constituída la República Bolívar, pero solamente en 
principio, porque la asamblea se creía sin facultades para 
dictar una ley constitucional. Decretó, sin embargo, la for- 
ma de gobierno (republicano y unitario) y el uso de escudo 
y de bandera. 

¿Qué reflexiones caben sobre un hecho de tanta tras- 
cendencia? Que:se cumplía un destino fatal e inevitable, que 
ni los intereses políticos encontrados ni la voluntad de al- 
gunos hombres habían conseguido torcer. Uno de los dipu- 
tados, sin embargo, el clérigo Mendizábal, llamó la atención 
sobre un hecho en que el entusiasmo patriótico no había 
parado mientes: Bolivia nacía a la vida independiente con 
“absoluta carencia de puertos”, pues los que tenía en su 
litoral no. merecían el nombre de tales. Era la primera voz 
de alarma sobre un problema capital, el de la clausura del 
territorio, problema que, en lugar de resolverse, se ha agra- 
vado en el curso de la historia republicana. 


4. LA ORGANIZACION DEL PAIS. 


La parte esencial de las resoluciones de la asamblea, 
aparte de la ley de honores y recompensas a Bolívar, al 
Mariscal de Ayacucho y al ejército libertador, era la refe- 
rente a encargar el mando al general Sucre y.a pedir al go- 
bierno de Colombia la permanencia de dos mil hombres de 
su ejército para mantener el orden mientras la nación, se 
organizaba. También se resolvió nombrar legaciones ante 
los gobiernos del Perú, del Río de la Plata y de Colombia, 
para gestionar el reconocimiento del nuevo estado. Igual- 
mente se designó una “diputación permanente”. 

El 18 de agosto el Libertador llegó a La Paz, donde fué 
acogido en forma de apoteósis. Lo mismo sucedió en Po- 
tosí, el 5 de octubre, y en Chuquisaca, ciudad en que, según 


— 185 — 


sus propias palabras, fué recibido el 4 de noviembre “con 
una gracia digna de la antigua Grecia”. En Potosí realizó 
el ideal de escalar el famoso cerro, en cuya cumbre pro- 
nunció palabras memorables. 

Allí mismo se le presentó la legación argentina enco- 
mendada al general Alvear y al doctor Díaz Vélez, cuya mi- 
sión tenía doble fin: felicitar al Libertador por sus triun- 
fos en favor de la causa de América y pedirle ayuda en las 
dificultades con el Brasil. Aunque Bolívar agradeció el 
mensaje congratulatorio, no quiso comprometer su palabra 
como jefe de Colombia y del Perú, en ofrecimientos que 
pudieran acarrearle dificultades. Alegó, pues, que estaba en 
el Alto Perú como jefe del ejército y no en ejercicio del 
gobierno. 

Si esta misión estuvo dirigida ditactamente al Liber- 
tador en su simultáneo carácter de jefe de Colombia y del 
Perú, otra gestión de los plenipotenciarios argentinos, plan- 
teada el 25 de octubre de 1825, se refería concretamente 
a un asunto altoperuano, en el que Bolívar se vió en el caso 
de intervenir. Se trataba de la cuestión de Tarija, territo- 
río cuya devolución reclamaban dichos plenipotenciarios, 
alegando que había pertenecido a la provincia de Salta. Re- 
conociendo el fundamento de la solicitud, el Libertador or- 
denó la entrega de Tarija, sin averiguar mayores antece- 
dentes y sin contar con la actitud del distrito disputado, 
que pedía su incorporación a Bolivia y que se rebeló contra 
la determinación. El caso creó un conflicto que duró mu- 
chos años y que sólo tuvo solución más tarde, mediante la 
celebración de un tratado. Pero a raíz de aquellos sucesos, 
el Congreso de 1826 desautorizó a Bolívar en estos explí- 
citos términos: “La representación nacional desconoce los 
actos y niega la ratificación a las negociaciones por que 
haya sido desmembrada la provincia de Tarija del territorio 
del Alto Perú, hoy República Boliviana”. 

Bolívar se entregó a una fecunda labor de organiza- 
ción, asistido por la comisión legislativa o diputación per- 
manente. Dictó decretos sobre asuntos diversos, interesán- 
dose por los problemas de la nueva nacionalidad: educa- 
ción popular, militar y eclesiástica, minas, agricultura, via- 
lidad, protección de la raza indígena, establecimiento de 
imprentas, industria, comercio, aduanas, puertos, beneficen- 
cia, buenas costumbres, etc. Salió de Chuquisaca el 1? de 
enero, entregando el mando al Mariscal de Ayacucho y pro- 


— 186 — 


metiendo en su proclama de despedida: “Seréis reconoci- 
dos como una nación independiente; recibiréis la Constitu- 
ción más liberal del mundo; vuestras leyes orgánicas se- 
rán dignas de la más completa civilización; el Gran Maris- 
cal de Ayacucho está a la cabeza de vuestros negocios y 
el 25 de mayo próximo (fecha fijada para la reunión del 
Congreso Constituyente) será el día en que Bolivia sea. Yo 
os lo prometo”. Pero Bolivia ya “era”. 

Decidida como estaba la organización del nuevo esta- 
do, el general Sucre se apresuró a constituir un gobierno 
normal, suprimiendo el sistema de secretarías generales, 
que tanto él como Bolívar habían usado como jefes del ejér- 
cito libertador. Aunque sin adoptar todavía el título de pre- 
sidente de la República, creó dos ministerios con el nom- 
bre de secretarías de estado: uno de gobierno y hacienda, 
encomendado a D. Facundo Infante y otro de guerra, a-car- 
go de D. Agustín Geraldino. Poco después nombraba al 
Sr. Bernabé y Madero, potosino educado en Europa, para 
ocupar el despacho de hacienda. 

Aunque en diciembre del año anterior se había man- 
dado que se continuaran pbservando las leyes españolas, 
hasta que el país se diera leyes propias, el gobierno provi- 
sional de Sucre, probablemente bajo la inspiración de In- 
fante, que era un liberal español de reconocida competen- 
cia, comprendiendo que los agentes del poder civil no de- 
ben tener en sus manos la administración de justicia, co- 
mo. sucedía en el régimen- colonial, en que los alcaldes or- 
dinarios desempeñaban las funciones de jueces de prime- 
ra instancia, decretó la organización de tribunales inferio- 
res en cada provincia. 

Al mismo tiempo se procedió a la división del terri- 
torio en distritos, sobre la base de las intendencias colonia- 
les, pero desdoblando la de Cochabamba, que en los últi- 
mos tiempos abarcaba también a la de Santa Cruz; en cu- 
ya virtud se establecieron cinco departamentos: Chuquisa- 
ca, La Paz, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, dejando pen- 
diente la solicitud de Oruro, que invocaba derechos para 
ascender a tal categoría. Los departamentos serían gober- 
nados por funcionarios con el nombre de prefectos, esta- 
rían divididos en provincias (antiguas subdelegaciones) y 
éstas en cantones. Tal división política, con ligeras modi- 
ficaciones, pero con los mismos nombres, subsiste hasta 
nuestros días. 


— 187 — 


El más importante decreto expedido por el general Su- 
cre fué el relativo a la formación del censo y empadrona- 
miento general de las personas y de las propiedades, con 
el principal objeto de establecer el régimen de la contribu- 
ción directa, suprimiendo la alcabala y demás impuestos 
coloniales. 

Luego se preocupó de la organización y reglamentación 
de colegios de ciencias, fundados en las capitales de depar- 
tamento por un decreto de Bolívar, y de crear escuelas pri- 
marias en todos los pueblos, fijándoles recursos, empe- 
zando por el distrito de Cochabamba y continuando con. los 
demás. Igual atención prestó a la creación de asilos de huér- 
fanos y de mendigos en principales ciudades. 

Es digno de señalarse, por su clara visión, el decreto 
de 24 de mayo sobre inmigración, dictado con el fin de atraer 
población extranjera, ofreciéndole toda clase de facilidades 
y garantías. 

Bolivia nacía a una nueva vida y en esos días se pu- 
blicaron los primeros ensayos periodísticos. Sea que el 
ejército libertador hubiera traído consigo una imprenta o 
que se aprovechara la que había pertenecido al ejército de 
Olañeta y la que fué tomada al ejército de Santa Cruz, des- 
pués de la campaña de Intermedios, lo cierto es que em- 
pezaron a publicarse entonces los primeros órganos de pren- 
sa. Salieron a la luz en La Paz y Chuquisaca. 

Si bien en 1823 se había publicado una Gaceta del Ejér- 
cito del Perú Libertador del Sud, impresa en la tipografía 
traída por el general Santa Cruz, lo cierto es que el primer 
periódico editado en-La Paz apareció el 3 de febrero de 
1825, con el nombre de El Chuquisaqueño, cuatro días antes 
de la llegada del general Sucre a esa ciudad. 

El primer periódico formal de Chuquisaca apareció el 
12 de noviembre del mismo año, con el título de El Cóndor 
de Bolivia, en la imprenta “de la Universidad” y luego en la 
“del Ejército”. Antes se había publicado la Gaceta de Chu- 
quisaca (entre junio y octubre de 1825) que sólo alcanzó 
nueve números, escrita quizá por D. Casimiro Olañeta. En 
1826 siguió publicándose en la misma ciudad El Cóndor de 
Bolivia, en pequeño formato. Al mismo tiempo: empezaron 
a circular algunos pliegos y hojas sueltas. 

Preocupación primordial del Mariscal Sucre fué la de 
arreglar el presupuesto nacional de egresos y de ingresos. 
Sobre dos millones de gastos en 1826, las rentas no alcan- 


— 188 — 


zeban, ni con mucho, a cubrir esa suma. El proyecto de ven- 
der las minas vacantes a empresas inglesas, que habían acu- 
dido a Bolivia por medio de sus representantes, desde los 
primeros días de la independencia, no tuvo resultado. “Es- 
criben de Buenos Aires —decía Sucre a Bolívar— que esta 
clase de especulación está muy desacreditada en Londres”. 
Se fundaron con éxito, en cambio, casa de rescate de mi- 
nerales, que dieron ingresos saneados al erario e impulsa- 
ron la minería. 

El mensaje gue el general! Sucre dirigió al Congreso ex- 
traordinario de 1828 contenía todas las informaciones rela- 
tivas al estado de la hacienda pública. Declaraba en ese do- 
cumento que ella no había recibido mejoras con el cambio 
del sistema de impuestos y que el gravamen directo había 
“producido descontento y arrojado déficit”. Sobre la deuda 
exterior hacía conocer la forma en que era pagada, en par- 
te con los recursos ordinarios, por no haber podido colocar- 
se-el empréstito autorizado por el Congreso. Esa deuda pro- 
venía de las gratificaciones que se debían al ejército liber- 
tador. | 

El mismo día en que se instalaba en Chuquisaca el Con- 
greso Constituyente de 1825 (25 de mayo) el Libertador dés- 
pachaba desde Lima, con atento mensaje, el decreto de re- 
conocimiento de la independencia de Bolivia, dictado el 18 
del mismo mes, sin esperar la reunión del Congreso peruano. 

Grandes dificultades tuvo el general Sucre durante es- 
te primer período de su gobierno. El clero le declaró la gue- 
rra por las medidas que adoptó para organizar la educación 
pública, con recursos que habían pertenecido a la iglesia. 
Los altoperuanos a quienes dió cargos de confianza (Olañe- 
ta, prefecto de Potosí, el general Santa Cruz, de La Paz y 
Urdininea, de Chuquisaca) no correspondían a su confian- 
za. En carta a Bolívar se quejaba en estos términos, con fe- 
cha 27 de marzo: “Olañeta se ha plegado tanto a los bochin- 
cheros de Potosí para atraerlos, que me los ha propuesto a 
todos para emplearlos... El general Santa Cruz, que fué a 
La Paz más que todo por arreglar la hacienda y con auto- 
rizaciones extraordinarias... me dice que sólo puede en- 
viar 15.000 pesos mensuales... en el concepto de que La 
Paz da por lo menos 50.000 pesos al mes. Le he contesta- 
do que si él no puede llenar esta parte de la comisión, yo 
iré a cumplirla, porque estoy cierto que sobran medios. Yo 
no sé si estos señores quieren hacerse populares a costo 


— 189 — 


de no cobrar las contribuciones públicas o si quieren ha- 
cer recaer el odio sobre mi, o si lo que se proponen es no 
ayudarme para que me fastidie; lo que diré a usted es que 
todo el peso del trabajo me lo echan a mí y que, por tanto, 
usted no se sorprenderá que le suplique que me excuse 
de aceptar el mando de esta república... Ojalá que usted 
quiera eximirme de esta carga; vuelvo a decir que sé que 
salgo mal” ('). Sobre Urdininea decía, algo más tarde (sep- 
tiembre de 1826): “El único que pensaría en ello (en re- 
volución) es Urdininea, porque dicen que lo devora la am- 
bición de apoderarse del gobierno; pero está tan desacre- 
ditado, que no vale un comino” (?). 

Al fin el Libertador remitió el proyecto de constitución 
que se le había pedido. Era el de la constitución que se lla- 
mó vitalicia, porque atribuía el ejercicio del poder a un pre- 
sidente irresponsable y de por vida. El Congreso lo estudió 
cuidadosamente. La cuestión de la presidencia se decidió 
en la sesión del 18 de septiembre, por treinta y tres votos 
contra cuatro. 

En octubre de 1826 se realizaron las elecciones presi- 
denciales y el general Sucre pasó a ocupar el cargo consti- 
tucionalmente, pero no lo aceptó sino a condición de renun- 
ciarlo ante el Congreso de 1828, para retirarse a la vida pri- 
vada. El 2 de diciembre fué jurada la constitución. Este do- 
cumento es demasiado conocido para que sea necesario re- 
producirlo y comentarlo. Las opiniones sobre él, antiguas y 
modernas, siempre han sido apasionadas y divergentes. Po- 
demos decir, sin embargo, que la mente del Libertador, al 
redactarlo, estuvo inspirada en propósitos de previsión, en 
vista del estado de los pueblos. La presidencia vitalicia pro- 
pendía a suprimir las agitaciones electorales y las ambicio- 
nes desenfrenadas durante el período de organización, pe- 
ro fué el motivo para que se atribuyeran a su autor tenden- 
cias monárquicas, aunque existían numerosos precedentes 
que comprobaban que siempre fué contrario a esas ideas. 

Según el Libertador, en su mensaje de remisión del pro- 
yecto, había tomado en esta materia el ejemplo de Haití, a 
su juicio “la república más democrática del mundo”, en don- 
de la muerte de Petion, presidente vitalicio con facultad de 
elegir a su sucesor, no causó el más pequeño trastorno. 


(1) Lecuna, tomo ll, pág. 83. 
(2) Ibidem, pág. 270. 


— 190 — 


“Prueba triunfante —decía— de que un presidente vitali- 
cio, con derecho para elegir al sucesor, es la inspiración más 
sublime en el orden republicano”. Sin embargo, esta esti- 
pulación, según la cual el presidente quedaba despojado 
hasta del derecho de nombrar ciertos empleados, fué la 
causa de que se le atacara y se le privara de todo ascen- 
diente en el Perú, en Bolivia y en Colombia, países agita- 
dos por la demagogia. 

Tanto en Bolivia como en el Perú la constitución "“vita- 
licia” fuerecibida con reservas y constituyó el principio de 
la propaganda contra su autor. 


5. PRESIDENCIA CONSTITUCIONAL DEL GENERAL SUCRE. 


La presidencia constitucional del general Sucre se inau- 
guró con dificultades graves, que presagiaban desastres pa- 
ra el porvenir. Desde antes de asumirla,el Gran Mariscal 
de Ayacucho había tenido que afrontar la suspensión de 
relaciones con la República Argentina, que en todo ese año 
se había negado a reconocer la independencia de Bolivia 
y a recibir oficialmente a su plenipotenciario D. José Ma- 
riano Serrano, bajo el pretexto de la cuestión de Tarija, que 
se había puesto sumamente vidriosa, pero en realidad co- 
mo una consecuencia de la hostilidad declarada contra Boli- 
via por el gobierno de Buenos Aires, quizá a causa de la 
frialdad con que Bolívar y Sucre recibieron, en 1825, el pe- 
dido de auxilio contra el Brasil. El hecho fué que el gobierno 
de Chuquisaca ordenó el retiro de su representante ante el 
de Buenos Aires, que solamente había sido aceptado en 
calidad de agente confidencial. 

Luego se produjo la defección del oficial colombiano 
Matute, en Cochabamba, fruto de la indisciplina y del des- 
contento naturales en tropas inactivas y acantonadas por 
largo tiempo, así como también de cierta hostilidad hacia 
los libertadores, síntoma de la sorda oposición que se le- 
vantaba contra el gobierno. Todo hacía pensar que se trata- 
ba de una maniobra política antibolivariana. El manifiesto 
de despedida del capitán Matute así lo daba a entender, 
pues decía entre otras cosas: “Vean las constituciones de 
Bolivia y del Perú, que son análogas una y otra, donde dice 
en un artículo que el presidente será perpetuo. ¡Perpetuo 
mando en un gobierno libre! ¿Habrá cosa más escandalosa 
que un mando vitalicio a los corazones de unos hombres 


— 191 —= 


que han abandonado su patria por ser libres?... Los pue- 
blos nos odian porque se figuran que nosotros sostenemos 
la ambición... Compañeros: el despotismo reina y la am- 
bición...” ('). Desde 1826, por lo tanto, el general Sucre 
vivía sobre un volcán. 

Llamado Bolívar a su país por los sucesos de Venezue- 
la, que pretendían su separación de Colombia, dejó al ge- 
neral Santa Cruz encargado de la presidencia del Perú, que 
acababa de mandar una misión diplomática a Bolivia, enco- 
mendada al señor Ortíz de Zeballos, con el propósito de ce- 
lebrar un tratado de confederación y otro de límites. Sin 
atreverse a contrariar abiertamente ese propósito, que pro- 
cedía del Libertador, Sucre influyó sobre el Congreso, por 
medio de su ministro Infante, para que la confederación 
entre el Perú y Bolivia se sujetara a la condición de que 
Colombia haría parte de ella. Ante la protesta de Ortíz de 
Zeballos, el Congreso aprobó el tratado simple y llanamente 
y Sucre tuvo que resignarse. Aquélla era otra de las inicia- 
tivas del Libertador. Después de haber dado existencia a 
Bolivia y de haberse desvelado por organizarla, quería ama- 
rrarla al Perú, bajo el pretexto de su debilidad, pero real- 
mente para constituir el primer eslabón de una alianza entre 
Colombia, Bolivia y el Perú, que jamás llegó a cristalizarse. 

El resultado de estas maniobras fué fatal. El Perú re- 
chazó los tratados, por los que cedía a Bolivia los distritos 
de Tacna, Arica y Tarapacá, que eran el señuelo escogido 
para que se aceptara la confederación. Esto no evitó que 
Santa Cruz fuera desposeído del gobierno del Perú y los 
planes del Libertador echados por tierra. 

El año 1827 transcurrió entre los esfuerzos del general 
Sucre para evitar que el antibolivarismo se transmitiera a 
Bolivia. Normalizada la administración, su mayor empeño 
fué enviar a Colombia las tropas auxiliares cuya perma- 
nencia en el país inquietaba al gobierno peruano. Un decre- 
to expedido por el general La Mar, nuevo presidente del 
Perú, promulgando 'una ley del Congreso, daba la norma de 
la situación, en el mes de octubre: se autorizaba al gobier- 
no a entrar en relaciones con Bolivia, “luego que esté libre 
de intervención armada extranjera y tenga un gobierno na- 
cional propio”. El general Sucre estaba decidido a convo- 
car el Congreso y ausentarse sin demora, por hastío y por 


(1) Lecuna, tomo ll, pág. 287. 
— 192 — 


que han abandonado su patria por ser libres?... Los pue- 
blos nos odian porque se figuran que nosotros sostenemos 
la ambición... Compañeros: el despotismo reina y la am- 
bición...” ('). Desde 1826, por lo tanto, el general Sucre 
vivía sobre un volcán. 

Llamado Bolívar a su país por los sucesos de Venezue- 
la, que pretendían su separación de Colombia, dejó al ge- 
neral Santa Cruz encargado de la presidencia del Perú, que 
acababa de mandar una misión diplomática a Bolivia, enco- 
mendada al señor Ortíz de Zeballos, con el propósito de ce- 
lebrar un tratado de confederación y otro de límites. Sin 
atreverse a contrariar abiertamente ese propósito, que pro- 
cedía del Libertador, Sucre influyó sobre el Congreso, por 
medio de su ministro Infante, para que la confederación 
entre el Perú y Bolivia se sujetara a la condición de que 
Colombia haría parte de ella. Ante la protesta de Ortíz de 
Zeballos, el Congreso aprobó el tratado simple y llanamente 
y Sucre tuvo que resignarse. Aquélla era otra de las inicia- 
tivas del Libertador. Después de haber dado existencia a 
Bolivia y de haberse desvelado por organizarla, quería ama- 
rrarla al Perú, bajo el pretexto de su debilidad, pero real- 
mente para constituir el primer eslabón de una alianza entre 
Colombia, Bolivia y el Perú, que jamás llegó a cristalizarse. 

El resultado de estas maniobras fué fatal. El Perú re- 
chazó los tratados, por los que cedía a Bolivia los distritos 
de Tacna, Arica y Tarapacá, que eran el señuelo escogido 
para que se aceptara la confederación. Esto no evitó que 
Santa Cruz fuera desposeído del gobierno del Perú y los 
planes del Libertador echados por tierra. 

El año 1827 transcurrió entre los esfuerzos del general 
Sucre para evitar que el antibolivarismo se transmitiera a 
Bolivia. Normalizada la administración, su mayor empeño 
fué enviar a Colombia las tropas auxiliares cuya perma- 
nencia en el país inquietaba al gobierno peruano. Un decre- 
to expedido por el general La Mar, nuevo presidente del 
Perú, promulgando una ley del Congreso, daba la norma de 
la situación, en el mes de octubre: se autorizaba al gobier- 
no a entrar en relaciones con Bolivia, “luego que esté libre 
de intervención armada extranjera y ténga un gobierno na- 
cional propio”. El general Sucre estaba decidido a convo- 
car el Congreso y ausentarse sin demora, por hastío y por 


(1) Lecuna, tomo: ll, pág. 287. 
— 192 — 


delicadeza, pero no podía hacerlo sin despachar las tropas 
colombianas, a lo cual se oponían, entre otras razones, las 
dificultades económicas y la negativa del Perú a darles pa- 
so libre por su territorio. 

El 24 de diciembre se convocó a elecciones para el pri- 
mer domingo de febrero. El Perú, entre tanto, alistaba fuer- 
zas en la frontera, a órdenes del general Gamarra, y el 25. 
de diciembre estallaba en La Paz una insurrección del ba- 
tallón Voltígeros, del ejército colombiano. Era el comienzo 
de los golpes de cuartel que, desde entonces, han manteni- 
do a la república en perpetua zozobra, durante toda su agi- 
tada vida independiente. No entraremos en los pormenores 
de este suceso vergonzoso, en que la soldadesca sometió 
a prisión a las autoridades, exigiendo rescate. El héroe de 
la jornada fué el coronel Braun, que se presentó a los su- 
blevados, les increpó y arrancó de entre sus filas a los 
granaderos de su mando, que sirvieron de base a la reacción 
de las tropas leales. El parte con que el jefe de la sublé- 
vación dió aviso a Gamarra, comandante de las tropas pe- 
ruanas del Desaguadero, demuestra sin lugar a duda que el 
movimiento había sido operado a sus instancias. “Yo espe- 
ro —decía ese parte— que la nación peruana, como el dig- 
no general bajo cuyas garantías se ha verificado este cam- 
biamiento, tenga la generosidad de aprobar todos los em- 
pleos que he dado- a los autores de él...” (1). 

Sucre acudió desde Chuquisaca y tomó las medidas ne- 
cesarias para restablecer la normalidad en el ejército y pro- 
clamó a las tropas fieles, con aquella famosa frase: "Habéis 
vencido a los vencedores de los vencedores de catorce 
años...” Pero apenas de regreso en la capital, el 18 de 
abril, estallaba otro motín en el cuartel de los Granaderos 
de Colombia, motín en que el héroe de Ayacucho salía he- 
rido de un balazo. Era una emergencia del proceso de des- 
composición que venía desarrollándose desde la defección 
de Matute, que no solamente demostraba el descontento del 
país y las intrigas “de los doctores de Chuquisaca”, como 
se ha repetido tanto, con notoria injusticia, sino que tam- 
bién era el producto de la política de las naciones vecinas 
(Argentina y Perú), del partido desafecto a Bolívar en su 
misma patria, y de la disolución del ejército libertador. Era 


(1) Parte del sargento Guerra, alias Grado, enviado desde Pomata y 
publicado en El Fénix del 8 de enero de 1828. 


— 193 — 


la declinación de! genio, combatido por tódas partes, que 
forzosamente repercutía en Bolivia y cuyos efectos arras- 
traban al Mariscal de Ayacucho, haciéndole pagar errores 
que no había cometido. 

Con la noticia del motín, Gamarra pasó la frontera y 
avanzó en el interior de Bolivia, que ni supo ni pudo de- 
fenderse. Algunos jefes del ejército nacional estaban com- 
prometidos con el invasor. Ante situación semejante, el de- 
senlace fue inevitable. El general Sucre se retiró decepcio- 
nado, si bien cayó rodeado del cariño y la gratitud del pue- 
blo boliviano. : 

¿Traición? Es muy difícil sostener una acusación de tal 
naturaleza. El juicio histórico imparcial debe más bien pesar 
los hechos y proclamar la verdad. Es forzoso declarar que 
la conducta del Libertador, con relación a Boliyia, había si- 
do equivocada. Su oposición sistemática a la independencia 
de las provincias altas —por razones de alta política ame- 
ricana, si se quiere— no le había favorecido en el concepto 
boliviano. Los “doctores” no habían olvidado los desaires 
sufridos el año 25, sólo atenuados por la influencia benéfi- 
ca del general Sucre. Tampoco había causado buen efec- 
to la tentativa de anexión al Perú por el tratado de “confe- 
deración” de 1826, cuya finalidad había sido la de inducir a 
Colombia a la formación de la unión bolivariana. Si las 
miras del Libertador fueron grandiosas, su fracaso les daba 
ahora los caracteres de simples maquinaciones personalis- 
tas. Sus intenciones no habían sido comprendidas ni en su 
misma patria. ¡Había “arado en el mar”! No era, pues, in- 
gratitud ni traición de Bolivia. Los pueblos querían gober- 
narse por sí mismos. Estos países, por la forma en que ha- 
bían nacido, por su composición e idiosincrasia, fruto del 
mal gobierno colonial, así como por sus experiencias en la 
guerra emancipadora, estaban destinados a la desintegra- 
ción y a la anarquía. Vanos habían sido los esfuerzos de Bo- 
lívar para salvarlos; sus procedimientos habían herido, qui- 
zá sin quererlo, los nacientes sentimientos nacionalistas. 

El sacrificio del héroe de Ayacucho era el resultado de 
su ciega adhesión a tan glorioso jefe, adhesión que, dada 
la exaltación reinante, hacía olvidar sus servicios eminen- 
tes y sus altísimas virtudes. Nunca será excesivo, por lo 
tanto, el culto que en Bolivia se consagre a su memoria. 
Más que sus juicios públicos, sus opiniones privadas en la 
época de su retiro demuestran la serenidad y la justicia con 


A 


a 


que supo apreciar los acontecimientos y las circunstan- 
cias. “Si no es el 25 de mayo será el 6 de agosto cuando yo 
entregue al Congreso esta querida Bolivia, que me ha he- 
cho sufrir tantos pesares, sin casi ser ella culpable”, decía 
al Libertador, en una carta anterior en pocos días al Motín 
del 18 de abril. Se anticipaba, pues, a reconocer la verdad 
de las cosas. e 

Aunque la opinión pública y el oportuno auxilio de las 
fuerzas que acudieron de Potosí, al mando del general Ló- 
pez, restablecieron la situación, ya hemos visto cómo la in-' 
vasión perúana no tardó en iniciarse y cómo se produjeron 
varias defecciones en el interior. El coronel Pedro Blanco, 
comandante de las fuerzas del sur, que al ver el fracaso del 
18 de abril se había apresurado a expresar por escrito su 
adhesión al gobierno, al saber luego que Gamarra avanzaba 
triunfalmente, se unió a la causa del invasor, marchó sobre 
Chuquisaca, apresó a Sucre y apresuró su salida del país. . 

El mensaje con que Sucre acompañó su renuncia del 
mando, quedará siempre como un documento de enorme va- 
lor moral. Se le ha llamado su “testamento político” porque 
en él, además de dar cuenta de su gestión en el gobierno 
y de los antecedentes de la invasión peruana, incluyó sen- 
tidas declaraciones de amor a Bolivia y consejos tan pre- 
visores y sabios, que realmente constituye la última volun- 
tad del fundador de la patria.. 


— 195 — 


CAPITULO IX 
GOBIERNOS CONSTRUCTIVOS 


1.— Consecuencias de la renuncia del general Sucre.—- 2.— 
Presidencia de Santa Cruz.— 3.— La Confederación Perú— 
Boliviana.— 4.— Caída de Santa Cruz.— 5.-- Gobierno de 
José Ballivián.— 


1. CONSECUENCIAS DE LA RENUNCIA DEL 
GENERAL SUCRE. 


La .dimisión del general Sucre:no era un acto inespe: 
rado ni cambiaba fundamentalmente el curso de los aconte- 
cimientos, porque era un. hecho anunciado y decidido por 
él desde que se hizo cargo de la presidencia. Pero la for- 
ma intempestiva y violenta en que se produjo, influyó po- 
sitivamente en los sucesos posteriores. 

Nombrado el general Urdininea para hacerse cargo 
del gobierno interinamente, como ministro de guerra, mien- 
tras el Mariscal de Ayacucho curaba su-herida, preparaba su 
mensaje y esperaba la reunión del Congreso que, sin que 
fuera de su incumbencia, aceptaría su renuncia, el gobier- 
no provisional no tardó en darse cuenta de que carecía de 
los medios para oponerse a la invasión peruana. Esta inva- 
sión, además, se realizaba arteramente, pues el 5 de mar- 
zo, casi un mes antes del motín de Chuquisaca, el general 
Sucre había celebrado en la frontera una entrevista con 


— 197 — 


Gamarra, en la que se dieron seguridades recíprochs y se 
hicieron protestas pacíficas. 


El hecho fue que, con la noticia *del motín, Gamarra 
avanzó sobre La Paz y la ocupó sin. resistencia. Ordenada 
por el gobierno la concentración de tropas en Oruro, para 
oponerse a la invasión, resultó que no contaba sino con"un 
efectivo inferior a dos mil hombres. A esta circunstancia 
vino a agregarse la defección del coronel Pedro Blanco, que 
en vez de marchar sobre Oruro, a la cabeza de su regimien- 
to, se retiró de Potosí a Chichas. Blanco formaba parte de 
la conjuración anticolombiana que, desde el interior de Bo- 
livia, estaba de acuerdo con la intervención. 


Gamarra:alcanzó hasta Oruro sin decidirse a atacar, en 
vista de que el ejército boliviano se desbandaba, comprome- 
tido .en la conjuración. Apenas 'os jefes volombianos se 
mostraron decididos a no-cejar y obtuvieron «lgunas venta- 
jas. Guardando las +*formas, el mismo Urdininea estaba dis- 
"puesto a entrar en arreglos, y así lo demostró, celebrando 
entrevistas con Gamarra. Abiertas las negociaciones, que al 
principio no tuvieron resultado, se reanudaron a poco en 
Piquiza, lugar donde el 6 de junio se firmó un compromiso 
por el cual el gobierno de Bolivia se nbligaba a disponer 
sin tardanza la: evacuación del ejército colombiano, a reu- 
nir la extinguida asamblea constituyente, que aceptaría la 
renuncia del general Sucre, a nombrar un gobierno provisio- 
nal y a convocar otro Congreso encargado de revisar la 
constitución.. Se estipulaban, además, las condiciones ,en 
que el ejército peruano desocuparía el país, a medida que 
se cumplieran los acuerdos, así como la forma en que se 
pagarían sus gastos. Los dos gobiernos, por otra parte, se 
comprometían a no establecer relaciones con el Brasil, si- 
no de común acuerdo, a pesar de que el emperador acaba- 
ba de reconocer la independencia de Bolivia, a pedido del 
agente diplomático de Colombia en Río de Janeiro. Firma- 
ron el tratado, por parte de Bolivia, el general Velasco y 
don Miguel María de Aguirre. 


Se ha dicho que la dignidad del país sufrió por. este : 
ajuste, que sin duda alguna fue humillante. La humillación, 
sin embargo, se atenuaba por el anhelo de gran parte de 
la opinión pública, contraria a la constitución vitalicia y a 
la permanencia de las tropas colombianas, anhelo que era 
hábilmente fomentado por el Perú. 


— 198 — 


N 


Como la asamblea constituyente no pudo reunirse en 
la fecha señalada, por falta de quórum, Sucre.se retiró del 
país dejando su mensaje y su renuncia, acompañados de 
una terna para la sucesión presidencial. Al fin se reunió 
la asamblea el 3 de agosto y nombró presidente interino 
al general Santa Cruz, que se hallaba en Chile. En su au- 
sencia fue regmplazado por el general Velasco, como vi- 
cepresidente. 

Aunque las tropas peruanas de Gamarra evacuaron el 
país en septiembre de 1828, lo hicieron más que por cum- 
plir el compromiso contraído, por la necesidad de prevenir 
un ataque de Colombia por el norte, porque las relaciones 
perú-colombianas se habían puesto tirantes. En todo caso, 
Bolivia quedó libre por el momento, bien que un levanta- 
miento operado en La Paz por don José Ramón de Loaiza, 
en favor del Perú, demostró que las intrigas de Gamarra 
habían dejado un germen de disolución y que las miras pe- 
ruanas sobre Bolivia persistían. Esto no fue un obstáculo 
para que D. Casimiro Olañeta, ministro de Relaciones Ex- 
teriores de Bolivia, dirigiera un insólito desafío a Colam- 
bia, poniéndose de lado del Perú. No era un acto de me- 
diación amistosa, sino un desplante contra ld” patria de los 
libertadores ('). 

El general Velasco, que era hombre recto, aunque se 
le negaran” grandes capacidades para la política y el go- 
bierno, no satisfacía las aspiraciones de la intervanción 
extranjera. Desde antes de la salida del ejército peruano, 
ya se había pensado en una alteración del orden, con el fin 
de facilitar la exaltación del general Pedro Blanco, enemi- 
go del Mariscal de Ayacucho e instrumento de Gamarra. La 
conducta de Blanco nunca podrá justificarse con el pre- 
texto de haber combatido el predominio extranjero, porque 
el naciente nacionalismo boliviano, para ser lógico, debió 
considerar a peruanos y colombianos como igualmente ex- 
tranjeros. 

La elección de diputados a la asamblea convencional 
que debía revisar la constitución y nambrar Presidente 
Constitucional de la República, conforme al ajuste de Pi- 


(1) Nota de Olañeta al Ministro de Relaciones Exteriores de Coloimhia, 
de fecha 11 de octubre de 1828, transcrita por Odriózola y citada 
por Iturricha en su Historia de Bolivia bajo la administración Santa 

ruz. » 


— 199 — 


quiza, se realizó bajo la presión de los agentes de la inter- 
vención, en los primeros días de noviembre. Poco antes 
había ocurrido en Vallegrande una descabellada tentativa 
del general Aguilera, en favor de la causa española, que 
terminó con la derrota del icaudillo y su ejecución. Este 
incidente había retrasado las elecciunes. 

A mediados de septiembre se instaló la asamblea, en 
su mayor parte compuesta de elementos mediocres y adic- 
tos a la situación imperante, que enarbolaban como ban- 
dera el odio a los libertadores y la emancipación del “do- 
minio extranjero”. La presidencia de Blanco estaba acor- 
dada por la mayoría y la elección recayó en su persona, 
por veintiocho votos, contra ocho que obtuvo el general 
Santa Cruz. La elección de un nuevo presidente interilo 
anulaba la que había sido hecha en agosto en fevor de és- 
te. La vicepresidencia correspondió al general Ramón Loai- 
za, cabecilla del movimiento separatista de La Paz. El per- 
sonal elegido demostraba que la asamblea estaba dirigida 
por los aliados de Gamarra. Como la constitución vitalicia 
estaba en suspenso, se dictó una ley especial enumerando 
las atribuciones del Poder Ejecutivo, en tanto se aproba- 
ra una nueva carta política. El general Loaiza fue inves- 
tido del mando mientras llegaba el presidente Blanco, au- 
sente en Potosí. El 27 de diciembre éste prestó juramento. 
Luego procedió a tomar algunas medidas militares, sepa- 
rando a los jefes que se sabía eran desafectos a la inter- 
vención peruana, entre ellos a los coroneles Armaza y Ve- 
ra y al teniente coronel José Ballivián, quienes inmediatamen- 
te se pusieron de acuerdo para derrocar al nuevo régimen. 

El 31 de diciembre los conjurados dieron el golpe con- 
tra el palacio de gobierno, con tropas que hicieron venir 
de Yamparáez y redujeron a prisión a Blanco y a Loaiza, al 
grito de ¡viva Santa Cruz! La asamblea estaba reunida, pre- 
sa de la mayor perplejidad, cuando Armaza se presentó pa: 
ra dar cuenta de los sucesos. Habló desde la parte del re- 

- cinto reservada al auditorio y trató de dar una explicación, 
que resultó incoherente, sobre los motivos del motín. Di- 
jo, en resumen, que Blanco era un hombre inepto y que 
había sido depuesto porque su elección estaba viciada. El 
presidente del cuerpo legislativo tuvo la debilidad de de- 
clarar que la asamblea resolvería lo conveniente y que, 
mientras tanto, recomendaba al jefe rebelde mantener “el 
orden y la tranquilidad”. 


— 200 — 


_ Semejante actitud y el debate que se produjo acto con- 
tinuo, lleno de cargos y recriminaciones entre los diputa- 
dos, demostraron que la asamblea no estaba a la altura de 
la situación. Acabó acordando que se encargara nuevamen- 
te el gobierno al general Velasco, quien, después de resis- 
tirsé en apariencia, al día siguiente se posesionó del man- 
do, de acuerdo con el jefe del movimiento. El asesinato 
de Blanco, acaecido aquella misma noche en el convento 
de la Recoleta, a donde había sido trasladado, agravó la 
situación, nadie dudó que ese hecho fue decidido por los 
facciosos, para evitar reacciones de la asamblea y la re- 
posición del presidente. 

La subversión, en realidad, no tuvo el carácter de un 
acto de protesta contra los cómplices de la intervención pe- 
ruana, como se ha querido afirmar, porque su propio jefe, 
el coronel Armaza, había actuado en las filas de Gamarra. 
Casimiro Olañeta, por otra parte, enemigo solapado del ge- 
neral Sucre, figuraba entre los descontentos por la exalta- 
ción de Blanco y hay indicios de que azuzaba á Armaza. 
Todo hacía entrever que se trataba de un típico golpe de 
cuartel alentado por elementos políticos. Como el “blan- 
quismo” no había llamado a Olañeta, éste se mantenía aleja- 
do y seguramente resentido. Quizá también estaba en con- 
nivencia con Santa Cruz. Que la asamblea convencional al 
elegir a Blanco, conocido agente de Gamarra, hubiera he- 
rido el sentimiento nacional, era muy posible, así como 
también que Blanco, éra inepto para el mando. Pero en nin- 
gún caso debían. resolver el asunto algunos jefes militares, 
dando un escándalo al frente de la representación nacional, 
como quiera que ella hubiera sido formada. La designación 
del general Santa Cruz como presidente, por la caduca asam- 
blea constituyente, cuya reunión ¡legal había sido impues- 
ta por el tratado de Piquiza, careció de valor constitucional. 
El invocar el nombre de ese caudillo, por lo tanto, no daba 
al golpe de cuartel ni apariencias de justificación. Con to- 
do lo execrable que pudo haber sido la ascensión de Blan- 
co a la presidencia, nada explicaba la actitud de los suble- 
vados, que sentaban un precedente funesto para las prác- 
ticas democráticas y las instituciones republicanas. 

Quienquiera que hubiera concebido el plan de asesinar 
a Blanco y quienquiera que lo hubiera personalmente ejecu- 
tado, el acto criminal tuvo menor importancia que el aten- 
tado contra las instituciones. Sus resultados fueron fatales, 


— 201 — 


porque desde entonces los gobiernos quedaron a merced del 
militarismo.:No se ha llegado a esclarecer plenamente quie- 
nes fueron los ejecutores directos de la.victimación, pero 
ninguno de los jefes militares responsables consiguió nun- 
ca demostrar su inculpabilidad. 

. La asamblea se disolvió en medio del desorden más 
completo y el general Velasco se apresuró a decretar “la 
reposición del régimen y gobierno al estado en que lo dejó 
el Congreso Constituyente en su reunión extraordinaria”, 
en cuya virtud se llamó al general Santa Cruz a la presiden- 
cia de la república, para la que había sido nombrado por el: 
referido Congreso. Al mismo tiempo se convocó una nueva 
asamblea. 

La impresión que queda de la relación de estos sucesos 
es la de la anarquía y el desconcierto. El país carecía de 
aptitudes para gobernarse y el alejamiento del general Su- 
cre, aunque hubiera obedecido' a un anhelo nacionalista de 
independencia, había sumido a la República en el caos más 
absoluto. No quedaba más esperanza que la venida de Santa 
Cruz, en cuya experiencia y aptitudes políticas se tenía gran 
confianza. En cuanto a la actuación de Velasco, cuya de- 
bilidad de carácter se ha hecho proverbial, dio el espec- 
táculo de la indecisión y de la inconsecuencia, pues habien- 
do pedido la ayuda de Ja asamblea para aceptar la presiden- 
cia a la muerte de Blanco, acabó pidiendo su disolución. 
'Hay que convenir, sin embargo, en que la propia asamblea 
había dado motivos suficientes para este cambio de cri- 
terio. Las enconadas disputas que se desarrollaron en ella 
justificaron el mote de “asamblea convulsional” con que 
ha pasado a la historia. 

La administración de Velasco se distinguió por el so- 
metimiento del presidente interino a las imposiciones del 
militarismo triunfante y por su afán.de preparar la venida de 
Santa Cruz, a cuyo fin ordenó que se levantaran actas popu- 
lares. 


2. PRESIDENCIA DE SANTA CRUZ. 


Santa Cruz se encontraba en Chile, desempeñando una . 
misión diplomática del gobierno del Perú, cuando se le co- 
municó que la Asamblea Constituyente, reunida en Chuqui- 
saca para aceptar la renuncia del general Sucre y nombrar- 
le un sucesor interino, de acuerdo con el pacto de Piquiza, 


— 202 — 


le había elegido presidente.. Habiéndose embarcado el 15 
de diciembre, durante su viaje se operaron los aconteci- 
mientos que llevaron a Blanco a la. presidencia. Conoció 
estos sucesos al desembarcar en Islay y se dirigió a Arequi- 
pa. Allí supo el pronunciamiento de Armaza y la muerte de 
Blanco. Pronto tuvo conocimiento de que, por voluntad de 
los jefes sublevados y de acuerdo con Velasco, se había 
decretado la validez de su elección .y que se le llamaba de | 
nuevo a ocupar el gobierno. Sus amigos y agentes en el 
interior de Bolivia no se descuidaban para prepararle el am- 
biente. y 

Durante su permanencia en Arequipa se dio a la tarea 
de formar una organización masónica, que sirviera de base 
para procurar más tarde la unión de Bolivia y el Perú, no 
dentro de los planes de absorción que habían guiado la po- 
lítica de Gamarra, que perseguía la anexión de Bolivia, sino 
de acuerdo con un proyecto de asociación federal, de la que 
Santa Cruz había de ser la figura preponderante y directiva. 

Después de las duras alternativas que había sufrido el 
país, la presidencia de Santa Cruz podía asegurar la paz y 
la regeneración que todos ansiaban. Era el jefe militar de 
más carrera y de más prestigio, por mucho que se recor- 
dara su desgraciada actuación -en la campaña de Intermp- 
dios. Bolívar le había otorgado siempre su confianza, segu- 
ramente porque tenía buena idea de su capacidad. 

En mayo de 1829, Santa Cruz hizo su entrada a La Paz, 
en medio del júbilo popular. Antes había recibido en Are- 
quipa comisiones enviadas por las autoridades bolivianas, 
que le anticipaban la adhesión general y la admiración de 
sus compatriotas. Jamás un hombre pudo llegar al gobierno 
en medio de mayores esperanzas y de mayor entusiasmo. 
Era la reacción psicológica de un pueblo cansado de tras- : 
tornos y dificultades. l 

Los adversarios de Santa Cruz y algunos historiadores 
han censurado el hecho de. que éste se hubiera posesionado 
del mando a su llegada a La Paz, y prestado juramento an- 
te el prefecto, prescindiendo de la transmisión legal del po- 
der, que debía recibir de manos del presidente interino. Es 
sorprendente este criterio de estrecho legalismo; sabiéndo- 
se que Santa Cruz había sido elegido por una asamblea ca- 
duca, sin más facultades que las emanadas de la imposición 
de Gamarra; que esa elección había sido anulada por ta lla- 
mada “asamblea convencional” de 1828, que nombró a Blan- 


— 203 — 


co, y luego otra vez revalidada por decreto dictatorial de 
Velasco. Las “actas populares” que precedieron a la inves- 
tidura de Santa Cruz no constituían procedimiento consti- 
tucional para elegir presidente. Su posesión no necesitaba, 
pues, de mayores formalidades, por tratarse de una presi- 
dencia de hecho, como que Santa Cruz empezó por dictar un 
"estatuto provisorio” que sustituía a la constitución. 

El nuevo presidente procedió en el acto a reorganizar 
el país, que bien lo necesitaba. Pronto demostró ser gran 
administrador y gobernante de capacidad y de energía ex- 
traordinarias. Hay que reconccer, sin embargo, que la na- 
ción estaba dispuesta a aceptarlo todo. La afirmación que 
más tarde lanzara Santa Cruz (') expresando que “se ne: 
cesitaba tener mucho patriotismo y algún valor moral para 
encargarse del gobierno en semejante estado de cosas”, es 
verdad a medias, porque si bien la situación de Bolivia en 
1829 era lamentable, Santa Cruz pudo actuar con entera li- 
bertad, y su gobierno, por lo menos en los primeros tiem- 
pos, no tuvo tropiezos ni mayores dificultades. 

Santa Cruz encontró la hacienda en plena bancarrota, 
como resultado de la invasión de Gamarra, que se apoderó 
de las rentas de varios departamentos importantes, y de 
las agitaciones en que vivió la república desde el motín de 
Chuquisaca; nada quedaba de la obra del general Sucre, que 

“había puesto algún orden en materia económica, como se 
ha visto en otro lugar. El gobierno tuvo que empezar, pues, 
por arbitrar recursos, contratando un empréstito voluntario, 
que se cubrió fácilmente, por la confianza que inspiraba 
Santa Cruz. Luego se consagró a organizar las finanzas, adop- 
tando un régimen de estricta economía. 

-Un decreto de amnistía consiguió aplacar las pasiones 
exaltadas por las divisiones políticas y otro tuvo por objeto 
aterrorizar a los elementos subversivos, pues castigaba con 
la pena de muerte a los “promovedores, ejecutores y fauto- 
res” de desórdenes contra la seguridad pública. 

Santa Cruz hizo en lo económico política proteccionista 
y consagró atención especial a la minería, acordándole la 
ayuda del gobierno, así como al comercio, a la industria, a 
la ganadería, a la agricultura y a las vías de comunicación. 
Pero de lo que se preocupó especialmente fue del ejército, 
que había de ser el medio para la realización de sus planes 


(1) Manifiesto de 1840, publicado en Quito. 
— 204 — 


políticos y militares. Asistido por ministros tan competen- 
tes como honorables [don Mariano Enrique Calvo y don Jo- 
sé María de Lara) consiguió en menos de dos años, poner 
al país en situación envidiable y revestirse de un prestigio 
sólido, que había de ayudarle poderosamente en la realiza- 
ción de empresas de mayor aliento. 


En 1831 convocó a elecciones para una asamblea cons- 
tituyente, que al menos en apariencia pusiera fin al gobier- 
no discrecional y le diera el sello de legalidad que le falta- 
ba. Dicha asamblea aprobó todos los actos del dictador y 
votó una constitución liberal, creando los tres poderes del 
Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Legislativo era 
bicamaral. Existía también un consejo de Estado. Una vez 
sancionada la ley fundamental, Santa Cruz fue nombrado 
presidente constitucionalmente. 


La gran preocupación de Santa Cruz era dotar al país 
de legislación propia, para lo cual formó comisiones codifi- 
cadoras, compuestas de hombres competentes en la mate- 
ria. Entre 1831 y 1835 fueron puestos en vigencia los códi- 
gos Civil, de Procedimientos, Penal, Mercantil y de Minas, 
algunos de ellos formados sobre la base de la legislación 
francesa, con adaptaciones de la ley española. Es notorio 
que Bolivia fue la primera nación sudamericana que. tuvo 
legislación. 


La administración Santa Cruz cometió errores que fue- 
ron ocasionados en gran parte por la necesidad de acometer 
simultáneamente toda la organización de un país' que, ape- 
nas nacido a la vida independiente, había sido el teatro de 
los desórdenes más desenfrenados. Puede asegurarse que, 
sin los gobiernos de Sucre y Santa Cruz, Bolivia no habría 
llegado jamás a constituirse en estado soberano. A las ace- 
chanzas permanentes contra su independencia habría teni- 
do que sumar la ineptitud de los hombres y el espíritu de 
anarquía que imperó en los primeros tiempos, precisamen- 
te cuando no existía aún el sentimiento nacional. Las críti- 
cas contra la administración Santa Cruz, muchas de ellas 
bien fundadas, se resentirán siempre de cierto apasiona- 
miento. Quizá el cargo más justificado que se le ha hecho 
es el de haber rebajado la ley de la moneda, con lo que se 
perjudicó el crédito público y el comercio, pues “el fraude 
fiscal”, como lo llama un distinguido historiador y econo- 


— 205 — 


mista ('), pasó del 26%. Su ejemplo, además, fue fatal, por- 
que lo siguieron posteriores gobiernos. 

En el orden cultural se realizaron obras importantes, 
tales como la fundación de las universidades de La Paz y 
Cochabamba, de las primeras bibliotecas públicas, del co- 
legio de medicina, de la academia de jurisprudencia, del 
colegio de artes y oficios, del instituto nacional, etc. 

El país correspondió a los esfuerzos del mandatario, 
concediéndole plena confianza. Con raras excepciones, los 
ciudadanos más conspicuos'se pusieron a su lado y le ayu- 
daron con fe y con sano patriotismo. Los Congresos le Í¡le- 
- naron de honores y homenajes, desde la aprobación de sus 
actos por el tiempo que gobernó dictatorialmente, cón espe- 
cial “acción de gracias”, hasta la declaración de “gran ciu- 
dadano, restaurador de la patria” y la adjudicación del gra- 
do de “capitán general” y de la medalla del Libertador, de- 
vuelta al país a la muerte de éste. Hay que confesar que, 
como siempre, la adulación extremó sus favores, maleando 
el buen espíritu público y alentando sus ambiciones de po- 
deríb y de gloria. Esasrambiciones eran antiguas y segura- 
mente había nacido en los días de la fundación de la re- 
pública, cuando Bolívar le dejó a la cabeza del Perú, como 
presidente del consejo de gobierno; se habían alimentado 
quizá con la idea de que la unión del Perú y Bolivia era ne-” 
cesaria- para el poderío y la riqueza de ambos pueblos; tal 
vez se robustecieron con el llamado que le hizo la nación 
para que dirigiera sus destinos; seguramente cobraron bríos 
con sus éxitos-en el gobierno. y encontraron posibilidades 
de realización al ver el estado del Perú, deshecho por las 
ambiciones de caudillos mediocres, comparado con los cua- 
les él resultaba un genio. Por eso fue que, cuando juzgó el 
momento oportuno, Santa Cruz no vaciló en acometer la 
empresa que había sido su sueño dorado: la confederación, 
bajo su dirección y jefatura. 

Juzgado el asunto desde el punto de vista boliviano, la 
confederación fue un error que sólo proporcionó al país que- 
brantos y sacrificios. Al precio de algunas páginas de gloria 
militar efímera, Bolivia se vió nuevamente arruinada y re- 
ducida a la miseria. Como ideal político y económico la 
unión con el Perú pudo haber tenido éxito antes de que las 
naciones vecinas se hubieran dado cuenta de que esa fusión 


(1) Casto Rojas, Historia Financiera de Bolivia, cap. !Il. 


— 206 — 


representaba un peligro y una amenaza de hegemonía. Co- 
mo realización práctica, el proyecto estuvo mal concebido y 
destinado a ser combatido en el Perú y en Bolivia: en el Perú, 
porque ese pueblo se sometía a un gobierno extranjero, 
dirigido por un hombre cuyos prestigios militares no eran 
sobresalientes y que en tierra peruana contaba con nume- 
rosos émulos: en Bolivia, porque el país se colocaba en con- 
diciones de inferioridad, contando comossuno, mientras su 
confederado contaba como dos. En fin, porque ya había na- 
cido en Bolivia el sentimiento particularista, fomentado por 
la resistencia a la invasión de Gamarra y por las humillacio- 
nes que ella impuso a Bolivia, aunque hubieran querido jus- 
tificarse con el pretexto de la liberación del dominio colom- 
biano. Cuánto habría ganado Bolivia permaneciendo. sola, 
“organizándose y cobrando fuerzas .para vigilar su porvenir, 
por lo menos hasta que la confederación, si era necesaria, 
hubiera sido planteada sobre otras bases, sin visos de ab- 
sorción ni de sometimiento al poder de una nación más po- 
derosa. : 

Lo lamentable en los cálculos de Santa Cruz era que 
todos sus esfuerzos en el gobierno de Bolivia resultaban in- 
teresados y sólo perseguían la finalidad de tomar a su pa- 
tria como un escalón para llegar a mayores finalidades. Ne- 
cesitaba prestigio personal y ejército bien organizado. “Na- 
die podrá creer —escribía a sus amigos peruanos— que aquí 
satisfago ni mis inclinaciones ni mis cuidados, y será fácil 
conocer que sólo me propongo un gran objeto, empezando 
por ún grande sacrificio”. 

Santa Cruz nunca fue un boliviano de corazón. Su ne- 
gativa a incorporarse a la asamblea deliberante de 1825, co- 
mo diputado por La Paz, pudo interpretarse como síntoma 
de que no quería complicarse en la proclamación de la in- 
dependéncia y de que alentaba la esperanza de que la nueva 
república no se separara del Perú. Bajo esa inspiración, su 
obra en el gobierno de Bolivia, por otra parte, se resentía 
“de una tendencia francamente absolutista. La “constitucio- 
nalización” del país era nominal. La opinión pública se he- 
llaba coartada, pues no había más prensa que la que recibía 
sus orientaciones y el Congreso estaba sometido a consig- 
na. Los pocos hombres de criterio capaces de objetar sus 
determinaciones, se le plegaron de buena fe, al principio, 
por no obstaculizar la labor organizadora, pero acabaron por 
cia convertidos en instrumentos del más completo ser- 
vilismo. 


— 207 — 


Para no juzgar la conducta de Santa Cruz con criterio 
apasionado, conviene citar las autorizadas opiniones de un 
representante extranjero, culto y sagaz —el encargado de 
negocios de Francia, Buchet-Martigny— que en 1835 infor- 
maba a su cancillería: “El gobierno republicano representa- 
tivo en Bolivia:es solamente una palabra hueca: la realidad 
es un absolutismo puro y mal disfrazado bajo libreas de li- 
bertad. El Ejecutivo, es decir, el presidente, he ahí el verda- 
dero, el solo poder. Los otros no son sino sus instrumentos 
ciegos y serviles. Yo no podría decir que sea un crimen del 
general Santa Cruz este absolutismo, del que usa moderada- 
mente, después de todo. Lo creo hasta útil para el país y 
acaso indispensable; porque por enojoso, por abusivo que 
sea el gobierno absoluto, hay que reconocer que es el solo 
sistema a que pueden aspirar, todavía, por largo tiempo, 

“los estados sudamericanos; el solo que puede salvarlos de 
una ruina inminente y regenerarlos, porque cuando un pue- 
blo ha tenido la desgracia de caer en la anarguía o en la 
completa desmoralización, no puede salir de ese estado si- 
no echándose en los brazos de uno solo. Ni aun reprocharía 
al general Santa Cruz el velo engañador con que cubre su 
autoridad soberana y que lo obliga a preconizar la libertad, 
practicando el despotismo; a fingir el más profundo respe- 
to por la constitución cuando falsea todos sus principios; a 
hablar de la libertad de los tribunales cuando se' hallan a 
sus pies; de libertad individual cuando expulsa a los ciuda- 
danos; de libertad de la prensa cuando ejerce personalmente 
la censura. Y yo creo que esta decepción, aunque parezca 
triste, acaso sea necesaria, pues sin ella quizá no podría 
sostenerse. Quién sabe también si este sistema de simula- 
ciones y mentiroso, sea el menos malo y el solo posible en 
el estado moral actual de los pueblos americanos. Porque 
hay un hecho que lo tengo comprobado. Y es que, si la masa 
de la población boliviana es demasiado ignorante para re- 
cibir y defender un verdadero sistema de libertad, la clase 
elevada se halla ya bastante ilustrada y ha adquirido el sen- 
timiento de la libertad, para vivir bajo un puro despotismo... 
Pero yo habría querido que el general Santa Cruz hubiese 
empleado su autoridad en regenerar a su país y en hacer 
renacer la moralidad, la justicia y la buena fe... Un siste- 
ma parecido no puede menos que producir enojosos resul- 
tados, porque sólo demuestra debilidad en el. carácter o en 
los medios del que los emplea, haciéndole perder al final 


— 208 — 


los prestigios, si no lo desacredita a los ojos de los demás 
pueblos, que jamás son tontos. Ejerce, sobre todo, funestos 
efectos sobre la moral pública...” ('). 

intencionalmente no hemos querido referirnos-a la do: 
cumentación de la época, contenida en numerosas publica- 
ciones bolivianas, afectedas forzosamente de pasión parti- 
dista, al juzgar en favor o en contra el carácter general de 
la política de Santa Cruz durante su gobierno. El testimo- 
nio que antecede, imporcial y verídico, ofrece un cuadro vivo 
de las normas de ese gobierno, que si por un lado fué orga- 
nizador y constructivo, por otro desmoralizó al país y fundó 
ejemplos fatales, esterilizando la obra de un estadista que 
todo lo sacrificó al predominio personal, bajo la obsesión de 
una “idea fija”. 

Esa idea fija era la unión de Bolivia y el Perú, bajo el 
disfraz de “confederación”, condicionada a la exaltación de 
una persona, por encima de la voluntad de los pueblos. 

Tomando como causal la desorganización reinante en 
el vecino país y el perpetuo estado de agitación y de lucha 
en que allí vivían caudillos y partidos, aparentando el vivo 
temor de que tal situación constituyera peligro de contagio 
para Bolivia y amenaza contra su seguridad, Santa Cruz ve- 
nía observando, desde el comienzo de su administración, la 
marcha de los negocios del Perú e inmiscuyéndose en ellos, 
primero solapadamente y luego en forma franca y desembo- 
zada. Su táctica predilecta consistía en hacer admitir, por la 
opinión pública boliviana, que existía una permanente ame- 
naza por parte del Perú contra la independencia de Bolivia. 
Así justificaba los gastos militares y el afán por conseguir 
que el Congreso concediera facultades extraordinarias para 
el manejo de la política internacional. Esto pudo alcanzarlo 
en el Congreso de 1833. 

Antes de que se presentara esa situación las relacio- 
nes boliviano - peruanas habían atravesado serias dificulta- 
des. En 1830 se celebró en la frontera una entrevista entre 
Santa Cruz y Gamarra, que ocupaba la presidencia del Perú, 
y en ella se trataron los problemas que afectaban a ambas 
naciones, procurando buscarles solución amistosa. Se pro- 
puso un canje de territorios y una alianza ofensiva y defen- 


(1) Cartas de M. Buchet-Martigny publicadas por Carlos A. Villanueva 
en el Bulletin de l'Amérique Latine, citadas por Alcides Arguedas en 
Los caudillos letrados, López Robert 8 Cía., Barcelona, 1923. 


— 209 — 


siva. Bolivia sugirió entonces que se le cediera el puerto de 
Arica, a cambio de Copacabana, sobre el lago Titicaca, y que 
en la alianza que planteaba el Perú, fueran incluidas Colom- 
bia y otras naciones del continente. La negativa peruana fue 
rotunda, porque la causa de las dificultades provenía preci- 
samente de la política comercial peruana respecto a Bolivia. 
Con el propósito de librar al país de las imposiciones adua- 
neras que recaían sobre el tránsito, Santa Cruz había dedi- 
cado sus energías a la habilitación del puerte de Cobija y a 
dotarle de facilidades, con lo que Arica decayó notablemen- 
te, hasta el extremo de que sus ingresos no alcanzaban a 
pagar sus empleados. Al borde del rompimiento, la media- 
ción de Chile permitió que se reabrieran las negociaciones 
que produjeron el tratado de Arequipa (1832), no aprobado 
por el Congreso boliviano por ser terriblemente oneroso a 
los intereses del país. El mismo año se firmó en Chuquisaca 
un nuevo tratado de amistad y comercio, duramente impug- 
nado por la opinión boliviana, que la legislatura tuvo que 
sancionar a instancias de Santa Cruz, deseoso de congra- 
ciarse con el Perú y de ganar tiempo. 


3. CONFEDERACION PERU - BOLIVIANA. 


Ya hemos visto los esfuerzos de Santa Cruz, desde 
1829, para hacer viables sus proyectos de confederación, a 
cuyo propósito organizó en Arequipa la logia llamada Gran 
Oriente del Titicaca o de la Independencia Peruana, dejando 
en el Perú agentes y corresponsales encargados de tenerle 
al tanto de los acontecimientos y de preparar el terreno 
para la realización de sus planes. En documentos amplia- 
mente difundidos (') consta que el objeto que perseguía la 
logia era el de implantar la confederación, bajo la dirección 
de su gran maestre. Toda la correspondencia de Santa Cruz 
con esos agentes, sobradamente conocida, señala los pasos 
con que preparó, desde la presidencia de Bolivia, el cumpli- 
miento de su programa. Durante seis años alimentó esas 
aspiraciones e hizo todo lo posible para buscar el momen- 
to oportuno de realizarlas. Intrigando primero con La Fuen- 
te y Gamarra y luego con Orbegoso, elegido presidente del 


(1) Los cinco primeros capítulos del manifiesto de Santa Cruz de 24 
de octubre de 1840, publicados con notas aclaratorias de las fal- 
sedades que contiene. Sucre, Imprenta de Beache £ Cía., 1843. 


— 210 — 


Perú en 1830, aprovechó de ese hecho, que obligó a Gama- 
rra a refugiarse en Bolivia, para -suscribir con éste un pac- 
to que le permitiera regresar a su patria e intentar un cam- 
bio en su favor, bajo el compromiso de sumarse a la con- 
federación. Pero Santa Cruz, simultáneamente, negociaba 
con Orbegoso sobre las mismas bases, para combatir al ge- 
neral Felipe Santiago Salaverry, que se había pronunciado 
en el norte contra el gobierno legal. 

En un instante (1835) en el Perú se disputaban el po- 
der tres partidos, con tres ejércitos: el de Gamarra, deci- 
dido a cperar contra Orbegoso; el de éste, situado en Are- 
quipa, y el de Salaverry, establecido en Lima. 

Lo complicado de la situación obligó a Gamarra y Sa- 
laverry a unirse posteriormente. El presidente de Bolivia, 
viendo que el momento era favorable, se decidió a pasar la 
frontera con cinco mil hombres y a apoyar en definitiva a 
Orbegoso, después de haber firmado en La Paz un tratado 
con un agente suyo, comprometiéndose a prestarle ayuda, 
bajo la condición de que él, Santa Cruz, tomaría el mando 
de los dos ejércitos y de que se convocaría a una asamblea 
para fijar las bases de la unión de los dos países. 

Desde Puno dio cuenta al Congreso boliviano, reunido 
en La Paz, de los motivos que le habían impulsado a inter- 
venir en el Perú, en virtud de la autorización que anterior- 
mente le fuera conferida para pacificarlo y adoptar la polí- 
tica conveniente. “Si esta importante organización se llega 
a realizar — decía en su mensaje — puede decirse que se 
habra completado una de las combinaciones más felices en 
provecho y seguridad de las dos repúblicas y en honor del 
continente americano”. Así disponía Santa Cruz de los des- 
tinos del país, apoyándose en una autorización abstracta, y 
así realizaba los designios de su voluntad. Al mismo tiem- 
po exigía de su patria todos los sacrificios imaginables. En 
esos días el Congreso hizo la proclamación de su nombre 
como candidato triunfante en las elecciones que acababan 
de realizarse, declarándole presidente por un nuevo período 
y vicepresidente a D. Mariano Enrique Calvo. 

Santa Cruz al mando del ejército unido, avanzó hacia 
el Cuzco, en donde Gamarra, ya de acuerdo con Salaverry, 
se aprestaba a resistirle. El encuentro se realizó en Yana- 
cocha, el 13 de agosto de 1835, y Gamarra fue derrotado. 
Salaverry, a su vez, se movilizó contra Santa Cruz y, des- 
pués de algunas acciones aisladas como la toma de Cobija 


— 211 — 


por la escuadra peruana, los ejércitos se encontraron en las 
cercanías de Arequipa. Entre las operaciones que precedie- 
ron a la batalla decisiva fue notable la de Uchumayo, en 
que una fracción del ejército boliviano, a las órdenes del 
general José Ballivián, atacó un puente estratégico, que no 
pudo ser tomado, aunque los atacantes “ostentaron el lujo 
de un valor extraordinario”. Los ejércitos chocaron al fin 
en la llanura de Socabaya, el 4 de febrero de 1836 y las ar- 
mas de Bolivia obtuvieron la más completa victoria. Sala- 
verry fue hecho prisionero con cerca de dos mil hombres 
y, después de juzgado por un consejo de guerra compues- 
to de jefes peruanos, sentenciado a muerte y pasado por 
las armas. Este acto de rigor con el vencido, que era un 
joven gallardo y valiente, amenguó la gloria del vencedor, 
que no supo o no quiso adornarse con los lauros de la cle- 
mencia y de la generosidad. Con Salaverry fueron también 
fusilados ocho de sus principales lugartenientes. 

Con el triunfo quedó sellada la confederación. El go- 
bierno del Perú sólo tuvo necesidad de llenar la fórmula 
de las proclamaciones de los Congresos de Sicuani y Huau- 
ra, anteriormente convocados por Orbegoso, para constituir 
los estados norte y sudperuano, que debían unirse a Boli- 
via bajo el protectorado de Santa Cruz. El gobierno bolivia- 
no convocó a su vez a un congreso extraordinario en el 
poblacho de Tapacarí, donde se aprobaron los actos de San- 
ta Cruz, se le renovaron las facultades extraordinarias, se 
resolvió concurrir a un congreso de plenipotenciarios, que 
fijaría las bases del pacto de confederación, y se concedie- 
ron premios al ejército y en especial a su jefe, obsequián- 
dole propiedades. “El amor al dinero del presidente Santa 
Cruz —escribía en esta ocasión el autor de las cartas men- 
cionadas precedentemente— que parece aumentar en él 
todos los días, cuanto más rico es, arroja también sobre él 
un pobre barniz que sus victorias no pueden borrar”. 

En el pináculo de sus aspiraciones satisfechas y des- 
pués de un breve viaje a Bolivia para tomar providencias 
destinadas a prevenir ataques de la Argentina y Chile, cu- 
yos gobiernos se habían declarado hostiles a la fusión del 
Perú y Bolivia, Santa Cruz corrió a Tacna, en donde se ce- 
lebró la reunión de plenipotenciarios y se firmó, el 1* de 
mayo de 1837, el pacto de la Confederación Perú-Boliviana, 
eligiéndolo protector, de acuerdo con los votos de los tres 
congresos: Norperuano, Sudperuano y de Bolivia. 


— 212 — 


La efímera existencia de la unión federal hace innece- 
sario detenerse en pormenorizar las características de su 
organización constitucional. Baste decir que toda ella tendía 
a consolidar la preponderancia de su jefe y a perpetuar su 
dominación. Su período debía durar diez años, con derecho 
a ser reelegido. 

Las dificultades de la Confederación en sus relacio- 
nes con Chile y Argentina no eran desdeñables, aunque el 
segundo de estos países atravesaba un mel momento en 
su política interior, envuelto en las enconadas luchas civi- 
les de la época de Rosas. Pero Chile, que había sido pro- 
vocado por una expedición revolucionaria del general Frey- 
re, equipada -en el Perú, vio inmediatamente el peligro de 
la influencia protectoral sobre sus intereses. Su gobierno, 
presidido por Prieto y por el hábil ministro Diego Portales, 
inició represalias mediante otra expedición que se apode- 
ró de los buques peruanos en el Callao. En tal estado de 
ánimo, Santa Cruz dirigió al presidente de Chile un men- 
saje conciliador, que fue contestado con una protesta con- 
tra la Confederación, fundada sin conocimiento de Chile, 
siendo así que afectaba su seguridad. Al mismo tiempo el 
gobierno chileno solicitaba y obtenía del Congreso de ese 
país la autorización para declarar la guerra, si las gestiones 
diplomáticas no obtenían la disolución del pacto confedera- 
tivo y otras ventajas. El citado gobierno señalaba la nece- 
sidad de que Bolivia recobrara su independencia. Como la 
misión enviada a Lima no tuviera resultado y más bien se 
le notificara oficialmente el establecimiento de la unión 
Perú-Boliviana, el agente de Chile notificó la ruptura de re- 
laciones y el estado de guerra. El representante de Bolivia 
en Santiago, D. Casimiro Olañeta, trató de persuadir al go- 
bierno de Prieto de que no tenía derecho a inmiscuirse en 
la resolución de Bolivia para asociarse al Perú. Como sus 
gestiones resultaran inútiles, pidió sus pasaportes. 

La actitud de Chile arrastró a la Argentina, quejosa de 
ciertos actos de Santa Cruz, que podían interpretarse como 
protección y ayuda a los enemigos de Rosas. El gobierno de 
Buenos Aires destacó fuerzas sobre la frontera norte, en 
actitud hostil. Al ver que se presentaba una nueva amena- 
za de guerra, la opinión boliviana reaccionó violentamente 
y empezó a dar pruebas inequívocas del disgusto que .e ins- 
piraba la confederación. Tan fuerte era la resistencia, que 
por propia iniciativa del protector no fue presentado al Con- 


— 213 — 


greso de Bolivia el pacto de Tacna, esperando que se resol- 
viera primero favorablemente las dificultades internaciona- 
les. Pero en la legislatura de 1837 estalló la indignación con- 
tenida hasta entonces y se exigió la remisión del pacto de 
unión para discutirlo. Después de acalorados debates y en 
vista de la amenaza de invasión por parte de la Argentina, 
el Congreso resolvió suspender su consideración, dándolo 
por no existente. 

El desembarco en Islay de la expedición de Blanco En- 
calada, enviada por Chile contra Santa Cruz, paralizó mo- 
mentáneamente la agitación interna que reinaba en Bolivia. 
Es sabido que el ejército chileno, en condiciones de infe- 
rioridad por imprevisión o impericia, entró en negociacio- 
nes con el Protector, para quién habría sido fácil destruir 
la fuerza invasora; el 17: de noviembre se firmó, en conse- 
cuencia, el famoso tratado de Paucarpata, que permitió a 
Blanco Encalada reembarcarse sin combatir y conservan- 
do sus tropas intactas. : 

El gobierno de Santiago rechazó el tratado y desauto- 
rizó a sus negociadores, decidió continuar la guerra. Al 
saberlo, el Protector decidió atacar a los argentinos para 
levantar la moral de sus tropas, que debían esperar nueva 
acometida de Chile. En Humahuaca, Iruya y Montenegro, 
las fuerzas de avanzada del general Felipe Braun obtuvie- 
ron algunos éxitos sobre el general Heredia, jefe argenti- 
no, que se retiró al interior de su país, haciendo desapare- 
cer todo peligro por “aquella parte. 

Estas parciales victorias y la retirada momentánea del 
ejército chileno, permitieron a Santa Cruz reunir todavía un 
último Congreso boliviano en Cochabamba, en mayo de 
1838, del que arrancó la sanción del pacto de Tacna y nue- 
va aprobación de sus actos, bajo. las amenazas y la acción 
de la fuerza. La oposición congresal del año anterior había 
sido dispersada violentamente. 

Pero el descontento cundía siempre, fomentado por la 
noticia de la aproximación de una nueva expedición chile- 
na, al mando del general Bulnes, esta vez reforzada por 
jefes y tropas del Perú. Entre esos jefes venía Gamarra. 
Orbegoso, que era presidente del estado Norperuano, deser- 
tó la confederación, simpatizando con los invasores, y sólo 
pudo contenerle momentáneamente la ingerencia de Ga- 
marra, del que era irreconciliable enemigo. Pero ya los 
vínculos de la alianza estaban quebrantados y, cuando San- 


— 214 — 


ta Cruz entró en Lima, mientras el ejército chileno se ale- 
jaba, retirándose al norte, Orbegoso abandonó las filas y se 
refugió en el Ecuador. 

El Protector cometió otra vez la debilidad de no atacar 
al enemigo, que parecía rehuirle para atraerle a un terreno 
favorable a sus intenciones. Así, después del combate del 
puente de Buin, Santa Cruz fue destrozado en Yungay, y 
emprendió la retirada, pasando por Lima y Arequipa, con 
la intención de refugiarse en Bolivia. En Arequipa supo que 
La Paz estaba insurreccionada y, después de lanzar dos de- 
cretos y dos proclamas renunciando el protectorado de la 
Confederación y la presidencia de Bolivia, abandonó la ciu- 
dad, con rumbo a Islay, escasamente protegido por alguna 
tropa leal, contra las furias populares. En este puerto se em- 
barcó en un buque de guerra británico, rumba a Guayaquil, 
donde residió por algún tiempo. 


4. CAIDA DE SANTA CRUZ. 


Poco antes de conocerse la derrota de Yungay, el 9 de 
febrero, el general Velasco se había pronunciado en Tupi- 
za contra el gobierno protectoral, y el 15 del mismo mes lo 
había hecho en La Paz el general Ballivián. Los sublevados 
llamaron a este movimiento “restaurador” de la independen- 
cia del país y Velasco fue proclamado, por medio de actas 
populares, presidente provisional. Por decreto expedido el 
22 de febrero de 1839, tomó la investidura, designando mi- 
nistro y secretario general de Estado al Dr. Manuel María 
Urcullo, vocal de la Corte Suprema. 

Se ha dicho, sin fundamento suficiente, que Velasco fe- 
licitó a Chile por la victoria de Yungay, batalla en que se 
derramó sangre boliviana y en que fue humilladó el pabellón 
nacional. La verdad es que ni en la carta de Velasco a Bul- 
nes ni en la que Urcullo dirigió al general chileno, figuraba 
tal felicitación, aunque es cierto que en la segunda se ex- 
presaba que Bolivia había recibido “con transportes de ale- 
gría” ese suceso, que aseguraba en la América meridional 
“la existencia de los principios republicanos, afianzando la 
independencia del Perú y Bolivia, para la conservación del 
equilibrio continental”. El presidente del Congreso Constitu- 
yente, José Mariano Serrano, en cambio, en el discurso que 
pronunció en la inauguración del cuerpo legislativo, fue más 
explícito y elocuente: ”... Gracias a los heroicos hijos de 


— 215 — 


Caupolicán y de Lautaro —dijo— ha desaparecido de entre 
nosotros ese abominable monstruo...”. Estos juicios de- 
muestran hasta dónde pueden llegar a veces los arrebatos 
de la pasión política y el encono contra el vencido. 

En el mensaje de Velasco al Congreso de 1839 se incluía 
este aparte: “Afortunadamente el ejército unido restaura- 
dor abatía el orgullo de Santa Cruz con el triunfo más com- 
pleto obtenido en Yungay...” y agregaba; “El circunspe:c- 
to y sabio gobierno de la generosa república chilena es ab- 
solutamente acreedor a nuestra gratitud y admiración por 
tantos, tan nobles y tan esforzados sacrificios que le debe 
la causa de la restauración de los principios liberales en el 
Perú y Bolivia” ('). Y tales conceptos bien valían por una fe- 
licitación. 

Velasco fue elegido presidente provisional sin tomar 
en cuenta la proposición hecha por un diputado para nom- 
brar vicepresidente al general Ballivián. La misma asamblea 
votó la ley que designó a Chuquisaca capital de la repú- 
blica, con el nombre de Sucre. 

Tanto el Congreso como la prensa se dedicaron, desde 
el primer día de la restauración, a lanzar contra el depues- 
to régimen crucista todas las invectivas que se acostumbra- 
ban en estos casos. Sólo la noticia de que en La Paz se ha- 
bían producido sucesos graves, alcanzó a calmarlos momen- 
táneamente. El general Ballivián, que se retiró del Congre- 
so resentido y humillado por no habérsele elegido vicepre- 
sidente, se lanzó a la revuelta, proclamándose jefe supre- 
mo de la nación. La asamblea estalló en denuestos contra 
el soldado ambicioso y audaz y Velasco se puso inmedia- 
tameñte en. campaña para castigarlo y someterlo por la 
fuerza. Falto de apoyo, Ballivián abandonó la partida y se 
refugió en el Perú. 

Producidas las elecciones populares, Velasco fue pro- 
clamado presidente constitucional. Pero su gobierno no con- 
siguió afianzarse, porque el caudillo carecía de aptitudes pa- 
ra la política y el mando. Las dificultades con el Perú se hi- 
cieron inevitables. Gamarra, que había alcanzado . nueva- 
mente la presidencia de su país, quería cobrar a Bólivia las 
humillaciones que le había impuesto Santa Cruz y prepara- 
ba ostensiblemente una agresión. Se trató de evitarla, por 


(1) Mensaje del presidente provisorio (sic) de Bolivia a la representa- 
ción nacional de 1839. Imp. del Congreso, Chuquisaca, pág. 2. 


A 


medio de negociaciones diplomáticas, que por el momento 
culminaron en dos tratados, sucesivamente celebrados en 
el Cuzco y Lima. Pero el Congreso los rechazó, reputándo- 
los leoninos y humillantes. 

Refugiado en el Perú, Ballivián seguía conspirando y 
presentándose como un caudillo dispuesto a imponerse. Los 
partidarios de Santa Cruz, por otra parte, ambicionaban un 
desquite que les repusiera en el poder y les vengara de los 
ultrajes que les había infringido la restauración, cuyos con- 
gresos pusieron al ex-protector “fuera de la ley”, declarán- 
dole traidor y confiscando sus bienes. Combatido por esas 
dos fuerzas políticas, Velasco no pudo mantenerse. Un mo- 
vimiento cuartelero operado en Oruro y una nueva subleva- 
ción militar en Cochabamba, en junio de 1841, contribuyeron 
a derrocarle, después de dos años y cuatro meses de actua- 
ción vacilante y anodina. 

El movimiento triunfante tomó el nombre de “regene- 
ración” e invocó la causa de Santa Cruz. El general Agre- 
da asumió el mando, asociado del ex-vicepresidente Calvo, 
mientras el caudillo se restituía a Bolivia, desde su destie- 
rro del Ecuador. Pero aunque el desprestigio de Velasco 
había hecho este cambio realizable, la opinión no se inclina- 
ba al regreso de Santa Cruz y la tendencia general favore- 
cía a Ballivián, quien al fin ingresó al país, al amparo de un 
nuevo pronunciamiento en su favor, que dominó a la fac- 
ción crucista. Velasco, por su parte, apareció en el sur, dis- 
puesto a disputar el poder, al mismo tiempo que Gamarra, 
aprovechando circunstancias tan semejantes a las de 1828, 
de plena anarquía, pasó la frontera, al favor del desorden im- 
perante y con propósitos siniestros. 

Aunque Ballivián, durante su exilio en el Perú, había en- 
trado en acuerdos con Gamarra para una empresa destinada 
a impedir el regreso de Santa Cruz, nada justificaba la ac- 
titud del presidente del Perú, porque las circunstancias ha- 
bían cambiado, aunque todos estuvieran conformes en aca- 
bar con la influencia del Protector. Don Tomás Frías, agen- 
te diplomático de Velasco en Chile, hacía lo mismo en esos 
días en Santiago, pidiendo la cooperación de ese gobierno 
contra la posibilidad de que la confederación fuera restable- 
cida. Santa Cruz era el enemigo común, al que execraban 
por igual bolivianos, peruanos, argentinos y chilenos. Pero la 
obstinación de Gamarra en invadir a Bolivia no tenía ya más 
explicación que la de un propósito hostil contra el país cu- 


— 217 — 


yas diferencias con el Perú no habían sido zanjadas, a des- 
pecho de todos los esfuerzos de la diplomacia. 

Inútiles fueron las protestas de Ballivián para conven- 
cer a Gamarra de que su intervención era innecesaria y de 
que el pueblo boliviano la rechazaría a costa de cualquier 
sacrificio. Reconocido Ballivián como jefe y, aclamado en 
La Paz como salvador de la patria, lanzó una proclama pi- 
diendo a todos los bolivianos que se unieran contra el inva- 
sor extranjero. Envió un mensaje a Velasco, solicitando su 
ayuda, y éste tuvo el arranque patriótico que le ha hecho 
célebre: renunció a sus derechos como presidente constitu- 
cional que trataba de recuperar el poder, se allanó a todos 
los sacrificios y cedió sus fuerzas, que no eran despreciables. 

El ejército boliviano salió de La Paz. y se retiró hacia 
el sur para organizarse y recibir refuerzos. Gamarra, a su 
vez, acampó en los alrededores de la ciudad. En Calamarca 
Ballivián alcanzó a reunir sus tropas, que eran inferiores en 
número y recursos a las del adversario, y desde allí retroce- 
dió en busca del enemigo. Cerca del pueblo de Viacha, en 
los campos de Ingavi, se avistaron los contendientes el 18 de 
noviembre de 1841, y se trabó la reñida batalla que terminó 
con la más completa victoria de las armas bolivianas. El pre- 
sidente y generalísimo peruano fue muerto en el combate y 
quedó prisionero el grueso del ejército invasor. 

Después de celebrar la victoria en La Paz, Ballivián 
avanzó sobre territorio peruano y se posesionó de Puno, don- 
de se firmó un tratado de paz, seis meses más tarde. 


5. GOBIERNO DE BALLIVIAN. 


Ornado con los laureles de Ingavi, el general D. José 
Ballivián inauguró su gobierno con grandes esperanzas de 
renovación. Pero la facción crucista no dejaba de agitarse. 
El ex protector, desde Guayaquil, no renunciaba a sus aspi- 
raciones y constituía siempre una amenaza. Á esta situación 
se debió que el héroe de Ingavi,no pudiera cobrar el precio 
de la victoria y que el tratado de paz con el Perú se firmara 
sin ninguna ventaja ni compensación real para Bolivia. El 
arreglo era urgente para precaverse de una posible altera- 
ción del orden interno. 

La conjuración crucista fue sofocada a costa de algunas 
represiones sangrientas. Una vez libre de cuidados, el go- 
bierno convocó a una convención que se reunió en Sucre en 


— 218 — 


abril de 1843, nombró a Ballivián presidente y sancionó una 
nueva constitución, calificada como “ordenanza militar”, por 
sus características autocráticas. 

La situación del país era de verdadera desorganización 
y, naturalmente, de penuria fiscal. Todavía sin rehacerse de 
los quebrantos de las últimas guerras de la confederación, 
la república, envuelta en las alteraciones de la presidencia 
de Velasco, así como en la campaña con el Perú, no había 
dado un paso útil hacia el establecimiento de las actividades 
pacíficas. Ardua labor era la que esperaba a la nueva admi- 
nistración, dentro del período de tranquilidad que parecía 
iniciarse. 

Ballivián era hombre de clara visión y de acerado ca- 
rácter. Tenía la ambición de distinguirse por medio de una 
labor progresista y enérgica, capaz de sacar al país de la 
postración en que se encontraba. El descubrimiento de yaci- 
mientos de guano en el territorio litoral vino en su auxilio, 
aportando nuevos ingresos al erario. 

En 1846 el Congreso aprobó el remate del impuesto a la 
quina, contra el cual se sublevó la opinión pública, por ha- 
ber sido otorgado a una empresa privada. Resultado de esa 
oposición fue la creación del Banco de Quinas, destinado a 
manejar el monopolio de ese producto. Pero el procedimien- 
to, combatido por el contrabando, no dio mejores resulta- 
dos, aunque tuvo momentos de desarrollo floreciente. El país 
empezaba a rehacerse económicamente. 

El gobierno .emprendió una política encaminada a obte- 
ner la incorporación a la vida nacional de los territorios ale- 
jados, para lo cual fundó el departamento del Beni, ordenó 
exploraciones geográficas. impulsó las investigaciones cien- 
tíficas sobre la flora y la fauna, intentó empresas de nave- 
gación fluvial, colonias militares, etc., al propio tiempo que, 
con el propósito de reorganizar el ejército, fundó una escue- 
la de cadetes. 

A esta época corresponde el estatuto de instrucción po- 
pular, preparado por el ministro del ramo D. Tomás Frías, 
que durante muchos años rigió el desenvolvimiento de la 
enseñanza pública. Aquélla fue una reforma fundamental, 
bien estudiada y llevada a cabo con amplio conocimiento 
del asunto. 

Aunque Ballivián supo rodearse de hombres inteligen- 
tes, instruidos y de consejo, su gobierno se caracterizó por 
la tendencia militarista, como los anteriores. En aquel tiem- 


— 219 — 


a 


po no era posible concebir que la nación pudiera ser dirigi- 
da por un hombre que no saliera de las filas del ejército. Su- 
cedía lo mismo, por desgracia, en la mayoría de las nuevas 
repúblicas de Hispanoamérica. Esta influencia del militaris- 
mo en los destinos nacionales, con todas sus desastrosas 
consecuencias se ha perpetuado a través de más de cien 
años en la borrascosa historia de Bolivia, con sólo muy bre- 
ves interregnos. Como la ascensión de Ballivián había teni- 
do origen pretoriano, también lo tuvo su caída. Las cons- 
piraciones empezaron a minar el régimen y, en 1847 seis 
años después de su glorioso advenimiento al poder, el ven- 
cedor de ingavi se vio obligado a defender su posición con 
las armas en la mano. Según la típica expresión de uno de 
los hombres de la época, el país “estaba cansado” de su 
gobierno. 

Empezaron las agitaciones en junio de ese año, con el 
motín militar del coronel Manuel Isidoro Belzu, en la villa 
de Obrajes. Trató de sorprender a Ballivián en la casa de 
gobierno de La Paz y de tomarlo preso. Advertido a tiem- 
po, el presidente se puso a salvo, hasta que la oportuna reac- 
ción de otras unidades del ejército dominó el estallido. El 
cabecilla de la revuelta consiguió fugar, pero algunos de 
sus cómplices fueron ejecutados, después de juicio sumario. 

La situación interna se vio agravada por nuevas difi- 
cultades con el Perú, ocasionadas por medidas que restrin- 
gían el tránsito comercial por el puerto de Arica. El general 
Castilla, uno de los vencidos de Ingavi, no perdonaba a Ba: 
llivián. Habiendo llegado a la presidencia del Perú, trató de 
aumentar las dificultades del gobierno boliviano, hostilizán- 
dole ostensiblemente. No había duda de que el agente diplo- 
mático peruano fomentaba abiertamente la conjuración con- 
tra el gobierno. Ballivián se disponía a la guerra, cuando es- 
talló una vasta insurrección en el sur, cuyo caudillo era 
de nuevo el general Velasco. Pero el gobierno consiguió do- 
minar a los rebeldes en Vitichi, después de reñido combate. 
En esos mismos días se alcanzaba a firmar con el Perú un 
nuevo tratado de amistad y comercio, en condiciones equi- 
tativas. Ese arreglo dejaba a Ballivián completamente libre 
de preocupaciones y peligros. Otra tentativa de Belzu, orga- 
nizada en la frontera peruana, había sido también sofoca- 
da fácilmente. Pero la situación estaba muy lejos de ser nor- 
mal. El descontento cundía por todas partes y, en los últi- 
mos días de diciembre del citado año, en vista de nuevos 


— 220 — 


pronunciamientos ocurridos en La Paz, Ballivián tomó la 
resolución de dejar la presidencia. En consecuencia dictó un 
decreto entregando el mando al general Guilarte, presidente 
del consejo de ministros. 

Como vencedor de Ingavi no se encontraba seguro en 
el país, optó por aceptar una misión diplomática en Chile, 
expatriándose sin pérdida de tiempo. Pocos días después era 
derrotado Guilarte y Velasco otra vez aclamado por los pue- 
blos, bajo el amparo del ejército sublevado. Velasco, al po- 
sesionarse del mando, no fue generoso con Ballivián y man- 
dó reimprimir en Sucre una Exposición y protesta que ha- 
bía publicado en la Argentina el año anterior ('), en la que 
decía, entre otras cosas, refiriéndose a su rival: “... Un 
hombre sin antecedentes, oscuro por sus vicios en su propia 
familia... Más célebre en el mundo por sus hazañas de 
bandido que por su estéril victoria... Estúpido sin par...” 
No dejaría de causar asombro ese lenguaje en un documen- 
to suscrito por Velasco, si no se supiera que este prócer fir- 
mó más de una vez lo escrito por otros. Y en la época de la 
Exposición y protesta es bien sabido que influía en su áni- 
mo el genio travieso de Olañeta. 

El gobierno de Ballivián había sido indudablemente pro- 
ficuo para la organización y el progreso del país en. ciertos 
órdenes. No fueron vanos sus esfuerzos para dar algún im- 
pulso a la cultura. Pese a los inconvenientes y dificultades 
con que tuvo que tropezar, realizó una obra bien intencio- 
nada y útil en algunos aspectos. Hay que recordar que Ba- 
llivián, como Santa Cruz, era un autodidacta, para no mos- 
trarse demasiado exigente con su obra, que fue el resultado 
de sus buenas intenciones y de los medios limitados que te- 
nía a su alcance. Su educación era forzosamente incomple- 
“ta, alcanzada en los ratos libres entre las campañas y la vi- 
da de cuartel. Su carácter, dominador, arbitrario y violento. 
Inteligente y ambicioso, llegó más lejos que cualquier otro 
hombre de su condición y de su tiempo. 
| Es importante recordar que durante su gobierno y con 
su ayuda, se fundó el primer diario boliviano “La Epoca”, 
tribuna de alta cultura, escrito por los más distinguidos hom- * 
bres de letras que por entonces vivían en La Paz, nacionales 
y extranjeros. : 


(1) Imprenta de Beache €. Cía., Sucre, 1848. 


— 221 — 


Consagró también sus cuidados al arreglo de los asun- 
tos internacionales y especialmente a los de fronteras. Pero 
en Chile y el Brasil tropezó con la inalterable resolución de 
oponer la inercia a todas las iniciativas de la diplomacia bo- 
liviana para terminar justa y decorosamente las diferencias 
pendientes, mientras esos países pugnaban por alcanzar po- 
sesiones ilícitas que, con el tiempo, se convertirían en títulos 
de hecho. El Brasil negó la validez del tratado de 1777 cele- 
brado entre España y Portugal. En cuanto a Chile, cuyas 
ambiciones estaban puestas en el guano descubierto en el 
litoral boliviano, hizo caso omiso de las reclamaciones in- 
terpuestas por agentes tan hábiles como Olañeta y Joaquín 
Aguirre. El Congreso chileno, por sí y ante sí, había decla- 
rado de propiedad nacional “las guaneras existentes en la 
provincia de Coquimbo, en el litoral del desierto de Ataca- 
ma y en las islas e islotes adyacentes”. Cuando reclamó Bo- 
livia, se le contestó que el gobierno chileno carecía de facul- 
tades para alterar las resoluciones de su Congreso, sentando 
la original teoría de que el Poder Legislativo de cualquier 
país, dictando una ley, establece títulos de soberanía sobre 
territorios que reclama otro. También Ballivián tuvo como nor- 
te de su gobierno la adquisición del puerto de Arica o del 
de Pisagua, para satisfacer las necesidades de la comunica- 
ción comercial del país con el Pacífico. Las ambiciones del 
general Santa Cruz habían sido un obstáculo insalvable para 
que Bolivia adquiriera dominio sobre Arica, a pesar del tra- 
tado de 1826 y de las repetidas instancias de la provincia 
de Tacna para unirse a Bolivia. Santa Cruz no quería enaje- 
narse las simpatías de la opinión peruana, perjudicando 
sus proyectos de confederación. Después de Ingavi, Ballivián 
tuvo en la mente incluir la anexión de Arica en las condicio- 
nes del tratado de paz, pero se opusieron a ese propósito 
las turbulencias domésticas, obligándole a aceptar un tratado 
de paz sin ventajas, pero que le dejaba libre para atender la 
situación interna, agitada por las aspiraciones de Santa 
Cruz. Estas sólo terminaron en 1845, con el acuerdo entre 
Bolivia, Chile y el Perú, para mantener al ex protector ale- 
jado en Europa, después de un fracasado intento de pene- 
trar a Bolivia y de su prisión en Chillán. El gobierno boli- 
viano se comprometió por ese convenio a obtener del Con- 
greso la devolución de los bienes donados a Santa Cruz en 
1836, a señalarle una pensión y pagarle indemnizaciones por 
los productos de sus fincas, embargadas o confiscadas. A 


— 222 — 


ese acuerdo contribuyó poderosamente la influencia de los 
gobiernos de Francia e Inglaterra, interesados por la suerte 
del antiguo jefe de la confederación. ] 

Santa Cruz había reclamado desde 1840: mediante po- 
der debidamente legalizado planteó sus derechos contra las 
medidas de secuestro y confiscación tomadas por el gobier- 
no sobre sus propiedades, sin excluir sus bienes patrimo- 
niales. El apoderado decía, en el recurso planteado ante la 
Corte Suprema: “Ni se diga que la nación boliviana es la 
acreedora del ex presidente, que tiene que formarle mil y 
mil cargos y que su antiguo mandatario debe responder por 
inmensas y cuantiosas sumas. Bien sé que esto y mucho más 
puede decirse y se ha dicho: que hace un año que muchos 
no se cansan de gritar por los robos, estafas y dilapidacio- 
nes que se imputan al ex presidente. Sé más, que algunos 
periódicos se han avanzado a determinar cantidades como 
sustraídas por aquél y a formarle un tropel de cargos” ('). 
Desde entonces, hace más de un siglo, todo presidente de 
Bolivia depuesto por las vías de hecho, es indefectiblemente 
acusado de ladrón o malversador de fondos públicos. Tal acu- 
sación aunque alguna vez hubiera podido tener fundamento, 
siempre ha formado parte principal de la propaganda *revo- 
lucionaria” y ha servido para justificar la sedición y para 
descartar toda tentativa reaccionaria. Pero muchos de esos 
“ladrones” han muerto en la miseria. E 

En otras negociaciones diplomáticas con el Perú, la Ar- 
gentina, etc., aunque siempre fueron llevadas con dignidad 
y con tino, Ballivián no pude ver realizadas sus aspiraciones 
patrióticas, a pesar de sus esfuerzos. La pobreza y la desor- 
ganización en que se debatía el país, después de tantas gue- 
rras, así como el permanente estado de conmoción en que 
vivía, no le proporcionaban el prestigio ni la fuerza indis- 
pensables para que su diplomacia adquiriera el respaldo que 
asegura el éxito. 

A esta época corresponde el reconocimiento hecho por 
la corte española de la independencia de Bolivia, poniendo 
fin a un estado de cosas incompatible con la existencia de 
una nación soberana. 


(1) Alegato hecho ante la Excma. Corte Suprema sobre el desembargo 
de los bienes secuestrados al Ex-Presidente Santa Cruz. Sucre 24 de 
julio de 1840. Imp. de La Libertad. 


— 223 — 


CAPITULO X 
DEMAGOGIA Y DICTADURA 


1.— Advenimiento de Belzu y su política.— 2.— Gobierno de 
Córdova.— 3.— Dictadura de Linares.— 4.— Estado social 
del país. 


1. ADVENIMIENTO DE BELZU Y SU POLITICA. 

El gobierno interino de Guilarte tuvo muy corta dura- 
ción. Mientras en el sur tomaba cuerpo el pronunciamiento 
encabezado por el general Velasco, aparecía nuevamente en 
el norte el coronel Manuel Isidoro Belzu. La fortaleza de 
Oruro, ciudad en la que se encontraba Guilarte, se levantó 
contra él y tuvo que asilarse en el Perú. 

Belzu, nombrado general de brigada y jefe superior del 
norte, se puso a las órdenes de Velasco, cuyo nuevo gobier- 
no se inauguró a principios de 1848. Reunido el Congreso en 
agosto, aprobó —como era de costumbre— los actos del ré- 
gimen interino y designó presidente al general Velasco, re- 
formando la constitución de 1839. 

Pero las guarniciones de La Paz y Cochabamba desco- 
nocieron a Velasco y proclamaron a Belzu, nombrado por 
aquél ministro de Guerra, con lo que se creó una situación 
rara y ambigua. Belzu manifestó que era extraño al movi- 
miento y se ofreció a marchar al norte para arreglar la difi- 
cultad, pero surgió la desconfianza y el gobierno le ordenó 
permanecer en la capital. Ofendido realmente o aparentan- 


— 225 — 


do que lo estaba, Belzu renunció el ministerio y se ausentó 
sigilosamente, para ponerse a la cabeza de sus partidarios. 

En Sucre también se produjeron actos subversivos a 
consecuencia de los cuales Vélasco abandonó la capital, pro- 
vocando la desbandada del Congreso. Las tropas adictas a 
Belzu se dirigieron al sur y en el combate de Yamparáez 
vencieron a las fuerzas del gobierno. 


Belzu trató de organizar un gabinete de conciliación, 
atento solamente a conservar el mando. Era ambicioso y 
buscaba su desquite sustituyendo a Ballivián, del que le ha- 
bían separado hondas divergencias personales. Pidió la co- 
laboración de personajes distinguidos del régimen caído, co- 
mo D. Tomás Frías, que rehusó cortésmente su concurso. 
Pronto comprendió el caudillo que la oligarquía ballivianis- 
ta le era hostil y que trataba de aislarlo. El héroe de Inga- 
vi, quizá sin proponérselo deliberadamente, pero en razón 
de sus vinculaciones personales y de familia, había formado 
a su alrededor una especie de aristocracia que le permane- 
cía fiel. Con razón o sin ella, Belzu creyó que se le repudia- 
ba por no pertenecer a las altas clases sociales y dejó fer- 
mentar en su espíritu el resentimiento y el despecho, echán- 
dose en brazos de la plebe y revelando inclinaciones demagó- 
gicas. Tan demócrata era Belzu, sin embargo, como puede 
serlo cualquier caudillo que asalta el poder y necesita, para 
afianzarse en él, de una fuerza capaz de oponerse a los fac- 
tores que le resisten o le combaten. Sus proclamas, sus dis- 
cursos y la propaganda de su prensa, por lo tanto, no tarda- 
ron en tomar un cariz populachero, cada vez más pronuncia- 
do. Era un recurso político como cualquier otro, pero más 
peligroso y más eficaz que los empleados hasta entonces. 
En previsión de los sucesos, desde tiempo atrás, Belzu ha- 
bía manifestado tendencias socialistas. 


Desde el principio del gobierno de Ballivián, las faccio- 
nes políticas empezaron a fisonomizarse, especialmente en 
la oposición, y el grupo de Velasco adoptó el título de liberal, 
en contraste con el del gobierno, calificado como autocráti- 
co o militarista, aunque ya se ha visto que en esa época to- 
dos los caudillos políticos eran militares. De ahí el nombre 
de ordenanza militar con que fue bautizada la constitución 
de 1843. El alzamiento de Belzu contra los liberales creó, 
pues, un tercer partido, que si no adoptó más nombre que 
el de belcismo, se caracterizó por su simpatía por la masa, 


— 226 — 


aunque fuera solamente en la apariencia demagógica y en el 
predominio que, dentro de él, adquirió la plebe. 

La exaltación de Belzu hizo reaccionar al ballivianismo, 
que no estaba muerto, y en marzo de 1849 estallaron movi- 
mientos militares en Oruro, Cochabamba, La Paz y Potosí, 
pero fueron rápidamente sofocados por el populacho preve- 
nido, que se dio al saqueo y a toda clase de excesos. Este fue 
el principio de la serie de sucesos lamentables que tuvieron 
lugar en los primeros años de la administración de Belzu. 

El país vivía suspenso de terror, en medio de incesantes 
delaciones y de castigos sangrientos. Las ejecuciones se su- 
cedían periódicamente, así como las prisiones y los destie- 
rros y confinamientos a lugares aislados e insalubres. 

El general Ballivián no cesaba de conspirar desde el 
extranjero, y su lucha contra el belcismo sólo había de ter- 
minar con su muerte. Los hombres más ilustres del país le 
acompañaban en el exilio, diseminados en las costas chilenas 
y peruanas. Eran los elementos llamados a organizar el par- 
tido rojo, que más tarde llegarían al poder con Linares, for- 
mando el septembrismo. Velasco y sus liberales permane- 
cían en la Argentina. 

La literatura política de aquellos tiempos es la más 
soez y escandalosa que puede imaginarse. Las gacetas gu- 
biernistas de Bolivia, pór una parte, y por otra la copiosa fo- 
lletería de los opositores, impresa en el extranjero, mante- 
nían un pugilato de insultos, recriminaciones y quejas, en 
tono tan enconado y tan violento, que en ninguna época de 
la historia de Bolivia ha podido contemplarse espectáculo 
más ingrato y revelador de la incultura del, ambiente. 

Ni para qué decir que este período fue de disolución y 
de retroceso en todo orden de cosas. Las actividades del co- 
mercio y de la industria sufrían general paralización. El 
obrero casi no trabajaba, porque recibía el sustento y la 
satisfacción de sus vicios cobrando asignaciones del fisco 
como funcionario público o como espía, cuando no vivía del 
pillaje y del saqueo. La población pacífica temblaba ante el 
grito de guerra: ¡Viva Belzu! 

' Y Belzu decía, en el Congreso de 1855: “Las masas po- 
pulares han hecho oíf su voz y desempeñado su rol espon- 
táneamente; han sofocado revoluciones y combatido por el 
gobierno constitucional. La aparición de este poder formida- 
ble es un hecho social de innegable trascendencia”. Pero el 
“hecho social” no significaba el mejoramiento de las condi- 


— 227 — 


ciones de vida material ni de cultura de la masa analfabeta 
de las ciudades ni de la población aborigen del campo, sino 
su participación en las luchas de bandería para mantener el 
predominio del caudillo triunfante, a cambio de la licencia 
para cometer desmanes y de la satisfacción de las pasiones 
más bajas. : 

A perpetuar ese estádo de cosas contribuía poderosa- 
mente la dispersión de las fuerzas opositoras. Ya hemos 
visto cómo los liberales, por boca de Velasco, habían trata- 
do a Ballivián en 1848, cuando eran aliados de Belzu. Me- 
diaba entre: unos y otros (liberales y rojos), por consecuen- 
cia, un abismo difícil de colmar. En el ejército no quedaban 
sino los elementos seguros, adictos a “la causa del pueblo”. 
El caudillo sintió, sin embargo, la necesidad de legalizar su 
situación y convocó a elecciones para nombrar presidente y 
formar un Congreso, que se reunió en Sucre a mediados de 
1850. Esas eleciones fueron realizadas con toda clase de 
violencias y atropellos, aunque en ellas consiguieron ser ele- 
gidos algunos elementos ponderados y valiosos: Mendoza 
de la Tabia. Evaristo Valle, Aniceto Arce, es decir, muy po- 
cos. Belzu renunció ante el Congreso, si bien sabía que, co- 
mo único candidato, había sido elegido presidente. Pasada es- 
ta comedia, fue investido del mando “constitucional”, lo que 
coincidió con nuevos atropellos contra los estudiantes de 
Sucre, cuyas faltas no justificaban los brutales procedimien- 
tos que fueron empleados con ellos: por una caricatura en 
las paredes de un colegio, un monigote con la figura de Bel- 
zu, los colegiales fueron azotados y sus padres perseguidos. 

Los ánimos se exaltaron más en ocasión de un proyecto 
presentado en el Congreso para indemnizar a las víctimas de 
los saqueos ocurridos en 1848 y 1849. El gobierno hizo fra- 
casar el proyecto y entonces el coronel Agustín Morales, que 
había sido una de esas víctimas y que, venido al país en 
virtud de una amnistía decretada con motivo de las eleccio- 
nes, se había dedicado a adular a Belzu, con la esperanza 
de que su demanda fuera satisfecha, concibió el plan de 
asesinar al presidente y, con otros conjurados, lo atacó a - 
balazos en un paseo público. Belzu salvó milagrosamente y 
Morales consiguió ponerse a buen recaudo; pero el suceso 
dió origen a nuevos crímenes, represalias y ejecuciones, al- 
gunas de ellas injustas. La diminuta oposición del Congreso 
fue atropellada y el país se vio entonces más aherrojado 
que nunca. ; 


— 228 — 


El general Santa Cruz había manifestado, desde Euro- 
pa, su complacencia por el derrocamiento de su enemigo Ba- 
llivián. El gobierno, en consecuencia, le hizo agente diplo- 
mático ante varias cortes y se ufanó de esa adquisición, que 
indudablemente le traía prestigio. Pero esto no fue óbice pa- 
ra que más tarde, dando crédito a ciertas intrigas, se exone- 
rara -a Santa Cruz de su cargo y se le dejara en Europa en 
situación desairada. 

La oposición desde el exterior comenzó a flaquear, en 
vista de que la situación se prolongaba. Ballivián se encon- 
traba en penoso trance económico y sus amigos empezaron 
a solicitar salvoconductos para regresar al país. Era la ren- 
dición por hambre. Pero Ballivián tuvo la entereza de re- 
chazar el ofrecimiento de un cargo diplomático. A poco mo- 
ría en Río de Janeiro (15 de octubre de 1852) víctima de la 
fiebre amarilla, en un viaje sin rumbo, después de que el 
"gobierno peruano le negó asilo en su territorio. 

Las eternas amenazas de guerra con el Perú facilitaron 
en cierto modo la aproximación entre el gobierno y la opo- 
sición en 1853; pero al año siguiente las conspiraciones y-los 
pronunciamientos inquietaron nuevamente a Belzu y le hi- 
cieron la vida difícil. Estallaron en el oriente y en el sur mo- 
tines promovidos por un nuevo caudillo civil, audaz e infa- 
tigable: el Dr. José María Linares, que había sido presiden- 
te del Congreso en 1843. Tan pronto iniciaba una insurrec- 
ción en el interior, como aparecía en la frontera del Perú. 
Poco tiempo después se rebelaba también contra el gobier- 
no el general José María de Achá, pero era fácilmente do- 
minado. 

En medio de estas agitaciones se reunió en Oruro el 
Congreso de 1855, ante el cual hizo Belzu la dimisión de su 
cargo, declarando que Bolivia se había hecho un país ingo- 
bernable. Accedió con sus partidarios a continuar en el man- 
do hasta la expiración del período constitucional y convocó 
a elecciones para marzo de ese mismo año, haciendo alarde 
de que ambicionaba entregar el poder por los medios pací- 
ficos y legales. Entre los candidatos figuraban principalmen- 
te el Dr. José María Linares y el general Jorge Córdova, 
yerno de Belzu. El resultado de las elecciones no era dudo- 
so y Córdova fué elegido bajo la presión oficial. También 
presentó su candidatura desde Europa, el general Santa 
Cruz, pero sufrió una dura decepción, no solamente porque 
su hora había pasado, lo que era indudable, sino porque la 


— 229 — 


máquina electoral estaba montada para dar el triunfo al hi- 
jo político de Belzu. 

Parece inútil reflexionar sobre la intención que tuvo el 
caudillo populachero al procurar que le sucediera en el po- 
der un miembro de su familia, de oscuro origen y sin ningu- 
na capacidad para el gobierno. Buscaba simplemente al hom- 
bre seguro, que le guardara las espaldas y le permitiera des- 
cansar, mientras le viniera en gana volver a actuar con nue- 
vos bríos. Casos semejantes no han sido raros en Bolivia. 

El gobierno de Belzu, que estuvo siempre combatido por 
facciones que buscaban asilo en el Perú, como ya se ha vis- 
to, tuvo que subordinar su política hacendaria y comercial 
a sus relaciones con ese país. Es bien cierto, sin embargo, 
que las agitaciones políticas en el Perú generalmente obede- 
cían también a maquinaciones tramadas en Bolivia. En 1853 
las relaciones entre los dos países se hicieron tan tirantes, 
que Belzu declaró la interdicción comercial y, para suplir la 
falta de los artículos peruanos, trató de fomentar la produc- 
ción nacional. Desgraciadamente ese fomento no tuvo por 
base el incremento de la industria por medio de capitales o 
de la implantación de progresos técnicos, sino un proteccio- 
nismo de circunstancias, por lo que sus resultados no corres- 
pondieron al plan que se propusieron los poderes públicos. 

Belzu ensayó varias medidas en el régimen aduanero, 
cuya principal finalidad era favorecer el tránsito de impor- 
tación por el puerto de Cobija. 

Bajo la acción del ministro de Hacienda D. Rafael Bus- 
tillo se emprendió la reforma monetaria en 1849, decretan- 
do la emisión de una nueva moneda “de diez dineros y vein- 
te granos” y se aumentó a la vez el precio del rescate de la 
plata. Pero tales medidas no tuvieron resultados. 

El presupuesto nacional de ingresos seguía fluctuando 
alrededor de dos millones de pesos y estaba generalmente 
sujeto a déficit. El ejército consumía algo menos de la mi- 
tad de esa suma, dato suficiente para dar idea del desorden 
imperante dentro de la hacienda pública. 


2. GOBIERNO DE CORDOVA. 


Aunque la administración de Córdova tenía que ser en 
todo continuación de la de Belzu, se inició con algunas me- 
didas políticas sagaces, que dieron tregua a las pasiones 
partidistas e hicieron concebir a algunos hombres de buena 


— 230 — 


voluntad la esperanza de que sobrevendrían días de paz y 
de prosperidad para el país. Al fin y al cabo se había reali- 
zado siquiera un simulacro de elección y, con todas sus ta- 
chas de origen, podía admitirse en principio que se había 
constituido el gobierno cumpliendo las prescripciones cons- 
titucionales. Quizá esos hombres procedían con exceso de 
optimismo o simplemente trataban de dar crédito a una si- 
mulación que podía influir, psicológicamente, en un cambio 
favorable de las prácticas democráticas. “Tal vez después 
de esta ficción —parecían decirse— sea posible más tar- 
de una elección legal”. 

Entre esos hombres se contaban algunos miembros dis- 
tinguidos del primer gabinete ministerial de Córdova: Mi- 
guel María de Aguirre, Basilio de Cuéllar, Juan de la Cruz 
Benavente y el general Urdininea. La actitud conciliadora 
del nuevo mandatario parecía justificar esos cálculos. Adhe- 
siones tan valiosas como la de D. Tomás Frías, afirmaban tal 
creencia. Pero muy pronto empezaron a producirse actos 
subversivos que demostraron que los candidatos derrotados 
por el fraude, especialmente Linares, no estaban dispuestos 
a conformarse con el resultado electoral. Tampoco el país 
estaba satisfecho de verse manejado por el testaferro de 
Belzu. Así son los pueblos: lo exigen todo, tras de no haber 
tenido nada. 

En agosto de 1855 Córdova se posesionó del gobierno y 
un mes después tuvo que sofocar dos sublevaciones produ- 
cidas en La Paz y en Tarija, en nombre de Linares. De nada 
servían las medidas tolerantes. y los decretos de amnistía. 
Los excesos de la anterior administración habían abierto ta- 
les enconos, que la situación no podía arreglarse por la sim- 
ple buena voluntad de un hombre que, por otra parte, care- 
cía de prestigio para manejar un estado de cosas tan deli- 
cado. Las conspiraciones brotaban hasta dentro de las pro- 
pias filas del gobierno y entre los miembros de la casa mili- 
tar del presidente. Inútiles fueron los actos de clemencia, a 
los que Córdova no se mostraba contrario. Linares era el 
alma de todas esas agitaciones y no cejaba en sus empeños. 
Al principio del gobierno de Córdova, el obstinado aspiran- 
te se había visto abandonado por sus propios amigos y par- 
tidarios. El mismo Mariano Baptista le había dado la espal- 
da, censurando su levantamiento de Achacachi en 1857. Ale- 
gaba éste, con muy buen espíritu, que era necesario dejar 
desenvolverse al nuevo gobierno. Ver iniciarse en la política 


— 231 — 


a un hombre como Baptista con este criterio, que olía a 
claudicación, debió ser una contrariedad muy grande para 
el infatigable caudillo del legalismo. Más tarde Baptista ha- 
bía de explicar su conducta con estas palabras: “Era impo- 
sible que en un debate parlamentario se hiciese constar le- 
galmente la superchería de la elección; y por ver si se daba 
principio al gobierno representativo siquiera fuese apoyán- 
dose en la sombra de una verdad, me denegué a promover 
una ilusoria discusión, sometido entonces, como todos los 
opositores, a un presidente de forma, esperando que su con- 
ducta pública escusase su origen” ('). Pero la intransigencia 
de Linares era irreductible. 


Bien nacido y educado esmeradamente, éste sentía la 
ambición del mando, pero no al impulso de una vana concu- 
piscencia, sino convencido de que estaba llamado a realizar 
la regeneración del país, por impulso patriótico y honrado. 
No era verdad que desde el principio hubiera luchado por la 
legalidad, porque en sus primeras empresas sediciosas ca- 
recía de derecho para reclamar el mando. Había sido presi- 
dente del Congreso en 1848 e investido de la autoridad su- 
prema por algunos días, cuando Velasco se puso a la cabe- 
za del ejército con el objeto ge combatir la revolución de 
Belzu. Pero Velasco no había Muerto ni renunciado, y mal 
podía tener un heredero, tanto más si una vez depuesto, 
aquél seguía invocando su derecho al mando. Como candi- 
dato derrotado por el fraude y la presión ofical, eso sí, Li- 
nares tenía razón para reclamar y protestar. 


Todo lo que el gobierno se atrevía a hacer para defen- 
derse era desterrar o confinar a los reos de conspiración. 
Las desiertas regiones de Santa Cruz y el Beni eran los lu- 
gares elegidos para alejar a los proscriptos, pero no se cum- 
plía ninguna de las sentencias de muerte dictadas por los 
tribunales militares, porque el presidente acababa siempre 
por perdonar. En el Congreso de 1857 la minoría opositora, 
en la que figuraba y hacía sus primeras armas: el futuro tri- 
buno D. Mariano Baptista, por fin acusó al gobierno de di- 
versas infracciones legales. Esta acusación sirvió de base 
a la insurrección definitiva e incontenible, encabezada por 
Linares. 


(1) La minoría en la asamblea de 1862.— Exposición que dirige al público 
el diputado por Cobija. Sucre, Imp. Boliviana, 1863. 


— 232 — 


El primer movimiento se produjo en Oruro; Linares, 
después de dominar la plaza, se dirigió a Cochabamba, |li- 
brando un combate de poca importancia, que le pefmitió 
apoderarse de la ciudad. Mientras Córdova se movía de la 
capital con dirección a Potosí, Sucre también se levantaba 
y deponía a las autoridades. El ejército, leal al gobierno, 
atacó a Cochabamba, donde Linares, aunque hostilizado por 
la plebe, resistió valerosamente. Córdova tuvo que retirarse 
con dirección a La Paz, que también estaba insurrecciona- 
da. Sus tropas, cansadas y sin moral, empezaron a separár- 
sele con deslealtad en el camino y, sin alcanzar su objetivo, 
se dispersaron o se plegaron a la causa contraria, lo que 
obligó al presidente a expatriarse. Pocos días después, Li- 
nares entraba triunfante a La Paz. 

El gobierno de Córdova había durado algo más de dos 
años y se había consagrado casi totalmente, a combatir cons- 
piraciones. Había desarrollado, atenuándola, una segunda y 
última parte de la política de Belzu. El aspecto económico 
proteccionista de la administración de Córdova ha sido con- 
densado por un autorizado comentarista con estas palabras: 
“En la breve y agitada administración del general Córdova 
nada se hizo en materia aduanera, excepción hecha de los 
derechos específicos que se cobraban en Cobija, sobre los 
similares de la industria nacional, a los que se gravó con un 
recargo del 20% (').: 

Ya se han descrito, a grandes rasgos, las característi- 
cas de estos llamados gobiernos democráticos, cuyo arran- 
que no fue otro que la orfandad en que los elementos del ba- 
llivianismo dejaron, en 1848, al nuevo detentador del poder. 
La-prueba de ello es que Córdova, apoyado o tolerado por 
una parte de esos elementos, se daba por satisfecho con que 
se le dejara gobernar y había empezado a dar la espalda a 
la plebe. Sólo el empecinado espíritu de Linares fue capaz 
de alterar ese conformismo de las clases elevadas, cansadas 
de la lucha y ansiosas de tranquilidad. 

Refiriéndose a Belzu y a su política, dice un eminente 
historiador chileno: “El rasgo más genial y característico de 
aquel gobernante hostigado y confundido por las revueltas 
y conjuraciones, consistió en oponer a las clases altas de 
la sociedad el peso del bajo pueblo, a quien, no teniendo tiem- 


(1) Casto Rojas, obra citada. 


— 233 — 


po de educarlo, se ganó por el halago y la seducción”. Y 
agrega: “Belzu creía, de buena fe, haber levantado el terreno 
de la dignidad del ciudadano, de las masas populares y dado 
con ellas un inmenso empuje a la democracia” ('). Pronto se 
vio, sin embargo, que el caudillo estaba equivocado, porque 
las masas que él levanto no tardaron en someterse incon- 
dicionalmente, cuando les faltó el apoyo del gobierno. 

El triunfo de Linares tuvo la virtud de cambiar instan- 
táneamente la opinión. Los “conformistas” de la víspera le 
reconociéron por jefe y el país entero celebró su adveni- 
miento al poder como una promesa y un desquite contra los 
desmanes del belcismo. Era el primer mandatario civil des- 
de la independencia, anhelado durante treinta años.Por lo 
tanto, todo se esperaba de él. 


3. DICTADURA DE LINARES. 


Imposible tratar de describir el estado de la opinión na- 
cional al advenimiento de Linares, a través de la prensa de 
la época que, como de costumbre en tales casos, sólo refle- 
jaba el entusiasmo de la adhesión a la persona del nuevo 
mandatario. 

El país reclamaba una reforma profunda, no precisa- 
mente en materia de leyes sino en las costumbres. Se vivía 
en el ocio, esperándolo todo de la política. La masa analfa- 
beta, de la que no se excluía el ejército, cuyos jefes en su 
mayoría se formaban desde soldados “rasos”, era elemento 
siempre dispuesto a la revuelta. 

El desorden político coincidía con la postración econó- 
mica, en gran parte consecuencia de la crisis general que. 
desde años atrás, se había operado en el mercado mundial, 
agravada en Bolivia por circunstancias especiales. Muchos 
comerciantes se lanzaron a las especulaciones mineras, cuyo 
mal resultado precipitó varias quiebras, con el desprestigio 
consiguiente de las firmas bolivianas en el extranjero. La 
falta de vías de comunicación era un obstáculo insuperable 
para el comercio. Aunque la población había crecido (el cen- 
so de 1856 dio la cifra aproximada de 2.200.000 habitantes), 
el consumo de mercaderías no aumentaba gran cosa, porque 
los gastos de transporte encarecíán los artículos importa- 
dos, en una proporción de cuatrocientos por ciento. Las tie- 


(1) R. Sotomayor Valdés, Estudio histórico de Bolivia, Santiago, 1874. 


— 234 — 


rras laborables estaban en su mayor parte en manos de los 
llamados “originarios”, cuya contribución era nula o muy 
pequeña, en calidad de impuesto, y la producción se redu- 
cía a las necesidades más que restringidas de la raza autóc- 
tona. Veamos cómo juzgaba esta situación un economista de 
la época: “Este tributo, que a primera vista y superficial- 
mente examinado se presenta odioso, descansa sobre bases 
muy racionales y justas. El indígena originario, y de esta 
condición son la mayor parte de ellos, posee inmensos te- 
rrenos que lo constituyen propietario. La contribución que 
paga es una retribución por los terrenos que posee, retri- 
bución tan módica y pequeña, que no está en proporción a 
la extensión ni a los productos que obtiene de ellos. Las 
ventajas están, pues, de su parte, y si las cosas estuvieran 
más estrictas y la justicia niveladora hubiera de penetrar en 
esos arcanos de las tierras de que los indígenas están en po- 
sesión, una nueva y equitativa repartición se haría necesa- 
ria, como se proyectó por un decreto del Libertador. Por otra 
parte, es necesario desconocer completamente el carácter 
nacional de nuestros indígenas y el móvil de sus acciones, 
para calificar de oneroso el tributo que paga. El indígena no 
prevé el día de mañana, vive para el día de hoy. Carece de 
aquel deseo de capitalizar y de hacer economía que lo hagan 
hombre libre e independiente de las necesidades: deseo que 
distingue y domina tanto al obrero de Europa. La fiesta en 
la que consume el trabajo pasado, el presente y una gran 
parte del futuro, lo deja arruinado por mucho tiempo, pero 
satisfecha su vanidad. El tributo no sólo lo soporta con con- 
formidad, sino que lo reclamaría, porque comprende que es 
una contribución con la que debe ayudar a los gastos del És- 
tado en calidad de hombre. Una innovación en esta parte 
la recibiría con desconfianza, como una asechanza para nue- 
vas cargas verdaderamente onerosas que se le quisieran im- 
poner y de las que se cree garantizado con el pago del tribu- 
to” ('). El autor de estos juicios, ex encargado de negocios 
- de Bolivia en Francia y hombre de cierta cultura, no dejaba 
de reconocer que hacía falta una reforma respecto a los na- 
turales sin tierras, a los “forasteros” que trabajaban como 
inquilinos, pagando arriendo a los “originarios” y además 


(1) Indicaciones económico-políticas o sean Cuestiones Bolivianas, por 
ri Vicente Dorado. Imp. Beeche, Sucre, 1859. (Págs. 32 y siguien- 
tes). 


— 235 — 


la contribución al Estado. Pero creía que el indio originario 
estaba obligado a pagar el impuesto a la propiedad y a la 
renta, cuyo modesto equivalente era la contribución “indi- 
genal”. Este fue el origen de la reforma agraria que se em- 
prendió más tarde con tan poca honradez y sin ningún cri- 
terio. 

Las dificultades con que tropezaba el tránsito por el 
puerto de Cobija, la necesidad de abrir nuevas rutas comer- 
ciales y de estimular la producción de otras regiones del 
país, alejadas de las zonas mineras, hicieron surgir en aquel 
tiempo varias iniciativas en que se hallaban interesados al- 
gunos capitales y empresarios europeos. Tal la Compañía 
Francesa de las Indias Occidentales, que tomó a su cargo 
el proyecto Oliden, de construcción de un puerto sobre el 
río Otuquis y de navegación del Paraguay, buscando la sa- 
lida al Atlántico para las riquezas naturales y los productos 
agrícolas y ganaderos del sudeste y del oriente de Bolivia. 
La concesión Oliden, que databa del gobierno de Santa Cruz, 
no había prosperado por falta de medios, aunque el gobier- 
no Ballivián la había ratificado y ofrecídole facilidades. Pe- 
ro hay que hacer a este respecto algunos esclarecimientos. 
En los primeros años posteriores a la independencia de las 
repúblicas sudamericanas, surgieron en Europa infinidad de 
proyectos para establecer empresas industriales y de colo- 
nización en esos territorios. Los empresarios eran general- 
mente hombres audaces, que obtenían fácilmente concesio- 
nes liberales de los gobiernos, ansiosos de obtener capitales 
y de atraer inmigración hacia las nuevas repúblicas, pero 
que carecían de los recursos necesarios para impulsarlas. 
Con las concesiones otorgadas, los favorecidos retornaban 
al Viejo Mundo en busca de socios capitalistas que las res- 
paldaran económicamente. Pero cuando los negociados ingre- 
saban al terreno práctico se descubrían los inconvenientes 
y las dificultades que ofrecían, y las empresas se disolvían 
antes de empezar su obra. De ese género fueron la conce- 
sión Oliden y otras de la misma época. Se pensaba entonces, 
erróneamente, que las riquezas del suelo podían justificar 
las mayores inversiones en tierras interiores y de difícil ac- 
ceso. Más tarde se ha visto que es muy difícil luchar contra 
la geografía y que las regiones de América que están en con- 
tacto con el mar son las destinadas a recibir primeramente 
los beneficios de la inmigración y del progreso. Bolivia se 
debatía en medio de sus dificultades económicas sin poder 


— 236 — 


conseguir del Perú las facilidades aduaneras que necesita- 
ba, especialmente para el comercio del norte de la repúbli- 
ca, que debía hacerse por Arica, porque Cobija sólo servía 
al sur y siempre con notables deficiencias. Y las relaciones 
con el Perú atravesaban frecuentemente períodos de inter- 
dicción en que los dos países se ponían al borde de la gue- 
rra. El gobierno de Linares no estuvo exento de estas dificul- 
tades porque imputaba al gobierno peruano la intención de 
favorecer las empresas subversivas de Córdova, refugiado 
al otro lado de la frontera. 

En medio de la agitación política se intentaban algunos 
negocios industriales sin perspectivas de éxito, como el de 
la exportación de la quina, que adquirió alto precio y mu- 
cha demanda, aunque sin producir apreciable rendimiento 
al erario, por las actividades del contrabando. Un arreglo 
con el Perú sobre libre tránsito por Arica habría corregido 
esta situación, pero ese arreglo era imposible de ejecutar por 
las complicaciones de la política interna y porque en oca- 
siones anteriores no había podido mantenerse. 

Linares empezó por reducir el ejército y por imponer 
la economía más estricta en los gastos públicos. El propio 
sueldo del presidente de la república fue reducido de treinta 
mil pesos anuales a dieciocho mil. El presupuesto de gastos 
disminuyó en proporción considerable y se impuso el orden 
más severo en la administración financiera de la república. 

Sobre la base del decreto de 1849, suscrito por Busti- 
llo, que había quedado sin ejecución, como ya se ha dicho, 
se emprendió, bajo el ministerio de Hacienda de D. Tomás 
Frías, la reforma del sistema monetario y se acuñó nueva 
moneda con la ley de diez dineros y veinte gramos. 

Toda esta política regeneradora, como era natural, no 
fue del agrado de muchos. Militares descontentos y emplea- 
dos desplazados de sus cargos constituían la bage de una 
oposición que no tardó en manifestarse. Desde noviembre 
de 1857 se hallaba Linares empeñado en su programa de re- 
forma y saneamiento, pero pronto comprendió las enormes 
dificultades que se oponían a su ejecución, y el 31 de marzo, 
cinco meses después, resolvió declararse dictador, con el 
propósito de disponer de los medios discrecionales que le 
permitieran completar su obra. Error fundamental, del que 
tuvo que arrepentirse, porque en Bolivia todos los presiden- 
tes han sido más o menos dictadores, sin necesidad de de- 
clararlo. El confesarlo oficialmente es lo que el país no acep- 


— 237 — 


ta, acostumbrado a la ficción democrática y a las infraccio- 
nes constitucionales disimuladas. Las famosas “facultades 
extracrdinarias” de que. otros presidentes fueron investidos 
y los Congresos que se reunían esporádicamente para otor- 
garlas, abolían en el hecho la ley fundamental del Estado. 
Pero la proclamación lisa y llana de la dictadura, así fuera 
inspirada en un propósito patriótico y honrado, no fue admi- 
tida en 1858 sino por el pequeño círculo de hombres que ro- 
deaba a Linares y conocía su noble espíritu y sus buenas 
intenciones. 

Para colmo de circunstancias adversas, la rectitud del 
presidente y su férreo carácter, le hacían exagerar los pro- 
cedimientos y llevar las reformas y las sanciones con rigor 
tan extremado, que el descontento y la protesta sorda sur- 
gían de las propias filas del gobierno, independientemente 
de la acción de los opositores expatriados, que no cesaban 
de conspirar desde el otro lado de las fronteras. 

La reforma del clero, emprendida con cierto encono y 
empleando procedimientos drásticos, acarreó nuevas pro- 
testas contra el dictador. 

Pronto empezaron a surgir las insurrecciones armadas; 
y él, que había llegado al poder después de una serie de le- 
vantamientos subversivos, combatiendo los ' regímenes de 
Belzu y Córdova, y que una vez dueño del gobierno, tras de 
haberse creído facultado para hacer tabla rasa del corrom- 
pido régimen institucional, olvidaba que había surgido del 
motín, no podía admitir ni tolerar que se quisiera atentar 
contra el nuevo orden establecido y no reconocía límites pa- 
ra la represión sangrienta de las conspiraciones. Su concep- 
ción del gobierno era harto simplista y de ella participaban 
sus partidarios: a un hombre como él, honrado, apto y bien 
intencionado, empeñado en una obra moralizadora, debía ser- 
le permitido todo. Después se lo agradecería la patria. Entre 
tanto, era criminal todo cuanto se opusiese a sus designios. 
En resumen, la historia de todos los despotismos honrados 
y la suprema disculpa del “providencialismo”, agravada en 
este caso por cierto desequilibrio mental, acusado por la 
misantropía y por una falta absoluta de aptitudes políticas. 
Pero Linares tenía una cualidad rara en la especie humana: 
se conocía a sí mismo, por lo menos sobre este particular. 
En carta a un amigo de Valparaíso, escrita en La Paz el 23 
de mayo de 1858 (segundo año de su gobierno), decía con 
absoluta franqueza: ... “Cierto que en Bolivia, como en las 


— 238 — 


más de nuestras repúblicas, tiene el hombre de principios y 
de corazón que sostener una gran lucha contra los represen- 
tantes de la corrupción y de la barbarie; pero con la fir- 
meza, la habilidad y la constancia se obtiene al fin el triun- 
fo. Sin duda que me falta la segunda cualidad; pero cuento 
con la primera y la tercera...”. 

El dictador era un iluminado, por no decir un fanático. 
“Había apurado los arbitrios de la dictadura hasta llegar al 
terrorismo”, dice Sotomayor Valdés, a quien también per- 
tenece este juicio: “Creía que para matar el genio de la re- 
belión era preciso oponerle el genio del despotismo” ('). 

Su fracaso, por lo tanto, estaba decretado. Entre el cau- 
dillo liberal anterior a 1857 y el jefe del septembrismo (nom- 
bre que tomó el partido de Linares después de la ascensión 
de éste al poder) se había producido una increíble transfor- 
mación. Dice a este respecto un distinguido historiador bo- 
liviano: “Ocurrió, empero, que esa aspiración a la libertad 
efectiva y al imperio pleno de las instituciones, que había 
simbolizado durante nueve años de lucha al grupo linarista, 
estuvo muy lejos de ser una realidad cuando ese partido, 
llegando al poder, se convirtió en septembrista. A menudo 
ha ocurrido lo propio en la historia de nuestras luchas polí- 
ticas: los más bellos programas de partido, las más seduc- 
toras promesas se desvanecen cuando el grupo que las ha- 
bía inscrito en su bandera llega a las cumbres del éxito. Ja- 
más se produjo en Bolivia un movimiento de entusiasmo y de 
fe como el que originó el triunfo de la revolución de septiem- 
bre de 1857 que llevó al poder al caudillo por excelencia de 
las libertades públicas. Después de los nueve años som- 
bríos de la administración draconiana del belcismo sentía el 
país un anhelo vehemente de libertad, como Un caminante 
que atraviesa el desierto siente la sed de un manantial cris- 
talino... El fervor de sus parciales y su propia obcecación 
política le indujeron a adoptar como temperamento de go- 
bierno la dictadura, como si no hubiese una contradicción 
flagrante entre las ideas liberales que había sustentado y un 
sistema gubernativo que es la negación de las garantías en 
cuyo nombre se había derramado tanta sangre en los com- 
bates y en los patíbulos... La historia no habrá de absol- 
ver a Belzu de sus persecuciones injustas y de los excesos 


(1) Estudio histórico de Bolivia bajo la administración del general D. 
José María de Achá. imp. Andrés Bello, Santiago, 1874. (Cap. primero). 


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de su temperamento agresivo, como no perdonó jamás a los 
caudillos por el abuso arbitrario de poder; pero tampoco 
disculpará a Linares sus represiones sanguinarias, como si 
su gobierno no hubiera brotado de las mismas fuentes im- 
puras de la rebelión” ('). 

El fenómeno psicológico que se operó en Linares acabó 
con su prestigio. “Los conspiradores más obstinados —-dice 
G. René Moreno— Ballivián y Linares, subidos al mando, 
fueron verdaderos tigres contra las conspiraciones. Esta in- 
consecuencia perversa al ejercer el poder justiciero, esta 
severidad sanguinaria destituida de autoridad moral, no la 
perdonan jamás pueblos de índole compasiva como el bo- 
liviano” (N. ? 

Las medidas suspicaces adoptadas contra un coronel 
Ortíz, comandante de un batallón que había sido disuelto en 
La Paz por el dictador, determinó la renuncia del ministro 
de Guerra, general Pérez, militar pundonoroso, que fue pro- 
cesado y condenado a confinamiento. Poco después se pro- 
ducía un motín de cuartel, seguido de un tumulto popular que 
atacó el palacio de gobierno y que estuvo a punto de victi- 
mar al presidente, lo que ocasionó medidas represivas ex- 
tremadamente violentas, entre ellas el fusilamiento público 
de cinco personas, incluyendo un religioso, que fue degra- 
dado por la autoridad eclesiástica, a instancias de Linares. 
Estas ejecuciones no hicieron más que irritar a los enemigos 
del gobierno, tanto más cuanto que el obispo de La Paz, 
que había sido obligado a degradar al fraile Pórcel para que 
fuera ejecutado, se defendió de las imputaciones que le hi- 
cieran el clero y la opinión pública, manifestando que obró 
al impulso de la intimidación y la amenaza. Agregó que has- 
ta en los tiempos de la guerra de la independencia el sacer- 
docio había sido respetado. 

Varias incursiones sediciosas tuvieron origen en el Pe- 
rú. Una de ellas, al mando del general Agreda, llegó hasta 
las afueras de La Paz, donde fue derrotada por el gobierno. 
Estos sucesos provocaron una nueva ruptyra diplomática y 
dieron lugar a que los dos países se pusieran otra vez al 
borde del conflicto armado. 


(1) Alberto Gutiérrez, El Melgarejismo antes y después de Melgareje, La 
Paz, 1918, Tomo |. 
(1) El general Ballivián, Santiago de Chile, 1894. 


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A fines de 1859 y a mediados de 1860, respectivamen- 
te, se-produjeron graves alteraciones del orden en Potosí, y 
en Santa Cruz una insurrección abierta. Ambos movimien- 
tos fueron dominados, pero en la altiplanicie hicieron defec- 
ción algunas tropas de caballería, que fueron duramente cas- 
tigadas. Nuevos fusilamientos dieron testimonio de la inexo- 
rable justicia del dictador, pero no evitaron otras tentativas 
fraguadas al otro lado del Desaguadero, donde se mantenían 
en acecho los partidarios de Belzu y Córdova y procuraban 
sublevar a los indios de la región. Una expedición enviada 
contra ellos capturó al coronel Quintín Quevedo y castigó 
duramente a los indios de los alrededores del lago Titicaca. 

Como todas las empresas revolucionarias fracasaban y 
Linares era infatigable en la represión y el castigo de los 
sediciosos, se produjo lo que generalmente sucede en tales 
casos: el dictador fue derrocado por sus propios amigos y 
partidarios, en los momentos precisos en que se disponía. a 
convocar a elecciones para un Congreso ante el cual se pro- 
ponía resignar el mando. NS 

Los síntomas de descomposición venían sintiéndose 
desde tiempo atrás. La permanente tensión en que vivían 
los miembros del gobierno tenía que producir el infalible re- 
sultado del enervamiento y el cansancio. Eran varios los 
hombres de confianza y los jefes militares adictos al dicta- 
dor que manifestaban el deseo de retirarse. Otros,'en cam- 
bio, como los- ministros Achá y Fernández, se mostraban 
cada vez más estrechamente unidos al jefe y no desperdi- 
ciaban ocasión para hacérselo saber. El presidente, además, 
estaba enfermo de cuidado. , 

Esos dos ministros, unidos al comandante militar de La 
Paz, tramaban, sin embargo, la deposición de Linares. La 
conjuración estalló al amanecer del 14 de enero de 1861 y el 
dictador fue notificado de los sucesos en el mismo lecho del 
dolor. Rodeado de algunos amigos, sólo acertó a decir, re- 
firiéndose al ministro Fernández, persona de toda su con- 
fianza: , 

—Sabía que se reuniría el Congreso para que yo renun- 
ciara. ¿Por qué no esperó? 

Entrada la mañana se retiró del palacio de gobierno a 
la casa de la viuda del general Ballivián, acompañado por 
un grupo de personas adictas, que le seguían emocionadas. 

Inmediatamente se organizó una junta de gobierno con . 
Ruperto Fernández y los generales José María dé Achá y 


— 241 — 


Manuel Antonio Sánchez. Fernández había sido compañero 
de ostracismo y protegido de Linares. Achá, su ministro de 
Guerra. 

La proclama que lanzó la junta el mismo día de la trai- 
ción ni siquiera invocaba el pretexto de la inhabilidad física 
del dictador. Simple y llanamente pretextaba la necesidad 
de separarlo del mando porque había perdido la confianza 
del ejército y porque su carácter no le permitía dirigir la 
marcha del país. Se prometía la inmediata convocatoria a 
un Congreso ante el cual la junta declinaría su autoridad. 

El triunvirato dispuso el extrañamiento de Linares, que 
tuvo que salir inmediatamente para Tacna, enfermo y ago- 
biado. Aunque su probidad había sido proverbial, la prensa 
le acusó, como es de rigor con el caído, de robos y pecula- 
dos. Llegado a Valparaíso publicó un manifiesto en el que 
descargaba su indignación contra los traidores que le ha- 
bían sacrificado. Al Congreso de 1861, que designó al gene- 
ral Achá presidente provisional de la república, fue presen- 
tado un proyecto que declaraba a Linares “indigno de la 
confianza nacional”. Este proyecto de voto de indignidad, que 
iba más lejos que. todos los actos de mezquina venganza y 
de avilantez ejercidos hasta entonces en el país contra un 
gobernante derrocado, provocó la reacción natural en el al- 
ma de los amigos leales del ex dictador, que habían sido 
ungidos por el voto popular y formaban parte de la asam- 
blea. “Algunos hombres honrados levantaron su voz contra 
tamaño ultraje al honor del mismo Congreso, y el mal go- 
bierno y la torpe mayoría se vieron en la necesidad de ce- 
der” —dice el biógrafo de Linares (').— “Los nombres de 
los diputados Valle y Frías, antiguos ministros dé la dicta- 
dura, Cortés, Aspiazu, Ballivián, Quijarro y Rivas merecen 
el aplauso sincero que guarda la historia para la virtud, por 
su elevada conducta en esas discusiones en que lidiaban 
brazo a brazo la honradez y el vicio, el odio del partidarismo 
ciego y el patriotismo puro y sin mancilla”. 

Linares envió un mensaje a ese Congreso, defendiendo 
su actuación. Lo más saliente del documento es un pasaje 
en el cual, al explicar las particularidades de su carácter, 
da la clave de su conducta en el gobierno, inspirada en las 
más puras intenciones y guiada por la mayor sinceridad: 


(1) El doctor Linares, por C. Walker Martínez, Santiago de Chile, Imp. 
Barcelona, 1900. 


— hs 


“Desconozco el fingimiento —dice— detesto la hipocresía 
y la verdad es en todo la regla de mi conducta...” Por eso 
se declaró dictador y no transigió con las fórmulas veladas 
que le habrían llevado al mismo resultado, ocultando sus 
verdaderas intenciones. El moralista que se proponía rege- 
nerar el país no podía emplear la mentira para iniciar la 
obra en que tenía fe absoluta y por la cual estaba dispues- 
to a sacrificar la vida. 

Aunque Linares hubiera caído por consecuencia de sus 
errores políticos, hay que convenir en que esos errores sólo 
le perjudicaron personalmente, mientras su paso por el go- 
bierno fue un modelo de rectitud, de honradez y de carácter, 
puesto al servicio de grandes ideales patrióticos. La figura 
del dictador, por lo tanto, ha adquirido relieves de verdade- 
ro símbolo. Razón tuvo al estampar en su Exposición, escri- 
ta en el destierro: “En Bolivia no se han perdido ni se per- 
derán jamás los sentimientos elevados, y cuando no hoy, ma- 
ñana me harán la justicia a que tengo derecho”. 

La verdad es que su deposición sólo sirvió para exaltar- 
lo y para que se empezara a hacerle esa justicia. “La caída 
de este hombre raro impresionó hondamente a muchos co- 
razones que le admiraban, y poeta hubo que pidió a su lira 
el canto de la apoteosis para honrar al ex-dictador”, dice So- 
tomayor Valdés, refiriéndose a Benjamín Lens, uno de los 
jóvenes escritores de la época. Florecía por entonces una 
generación juvenil que se iniciaba con éxito en el cultivo de 
las letras. 


4. ESTADO SOCIAL DEL PAIS. 


El advenimiento de Linares al gobierno, que fue gobier- 
no de hombres ilustrados, porque en él figuraban Santivá- 
ñez, Frías y Valle, tuvo la virtud de estimular entre la nue- 
va generación, a pesar de las restricciones al pensamiento 
éscrito, el nacimiento de la afición literaria. Hasta ese mo- 
mento habían sido muy. raros los ejemplos de hombres de- 
dicados al estudio y a las preocupaciones culturales. Sólo se 
había cultivado la elocuencia, que en los primeros Congre- 
sos tuvo representantes como Casimiro Olañeta, Eusebio 
Gutiérrez, José Mariano Serrano, Rafael Bustillo, etc. Algu- 
nos habían tratado de iniciar el género histórico como Ur- 
cullu, Sánchéz de Velasco, Miguel María de Aguirre. Buenos 
polemistas habían sido el mismo Olañeta y Lucas Mendoza 


+ 3) 


de la Tapia. En cuanto a la poesía, estuvo limitada a la 
producción “erudito-pedantesca” de José Manuel Loza, a la 
muy apreciable del español José Joaquín de Mora y a los 
primeros balbuceos de Manuel José Cortés, Mariano Rama- 
ilo y Ricardo José Bustamante. Durante el período de Lina- 
res y antes de él, ningún autor boliviano había intentado 
la. novela y, en cuanto al género dramático, tuvo nacimiento 
precisamente en esa época (1857) con un juguete escénico 
de Félix Reyes Ortiz, publicado a costa del dictador, al que 
siguieron otros ensayos del mismo autor y de Benjamín 
Lens. El mismo año del golpe de estado, 1861. Manuel José 
Cortés daba a la estampa su Ensayo sobre la Historia de 
Bolivia. 

La cultura boliviana estaba, por. lo demás, en cierne, 
porque las universidades eran instituciones nominales y 
porque no se había prestado atención alguna [como tampo- 
co la prestó la dictadura) a-la educación popular, a pesar de 
los juicios estampados en 1857 por D. José María Santivá- 
ñez, en su Memoria sobre la Instrucción Pública en Bolivia, 
lo gue es y lo que debe ser, en que decía: “No puedo menos 
de lamentar el deplorable estado en que se encuentra Bo!i- 
via. Ni un preceptor que merezca el nombre de tal, ni uno 
solo que haya recibido la instrucción teórica-práctica para lle- 
var debidamente una escuela”. 

Linares, por lo. tanto, había equivocado el camino, al 
tratar de moralizar el país por el rigor, en vez de empezar 
por educarlo. Los vicios políticos no eran sino el resultado 
del atraso de las ideas y de las costumbres. La ignorancia 
reinante y la incipiente economía no podían producir otro 
resultado que el caudillismo militar o el predominio de la 
plebe. La política tendía a convertirse en una industria de 
ineptos y desocupados. Cuando la energía indomable y el 

' patriotismo exaltado del primer caudillo civil que surgió en 
el país consiguieron abrirse paso y constituirse en gobier- 
no, el protagonista de ese episodio no pudo menos que caer 
en los excesos del autoritarismo, al que fatalmente le con- 
ducían los hábitos anárquicos que era necesario destruir 
para realizar una obra constructiva. Linares, que en otro 
país o en otros tiempos habría podido ser un gran conduc- - 
tor, cayó ahogado por la estrechez del ambiente y por la 
impaciente ambición de algunos dé sus colaboradores. Polí- 
ticamente formó un partido de utopistas y de románticos, 
llenos de sanas intenciones, pero cuya actuación, sin embar- 


E 


go de ser verdadero ejemplo de honradez, había de ocasio- 
- nar al país más perjuicios que ventájas. Fundó la escuela 
del puritanismo inspirado en el estricto cumplimiento de la 
ley, sin reparar en que esa ley era el producto de aspiracio- 
nes teóricas, reñidas con la realidad democrática, con el es- 
tado social y con el grado de evolución alcanzado por los 
medios de vida y por las costumbres. Sobre las ruinas de una 
organización colonial defectuosa, viciada por el desorden de 
la guerra de la emancipación y por el militarismo, ese parti- 
do pugnó por implantar los principios de la democracia ideal 
en un país semi-bárbaro. 


ca DB A 


CAPITULO XI 
RETORNO AL MILITARISMO 


1.— Gobierno de Achá y matanzas de La Paz.— 2,— Conspi- 
ración de los rojos en provecho de Melgarejo.— 3.— La ti- 
ranía del Sexenio.— 4.— Morales en el gobierno.—- 


1. GOBIERNO DE ACHA. 


El 1? de mayo de 1861 se instaló en.La Paz la asamblea 
constituyente convocada por el triunvirato. Ante ella dieron 
cuenta de sus actos los autores del “golpe de estado”, como 
se llamó al movimiento que derrocó a Linares. Esta asam- 
blea votó una constitución excesivamente liberal, que pri- 
vaba al gobierno de los medios de velar por su seguridad. 

A este respecto dice un distinguido historiador: “El 
gobierno, dotado de cierta relativa probidad, quiso ser fiel 
a la constitución; pero esto mismo alentó los motines y las 
conspiraciones. El curso de esta historia, hasta la termina- 
ción del gobierno de Achá, probará evidentemente que cons- 
tituciones como la de 1861. en pueblos anarquizados, se inu- 
tilizan en manos de los gobiernos honrados, por su observan- 
cia, y en las de los gobiernos sin probidad por su infrac- 
ción; de que resulta quedar siempre la sociedad en la fatal 
alternativa de la anarquía y del despotismo” ('). 


(1) R. Sotomayor Valdés, Estudio histórico de Bolivia, cit. 


UR 


P€PqjA A IN 


El cuerpo legislativo, elegido con'cíerta libertad, por- 
que el gobierno estaba obligado a dar pruebas de las buenas 
intenciones que, según él, habían inducido a deponer al dic- 
tador, se componía de los elementos más heterogéneos. Allí 
estaban representadas, en mayoría, las tendencias de los 
autores del cambio político, que seguían llamándose sep- 
tembristas, así como lo estaban los amigos de Linares, que 
empezaron a llamarse rojos, y tal cual personero del belcismo. 

En las primeras sesiones fue elegido presidente interi- 
no de la república el general Achá, en forma transaccional. 
El otro candidato era el general Pérez, cuya popularidad 
había crecido por la persecución de que Linares le hizo víc- 
tima. Achá era un personaje anodino con poca resistencia 
entre los opositores; su carácter cauteloso debía ayudarle 
para ir lejos. En cuanto a Fernández, desdeñado y comba- 
tido, se vio obligado a formar parte del primer gabinete de 
Achá, en espera de mejores oportunidades. La asamblea re- 
solvió convocar a elecciones para elegir presidente consti- 
tucional. . l 

Ya hemos visto que la tranquilidad y la tolerancia con 
que ese cuerpo legislativo inició sus labores, fueron muy 
pronto alteradas con el conocimiento del mensaje que Lina- 
res había enviado desde Valparaíso y que constituía el en- 
juiciamiento del estado político y social de Bolivia, a la vez 
que la defensa de los actos de la dictadura. El mensaje fue 
presentado por los diputados Frías y Valle. La mayoría se 
opuso a que el documento fuera considerado en sala y pro- 
puso la fórmula de resolución, en cuya segunda parte se 
declaraba a Linares “indigno de la confianza nacional”. La 
reacción del elemento linarista fué violenta y decidida en 
defensa de su jefe. Después de acaloradas discusiones y de 
haberse combatido también otra fórmula, que relegaba al 
olvido los actos de la dictadura, se llegó a aprobar sólo la 
primera parte del proyecto, que exaltaba el “golpe de es- 
tado”, declarando que sus autores merecían “bien de la 
patria”. 

El Congreso abordó el estudio de la reforma constitu- 
cional y de varias leyes hacendarias, así como la revisión 
de los códigos vigentes y otros asuntos. Después de votar, 
como se: ha dicho, una ley fundamental libérrima, que priva- 
ba al Ejecutivo de gran parte de sus atribuciones, clausuró 
sus sesiones. El gobierno se trasladó a Cochabamba, de don- 
de debía pasar a Potosí y Sucre. Era la época de las gobier- 


— 248 — 


nos ambulantes, que jamás se dedicaban seriamente a la or- 
ganización del país. 

Con la elección de Achá no se había restablecido la tran- 
quilidad. Belzu y Córdova, desde el Perú, seguían alentando 
la esperanza de recobrar el poder. También en el interior se 
tramaba una conspiración encabezada por Agustín Morales. 
En previsión de cualquier suceso, el gobierno había nom- 
brado comandante militar de La Paz al coronel Plácido Yá- 
ñez, irreconciliable enemigo de Belzu. Mientras Achá reali- 
zaba su recorrido por el sur, en aquella ciudad la situación 
se ponía tirante. Yáñez había sometido a prisión y ordenado 
el procesamiento de un grupo de prominentes belcistas, en- 
tre ellos el coronel Córdova, ex presidente de la república. 
Con la noticia de estos hechos el gobierno decretó, para el 
distrito de La Paz, el estado de sitio. Los rumores de cons- 
piración iban en aumento, cuando la noche del 23 de octu- 
bre se escuchó un tumulto en la plaza, cerca del Loreto (edi- 
ficio de la universidad y en ocasiones sede del Congreso) que 
entonces servía de prisión a Córdova y a los belcistas. Ave- 
riguaciones posteriores han demostrado que se trató de un 
simulacro de. ataque, fraguado por Yáñez, quien no tardó 
en presentarse en la prisión, ordenando la ejecución de los 
detenidos. La inmolación se efectuó en el acto, por obra de 
la soldadesca y de los esbirros de la policía. Córdova fue 
asesinado en su propio lecho. Era la repetición, con ligera 
variante, de la victimación de Blanco, el 1? de enero de 1829, 
sólo que esta vez las víctimas eran cincuenta, comprendien- 
do hasta soldados cuya lealtad se había hecho sospechosa. 
Una verdadera carnicería, imputable principalmente a la fe- 
rocidad de Yáñez. Tanto en el edificio del Loreto, como en 
la plaza principal, en el cuartel del batallón segundo y en la 
cárcel, lugares de concentración de los presos, la matanza 
fue espantosa. El gobierno, al conocer los sucesos, no tomó 
medida alguna, aunque se conocían anticipadamente las in- 
tenciones de Yáñez. El presidente Achá se encontraba ha- 
ciendo frente a otra conspiración encabezada por el minis- 
tro Fernández y ambos creían tener en el desalmado jefe 
militar de La Paz un decidido partidario y un colaborador 
«eficaz. : 
Achá juzgó conveniente, con todo, aproximarse al tea- 
tro de los acontecimientos y se instaló en Oruro, a la ca- 
beza de una división del ejército. Había tratado de realizar 
una política de conciliación con el belcismo, mientras Fer- 


— 249 — 


A FEAS | 


nández, ministro del interior, con miras personales, comba- 
tía esa tendencia, apoyado por los coroneles Flores y Balsa 
que eran, como él, de origen argentino. 

Cuando Achá llegó a Oruro, Balsa se encontraba en La 
Paz, al mando de un batallón, con el que se sublevó el 23 de 
noviembre, atacando el cuartel de las fuerzas adictas a Achá. 
Dominadas éstas, con el auxilio de la plebe que.se congregó 
con propósitos de venganza contra Yáñez, la tropa amoti- 
nada fue arrastrada por el pueblo hasta la casa de gobierno, 
en la que se había refugiado el asesino de octubre, al man- 
do de un piquete que no pudo resistir el ataque. Tomado el 
palacio, Yáñez pretendió escapar por los techos, pero derri- 
bado de un balazo hasta el patio de una casa contigua, don- 
de se descubrió su cadáver, el populacho lo escarneció y 
arrastró por las calles. Así fueron castigados, por la justi- 
cia popular, los crímenes perpetrados por aquel malvado. 

Aunque Balsa pretendió atribuirse la venganza de las 
matanzas de octubre y el castigo de Yáñez, lo cierto es que 
nadie le creyó y que no tardó en comprobarse que había 
procedido solamente en connivencia con Fernández, para de- 
rrocar a Achá. Este llegó a La Paz pocos días después, con 
lo que el orden quedó restablecido y acordado el perdón de 
Balsa y sus secuaces. Fernández, entre tanto, se había su- 
blevado francamente en Sucre, lo que obligó al gobierno a 
movilizar de nuevo el ejército hacia el sur: el ambicioso mi- 
nistro e insigne traidor, convencido de su aislamiento, fugó 
a la Argentina. Luego fue debelada en Potosí la tentativa 
sediciosa organizada:por Agustín Morales. 

La situación fue consolidándose en favor de Achá, que 
de presidente provisional pasaría en breve a ser elegido pre- 
sidente constitucional. El país recibiría esta presidencia, si 
no con entusiasmo, a los menos con resignación. Sólo que- 
daría una mancha indeleble sobre el caudillo, aparte de su 
traición a Linares: la de las matanzas de Yáñez, por los 
caracteres de ferocidad que revistieron y por la lenidad em- 
pleada para castigarlas. 

El juicio de la historia, sobre este particular, ha sido 
inexorable, no sólo para condenar al. gobierno de Achá y al 
autor y ejecutores materiales del hecho, sino a las auto- 
ridades de La Paz, a las corporaciones y a la misma opinión 
pública, que permaneció indiferente o agazapada, hasta que 
una circunstancia imprevista (la insurrección de Balsa) per- 
mitió que el pueblo tomara sangrienta venganza. “Ese gran 


— 250 — 


callar colectivo”, al decir de un ilustre historiador, fue el 
fenómeno social más triste y desconsolador. Una “sociedad 
compuesta de soldados, de presupuestívoros, de plebe tur- 
bulenta y holgazana, de señorío sin civismo ni mayor cultu- 
fa, de indiada estúpida y de industriales tímidamente egoís- 
tas” (!), como era la sociedad boliviana de la época, según 
ese historiador, tenía la culpa de sucesos tan vergonzosos. 
En cuanto a la indiferencia, no era sino resultado del terror 
que a veces se apodera de las colectividades en circunstan- 
cias determinadas. ; 

inútilmente se ha tratado de exonerar a Aehá de su 
responsabilidad en las matanzas de 1861. “Trabajos históri- 
cos —dice el mismo autor— han aclarado este punto. Por 
ellos se ha visto que encontró sus armas el presidente (para 
rehuir esa responsabilidad) en el disimulo y la simulación, 
manejadas con serenidad y maestría inauditas”. Lo cierto es 
que Achá no reprobó la conducta criminal de Yáñez, ni or- 
denó su enjuiciamiento, como primer magistrado. Muy al 
contrario, le escribió de Sucre, con fecha 10 de noviembre, 
después de conocer los sucesos, anunciándole que se diri- 
gía al norte “con el deseo de darle un abrazo”. Era que te- 
mía que Yáñez se pusiera en contra suya y tomara el partido 
de Fernández. Después de la tentativa de subversión en el 
sur, que fue rápidamente sofocada, se realizaron los comi- 
cios de 1862, que dieron el triunfo a Achá. Las elecciones 
para el Congreso permitieron que los personajes más re- 
presentativos del partido rojo (Adolfo Ballivián, Mariano 
Baptista, Daniel Calvo) fueran elegidos diputados. Reunido 
el Parlamento en Sucre, se planteó en su seno la objeción 
que la minoría congresal opuso a la validez de la elección 
del presidente. El debate fue ardiente, pero terminó con el 
voto de la mayoría, al declarar que la prescripción invocada 
y debatida se refería a:la presidencia constitucional, pero 
no a su desempeño con carácter interino. 

El general Pérez, que había sido el candidato de la opo- 
sición, frente a Achá, se insurreccionó en el norte, desco- 
"nociendo la:legalidad de la elección. La asamblea legislativa 
en su totalidad tuvo entonces una actitud ejemplar, pues 
lanzó un manifiesto condenando la alteración del orden, ma- 
nifiesto al que se adhirieron los personeros del partido opo- 
sitor. El gobierno, reforzado por una columna procedente de 


(1) G. René Moreno, Matanzas de Yáñez, Santiago, 1886. 
— 251 — 


Cochabamba, batió a los rebeldes cerca de' Oruro, a pesar 
de que las fuerzas del orden eran inferiores a las del general 
Pérez (combate de San Juan). Los vencidos se replegaron 
sobre La Paz y se dispusieron a hacer resistencia denoda- 
damente, pero fueron dominados por las tropas leales. Achá 
tuvo el acierto de no extremar los rigores de la represión. 

La insurrección del norte y el temor de que los distur- 
bios continuaran, esterilizando todo propósito de acción ad- 
ministrativa eficaz, hicieron concebir al gobierno el propó- 
sito de convocar a una asamblea para reformar la ley cons- 
titucional,- con el objeto de dar al Poder Ejecutivo mayores 
facultades para defenderse contra la subversión. La sola 
convocatoria a elecciones, que fue llamada “apelación al 
pueblo” y que salía del marco de las prescripciones de la 
carta fundamentai, desató contra Achá una campaña violen- 
ta, en que se agotaron los dicterios y las recriminaciones, 
alborotando la opinión. El resultado fue crear un estado de 
convulsión que se quiso reprimir con persecuciones y me- 
didas de fuerza. Pero lo que el gobierno se había propuesto 
al lanzar el decreto de elecciones para una asamblea cons- 
tituyente, era buscar la manera de afirmar el principio de au- 
toridad. Ante la reacción violenta que surgió por todos la- 
dos, el gabinete, cuyo jefe Mendoza de La Tapia era el au- 
tor del proyecto, se vio obligado a dimitir, publicando un 
manifiesto que tenía el propósito de explicar las verdade- 
ras intenciones de la iniciativa ministerial. 

Difícilmente dejará de reconocerse que el general Achá, 
como presidente, y los eminentes ciudadanos que le cola- 
boraron en la administración, abundaron en buenas inten- 
ciones y en anhelos de paz y libertad. Pero las pasiones 
políticas exaltadas y la intransigencia de los rojos no per- 
mitieron desenvolver una acción. apaciguadora. El brillante 
gabinete presidido por Mendoza de la Tapia fue sustituido 
por .otro mediocre, cuya actuación contribuyó a despres- 
tigiar al gobierno y a tornar más difícil y delicada su situa- 
ción. 

El más enconado impugnador de la política de Achá, 
D. Adolfo Ballivián, se contradecía en medio de su apasio- 
namiento, pues defendiendo la letra del texto constitucio- 
nal, olvidaba sus palabras de la asamblea de 1861, en cuya 
sesión de clausura había declarado: “ El origen de es- 
tos males no está en el fondo de nuestras instituciones, 
sino más bien en el fondo de nuestras costumbres. La re- 


— 252 — 


generación política de Bolivia no es la obra de un Congre- 
so...”. Pero tampoco podía ser la obra de un gobierno, 

Desesperados esfuerzos venía haciendo Achá para re- 
organizar el país, mejorar las finanzas, atraer las simpa- 
tías de la clase obrera, modificar la administración de jus- 
ticia” y reducir el ejército, en vista del lamentable estado 
de la hacienda pública. a 

Las medidas más importantes en el orden económico 
fueron la cobranza de rentas atrasadas, el impuesto a la 
coca, el nuevo repartimiento y venta de las tierras de las 
comunidades indígenas y la apertura de vías de comuni- 
cación. 

Son conocidas las fluctuaciones sufridas por el régi- 
men de la propiedad territorial del indio y del 'pago del 
tributo colonial, que se convirtió, durante la república, en 
la “contribución indigenal”, que venía a ser lo mismo. El 
gobierno de Achá puso en vigencia, tanto el decreto de Bo- 
lívar, de 1825, como el de 1831, que declaraba a los “origi- 
narios” y “forasteros”, propietarios de las tierras ocupadas 
por ellos durante más de diez años. Se imponía a los indios 
varias obligaciones, como la de construir escuelas y refor- 
mar sus medios de vida, y se mantenía el tributo, mientras 
se estudiara la manera de modificarlo y de reglamentar el 
pago de los impuestos que debían recaer sobre los nuevos 
propietarios. En una palabra, se alteraba la forma del co- 
lectívismo agrario, que regía desde la época de los incas 
y se imponía a la raza nativa nuevas y onerosas obligacio- 
nes. Estas disposiciones, naturalmente, quedaron escritas 
y luego fueron abrogadas. Lo mismo sucedió con las me- 
didas ideadas para abrir carreteras que vincularan las po- 
blaciones del interior del país con la costa del Pacífico (Co- 
bija y Tacna) a cambio de privilegios excesivos acordados 
en favor de las empresas concesionarias: exclusividad, de- 
recho de peaje, propiedad de las tierras que atravesaban los 
caminos, etc. 

La cuestión con Chile preocupó también la atención del 
gobierno, con motivo de que las empresas chilenas que ex- 
plotaban las guaneras, se habían puesto en pugna con los 
concesionarios bolivianos. Posesionado D. Rafael Bustillo 
de la cartera de Relaciones Exteriores, se produjo la protes- 
ta de Bolivia por la presencia de dos barcos de guerra chi- 
lenos en la bahía de Mejillones, que pretendían amparar 
los intereses de sus connacionales, con desconocimiento de 


— 253 — 


a | 


la soberanía boliviana. Como el gobierno de Santiago se 
mostrara intransigente para acceder a las reclamaciones, 
Bustillo solicitó y obtuvo del Congreso de 1863 una autori- 
zación para declarar la guerra a Chile, si éste persistía en 
su política de imposición violenta. 

Pero la situación interna no dejaba al gobierno la po. 
sibilidad de actuar en el orden internacional. El belcismo 
por un lado y por otro los rojos, no le daban momento de 
reposo y no cesaban de conspirar. En enero de 1863, D. 
Adolfo Ballivián había propuesto al coronel Mariano Mel- 
garejo dar un golpe contra Achá, lo que Melgarejo rechazó 
indignado. “En cuanto a mí —le decía en carta de fecha 4, 
de marzo, escrita en Cochabamba— me encontrará usted 
siempre al lado del gobierno legal, de los intereses del.or- 
den, que son los de la patria” ('). Melgarejo no. tardaría mu- 
cho en cambiar totalmente de opinión, sólo que operando 
por cuenta propia. 

Las dificultades con Chile dieron pretexto para esta- 
blecer una reducción en los haberes de los Funcionarios pú- 
blicos, destinada a pagar jubilaciones y pensiones cuyo ser- 
vicio había sido suspendido por la penuria del erario, provo- 
cando reclamaciones y protestas perjudiciales a la popu- 
laridad del gobierno. 

El estado de la hacienda se hacía cada día más deses- 
perante y ciertos proyectos, como el de canalización del río 
Desaguadero y de construcción de un ferrocarril a la costa 
peruana, iniciados por D. Avelino Aramayo, para ser lanza- 
dos en -Londres, no pudieron prosperar. Tampoco tuvieron 
éxito otras empresas industriales que, para dar resultados, 
necesitaban que el país estuviera en calma y ofreciera ga- 
rantías a los capitales que se trataba de invertir en ellas. 

Se hicieron esfuerzos inauditos para poner orden en 
la contabilidad fiscal y centralizar los pagos y las recauda- 
ciones, que se practicaban por varios tesoros y por nume- 
rosas oficinas mal organizadas. También se introdujo una 
nueva reforma 'en el régimen monetario, adoptándose el 
sistema decimal. 

A las mil preocupaciones que el gobierno de Achá tuvo 
a cuestas, vino a sumarse, en el terreno internacional, el di- 
ferendo de límites con el Brasil, país que por primera vez 


(1) Mi contestación a Don Adolfo Ballivián, Cochabamba, Tip. Gutié- 
rrez, 1863; folleto suscrito por Melgarejo. 


a Bi 


acreditó en Bolivia una misión diplomática encargada de 
promover un arreglo. Después de largo debate, ventajosa y 
hábilmente sostenido por parte de Bolivia por el canciller 
Bustillo, la discusión quedó en suspenso. Tampoco pudo de- 
finirse nada sobre límites con el Paraguay, adonde fue en- 
viado D. Aniceto Arce como encargado de negocios. Lo mis- 
mo sucedió con la República Argentina. En 1863, sin em- 
bargo, se organizó una expedición al Chaco, que alcanzó a 
posesionarse de la margen derecha del Pilcomayo, hasta 
Piquirenda y se construyó un fuerte. Los trabajos de ex- 
ploración y reducción de los salvajes de esa zona, empren- 
didos en esta época por los misioneros franciscanos de Ta- 
rija, habrían alcanzado más halagador resultado, si el go- 
bierno, preocupado por mil dificultades políticas y económi- 
cas, hubiera estado en situación de fomentarlos con los re- 
cursos que demandaban. Las relaciones con el Perú eran, 
como siempre, difíciles y nada cordiales, por las concomi- 
tancias de ese país con la política interna. 

Los acontecimientos internacionales que tuvieron de- 
sarrollo en América a fines de 1863 y a principios de 1864 
(intervención francesa en Méjico, guerra de secesión en 
los Estados Unidos, ocupación de las islas Chinchas por 
España, proyecto peruano de Congreso Americano, etc.), la 
reanudación de relaciones entre Bolivia y el Perú y la ce- 
lebración de tratados (entre ellos uno de paz y amistad, que 
estimuló el arbitraje y proscribió la guerra para solucionar 
las diferencias entre los dos países, así como una conven- 
ción postal y un pacto de comercio y aduanas), fueron suce- 
sos que contribuyeron a tranquilizar la situación interna- 
cional de Bolivia. Los gobiernos del Perú, de Colombia y de 
los Estados Unidos ofrecieron su mediación en las dificul- 
tades chileno-bolivianas y, aunque Chile no aceptó la propo- 
sición de arbitraje sugerida por los mediadores, la disputa 
ingresó en un período de menor violencia, si bien ciertos 
actos de la marina chilena, en Chacaya, causaron nueva 
agitación en el país. 

La conducta del gobierno y pueblo bolivianos en el con- 
flicto entre el Perú y España; que se había posesionado de 
las islas Chinchas a título de reivindicación, fue de adhe- 
sión decidida a la causa' continental. El Congreso America- 
no convocado en Lima tuvo el éxito más resonante y cons- 
tituyó un paso firme en el camino del progreso de las re- 
laciones interamericanas. 


— 255 — 


La legislatura de 1864, reunida en Cochabamba, dio 
oportunidad para que el gobierno anunciara que el país se 
hallaba en calma y, dentro de lo relativo, en plena evolu- 
dión progresiva, al amparo de la paz interna. El presupuesto 
nacional, sin embargo, seguía fluctuando alrededor de la su- 
ma de dos millones y doscientos mil pesos, con un déficit 
que pasaba de cuatrocientos mil pesos por año. Este mismo 
Congreso fue el teatro de nuevas y más enconadas dispu- 
tas políticas, al extremo de que en él se presentó una acu- 
sación contra Achá, responsabilizándolo por infracciones le- 
gales que ya parecían olvidadas. La suscribieron los diputa- 
dos Frías, Ballivián, Pacheco y Baptista. “El debate fue lar- 
go, encarnizado, lleno de incidentes y de recuerdos amargos, 
inagotables en agravios. De él surgieron improvisaciones 
inesperadas, alusiones y cargos horribles, sin que se echa- 
se en olvido ni las inmolaciones del Loreto, ni las últimas 
sospechas que, en el hervor de las pasiones políticas, salen 
del fondo del corazón de los partidos al rostro de sus ene- 
migos” ('). 


2. CONSPIRACION DE LOS ROJOS EN PROVECHO DE 
MELGAREJO. 


Aunque la asamblea rechazó el voto de censura pro- 
puesto por la minoría parlamentaria, el gobierno quedó tan 
profundamente mellado por la actitud violenta y a veces in- 
justa de los interpelantes, que muy bien puede afirmarse 
que esta actuación preparó el terreno para el motín de cuar- 
tel y los sucesos que se produjeron al poco tiempo. El final 
del período presidencial, además, estaba próximo, Belzu, 
desde el Perú, anunciaba su candidatura. El general Achá 
se inclinaba por la del general Agreda, con lo que provoca- 
ba los celos y el despecho de otros postulantes, entre los 
que se contaba el general Mariano Melgarejo. Este había 
sabido disimular su contrariedad en los días en que se acor- 
daba la candidatura de Agreda en los consejos del gobierno, 
pero se preparaba a dar un golpe militar, mientras desmen- 
tía públicamente a quienes le acusaban de acariciar ese pro- 
pósito. Al mismo tiempo el partido rojo conspiraba abierta- 
mente, con la esperanza de encontrar un jefe militar que se 
pusiera a su servicio. Por circunstancias especiales, los agen- 


(1) Sotomayor Valdés, pág. 426. 


— 256 — 


tes del rojismo entraron en contacto con Melgarejo, sepa- 
rado del comando militar que tenía en Cochabamba y desti- 
nado a Santa Cruz. Quizá sin el conocimiento de los diri- 
gentes del partido (Ballivián estaba en La Paz) esos. agen- 
tes tomaron a Melgarejo por jefe, y éste encabezó la revuel- 
ta preparada por otros y dio el golpe que había de conver. 
tirle en dueño del país. El caso no es único en la historia de 
Bolivia, en donde los caudillos de última hora han sabido 
muchas veces aprovecharse de la propaganda. subversiva de 
los agitadores teóricos. ¿Quién era Melgarejo? Ya se ha 
dicho algo de él en páginas precedentes. Salido de una pro- 
vincia de Cochabamba, enrolado en las filas del ejército des- 
de muy joven y en la situación más subalterna, su carrera 
había sido accidentada, como pocas, a causa de su carácter 
díscolo y de su inclinación a la bebida. Lo que nadie podía 
negarle, sin embargo, era temeridad. Siendo sargento, en 
1840, había sublevado un batallón. Luego tomó parte activa 
en todos los motines de cuartel, ya para iniciarlos, ya pa- 
ra reprimirlos, según que sus simpatías estuvieran con el 
gobierno o contra él. Condenado a muerte en tiempo de Bel- 
zu y perdonado por la intercesión del vecindario cochabam- 
bino, con el tiempo pagaría esa bondadosa actitud, sacrifi- 
cando a la juventud de Cochabamba, tras de combates san- 
grientos. 

Sirvió a Linares, pero se volvió contra él, que también 
le perdonó. A la caída de éste se puso a órdenes de Achá, 
a quien le unían vínculos de afecto familiar y en cuyo fa- 
vor se batió bravamente en San Juan. Por último puso fin 
al gobierno de éste, proclamándose presidente, por sí y an- 
te sí, en 1864, 

Ya se sabe que la conspiración estaba latente en Co- 
chabamba por obra de los rojos, cuando los conspiradores 
entraron en contacto con Melgarejo y éste. se puso a la ca- 
beza de ellos en la mañana del 28 de diciembre, apoderán- 
dose de un cuartel y atacando la casa de gobierno, que el 
presidente abandonó, después de inútil resistencia. 

Mucho se ha hablado y escrito sobre Melgarejo, al que 
unos han presentado como personaje de leyenda, con atri- 
butos de héroe popular, y otros como un energúmeno. La 
verdad es que era un frenético capaz de todos los excesos 
y más aún bajo los efectos del alcohol; en realidad era un 
producto morboso del ambiente. De sus actos en el gobier- 
no fueron tan culpables como él. sus consejeros áulicos y el 


— 257 — 


A 


país entero que le soportó por seis años, pese a las protes- 
tas aisladas. Con pocas excepciones, colaboraron con Mel- 
garejo los más eminentes hombres de su época, algunos de 
los cuales se retiraron de su lado cuando se convencieron 
de que no era decoroso seguirle, o cuando vieron contraria- 
das sus propias ambiciones. Acaso la inquina demagógica 
de los rojos contra el gobierno de Achá, hizo inevitable el 
advenimiento del déspota. ; 

Las insurrecciones fallidas le afianzaron en el poder, 
y la adulación y la bajeza que le circundaron desde el pri- 
mer momento consolidaron su dominio y estimularon sus 
malos instintos. 

Ya sabemos que Melgarejo había conspirado desde 
tiempo atrás y que no ocultaba su ambición a la presiden- 
cia, aunque disimulaba sus designios. En un manifiesto pu- 
blicado en el mes de agosto de 1863 aseguraba que, como 
general de la nación, tenía su espada “brillante de honor y 
de lealtad, consagrada a su servicio”, y reafirmaba sus pro- 
pósitos de defender la constitución y sostener el gobierno 
legítimo. Terminaba ese documento con esta manifestación: 
“Quiero además hacer una declaración franca; ambiciono 
que mi nombre sea depositado en las. urnas electorales, me- 
reciendo de este modo la honrosa confianza de mis com- 
patriotas, y con tan noble designio combatiré sin tregua to- 
do pensamiento anarquizador, toda idea perturbadora de la 
marcha constitucional del país”. 

El hombre que hacía tales votos, cuatro meses más 
tarde asaltaba el poder y se erigía en el árbitro supremo de 
los destinos públicos. El país, acostumbrado a los cuartela- 
zos, le recibió con la misma indiferencia cón que había -con- 
templado otros actos semejantes de pretorianismo. Tarde 
se convencería de que éste era un caudillo peor que los an- 
teriores, más peligroso y menos responsable. Melgarejo no 
invocaba ninguna causa ni enarbolaba bandera alguna. Re- 
presentaba solamente su propia ambición y era la obra de 
un “motín incoherente”, como ha dicho un distinguido escri- 
tor ('). Un abogado ambicioso y de cierto talento, aunque 
de moral acomodaticia, D. Mariano Donato Muñoz, se puso 
desde el primer instante al servicio del nuevo orden y, con 
el título de secretario general, tomó a su cargo la tarea de 


(1) Alberto Gutiérrez, El melgarejismo antes y después de Melgarejo. 
Segunda edición, González y Medina, La Paz, 1918. 


— 258 — 


dar forma aparentemente legal a las arbitrariedades de la 
“causa de diciembre”. A falta de programa político o de 
“tendencia”, se invocó, simple y llanamente, el nombre del 
mes en que se realizó el motín. El procedimiento, cuando 
menos, no carecía de franqueza. 


3. LA TIRANIA DEL SEXENIO. 


Los primeros actos del nuevo gobierno se encaminaron 
a derogar la constitución, declarar la dictadura y apelar a 
los empréstitos forzosos. Con el objeto de imponerse ante 
el país, Melgarejo movilizé su ejército hacia el norte y se 
apoderó de La Paz sin ninguna resistencia. Establecida su 
autoridad, se dirigió al sur; se hallaba en Oruro cuando su- 
po que Belzu, que acechaba en la frontera, se había presen- 
tado en La Paz, deponiendo a las autoridades y procla- 
-mándose jefe de la república. Melgarejo contramarchó in- 
mediatamente y, al llegar a las cercanías de la ciudad, ha- 
biéndosele presentado un teniente coronel Cortés, a quien A 
dejara de comandante de armas, y de quien sospechaba que 
le había sido desleal, lo mandó fusilar en el acto, después 
de una escena de inaudita violencia y sin forma de proceso. 


Melgarejo atacó la ciudad el 15 de agosto de 1865, su- 
ceso célebre en la historia de Bolivia por las consecuencias 
que trajo para el futuro del país. Al mismo tiempo que aquel 
día el déspota consolidaba su dominación con el triunfo mi- 
litar que alcanzó su ejército, desaparecía el belcismo con la 
inmolación de su jefe. El combate se había iniciado con una 
fuerte resistencia en las barricadas preparadas para contra- 
rrestar el asalto, defendidas principalmente por gente del 
pueblo. Rechazadas las tropas atacantes en diferentes pun- 
tos y cuando buena parte de ellas se pasaba al enemigo, 
Melgarejo, en un esfuerzo desesperado, obligó a una frac- 
ción de coraceros a seguirle y a atropellar una de las entra- 
das a la plaza, con lo que consiguió llegar hasta el palacio 
de gobierno, donde reinaba una confusión indescriptible. 
Efecto de esa confusión fue que consiguiera penetrar en el 
edificio y lanzarse a la escalera que conducía al primer piso, 
casi sin encontrar resistencia. En la puerta de acceso a uno 
de los salones, encontró a Belzu, probablemente abandona- 
do de los suyos, y le derribó de un pistoletazo. Ningún epi- 
sodio de la historia de Bolivia se ha prestado más que éste 
a la fantasía y a las versiones más contradictorias. Se ha di- 


— 259 — 


cho, entre otras cosas, que en el palacio se creyó que Mel- 
garejo venía a rendirse, lo que es absurdo, puesto que ha- 
bía entrado a la plaza por una barricada que sus soldados do- 
minaron para abrirse paso. Ingresó al edificio seguido de 
sus coraceros y nadie podía pensar que sus propios solda- 
dos le traían prisionero. Más lógico es presumir que el 
último ataque desconcertó a los defensores y paralizó sus 
movimientos. También es posible que- aquellas de sus tro- 
pas que habían defeccionado, pasándose al enemigo, vol- 
vieron a plegársele al verle triunfante. Debe tenerse en 
cuenta, además, que al mismo tiempo que penetraba en el 
palacio de gobierno, sus soldadas entraban como vencedo- 
res por otro de los ángulos de la plaza, después de tomar 
la correspondiente barricada. Llegó, pues, como vencedor. 
Belzu, que le había visto venir desde uno de los balcones, 
salió solo y desarmado, como para pedir clemencia. *“¡Ga- 
rantías!” fue su única palabra, y cayó muerto. 

La versión que afirma que un soldado mató a Belzu 
con un tiro de fusil, ha sido desmentida por el juicio his- 
tórico. Esa versión fue fraguada seguramente para descar- 
gar a Melgarejo de la responsabilidad de un crimen inútil; 
él mismo se encargó más tarde de desmentirla, recono- 
ciendo que había dado muerte a Belzú por su propia mano. 

Haremos merced al lector de las innumerables anécdo- 
tas sobre Melgarejo, que ciertos escritores han acumula- 
do acerca de la crapulosa vida que llevó durante los seis 
años de su gobierno, limitándonos a mencionar los sucesos 
políticos que tuvieron trascendencia y que influyeron en el 
porvenir de Bolivia. 

Entre los extranjeros más notables a quienes se debe 
el testimonio fiel de los hechos del famoso sexenio, ningu- 
no mejor informado ni que merezca más fe que el diplomá- 
tico chileno Sotomayor Valdés, de quien varios historiado- 
res bolivianos han tomado buena parte de los datos que ilus- 
tran sus estudios sobre aquella época. Estas palabras del 
mencionado autor bastan y sobran para definir sus impre- 
siones sobre el gobierno de Melgarejo: “Demos una ojeada 
a la administración pública, a contar desde la terminación 
de la célebre campaña de 1865. La huella de la espada está 
en todas partes y de consuno la denuncian la postración de 
la industria, la pobreza del erario, los institutos de cari- 
dad suspendidos, los establecimientos de instrucción ce- 
rrados, las oficinas públicas en el último desgreño, la jus- 


— 260 — 


ticia desantendida, los empleados sin retribución y el abu- 
so de las autoridades en auge” ('). 

Pero el desbarajuste administrativo y a los excesos de 
poder, así como a los actos de terror y de crueldad, iban 
unidos ciertos hechos absurdos y grotescos, que ponían al 
país en una situación increíblemente deprimente. Puede ci- 
tarse entre ellos el nombramiento de ministro de Hacienda 
en favor del diplomático chileno Vergara Albano, a quien 
más tarde Melgarejo designó plenipotenciario de Bolivia an- 
te el gobierno de Chile, después de la firma del tratado de 
límites que ese agente arrancó al déspota, por medio de las 
más bajas adulaciones y del estímulo de sus depravados 
instintos. 

Según la memoria presentada por el ministro Muñoz a 
la asamblea legislativa de 1868 (primer Congreso convoca- 
do por Melgarejo, después de cuatro años de gobierno dis- 
crecional) el motín de Cochabamba había tenido como prin- 
cipal objeto derogar la constitución de 1861, “que .condu- 
cía a Bolivia a la anarquía más espantosa”. Lo curioso del 
caso fue que en vez de esa constitución sólo imperó, -desde 
entonces, la voluntad del déspota. La asamblea de 1868 fue 
convocada solamente con el objeto de aprobar los tratados 
de límites celebrados con Chile y el Brasil, por exigencia de 
los gobiernos respectivos, que creían indispensable alcan- 
zar la ratificación legislativa de esos pactos, pues cercena- 
ban extensos y ricos territorios pertenecientes a Bolivia o 
que ésta reclamaba como suyos desde su nacimiento a la 
vida independiente. El tratado con Chile, al fin y al cabo, aun- 
que favorecía abiertamente el interés de ese país, significa- 
ba una transacción del pleito que se venía sosteniendo so- 
bre las guaneras del litoral boliviano y acordaba la división 
del territorio en disputa y la explotación a medias de los pro- 
ductos naturales, entre los paralelos 23* y 25* de latitud. 
Pero la convención con el Brasil desconocía todos los an- 
tecedentes de la antigua controversia colonial sobre las po- 
sesiones de España y Portugal y despojaba.a Bolivia de in- 
mensos territorios (más de cien mil kilómetros cuadrados) 
y de la margen derecha del río Paraguay.'El país recibió esos 
tratados con disgusto y franca protesta. Hasta en el Con- 
greso, que había sido elegido bajo la presión oficial, no tar- 


(1) La Legación de Chile en Bolivia, Santiago de Chile, Imp. Chilena, 
1872. 


— 261 — 


dó en surgir el espíritu patriótico y no fueron pocos los re= 
presentantes que, afrontando persecuciones y amenazas, vo- 
taron en contra. Otros tuvieron que ocultarse o emigrar, pa- 
ra no verse obligados a claudicar de sus ideas y rendirse a 
las imposiciones. Lo más desastroso en el gobierno de Mel- 
garejo fue, por lo tanto, la dirección de los asuntos inter- 
nacionales. 

El tratado con Chile había tenido su origen en los mo- 
mentos de la alianza de las naciones del sud del Pacífico 
contra el intento de reivindicación por parte de España, 
alianza que proclamó la unión de Chile, Perú, Boliva y Ecua- 
dor, en defensa común de su independencia, amenazada por 
la antigua metrópoli. El bombardeo de Valparaíso obligó a 
Chile a dar los primeros pasos para esa aproximación. Los 
efectos de la política fraternal se dejaron sentir hondamente 
en Bolivia e influyeron en el espíritu romántico de Melgare- 
jo, lo que determinó al gobierno de Santiago a enviarle un 
agente diplomático, terminando así la interdicción que se 
había producido en 1863, cuando el Congreso autorizó al po- 
der Ejecutivo para declarar la guerra a Chile. Melgarejo de- 
rogó esa ley y el Congreso chileno nombró general de divi- 
sión de su ejército al presidente de Bolivia. En ese ambiente 
de amistad pudo negociarse el tratado de 1866, origen de la 
guerra del Pacífico. . 

La situación vidriosa a que dio lugar la alianza entre el 
Brasil, la Argentina y el Uruguay contra el tirano del Para- 
guay, Francisco Solano López y las simpatías que Melga- 
rejo había manifestado en favor de éste, no solamente mo- 
tivaron las declaraciones de los gobiernos de esos países 
en el sentido de que en el tratado de alianza tripartita ha- 
bían sido salvados los derechos de Bolivia sobre el Chaco, 
sino que determinaron al primero de ellos a mandar una mi- 
sión diplomática encargada de estrechar relaciones y de pro- 
curar un arreglo de los límites boliviano-brasileños. El agen- 
te de la negociación, Sr. Rego. Monteiro, había sido acredi- 
tado en 1863 ante el gobierno de Athá, pero los inconci- 
liables puntos de vista de las partes determinaron su retiro 
y la suspensión de las gestiones. La circunstancia expresa- 
da más arriba —la guerra del Paraguay— indujo al gobierno 
del Brasil a enviar nuevamente a ese diplomático en 1866 y 
determinó la reapertura de las discusiones, que culminaron 
con el tratado suscrito en La Paz el 27 de marzo de 1867. 
Conocido el pacto, surgió la más airada oposición en los ám- 


— 262 — 


bitos del país, circunstancia que hizo comprender al nego- 
ciador brasileño que la ratificación legislativa era indispen- 
sable para que su obra fuera consagrada y no quedara su- 
jeta a las contingencias de los cambios políticos. De la mis- 
ma opinión fué el representante de Chile con relación al pac- 
to del año anterior. 

El Congreso de 1868 aprobó todos los actos de la dic- 
tadura y otorgó servilmente a Melgarejo los más altos ho- 
nores; declarándose asamblea constituyente, votó una ley 
fundamental; ratificó, por último, los tratados con Chile y 
el Brasil. Este, que era el que provocaba la mayor oposi- 
ción, dio ocasión a sucesos violentos, pues el gobierno impu- 
so a la asamblea. .su aprobación en la forma que antes he- 
mos expresado, y ejercitó actos de presión y de verdadero 
terror contra el público que asistía a los debates parlamen- 
tarios, empleando medidas policiarias. El tratado con el Bra- 
sil era tan escandaloso que hasta algunos diplomáticos y po- 
líticos brasileños lo han reconocido como excesivamente fa- 
| vorable a los intereses de su país. 
| Las relaciones con el Perú atravesaron en la época de 

Melgarejo, como siempre, situaciones difíciles y momentos 
de grave desacuerdo, pero también sufrieron el influjo bené- 
fico de la alianza de las naciones del Pacífico contra España 
y se apaciguaron ostensiblemente. 

Hemos prestado atención preferentemente al aspecto 
internacional del gobierno despótico de Melgarejo, porque 
consideramos que, por mucho que hubiera sufrido el país 
en el orden interno con el dominio del aquel hombre, que co- 
metió toda clase de excesos y atropellos, sacrificando vidas 
y disponiendo a su arbitrio de los bienes nacionales y de la 
fortuna privada, nada fue tan grave para la suerte de la 
patria como su funesta intervención en los negocios exte- 
riores de la república. En vano se han levantado voces aisla- 
das para tratar de disculpar tantos desastres. 

La carta política de 1868 fue un código calcado sobre 
las constituciones de los Estados Unidos, Suiza, Brasil. y la 
República Argentina y formó la base de las que posterior- 
mente han sido votadas para Bolivia; pero fue un enuncia- 
do teórico, pues con ella o sin ella el gobierno de Melgare- 
jo no tuvo freno. Ese estatuto, además, restringía las garan- 
tías individuales en una forma que, si era consecuencia ló- 
gica de las circunstancias y de las condiciones del país, con- 
sagraba las arbitrariedades de un gobierno despótico y ten- 
día a justificarlas. 


— 263 — 


La administración de Melgarejo pretendió dar algunos 
pasos para la organización económica del país, como el de- 
creto sobre comunidades indígenas, reputado necesario des- 
de épocas anteriores. Pero sólo sirvió para que a su som- 
bra se cometieran depradaciones y abusos de toda especie y 
para que las tierras, bajo pretexto de quitarlas de las “ma- 
nos muertas” de los indios, se repartieran entre los amigos 
y allegados del tirano. Aunque económicamente la medida 
pudo ser bien inspirada, se la ejecutó arrebatando el dere- 
cho secular de la raza autóctona y tuvo los caracteres de un 
cespojo. 

El decreto obligaba a los comunarios a consolidar sus 
derechos de propiedad, pagando una contribución al fisco, 
en concepto de tramitación de título. A falta de ese requi- 
sito el suelo debía pasar al dominio del estado, que podría 
rematarlo al mejor postor. Como medio de procurar ingresos 
al erario, la medida fue un fracaso por la forma en que se 
la ejecutó; los elementos adictos al gobierno desposeyeron 
alos indios de gran parte de las tierras “de comunidad” y 
se apoderaron de ellas a vil precio. 

Bolivia tuvo la desgracia de que en tiempos de Melga- 
rejo se descubrieron nuevas riquezas en el litoral de Ataca- 
ma y que a su aliciente acudieron negociantes y agiotistas 
extranjeros, interesados en explotarlas. La necesidad de di- 
nero, que se gastaba a manos llenas en sostener un ejército 
ocupado constantemente en sofocar “revoluciones”, deter- 
minaba al régimen imperante a suscribir empréstitos y con- 
tratos, onerosos para los intereses nacionales. Entre esas 
negociaciones se contaron las de La Chambre y Cía., Concha 
y Toro, Arman, López Gama, Ossa, Milbourn Clarck, Meiggs, 
etc. “La actividad económica producida por la explotación 
de las guaneras de Mejillones coincidió con el gobierno me- 
nos capacitado para encauzarla y obtener de ella los mayo- 
res beneficios en favor del progreso nacional”, dice un auto- 
rizado historiador y financista boliviano ('). “No parece 
—comenta— sino que se hubiese colocado adrede a la ca- 
beza de la república precisamente a Melgarejo, para malba- 
ratar todas las fuentes de riqueza que en aquel momento 
brotaban espontáneamente del privilegiado suelo boliviano”. 

Desde los primeros tiempos de la república los asuntos 
económicos fueron los resortes —los máximos resortes— 


/ (1) Casto Rojas, Historia Financiera, citada. 


— 264 — 


que movieron la política. Unas veces porque el caudillaje 
proporcionaba la posibilidad de disponer de las situaciones 
públicas más o menos influyentes para alcanzar toda clase 
de fines; otras porque los grandes intereses en juego nece- 
sitaban el apoyo del gobierno para triunfar sobre sus opo- 
nentes, el hecho era que los gestores de negocios turbios 
buscaban la protección de la facción imperante, denuncian- 
do al adversario como agente subversivo contra el orden 
público. ¡ 

Pero los mayores daños que la tiranía ocasionó al país 
no fueron de orden material sino moral. La explotación ilí- 
cita organizada, es verdad, tuvo funestos resultados, porque 
causó perjuicios enormes a las rentas nacionales y al desa- 
rrollo de la industria y del comercio; pero la corrupción se 
hizo general y la población laboriosa y pacífica se retrajo, 
acobardada, renunciando a todo, incluso al ejercicio de los 
derechos cívicos. : .- 

En honor del pueblo boliviano debe decirse que los seis 
años del dominio de Melgarejo, pasado. el estupor del pri- 
mer tiempo, transcurrieron en una continua lucha entre la 
tiranía y la protesta de los pueblos. Tras la muerte de Belzu 
y no bien el tirano se ausentó al sur, La Paz volvió a levan- 
tarse, así como lo kabían hecho Cochabamba, Sucre y Potosí. 
Reunidas las fuerzas constitucionales del centro y del sur 
en esta última ciudad, fueron batidas en el combate de la 
Cantería, donde se inmolaron a la venganza del. usurpador 
no pocos héroes civiles, entre ellos el poeta Néstor Galindo 
y otros brillantes elementos de la juventud intelectual de 
aquella época. Contramarchando Melgarejo sobre La Paz, la 
reacción patriótica fue vencida en el encuentro de Letanías 
y el terror se apoderó de la república, ante la serie de eje- 
cuciones y de crímenes con que trataba de afianzarse el 
régimen. La aprobación de los tratados con el Brasil fue la 
causa de nuevos levantamientos operados en varios centros 
del país, sofocados luego sangrientamente. Por fin, mientras 
Melgarejo se ocupaba de dominar estos movimientos, se in- 
surreccionó otra vez La Paz, bajo la dirección del coronel 
Agustín Morales, a principios de 1871. El 15 de enero de 
ese año el déspota atacó la ciudad, fue derrotado y empren- - 
dió la fuga con dirección al Perú, donde poco después fue 
asesinado por uno de sus favoritos y hombres de confianza. 
Era el hermano de su célebre concubina, Juana Sánchez, 
cuya ingratitud y codicia se manifestaron crudamente cuan- 


— 265 — 


do vio al caudillo en la desgracia. En su fuga desde La Paz 
hasta el río Desaguadero, Melgarejo fue hostilizado por las 
indiadas de la altiplanicie, que dieron muerte cruel “a=mu- 
chos de sus acompañantes. A duras penas él y cinco perso- 
nas más, entre ellas el general Quintín Quevedo, alcanza- 
ron a pasar la frontera. Era la venganza de los comunarios 
que habían sido despojados de sus tierras y vejados por las 
gentes del sexenio. Pero no era una actitud espontánea de 
la raza sometida y expoliada, sino una reacción operada ba- 
jo la incitación de la facción contraria que, como otras ve- 
ces, utilizaba al indio como factor decisivo en las contiendas 
políticas. 


4. MORALES EN EL GOBIERNO. 


El caudillo de la revolución de La Paz era el mismo 'mi- 
litar violento que intentara asesinar a Belzu y que había 
participado en otros sucesos escandalosos de la agitada vi- 
da política del país. Su secretario general era el abogado 
Casimiro Corral. 

El gobierno de Morales fue tan breve como accidenta- 
do. La nación, ansiosa de recobrar el ejercicio de sus dere- 
chos, creyó en las promesas del que se titulaba su salvador 
y le acogió con transportes de entusiasmo. Se esperaba que 
del caos del melgarejismo se pasara, sencillamente, al goce 
de todas las libertades y garantías. El rojismo, como de 
costumbre, pretendía imponer el imperio de la democracia 
pura y pedía de Morales lo que éste no era capaz de dar: 
desinterés y espíritu legalista. La crisis no tardó en produ- 
cirse, con motivo de la renuncia del mando que el caudillo 
triunfante presentó, por pura fórmula, ante la asamblea 
Constituyente de 1871. ; 

Hay que conceder que el lenguaje del presidente interi- 
no, en su mensaje a la asamblea, era como para engañar a 
cualquiera. Pero en todo caso habría sido conveniente re- 
flexionar sobre ese documento y, considerando los antece- 
dentes personales de su autor, poner sus palabras en tela 
de juicio. “Al reducirme a la simple condición de ciudadano 
—había dicho a los congresistas— llevaré grabada en mi 
corazón la imagen de la libertad. He dicho ya que soy ek 
menos a propósito para gobernar: porque en verdad debéis 
escoger un ciudadano que no tenga que premiar a sus com- 
pañeros de victoria, ni se vea en la necesidad de castigar la 


— 266 — 


resistencia que oponen nuestros hermanos vencidos, que 
indudablemente no se resignan (a su condición. Nombrad 
otro ciudadano que sea más idóneo que yo. Obrad sin fes- 
tinación en este gran asunto. Por mi parte declaro que he 
terminado la misión que acepté: renuncio la presidencia de 
que me habéis investido y rindo mi más cumplido recono- 
cimiento a mis compatriotas por la alta prueba de confianza 
que, he merecido de ellos. La historia fallará sobre mis ac- 
tos” ('). 

Por lo mismo que ese cuerpo legislativo había sido ele- 
gido dentro de relativas libertades (si bien con la exclusión, 
que en estos casos es usual en Bolivia, de los partidarios 
del régimen derrocado) estaba constituido por elementos de 
diferentes tendencias, entre los que no faltaban los purita- 
nos de siempre, que se mostraban inclinados a aceptar la 
renuncia del presidente Interino. 

Se pretendía que éste dejara el poder, sea para descar- 
tarlo, sea para que, lanzando su nombre como aspirante a 
la presidencia constitucional, estableciera la alternabilidad 
y, lo que era más importante, para que no presidiera las elec- 
ciones populares en que figuraría como candidato. Mora- 
les, que sabía que una vez desprendido del gobierno no 
podría recuperarlo por las vías legales, comprendió la ma- 
niobra, corrió al Congreso, que estaba sesionando, y atrope- 
llándolo con mil denuestos, declaró que retiraba su renun- 
cia. Disimulando el ultraje, sin embargo, la asamblea se 
allanó todavía a constituir un gabinete compuesto de algu- 
nos de sus miembros más distinguidos, como Frías, La Ta- 
pia, Campero y Reyes Cardona; continuó funcionando y san- 
cionó una nueva constitución. Pero la intemperancia de Mo- 
rales había sido puesta en evidencia y presagiaba días 
aciagos. 

Las aspiraciones democráticas de la asamblea eran sin 
duda legítimas, pero Morales no era el hombre llamado a 
darles paso. El país se encontraba en un período de pleno 
caudillaje y el “muevo libertador” no era sino un farsante 
que se creía con derecho al mando por haber derrotado a 
Melgarejo. La nación sólo cambiaba de amo y eran vanos 
todos los intentos principistas. Las utopías de los rojos, co- 
mo siempre, habían provocado esta nueva situación, que 


(1) Jenaro Sanjinés, Apuntes para la Historia de Bolivia bajo la adminis- 
tración del general D. Agustín Morales. La Paz, Imp. de El Comer- 
cio, 1898. 


— 267 — 


pudo evitarse negociando con Morales la forma en que po- 
día asegurarse su elección dentro de las normas correctas. 
Faltó el sentido práctico, como otras veces, para compren- 
der la realidad y no exigir imposibles. Se necesitaba. estar 
fuera del orden normal para creer que el soldado inculto que 
era Morales, se conformaría con la gratitud nacional, en 
arranque patriótico, noble y desinteresado. 

- Sólo después de los actos consumados volvió a brillar 
el buen sentido y se buscaron fórmulas de avenimiento. Pe- 
ro el daño estaba hecho yla opinión desmoralizada. El pre- 
sidente dió una satisfacción a la asamblea y se prestó a de- 
clarar en vigencia la constitución de 1861, a la que antes 
había rehusado someterse. La nación entera estaba notifica- 
da sobre lo que podía esperarse del sujeto que, después del 
15 de enero, proclamara como programa de su administra- 
ción la célebre fórmula: “Más libertad y menos gobierno”. 

La convención se ocupó, al discutir una nueva constitu: 
ción, de la forma de gobierno y debatió luminosamente la 
conveniencia e inconveniencia de los sistemas unitario y fe- 
deral, habiéndose inclinado la mayoría por el primero. Tam- 
bién trató del contrato Meiggs, concesión hecha por Melga- 
rejo para la explotación de las guaneras del litoral y resol- 
vió rescindirla por onerosa para los intereses nacionales. 

Producidas las elecciones, Morales fue proclamado pre- 
sidente constitucional, por el Congreso ordinario reunido en 

La Paz en agosto de 1872. Tres meses más tarde el cuerpo 
legislativa sufría otra vejación. Con motivo de la discusión 
de cierto asunto en que se ventilaban los intereses de una 
firma industrial extranjera, asunto en el cual, dicho sea de: 
paso, el gobierno defendía, a su modo pero de buena fe, los 
intereses nacionales, se produjo el atropello y el Congreso 
fue disuelto por el presidente de la república en persona. 

Como se ha dicho antes, tarde se había comprendido 
que Morales amenazaba al país con una segunda tiranía, se- 
mejante a la de su predecesor. Don Adolfo Ballivián, a quien 
sus amigos habían pretendido llevar a la presidencia, pre» 
sentando su candidatura al frente de la del presidente pro- 
«visional y de los nombres de Quevedo (candidato melgare- 
jista) de Mendoza de la Tapia y del general Rendón, había 
renunciado a todo propósito electoral, después de una en- 
trevista con Morales, comprendiendo patrióticamente que el 
país estaba amenazado por la guerra civil si las ambiciones 
del mandón eran contrariadas. 


— 268 — 


El asunto que motivó el segundo atentado de Morales 
contra el Congreso fue la reclamación de la firma Arteche 
por las medidas coercitivas dictadas contra ella para ha- 
cer efectivos los derechos del estado sobre la explotación 
de ciertas minas, en la parte que correspondía por ley al 
tesoro de instrucción pública. Sin parar mientes en la ile- 
galidad de los procedimientos, el gobierno había ordenado 
el embargo de los intereses de la empresa, pasando por en- 
cima de la administración de justicia y motivando una re- 
clamación ante el Congreso, reclamación que éste aceptó, 
"disponiéndose a resolverla en sentido contrario a los actos 
del Poder Ejecutivo, calificados de inconstitucionales y arbi- 
trarios. 


Morales pretendía que el Congreso se clausurara sin 
tratar de este asunto, para evitar la censura de sus actos 
y el amparo al derecho de propiedad, que los diputados es- 
taban decididos a afirmar. La resistencia del cuerpo legisla- 
tivo le exasperó a tal punto que, el día anterior al fijado pa- 
ra la clausura oficial del Parlamento, después de haber he- 
cho invadir el recinto con una banda de música militar, se 
presentó en el salón de sesiones y declaró disuelta la asam- 
blea, con un discurso erizado de denuestos. “Al librarse de 
estos traidores infames, sin conciencia y sin dignidad, he 
de hacer reinar la justicia y la libertad”, dijo entre otros im- 
properios. El escándalo fue mayúsculo. A consecuencia de 
él renunció el gabinete y la dictadura quedó implantada de 
hecho. 


Tres días después (27 de noviembre) corrían rumores 
de que se preparaba un golpe subversivo y Morales, frené- 
tico, se hallaba en el palacio de gobierno, presa de un furor 
que llegaba al paroxismo. En semejante estado de ánimo se 
entregó a ultrajar de palabra a algunos jefes del ejército 
y a sus propios edecanes, de quienes sospechaba que po- 
drían estar comprometidos en la conjuración. Como apelara 
a las vías de hecho y un oficial pariente suyo, el teniente 
coronel Federico Lafaye, tratara de interponerse para cal. 
marlo, arremetió también contra éste, que reaccionó, des- 
cargando su revólver sobre el agresor. 


Así murió Morales, víctima de su propia vesanía, a los 
dos años de haber encabezado la última acción armada con- 
tra Melgarejo y a los tres meses escasos de haber asumido 
la presidencia constitucional. 


— 269 — 


Ro BA SS 


Extraño destino el de Bolivia, donde todavía las inter- 
venciones personales suelen cambiar el curso de la historia. 
Si otro Lafaye, pocos años antes, se hubiera interpuesto en 
el camino de Melgarejo, el destino del país habría cambiado 
en algunos de sus aspectos más deplorables. 


 Ú 


CAPITULO XII 


LA GUERRA DEL PACIFICO Y SUS 
ANTECEDENTES 


1.— Gobierno interino de D. Tomás Frías.— 2.— Gobierno 
de D. Adolfo Ballivián.— 3.— Segunda presidencia de Frias.— 
4.— Daza en el gobierno.— 5.— La guerra del Pacífico.— 


1. GOBIERNO INTERINO DE TOMAS FRIAS. 


La tragedia ocurrida con Morales conmovió a tal pun- 
to a las gentes que le rodeaban, especialmente a los milita- 
res, como el general lldefonso Sanjinés, que actuaba como 
secretario general y ministro único, y el coronel Daza, jefe 
del batallón que había invadido el recinto legislativo en días 
anteriores, que primó entre ellos el buen sentido y buscaron 
el concurso de hombres responsables para salvar una situa- 
ción tan grave. Se convocó, entre otros, a D. Tomás Frías, 
presidente del Congreso disuelto y, de acuerdo con él, se 
reunió la asamblea legislativa, que a su vez procedió a for- 
mar el Consejo de Estado que, de acuerdo con la constitu- 
ción, había empezado a elegirse en los días de los sucesos 
que quedan relatados. Con estas medidas se consiguió con- 
jurar las ambiciones del ex-ministro D. Casimiro Corral que, 
con miras personales, trataba de seducir una parte del ejér- 
cito. , 
Reunido el Congreso, completó la elección de! Consejo 
de Estado con los diputados Tomás Frías, Mariano Baptis- 


— 271 — 


ta, José Manuel del Carpio, Belisario Salinas, Juan de Dios 
Bosque, Napoleón Raña, Bernardino Sanjinés, Nataniel Agui- 
rre y Pedro H. Vargas. Presidente y vicepresidente de ese 
cuerpo fueron nombrados los dos primeros, y el Sr. Frías 
fue proclamado presidente provisional de la república 
Frías se avino a desempeñar el cargo, solamente hasta 
que se celebraran elecciones para presidente constitucio- 
nal y expresó, en el discurso con que respondió al del pre- 
sidente del Congreso: “Se ha tenido la fortuna de salvar el 
orden público, produciendo la fuerza moral suficiente a reem- 
plazar la energía del hombre fuerte de que nos ha privade 
la desgracia... La fuerza moral que salva, sólo proviene 
de la unión de voluntades discordes, divergentes y encon- 
tradas. Esa fuerza moral producida a un tiempo por la vo- 
luntad del pueblo y del ejército, supone en ambos el instin- 
to del progreso, el amor del imperio de la ley, por lo cual 
uno y otro han contenido la excitación que producen momen- 
tos semejantes y han. esperado a que venga y se siente 
tranquilo el predominio de la ley”. La experiencia recogida 
con los dos últimos gobiernos había servido de algo para 
aleccionar a los hombres y prepararles a aceptar de buen 
grado un acto de tanta trascendencia como el que importa- 
ba la ascensión de un presidente que, si no llegaba al poder 
por las vías estrictamente constitucionales (su nombramien- 
to de presidente del Consejo de Estado se había hecho con 
posterioridad a la vacancia de la primera magistratura), se 
sentía forzado a aceptar el cargo por patriotismo, ungido por 
el voto de la única autoridad que podía resolver el conflic- 
to, al frente de una laguna de la constitución: no estaba pre- 
visto en ella el caso de la muerte o incapacidad del presi- 
dente antes de que estuviera elegido el Consejo de Estado. 
Frías lanzó, al día siguiente de su investidura, un decre- 
to declarando que, antes de aceptar la presidencia, había 
“impuesto como condición irrevocable” que el sufragio po- 
pular designaría al nuevo jefe del Estado y que su gobier- 
no no duraría más del tiempo necesario para que se reali- 
zarán las elecciones. 
Estas se efectuaron en medio de la libertad. más am- 
plia y ninguno de los candidatos (Adolfo Ballivián, del par- 
tido rojo; Quintín Quevedo, representante del melgarejis- 
mo y Casimiro Corral, pretenso caudillo popular) obtuvo la 
mayoría absoluta de votos que exigía la constitución, por 
lo que la asamblea legislativa tuvo que decidir el caso, me- 


— 272 — 


diante elección especial. El Congreso nombró presidente a 
Ballivián, que había aceptado la candidatura desde su resi- 
dencia de Europa, deseoso de “iniciar una política liberal 
que no busque para su estabilidad mejor fundamento que el 
de la opinión pública”, como decía en su manifiesto. 

La gestión interina de Frías no tuvo, como gobierno 
de transición, nada de importante ni de notable, como no 
fueran sus esfuerzos por garantizar la libertad electoral y 
sus repetidos empeños para enderezar el estado anormal 
de las relaciones con Chile, debido al tratado de 1866. Esta 
situación no pudo ser corregida por la misión encomenda- 
da a D. Rafael Bustillo por el gobierno de Morales. De sus 
negativos resultados nos ocuparemos más adelante. 

Ballivián era el infatigable aunque romántico luchador 
del rojismo, saldo del partido del presidente Linares, que 
se mantuvo en la oposición más obstinada contra Achá y 
contra el despotismo de Melgarejo. Encarnaba la tradición 
liberal, por mucho que esa tradición hubiera sido duramen- 
te quebrantada por la férrea y arbitraria administración de 
su mismo fundador. Así son en Bolivia, por influencia atá- 
vica, hombres y partidos. El medio los hace contradictorios 
y utópicos, aun en los casos como el de Adolfo Ballivián, 
espíritu recto y bien intencionado. Estuvo a punto de reti- 
rarse de las filas del linarismo en los últimos tiempos de 
la dictadura, porque no comulgaba con ciertas medidas ni 
con las represiones sangrientas; pero bastó que el caudillo 
fuera traicionado y que muriera en el ostracismo, para que 
en Ballivián renaciera la fe y se convirtiera en el campeón 
del primitivo septembrismo. En tal carácter incitó a Melga- 
rejo a levantarse contra Achá, después de haber negado la 
legalidad de la elección de éste, por reputarla contraria al 
principio de la alternabilidad en el gobierno. 

Frías le profesaba cariño de padre, aunque alguna vez 
se habían entibiado sus relaciones, por efecto de ciertas dis- 
crepancias doctrinales; pero como ambos eran hombres hon- 
rados y patriotas, no tardaron mucho en reanudar los víncu- 
los de una amistad que estaba basada en antecedentes de 
familia y en la comunidad espiritual más perfecta. 


2. GOBIERNO DE D. ADOLFO BALLIVIAN. 


Aunque Ballivián había seguido la carrera de las armas 
por tradición (el padre y el abuelo materno fueron milita- 


— 273 — 


a | 


E 
res), su permanencia en las filas del ejército fue siempre 
precaria; generalmente se sintió más atraído por la políti- 
ca y por las attividades parlamentarias que por la carrera 
de las armas. Su carácter era, pues, eminentemente civil y 
sería injusto clasificarle entre los caudillos militares. 

Sin que pueda decirse que su administración fue esté- 
ril, se debe reconocer que las circunstancias especiales en 
que le tocó actuar y el breve tiempo que permaneció en el 
poder, contribuyeron a que no sobresaliera con el relieve a 
que tenía derecho, por sus antecedentes y por su cultura 
que, sin ser extraordinaria, era la de un hombre educado 
esmeradamente y provisto de conocimientos suficientes pa- 
ra distinguirse en su medio y en su época. 

Si algún reparo pudiera formularse, objetando la ac- 
tuación de este gobernante, digno de un país más adelan- 
tado, es el de falta de energía para sacudir la indolencia 
natural o calculada de que se vio rodeado, que seguramente 
era más el fruto de la reacción provocada por los anteriores 
gobiernos de fuerza, que el resultado de una resistencia ma- 
lévola contra un régimen que se caracterizaba por el res- 
peto a la ley. Sus proyectos sobre reformas económicas, ba- 
sados en el aprovechamiento del crédito exterior, del que 
otros gobiernos habían usado y abusado, hasta el extremo 
de comprometer la riqueza pública, no fueron sancionados. 
La nación se sentía timida y desconfiada. Ballivián no quiso 
o no pudo luchar contra el desvío o la inercia y se limitó a 
decir al Congreso de 1873: “Mi responsabilidad queda a cu- 
bierto, no habiendo sido ayudado”. De ahí que la autorización: 
que el gobierno pidiera para liquidar los compromisos ex- 
ternos del Estado y contraer otros destinados a satisfacer 
las necesidades del país, sólo fue concedida en ínfima es- 
cala. Entre esas necesidades figuraba, en primer término, la 
de armarse convenientemente, en previsión de acontecimien- 
tos que no tardarían en presentarse, desde el momento en 
que cierto tratado de alianza sucrito con el Perú había de 
provocar la suspicacia de Chile, que empezó a incrementar 
sus armamentos navales. 

La oposición se concertó para hacer fracasar los planes 
del presidente, que invocaba la unión de voluntades para 
proveer a la seguridad de la patria. En aquella tenaz nega- 
tiva a secundar los planes de Ballivián hay que buscar una 
de las causas del desastre de la guerra cen Chile, que tomó 
al En inerme y sin recursos para afrontar la defensa na- 
cional. 


A 


A esta situación se agregaba el estado de salud del man- 
datario, que decaía a ojos vista, contribuyendo a que la ad- 
ministración se resintiera por falta de una dirección oportu- 
na y enérgica. Al mismo tiempo el militarismo cobraba nue- 
vos bríos, por la ambición del general Hilarión Daza, que 
después de su desacato al Congreso, en tiempo de Morales, 
y de haberse rehabilitado por su conducta circunspecta con 
ocasión de la muerte de éste, se había convertido en el bra- 
zo fuerte del régimen legal, bien que adquiriendo cada día 
más preponderancia. 

En enero de 1874, la enfermedad de Ballivián se agra- 
vó a tal extremo, que se vió en la dura necesidad de entre- 
gar el mando al mismo presidente del Consejo de Estado, 
D. Tomás Frías, que le precediera en el gobierno. Poco des- 
pués, y antes de los ocho meses de haberse posesionado del 
cargo, el jefe del Estado falleció en Sucre, rodeado de las 
consideraciones a que era acreedor por su noble carácter. 


3. SEGUNDA PRESIDENCIA DE FRIAS. 


Así como Frías, a la muerte de Morales, se invistió de 
la presidencia con la condición de que solamente la desem- 
peñaría el tiempo necesario para que se realizaran eleccio- 
nes populares, en 1874 se resolvió a ocuparla por todo el 
resto del período constitucional. Esta decisión, que pareció 
sorprender a los aspirantes políticos, no contradecía la con- 
ducta anterior del ilustre anciano, que por entonces ya fri- 
saba en los setenta años, sino que obedecía al convencimien- 
to de que, esta vez, tenía la obligación y el derecho de po- 
nerse a la cabeza de los negocios públicos por el tiempo que 
la ley se lo ordenaba. La gestión más importante de la ad- 
ministración de D. Tomás Frías fue el arreglo con Chile, 
suscrito en 1874, 

En contra de su gobierno no tardaron en ponerse los 
dos candidatos derrotados en las elecciones que llevaron al 
poder a Ballivián: Corral y Quevedo. El jefe del Estado, com- 
batido por las ambiciones, pese a su origen legal, seguía 
apoyándose necesariamente en las bayonetas de Daza, mi- 
nistro de Guerra y a la vez comandante del batallón 1? de 
infantería, o sea el Colorados, famoso por su actuación en 
las contiendas civiles. Pero si Daza se mostraba fiel para 
mantener la situación, era porque a su vez tenía puestas las 
miras en la presidencia y confiaba que, vencido el período | 
constitucional, su candidatura contaría con el apoyo del go- | 
bierno. | 

— 275 — | 


A 


Un motín militar en Cochabamba, en favor de Quevedo, 
fue secundado inmediatamente en La Paz. Cuando parecía 
que Corral tomaba el partido del orden, llegó a esta última 
ciudad, conferenció con Quevedo y quedó pactada la alian- 
za escandalosa de esos dos caudillos, antagónicos entre sí, 
pero unidos contra el régimen constitucional. 

El presidente Frías dio prueba de su valor civil diri- 
giéndose al norte para combatir la subversión. En el lugar 
de Chacoma chocaron las tropas leales, dirigidas por Daza, 
con las fuerzas de la insurrección, y éstas fueron derrota- 
das. Frías se posesionó de La Paz, mientras Quevedo se re- 
fugiaba en el Perú. 

Como la agitación continuaba en el interior, especial- 
mente en Cochabamba, el presidente volvió a salir en cam- 
paña y los sediciosos aprovecharon la marcha del ejército 
para sublevarse y atacar el palacio de gobierno. Allí, rodea- 
dos de un grupo de adictos, resistieron el asalto los minis- 
tros Baptista y Calvo, hasta que, a punto de claudicar, por 
el incendio del edificio, provocado por los asaltantes, llegó 
un contingente de tropas de Viacha y el movimiento fue do- 
minado. La insurrección de Cochabamba quedó al mismo 
tiempo sofocada, con lo cual el gobierno se vio libre de cui- 
dados, siendo, digno de notarse el hecho de que el presi- 
dente civil, móderado y pacífico, puesto en el trance de de- 
fender la ley, no vaciló en adoptar severas medidas de re- 
presión, sin excluir la pena capital. 

Pero el triunfo de Frías sobre sus enconados adversa- 
rios no pacificó definitivamente al país. El enemigo más 
serio del orden y de la normalidad constitucional estaba 
dentro del propio gobierno y no era otro que el general Da- 
za, candidato a la presidencia desde el ministerio de Guerra. 
Sospechando éste que el jefe del Estado no era partidario 
suyo, sino que simpatizaba con la candidatura de D. José 
María Santiváñez, instigado por ciertos políticos voraces, se 
lanzó a la revuelta, depuso al mandatario legal y se procla- 
mó presidente, mediante un golpe de estado semejante al 
que derrocó a Linares. 

Daza no solamente era el candidato de la soldadesca, a 
la que sabía halagar y de cuyo ambiente procedía, sino que 
encarnaba las aspiraciones de ciertos elementos sociales an- 
ciosos de una acción enérgica, capaz de dirigir al país con 
“mano fuerte”, bien que en su propio provecho. La. historia 
de siempre: el caudillo militar azuzado por las bastardas 


— 2716 — 


ambiciones de un grupo de impacientes. Las combatidas ad- 
ministraciones de Ballivián y Frías no habían sabido impo- 
nerse, se decía, por medio de los únicos recursos eficaces 
para hacerse respetar en un país indisciplinado y turbulen- 
to: los recursos de la violencia y del terror. Los que así pen- 
saban no comprendían que una nueva entronización del mi- 
litarismo, aun con el pretexto de asegurar el orden, signifi- 
caba la culminación de las miserias domésticas y la inmi- 
nencia de catástrofes irremediables en el orden externo. 


4. DAZA EN EL GOBIERNO. 


El 4 de mayo de 1875, Daza se posesionó del mando de 
la república y dio un manifiesto tratando de explicar las ra- 
zones que le habían impulsado a dar ese paso: la parciali- 
cad en la lucha electoral, la debilidad del gobierno, la ban- 
carrota fiscal, etc., que eran razones contradictorias y que 
en ningún caso podían modificarse apelando a la revuelta. 
No faltaron las manifestaciones de protesta, como la del 
departamento de Santa Cruz, sofocada fácilmente. Había 
enarbolado la bandera federalista y fue reprimida con el fu- 
silamiento de su caudillo D. Andrés Ibáñez y de sus infor- 
tunados compañeros. 

Los procedimientos de Daza fueron los mismos de to- 
das las situaciones surgidas de golpes de cuartel: gobierno 
provisional de facto, convocatoria a una asamblea constitu- 
yente compuesta de elementos afines, transformación de la 
presidencia de facto en presidencia constitucional, aproba- 
ción de los actos del régimen interino, persecución de los 
adversarios derrocados, distribución de empleos y reforma 
constitucional. l 

El nuevo régimen no tardó mucho en incurrir en las 
inevitables infracciones legales, con lo que se planteó la pri- 
mera crisis política y se produjo la renuncia colectiva del 
gabinete, que fue sustituido por otro más complaciente y 
acomodaticio. 

El Congreso emprendió algunos trabajos útiles en ma- 
teria de legislación y, abordando la cuestión de la explota- 
ción de salitre en el litoral del Pacífico, graciosamente con- 
cedida por Melgarejo a una compañía chilena, votó una ley 
aprobando un nuevo contrato con la empresa explotadora, 
pero creando el impuesto de diez centavos por quintal de 
ese producto exportado del país. ¡Qué lejos estaban el go- 


— 277 — 


bierno y el Congreso de comprender que ese acto había de 
ser el pretexto para la guerra que no tardaría en desenca- 
denarse entre Bolivia y su vecino del sudoeste! 

Después que el Congreso de Bolivia declaró nulos to- 
dos los actos de Melgarejo, el gobierno de Morales, en 1871, 
encomendó a D. Rafael Bustillo una misión diplomática en- 
cargada de gestionar en Santiago una modificación del trata- 
do de 1866, en el sentido de suprimir la medianería y de 
consolidar los límites del territorio en el paralelo 24?, con 
pleno dominio de Bolivia sobre la administración de su te- 
rritorio. Chile tenía intervenciones en Mejillones y Antofa- 
gasta, lo que establecía una odiosa servidumbre. A cambió 
de la renuncia de Chile a la mitad de los derechos de ex- 
portación sobre los minerales situados en su territorio y es- 
pecialmente en Caracoles, Bolivia propuso pagar una indem- 
nización. Pero la misión Bustillo, que parecía al principio 
bien encaminada, se vio luego entorpecida por la reclama- 
ción que debió interponer, en forma asaz enérgica, contra 
la expedición melgarejista sobre el litoral boliviano, organi- 
zada en Valparaíso por el general Quevedo. El gobierno de 
Morales, por otra parte, no prestó la atención y el apoyo de- 
bidos a las gestiones de su plenipotenciario y más bien las 
desvió, atendiendo a una proposición de compra del litoral 
por Chile, proposición que encerraba el principio de ciertos 
planes de apropiación, además de ser lesiva para el honor y 
el interés de Bolivia. en una comunicacion de Bustillo a Mo- 

rales, de fecha 12 de marzo de 1872, el agente diplomático 
se refería a este asunto en los términos siguientes, que re- 
velaban su severo repudio de las instrucciones recibidas al 
respecto: “Ahora que V. E. me ordena, tanto en carta pri- 
vada como en nota oficial, que abra tal negociación y pida 
al gabinete de Santiago sus propuestas por escrito para la 
compra del territorio boliviano, juzgo propio de mi deber y 
de mi honor y muy conforme con mi acendrada lealtad, de- 
cir francamente a V. E. que calificó este asunto muy grave 
y peligroso en sí mismo, injurioso para la república, deshon- 
roso para el gobierno y de no pequeña responsabilidad pa- 
ra el negociador” ('). Tan dura lección provocó la reacción 
del gobierno de Bolivia, que trató de disculparse, simulando 
que Bustillo no había comprendido las instrucciones. “He 
sentido en el alma y me ha herido que se nos juzgue con 


(1) Ignacio Prudencio Bustillo, La Misión Bustillo, Sucre, 1919, pág. 94. 
— 278 — 


ligereza” —contestó Morales. Sin embargo, el 16 de febre- 
ro había escrito al plenipotenciario el ministro de Relacio- 
nes Exteriores, Sr. Corral, dándole instrucciones para es- 
cuchar las proposiciones chilenas, en términos explícitos. 
Corral se refería a la información de Bustillo sobre algunas 
palabras deslizadas por el canciller chileno en una de sus 
conversaciones, dando a entender que Chile podía intere- 
sarse por la compra de! territorio. Pero al trasmitir ese dato 
a su gobierno, el negociador boliviano había tenido el cuida- 
do de agregar: “Como a mi juicio nc podría haber una solu- 
ción más absurda que ésta y hasta importaría para Bolivia 
un acto de demencia enajenar la estrecha costa que tiene, 
cerrando así su única puerta para comunicarse y comerciar 
con el mundo, contesté con una rotunda negativa, que im- 
puso silencio al Ministro”. 

Todos estos antecedentes parecen probar, que, desde 
esa época, la intención de los capitalistas chilenos com- 
prometidos en las explotaciones de los productos naturales 
del litoral boliviano, era posesionarse definitivamente de 
aquel territorio. 

Las reclamaciones por la complicidad de las autorida- 
des chilenas en la preparación y la salida de la expedición 
de Quevedo sobre Antofagasta, con fines subversivos, de- 
terminó el rompimiento del plenipotenciario boliviano con 
la cancillería de Santiago. Pero antes de eso el gobierno de 
Morales tuvo la imprudencia de publicar en La Paz las no- 
tas cambiadas entre Bustillo y Corral sobre las negociacio- 
nes con Chile, con los perjuicios que tal indiscreción, com- 
pletamente reñida con las prácticas diplomáticas, tenía 
que ocasionar. 

Chile había enviado a La Paz, en esos mismos días, un 
agente diplomático —el señor Lindsay— con el carácter, de 
encargado de negocios. El gobierno de Bolivia inició négó- 
ciaciones con ese representante sobre la materia en debate. 
Entre tanto el agente boliviano dirigía al gobierno chileno 
una enérgica nota de protesta por la expedición del Paque- 
te de los Vilos, barco que condujo a Antofagasta al general 
Quevedo y otros conjurados, así como algunas armas para 
promover un levantamiento en la costa boliviana. Ante las 
acusaciones del ministro de Bolivia, la cancillería chilena 
contestó exigiendo una especificación acerca de quiénes 
eran los funcionarios chilenos a quienes se sindicaba de ser 
encubridores de esa empresa clandestina contra la seguri- 


— 279 — 


Remotas y complejas son las verdaderas causas de la 
guerra del Pacífico. Pretender que Chile se limitó a repeler 
la agresión preparada por el Perú y Bolivia es tan absur- 
do como pueril. Si la intención de los aliados hubiera sido 
la que los historiadores chilenos le atribuyen, no hubieran 
esperado, para llevarla a cabo, que el adversario poseyera 
los dos barcos blindados, cuya construcción demoró dos 
años. Más lógico es suponer que Chile esperó a verse con 
fuerzas superiores en el mar, para realizar sus planes contra 
el litoral boliviano. Y así sucedió, cuando el gobierno de Bo- 
livia le dio un pretexto para ello. 


Pero hay que buscar más lejos los orígenes de la gue- 
rra. Ellos se relacionan con los intereses chilenos radicados 
en el distrito de Atacama, desde la época del descubrimien- 
to de los depósitos de guano de Mejillones, de las salitreras 
de Antofagasta y de los minerales de Caracoles. Allí afluye- 
ron capitales y empresas explotadoras, a la vez que verda- 
deras colonias de obreros procedentes del sur, que se insta- 
laron en la zona, mientras las autoridades bolivianas care- 
cían de los medios necesarios para organizar la administra- 
ción. Esos trabajadores, poco a poco, se iban convirtiendo 
en el único elemento de población estable. La época inme- 
diatamente anterior a la guerra con Chile fue para Bolivia, 
como es notorio, la de mayores desórdenes y de las más 
absoluta desorganización. Solamente preocupaban las ambi- 
ciones personales de los caudillos o los intereses de facción. 
- Nadie se cuidaba de lo que sucedía en las lejanas fronteras 
y en los territorios que, paulatinamente, al aumentar el in- 
terés por la explotación de sus riquezas, adquirían mayor 
incentivo para el extranjero. El éxodo de la población chi- 
lena hacia el litoral boliviano fué un fenómeno natural pro- 
vocado por las posibilidades de trabajo remunerativo. La 
implantación de empresas chilenas o extranjeras organiza- 
das en Chile y vinculadas a ese país, en las explotaciones 
de dicho litoral, fué un fenómeno económico que intensificó 
la influencia del país vecino en el desenvolvimiento de un 
territorio particularmente rico y desvinculado de los centros 
sociales y políticos de que dependía. Como consecuencia, los 
poderes públicos de Chile empezaron a preocuparse por la 
suerte de tal territorio y nació la ambición de disputarlo y 
de apoderarse de su dominio. Sin fuerzas para precautelar 
su heredad, Bolivia pensó en la alianza con el Perú, interesa- 
do en afianzar el monopolio del salitre, planteado en 1873. 


— 282 — 


La situación se mantenía en ese estado cuando, en 1877, 
Chile acreditó una misión diplomática encargada de regla- 
mentar el cumplimiento del pacto de 1874. Mientras se dis- 
cutían los procedimientos, hemos visto que se aprobó el im- 
puesto de diez centavos por quintal de salitre que se expor- 
taba del litoral, según contrato celebrado en tiempo de Mel- 
garejo con una compañía chilena. Este impuesto contrave- 
nía, indudablemente, la cláusula expresa del tratado de 1874. 
Sin embargo ¿era suficiente motivo para una guerra? Es po- 
sible que en el espíritu del gobierno chileno no hubiera exis- 
tido el ánimo de llegar a esos extremos. Pero el peso de los 
intereses empeñados en la explotación del territorio que era 
objeto de tantas controversias, gravitaba sobre ese gobierno 
con sus influencias y lo arrastraba a. una actitud que guar- 
dara armonía con. el espíritu nacional, ansioso de expan- 
sión. De allí nació el tono altanero de la reclamación chile- 
na, que impulsó al gobierno de Bolivia, con sobra de impru- 
dencia, a no buscar la manera de orillar la dificultad. La Com- 
pañía Salitrera de Antofagasta, por otra parte, directamen- 
te afectada por el impuesto, no reclamó contra él ante el 
gobierno de Bolivia, sino que se quejó al gobierno de San- 
tiago, pidiendo su intervención. Es verdad que Bolivia, me- 
jor aconsejada por la prudencia, pudo buscar los medios de 
conjurar el peligro, pero no lo hizo. Ahora bien: ¿debe su- 
ponerse que si el incidente se hubiera resuelto favorable- 
mente, no habría habido guerra, para la cual Bolivia no se 
hallaba ni remotamente preparada? Sin desaparecer, hay que 
admitir que el peligro se habría alejado, si se considera que 
el conflicto tenía raíces más profundas y que el impuesto 
al salitre era sólo una causa circunstancial. No pueden ser 
más exactos los juicios que a este respecto formula un 
prestigioso historiador boliviano: “Con este incidente y sin 
él las cosas habrían seguido idéntico camino, pues ya se 
veía que el gobierno chileno había encontrado la oportuni- 
dad propicia que buscó durante muchos años y que la tor- 
peza de un régimen político justamente execrado por la na- 
ción le brindaba a maravilla” ('). Habría sido más justo de- 
cir que los intereses chilenos “habían encontrado el pre- 
texto”, pues el mismo autor deja consignado poco antes, en 
la misma obra, que “ni don Aníbal Pinto ni don Alejandro 


(1) Alberto Gutiérrez, La Guerra de 1879 (Nuevos esclarecimientos), 
París, Bouret, 1920. 


— 283 — 


Fierro, presidente de la república el primero y jefe de la 
cancillería el segundo, figuraban entre las personalidades 
descollantes del país”, y que ambos fueron “precipitados 
por factores extraños al gobierno” y como “agentes ciegos 
del destino, si el destino puede condensarse en esa fuerza 
colectiva que crea intereses y pasiones populares dentro de 
una cohesión compacta y vigorosa”. Y en otro aparte dice, 
en forma todavía más concluyente: “Ni don Aníbal Pinto ni 
don Alejandro Fierro, pensaron en que esa medida de vio- 
lencia y despojo, de tiempo atrás aconsejada por los pobla- 
dores del litoral, hubiera tenido la virtud de desencadenar 
la guerra en América”. Pero la calidad del gobierno de Daza 
y la torpeza de sus colaboradores fueron parte coadyuvan- 
te para que se cumplieran los designios de la' ambición, en 
tan desgraciada oportunidad para las posibilidades de la de- 
fensa nacional. 


Es digno de señalarse el hecho de que Chile no pensó 
que Bolivia intentaría defenderse. Por consiguiente, no. cré- 
yó en la guerra, sino en la simple ocupación de un terri- 
torio que, en época anterior, no muy remota, había sido ob- 
jeto de proposiciones de compra y que estaba principalmen- 
te poblado por chilenos. El gobierno de Santiago sabía que 
Bolivia no tenía más ejército que dos batallones regular- 
mente armados. Lo demás, al decir de un diplomático chile- 
no de aquella época, “no valía la pena”. 

En cuanto al tratado de alianza perú-boliviano de 1873, 
casi no se lo recordaba y hasta existían dudas sobre sus al- 
cances y validez. Sólo ante el peligro de la guerra, el go- 
bierno de Bolivia lo exhumó, enviando al Perú un agente en- 
cargado de gestionar su cumplimiento. Y la cancillería de 
Lima, sin rehuir sus obligaciones francamente, adoptó me- 
didas dilatorias, destinadas a evitar el conflicto y mandó 
a Chile una misión diplomática encargada de mediar. Pero 
el gobierno de la Moneda no solamente rechazó la media- 
ción, sino que ordenó la ocupación militar de Antofagasta, 
que se realizó el 14 de febrero de 1879. Cierto que la media- 
ción, encomendada a la misión Lavalle, cometió el error de 
negar, ante la opinión chilena, la existencia del tratado de 
alianza, lo que motivó fundadamente la desconfianza de 
aquélla. Pero la verdad era que el Perú estaba lejos de de- 
cidirse a asumir las obligaciones que el tratado le imponía 
y que puso mil dificultades para declarar el casus féderis, 
exigiendo a Bolivia una serie de condiciones onerosas. La 


O 


SS 


actitud de Chile, que le declaró la guerra el 6 de abril, le de- 
cidió a aceptar el reto. Por otro lado, una de las estipula- 
ciones del pacto de alianza citado acordaba a cada uno de 
los aliados la facultad de apreciar las circunstancias y de 
decidir libremente su actitud, en estos explícitos términos: 
“Reconociendo ambas partes contratantes que todo acto le- 
gítimo de alianza se basa en la justicia, se establece para 
cada una de ellas, respectivamente, el derecho de. decidir 
si la ofensa recibida por la otra está comprendida entre las 
designadas en el artículo anterior”. Ese artículo enumeraba 
los casos en que debía prestarse la asistencia estipulada, 
de ayuda recíproca; quién sabe si el Perú, que se resistía 
a pronunciarse por el casus féderis, habría dado ese paso, 
si Chile no le declaraba la guerra. 

Documentos históricos de origen imparcial demuestran 
que el Perú no había enviado a Chile la misión Lavalle co- 
mo recurso dilatorio para engañar al adversario y ganar 
tiempo, sino con la intención sincera de evitar la guerra. 
Pero la suerte estaba echada y el conflicto se produjo por- 
que la voluntad de Chile -lo había hecho inevitable. 


5. LA GUERRA DEL PACIFICO. 


La ocupación de Antofagasta se produjo dos días des- 
pués de que el representante diplomático chileno acredita- 
do en La Paz pidió sus pasaportes, notificando el rompi- 
miento; lo que quiere decir que la invasión estaba acordada 
y ordenada desde antes de conocerse la actitud final que 
asumiría el gobierno de Bolivia ante las reclamaciones chi- 
lenas. 

La noticia de la toma de Antofagasta causó en Bolivia 
el efecto que era de esperarse en el espíritu público. Se 
asegura que Daza ocultó el hecho, para no interrumpir las 
siestas del carnaval. Si fue así, sólo se demuestra la incons- 
ciencia con que el gobernante contemplaba la suerte del 
país, cuyo sacrificio no tardaría en consumarse, por obra de 
la inepcia y de la despreocupación con que eran maneja- 
dos sus intereses, por un régimen nacido en un motín e | 
integrado por políticos venaies. Ni para qué hablar de la im- | 
preparación en materia de recursos y de armamentos. Pero | 
hay que reconocer, en justicia, que esta situación no era im- | 
putable sino al estado social y político de los últimos tiem- | 
pos. Bolivia en 1879 no era el pueblo de Santa Cruz y Ba- | 


— 285 — 


A ; 


llivián. Era la nación sojuzgada por Belzu, Melgarejo, Mo- 
rales y Daza. En vano Adolfo Ballivián y Frías habían he- 
cho esfuerzos de organización. Se puede dar una idea de la 
manera cómo se consideraba en Bolivia la necesidad de dar 
protección a los intereses nacionales, sólo con citar estas 
palabras del historiador y diplomático chileno Sotomayor 
Valdés, escritas pocos años antes del conflicto del Pací- 
fico, refiriéndose a las riquezas de Atacama: “En el inmen- 
so abatimiento de los bolivianos raros han sido los hom- 
bres, al menos en los pueblos mediterráneos, que hayan 
mirado con interés esos descubrimientos, que han causa- 
do verdadera fiebre de especulación entre nosotros. En el 
interior de Bolivia se habla del mineral de Caracoles como 
de un venero descubierto en la Siberia. Parece que: esa ri- 
queza no estuviera en territorio boliviano”. Y, sin embargo, 
la nación no carecía de patriotismo, aunque precdominara ese 
patriotismo ruidoso y vocinglero' que puede llevar al sacri- 
ficio exaltado, pero que no estudia fríamente la forma de 
precautelar los bienes nacionales ni sabe organizarse para 
defenderlos. Bolivia habría podido rechazar victoriosamen- 
te una agresión en el seno mismo de su territorio interior, 
y habría defendido palmo a palmo su heredad, entre sus ris- 
cos y sus breñas. Pero ahora debía acudir a la costa desier- 
ta y distante, equipando un ejército que carecía de servi- 
cios de movilización y hasta de armamento. El desastre era 
inevitable y, sin embargo, no lo comprendía nadie. Seguía 
pensándose que el valor del soldado basta para contener 
la agresión extranjera. Y Bolivia se lanzó a la lucha, sin nin- 
guna probabilidad de éxito. También se incurrió en el error 
de confiar excesivamente en la potencia bélica del aliado, 
especialmente en el mar, ya que Bolivia carecía hasta de 
una cañonera, y la guerra habían de decidirla las operacio- 
nes navales. El Perú no estaba mejor que Bolivia en cuanto 
a preparación bélica, pese a que poseía una pequeña es- 
cuadra. 

La toma de Antofagasta fue seguida, con pocos días 
de intervalo, por la de Mejillones y Caracoles, que no po- 
dían ofrecer resistencia por falta de guarnición. No la tenía | 
tampoco Calama que, en el interior del desierto, constituía 
un pequeño oasis fertilizado por el río Loa, hacia donde la 
población boliviana se replegó para organizar la defensa, al 
mando de D. Ladislao Cabrera. Las tropas chilenas de línea 
quebrantaron con poco esfuerzo la improvisada resistencia, 


— 286 — 


despues de consumado el sacriticio heroico de Eduardo Aba- 
roa, que se negó a rendirse, poniendo en alto una nota hon-: 
rosa para el valor boliviano. 

El presidente Daza salió de La Paz el 17 de abril, con 
dirección a Tacna, a la cabeza de nueve mil hombres mal 
equipados para una larga campaña. La mayor parte de esta 
tropa no tenía armas y esperaba recibirlas en el lugar de su 
destino. Pero el país se dispuso a la guerra con decisión y 
aun con entusiasmo. 

El ejército carecía hasta de la organización sanitaria in- 
dispensable. Más tarde, en Tacna, después de los combates 
de Pisagua, San Francisco y Tarapacá, se improvisó un 
cuerpo de ambulancias, de acuerdo con la Convención de 
Ginebra, que echó las bases de una Cruz Roja Boliviana que 
antes no existía. Los materiales, instrumental y medicamen- 
tos para este servicio tuvieron que ser llevados de la capi- 
tal del Perú, y por suerte se recibieron antes de la batalla 
del Campo de la Alianza. Sólo tres meses después de la lle- 
gada del ejército boliviano a Tacna, en el mes de julio, las 
tropas pudieron ser provistas del armamento pedido a los 
Estados Unidos y ejercitarse en su manejo. 

La permanencia del ejército en Tacna duró más de un 
año, tiempo durante el cual decayó la moral, hasta 'extre- 
mos de verdadera relajación en la disciplina. Como Chile 
tampoco estuvo preparado para una ofensiva rápida y enér- 
jica sobre los aliados mientras careció del dominio del mar, 
la expectativa se prolongó porque ninguno de los adversa- 
“¡os podía atacar con eficacia. La guerra se limitó a las ope- 
“aciones navales iniciadas por el monitor peruano Huáscar, 
con relativo éxito, hasta que la escuadra chilena, superior 
an unidades, lo venció y apresó en el combate de Angamos 
ras el sacrificio estéril y heroico del contralmirante Grau 
“8 de octubre). Dominado el Perú en el mar, Chile pudo 
ransportar hacia el norte sus contingentes militares y ope- 
“ar impunemente los desembarcos que le permitían atacar - 
al enemigo fraccionado. Primero fue en Pisagua, puerto 
imagado el 2 ce noviembre y ocupado después de fuerte 
ombardeo, que produjo el incendio de los depósitos de sali- 
re, dificultando más la defensa. La guarnición de Pisagua 
ra casi toda boliviana. 

Cuando se comprendió el peligro de dejar que Chile con- 
¡entrara sus tropas, el comando aliado resolvió atacar a las 
uerzas desembarcadas en Pisagua. En consecuencia, se 


pl 


— 287 — 


acordó que el presidente de Bolivia marcharía al norte; por 
tierra, con una división de su ejército, para unirse a las 
fuerzas peruanas situadas en Iquique. La marcha no había 
sido preparada, contra lo aconsejado a Daza en Tacna, cuan- 
do se proyectó esa operación. Se descuidó el estudio de la 
ruta. y el aprovisionamiento de víveres y agua. Aunque se 
ha hablado de supuesta traición y de cobardía de Daza, por 
haberse detenido en el punto de Camarones y haber retro- 
cedido, no se han mencionado las circunstancias en que se 
trató de realizar el movimiento fracasado. No hay duda de 
que se procedió en todo con impericia e imprevisión. El he- 
cho fue que la división boliviana de refuerzo-no alcanzó a 
reunirse a las tropas de Iquique ni a los restos de las fuer- 
zas escapadas de Pisagua. El combate de San Francisco fue 
por ello una derrota para las armas perú-bolivianas. Tam- 
poco se ha esclarecido suficientemente el estado psicológi- 
co de los ejércitos aliados, el uno respecto del otro, ni con- 
siderado la sorda hostilidad que imperaba entre ellos. Ru- 
mores sobre el entendimiento del presidente “de Bolivia con 
el gobierno de Chile, para abandonar al Perú, venían minan- 
do la confianza, aunque se ha comprobado que las tentati- 
vas chilenas en ese sentido recibieron la más franca repul- 
sa de Daza. 


Conviene formular algunas consideraciones relativas a 
la dirección de la guerra o, mejor dicho, a “la falta de di- 
rección”. Está probado que en ambos ejércitos, el peruano 
y el boliviano, se carecía en absoluto de un plan de opera- 
ciones y que no había entendimiento entre los comandos. 
El presidente del Perú, general Prado, residía:en Arica, y el 
de Bolivia, en Tacna. Correspondía a Prado el cargo de su- 
premo director, por estar convenido así y porque la campa- 
ña se realizaba en su territorio. Raramente se celebraban 
consejos militares aliados, pero en uno de ellos, reunido en 
Arica, con motivo de la pérdida de Pisagua, se había acorda- 
do que el presidente del Perú, por razones de salud, dele- 
gara el mando en Daza y que éste marchara al sur, con el 
resto de sus tropas, para actuar a la cabeza de los dos 
ejércitos concentrados. Gran parte del ejército boliviano ha- 
bía sido enviado poco a poco a Tarapacá, desmembrándolo y 
quitándole su fuerza y unidad, como resultado de la falta de 
orden y concierto que se observaba en todas las medidas. 
Por eso Daza falló en el momento culminante, cubriéndose 
de ignominia y desmintiendo su fama de valiente. Es indu- 


— 288 — 


dable que la contramarcha de Camarones se efectuó des- 
pués de una consulta celebrada con los jefes del ejército 
que, en su mayoría, opinaron por la retirada; pero esos je- 
fes eran adictos a Daza y, además, según declaración del 
coronel Eliodoro Camacho (') “la orden de avanzar o de con- 
tramarchar desde Camarones, el general en jefe debía dar- 
la desde Pozo Almonte”, hasta donde. Daza debía dirigirse 
por vía de exploración, a iniciativa del mismo Camacho, for- 
mulada en consejo de guerra y que no llegó a ejecutarse. 
Hay que advertir, sin embargo, que la operación de reunir las 
fuerzas de Daza (situadas en Camarones) con las de Buendía 
(jefe peruano, que comandaba las tropas aliadas de Tarapa- 
cá, situadas en Pozo Almonte) no era fácil de realizar, por- 
que ambas estaban interceptadas por el ejército chileno, cu- 
ya posición no estaba determinada. Sin conocer la situación 
de éste, para poder rehuirle, la reunión de las fracciones alia- 
das era difícil de ejecutar, así como el avance del general 
en jefe, que podía ser capturado. 

La noticia de la contramarcha de Daza llegó al campo 
aliado en la mañana misma de la batalla de San Francisco, 
y la certidumbre de que no debía contarse con él ni con sus 
refuerzos, causó el mayor desconcierto y contribuyó en gran 
parte al resultado adverso del combate. 

No han faltado versiones en sentido de afirmar que Da- 
za quería rehuir una batalla que le pusiera en el peligro de 
ver destruidas sus trupas más seguras y adictas, porque 
contaba con ellas para regresar a Bolivia e imponer su au- 
toridad, ante la noticia de que allí soplaban vientos de fron- 
da. Pero fue al conocer la retirada de Camarones cuando es- 
talló la indignación y se habló francamente de deponer al 
gobierno. Y entonces tomó la resolución de regresar, para 
castigar esos propósitos subversivos, pretextando que, des- 
de el interior de Bolivia, atacaría el litoral boliviano que 
estaba ocupado por Chile. 

De regreso al norte, en medio de la general rechifla, Da- 
za comprendió que las tropas estaban decididas a descono- 
cerle. Y así sucedió el 27 de diciembre, cuando aprovechan- 
do de su ausencia en Arica, las unidades del ejército boli- 
viano, concentradas nuevamente en Tacna, se pronunciaron 
contra él. El coronel Eliodoro Camacho, militar inteligente, 


(1) Manifiesto del Coronel Eliodoro Camacho, Tacna, Imp. de “El Co- 
mercio”, 1880, (Pág. 14). 


— 289 — 


patriota e ilustrado, se vio en el caso de encabezar el mo- 
vimiento y de interpretar el sentimiento unánime de sus 
compañeros de armas, en un documento que puso a salvo 
el honor nacional. No puede desconocerse que en este ac- 
to intervino en parte la prevención política que existía la- 
tente contra el hombre que había usurpado el gobierno en 
1873 y cuyos ineptos colaboradores habían hecho inevita- 
ble la guerra. El conflicto había reunido todas las volunta- 
des y rodeado a Daza de todos los partidos, mientras se 
le creyó dispuesto a asumir sus responsabilidades. La re- 
tirada de Camarones acabó de desconceptuarle y determi- 
nó la medida extrema de destituirle frente al enemigo. 

Nunca se ha establecido claramente el grado de res- 
ponsabilidad que correspondiera a Daza por la retirada de 
Camarones, cuya influencia para el resultado final de la 
guerra tuvo grandes proyecciones. El manifiesto que publi- 
có en París, con fecha 13 de junio de 1881, aseguraba que 
el consejo de oficiales superiores reunido para resolver la 
famosa contramarcha, acordó el regreso del ejército por una- 
nimidad. “La mano puesta sobre mi conciencia —reza ese 
documento— con el pensamiento levantado a Dios, con la 
verdad del soldado y del cristiano, declaro que han sido ta- 
les cuales acabo de decir las cosas pasadas en Camaro- 
nes, e interpelo a todos los generales y jefes que concurrie- 
ron a ese memorable consejo, interpelo sobre todo al coro- 
nel Eliodoro Camacho, para que diga si no es cierto cuan- 
to acabo de referir”. Años después, con motivo de una po- 
lémica entre D. Miguel S. Taborga y el general. Camacho, 
éste exhibió declaraciones (') que comprobaban que él, 
cuando menos, se había opuesto a la retirada. Pero nunca 
se probó la “traición” de Daza, ni tampoco pudo exhibirse 
nunca, porque no fue levantada, el acta del consejo de gue- 
rra en que se trató el asunto de la contramarcha. Y cuando 
Daza, muchos años más tarde, pidió regresar a la patria, 
para defenderse contra ésa y otras acusaciones, fue asesi- 
nado al pisar territorio boliviano. El móvil de este crimen 
permaneció en el misterio como se verá más adelante. 

El aliado había dado el ejemplo de la destitución del je- 
fe del Estado, deponiendo a Prado del gobierno del Perú y 


(1) Para la Historia. Correspondencia cambiada con el Sr. Eliodoro Ca- 
macho sobre la traición de Camarones. por Miguel Tabcrga, Sucre, 
Tip. del Cruzado, 1889. 


— 290 — 


encumbrando al caudillo político D. Nicolás de Piérola. Al 
mando del ejército peruano se encontraba en Arica el con- 
tralmirante Montero, a quien Camacho dio cuenta de lo 
ocurrido, en estos términos: “El ejército boliviano ha des- 
conocido la autoridad del general Daza y se pone a mis ór- 
denes y yo a las de V. S. para cumplir nuestro deber en de- 
fensa de la alianza”. Daza se embarcó con rumbo a Europa. 
Un día después de los sucesos de Tacna y, según se afir- 
meba, sin acuerdo previo, La Paz había desconocido la au- 
toridad del consejo de ministros, encargado del mando en 
ausencia del presidente, y organizado una junta de gobier- 
no provisional. Este movimiento se puso en armonía con 
las tendencias que se manifestaron en los pueblos del in- 
terior en favor del general Narciso Campero, comandante 
de la quinta división, que no había llegado a incorporarse 
al grueso del ejército porque la falta de planes definidos 
la mantenía en estéril y ruinosa espera. Reconocido Cam- 
pero como presidente provisional, se apresuró a convocar 
una convención, pero tuvo que dominar antes la intentona 
de un coronel Silva, que pretendió alzarse con el mando, 
sublevando en Viacha cuatro batallones que estaban listos 
para dirigirse al teatro de la guerra. La actitud del ejército 
estacionado en Tacna, a órdenes de Camacho, contuvo ese 
conato y Campero pudo organizar algunas tropas con las 
que marchó a reforzar el ejércio aliado. Como presidente de 
Bolivia, proclamado por los pueblos y reconocido por las 
fuerzas armadas, asumió el mando supremo y puso térmi- 
no a las disputas que se habían producido entre los aliados 
por la dirección de la guerra. 

La presencia de Campero, militar de escuela, no pudo 
evitar que el ejército unido, obligado por falta de movilidad 
a esperar al enemigo en Tacna, fuera batido a fines de ma- 
yo de 1880 por las fuerzas chilenas desembarcadas al norte, 
con todos los pertrechos necesarios y con efectivos superio- 
res, a la vez que envalentonadas por sus éxitos en Pisagua 
y San Francisco, aunque después de este último combate 
habían sufrido un contraste en Tarapacá (27 de noviembre 
de 1879), que en nada alteró el resultado de las operaciones. 

Una tentativa nocturna para sorprender al enemigo, 
tentativa que fracasó como todas las medidas estratégicas 
ideadas por los aliados, cuya impericia era notoria, compro- 
metió más el resultado de la batalla de Tacna (26 de mayo 
de 1880), librada en los alrededores de esa ciudad y en el 


— 291 — 


lugar bautizado con el nombre de Campo de la Alianza. Al 
amanecer, después de aquella noche en que las tropas se 
extraviaron y fatigaron inútilmente, atacó el ejército chile- 
no; y las fuerzas aliadas extenuadas por la marcha de toda 
la noche y sin tomar alimento, apenas tuvieron tiempo para 
ocupar posiciones y presentar batalla. En semejantes con- 
diciones, el desastre fue inevitable, aunque algunas unida- 
des del ejército, especialmente el batallón Colorados, hicie- 
ron prodigios de valor. Producida la derrota, los restos de 
las huestes bolivianas, tomaron rumbo a la patria. Aquél 
era el fin de una campaña dolorosa y estéril, en que se 
malgastó el heroico sacrificio de un pueblo. 

No se puede ser excesivamente severo al juzgar los 
antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de la gue- 
rra del Pacífico. Podría ser fácil arrojar la responsabilidad 
de algunos hechos sobre determinados gobiernos o culpar 
de ciertas faltas o errores a determinadas personas, pero 
ello no conduciría sino a.extraviar el criterio histórico. Pa- 
ra hablar con propiedad, el verdadero culpable fue todo el 
país, comprendiendo en este concepto no solamente al ele- 
mento humano, con sus deficiencias de educación y de cul- 
tura, sino también a los factores materiales que habían re- 
tardado el progreso nacional. Tan culpables fueron Daza y 
la facción que le encumbró, como el pueblo que permitió 
su encumbramiento. E 

Así lo comprendió al fin la nación, al ser informada del 
descalabro final. Recogiéndose en sí misma, en verdadero 
acto de contrición, por el órgano de la convención de 1880, 
que había reunido lo más selecto y representativo con que 
contaba el país entre sus mejores hombres, confirmó al ge- 
neral Campero en el gobierno y en el mando del ejército, 
renovándole su confianza y reconociendo “que había cumpli- 
do su deber”. 

Campero era un patriota, pero no un hombre práctico. 
Pronto vio contrariados por la realidad, especialmente en 
el orden económico, sus propósitos de seguir la guerra. Bo- 
livia, agotada y despojada de recursos, no podía rearmar- 
se ni lanzar a sus hijos a úna nueva campaña. La opinión 
se dividió en dos bandos: el de los guerristas, que seguía 
las inspiraciones del gobierno y pugnaba por acudir en auxi- 
lio del Perú, que seguía soportando la lucha en su territo- 
rio, y el de los partidarios de la paz, que sostenía la conve- 
niencia de entenderse con Chile. Como siempre, la política 


— 292 — 


de bandería tomó cartas en el asunto para enconar los áni- 
mos. Los amigos de Campero echaron las bases de un nue- 
vo partido, que luego tomó el nombre de liberal. Sus adver- 
sarios, entre los que se contaba el vicepresidente de la re- 
pública, D. Aniceto Arce, formaron el núcleo que se apellida- 
ría constitucional y que más tarde adoptaría una franca fi- 
liación conservadora. La pasión de las facciones llegó al ex- 
tremo de que Arce fuera expulsado al extranjero. 


E 


CAPITULO XIII 
LA “OLIGARQUIA” CONSERVADORA 


1.— Situación del país después de la guerra del Pacífico.— 
2.— Lucha de partidos y presidencia de Pacheco.— 3.— Go- 
bierno de D. Aniceto Arce.— 4.— Baptista.— 5.— Presiden- 
cia de Fernández Alonso y caída del partido conservador.— 


1. SITUACION DEL PAIS DESPUES DE LA 
GUERRA DEL PACIFICO. 


El contraste de la batalla de Tacna disolvió práctica- 
mente la alianza entre Bolivia y el Perú. Inútiles fueron los 
esfuerzos del general Campero, desde la presidencia de la 
república, para restablecer una cooperación que Bolivia es-. 
taba en la imposibilidad de prestar. En las conferencias de 
Arica, celebradas a bordo de la corbeta Lackawana, en vir- 
tud de la mediación ofrecida por el gobierno de los Estados 
Unidos, se planteó por primera vez la intención de Chile de 
exigir cesiones territoriales romo condición de paz. El ple- 
nipotenciario Altamirano presentó un pliego de demandas 
indeclinables, que los representantes del Perú y de Bolivia 
se apresuraron a objetar. Ese pliego no dejaba duda sobre 
el propósito de consumar la conquista total o parcial de los 
territorios hasta allí ocupados por el invasor. Chile no se li- 
mitaba a exigir una indemnización pecuniaria más o menos 
elevada, cuyo pago podía garantizarse con la ocupación tem- 


— 295 — 


poral. Tenía la intención de apoderarse de toda la zona sali- 
trera y, como no existiera base de acuerdo entre las partes, 
la mediación se dió por terminada, dejando la convicción 
de que el vencedor proclamaba simple y llanamente el dere- 
cho de conquista. De las conferencias se obtuvo solamente, 
por parte de Bolivia, la liberación de cincuenta prisioneros, 
brindada por la delegación chilena. Entre esos prisioneros 
se contaba el coronel Eliodoro Camacho, cuya heroica ac- 
titud en la batalla del Campo de la Alianza se había hecho 
notoria. 

De acuerdo con la política de Campero, de mantener la 
unión con el Perú y de robustecer la alianza, en junio de 
1880 se había firmado en Lima un protocolo de “unión fede- 
ral”, que fundaba los “Estados Unidos Perú - Bolivianos”, 
constituidos por los departamentos en que se hallaban divi- 
didos políticamente los territorios de ambas repúblicas, sin 
más cambio que la creación de dos nuevas entidades federa- 
les, con los nombres de “Tacna de Oruro” y “Potosí de Tara- 
pacá”, que tendía a la fusión de los distritos cuyos nombres 
se mencionaban, con el objeto de dar una costa marítima a 
las circunscripciones bolivianas limítrofes con el Perú. El 
mismo pacto condonaba la deuda recíproca por los gastos 
de la guerra con Chile y procuraba suprimir los .antagonis- 
mos y recelos que perjudicaban la alianza. *... Cúmpleme 
exponer brevemente— decía el negociador boliviano Sr. Te- 
rrazas, informando a su gobierno— que habiendo tenido 
adelantada la negociación, me ha sido posible concluirla con 
firme conciencia de miras y de medios, en virtud de las ins- 
trucciones y plenos poderes que al efecto he recibido de esa 
Cancillería con fecha 21 del pasado, acordes en todo lo esen- 
cial con las indicaciones que tuve el honor de dirigir al se- 
ñor Presidente y a usted en vía confidencial” ('). Lo que 
quería decir que tales instrucciones fueron redactadas cin- 
co días antes de la batalla de Tacna. El desenlace de ese 
hecho de armas, por consiguiente, influyó en la suerte pos- 
terior del proyecto. 

Pero no cabía duda de que la iniciativa no era viable, 
tanto porque sería recibida con resistencia en ambos paí- 
ses, como porque la acción de Chile debía serle hostil. Ya 
se sabe que la política chilena respecto a Bolivia, tendía, 


(1) Bases preliminares de la Unión Federal del Perú y Bolivia (Protoco- 
lo de 11 de junio de 1880). La Paz, Imp. de la Unión Americana, 


1880. 
— 296 — 


desde tiempo atrás, a separarla del Perú, con el aliciente 
de “ponerla a: la vanguardia de sus conquistas” y con la 
promesa de otorgarle la posesión de Tacna y Arica, en cam- 
bio de su litoral, que pasaría al dominio del vencedor. Es- 
te era el plan que había dado origen a las gestiones lle- 
vadas ante Daza por D. Gabriel René Moreno y D. Luis 
Salinas Vega en 1879, por obra del gobierno del presiden- 
te Pinto y a iniciativa del ministro de Relaciones Exterio- 
res de Chile D. Domingo Santa María. 

Ya se ha visto que en Bolivia existía una tendencia fa- 
vorable a esta solución, inspirada en los resultados adver- 
sos de la guerra, y que el jefe de esa tendencia era el vi- 
cepresidente Arce, a quien Campero había extrañado del 
país. Cuando Arce fue notificado de que debía abandonar 
el territorio nacional, a principios de 1881, se dirigió prime- 
ramente a la Argentina, después de publicar un manifiesto 
declarándose francamente por la disolución de la alianza y 
por el entendimiento con Chile. Se hallaba en Europa, cuan- 
do la evolución que se operó en el criterio de los dirigen- 
tes de la opinión pública, a cuya cabeza se puso Baptista, 
determinó que el gobierno suspendiera su deportación y le 
abriera las puertas la patria. 

El Senado de 1883 llamó a Arce a presidir el Congreso, 
como vicepresidente de la república. Esto quería decir que 
la batalla por la política pacifista estaba ganada. El Perú 
se había visto obligado a firmar el tratado de Ancón, que 
cedió a Chile el departamento de Tarapacá, condenando a 
Bolivia a perder su litoral, puesto que el vencedor no permi- 
tiría nunca en su territorio la solución de continuidad. Los 
esfuerzos del general Campero para que Bolivia acudiera 
en socorro del Perú habían sido inútiles, por falta de ele- 
mentos, aunque aquél dejó temporalmente la presidencia y 
se puso a la cabeza de un nuevo ejército organizado difi- 
cultosamente en Oruro. 

Estos hechos contribuyeron a delimitar mejor los cam- 
pos de la política militante, cuya separación se había inicia- 
do por las tendencias divergentes en materia de política in- 
ternacional. El coronel Camacho, exprisionero en Chile, re- 
forzaba las filas de los adversarios del arreglo con el ene- 
migo y se ponía a la cabeza de ellos, contando con la sim- 
patía de Campero. Los jefes de la tendencia pacifista eran 
Arce y Baptista. Así quedaron organizados los partidos que 
más tarde se llamaron libertad y constitucional y que empe- 


— 297 — 


zaron a actuar en la política boliviana a fines del siglo pa- 
sado, primitivamente sin más orientaciones que las relati- 
vas a la solución de la guerra con Chile, para luego fisono- 
mizarse por tendencias doctrinarias, aparentemente contra- 
puestas. Era la primera vez que se ensayaba la formación de 
grupos políticos Fundados en principios, lo que significaba 
un progreso positivo en las prácticas democráticas y una 
manifestación contraria al caciquismo. 


La cuestión internacional seguía manteniendo vivas las 
pasiones; el Congreso de 1883 fue el campo en que se li- 
braron los más rudos combates acerca de la definición de 
la política exterior. Un informe de Baptista, reputado como 
acto de traición a la patria, porque propugnaba el arreglo con 
Chile, dio lugar a un debate que se ha hecho célebre. Ante 
un público excitado, en el que abundaban elementos pe- 
ruanos, Baptista defendió, con los recursos de su brillante 
dialéctica, la necesidad de hablar claro y de llamar la aten- 
ción del país sobre sus verdaderas conveniencias. El exa- 
men de la cuestión, en la forma empleada por el gran ora- 
dor, ante un pueblo hostil a su persona y a sus ideas, ana- 
lizó los orígenes de la guerra del Pacífico y buscó en los ra- 
zonamientos realistas la causa de los descalabros sufridos 
por la alianza. Demostró cómo el Perú y Bolivia, naciones 
nacidas sobre las ruinas de la civilización incaica, de índole 
dulce y pacífica, habían tenido que luchar con los descen- 
dientes de los rudos y aguerridos araucanos; probó que la 
formación social de los dos países que, desde el período co- 
lonial, sólo se habían preocupado de la explotación de la 
riqueza minera, sin esforzarse por crear fuentes permanen- 
tes de bienestar, no les permitía enfrentarse con un pueblo 
que poseía un espíritu retemplado en la lucha diaria contra 
factores generalmente adversos a su economía; censuró la 
imprevisión de los hombres de estado que no supieron dar- 
se cuenta de que la tendencia expansiva de Chile obedecía 
a una ley natural y que era necesario buscar la manera de 
encauzar sus efectos, sin desmedro para la vida y seguri- 
dad de los vecinos; condenó la mala administración de los 
territorios ambicionados por Chile, que no permitió asimi- 
larlos a la vida nacional; criticó la falta de orden y de direc- 
ción inteligente en la marcha del país, que no dio lugar a 
que el tratado de 1874, elaborado con la intención de orillar 
las dificultades y de sortear con prudencia los peligros, die- 
ra los frutos que se buscaron con él. Este era, según el 


abanderado del partido pacifista, el “criterio sintético de la 
situación histórica”, que exigía a Bolivia limitarse a la po- 
lítica defensiva. 

La exposición del tribuno fue, más que pieza parlamen- 
taria, demostración de orden didáctico. Tuvo la suerte de 
conmover y de convencer, a pesar de la prevención con que 
se le escuchaba y de las pasiones exaltadas que combatía. 
Y si bien Baptista estaba señalado como presunto candida- 
to a la presidencia de la república, su triunfo fue tan com- 
pleto que los propios adversarios no pudieron menos que 
admitir sus conclusiones. La magia de su palabra había cal- 
mado la excitación popular. 
| En ese estado de ánimo se aproximaron las elecciones 
| de 1884, que debían renovar el Poder Ejecutivo. El general 

Campero, cuyas tendencias habían sido contrariadas en ma- 
teria de política internacional y que en su inspiración de no 
celebrar la paz con Chile se hallaba alentado por los amigos 
y partidarios del general Camacho, tuvo la noble entereza 
de mantenerse imparcial y de permitir el libre juego de las 
corrientes democráticas. 

Las fuerzas electorales que se aprestaban a la lucha 
parecían alinearse en dos únicos bandos, cuyos jefes y can- 
didatos eran Camacho y Baptista; pero apareció en la are- 
na un nuevo partido con un nuevo aspirante a la presiden- 
cia. Ese partido fue bautizado con el nombre de demócrata 
y proclamó la candidatura del rico industrial D. Gregorio Pa- 
checo. Se habían agrupado a su alrededor, además de algu- 
nos esclarecidos hombres públicos, ciertos políticos profe- 
sionales que no tenían cabida en las filas de los nuevos par- 
tidos y que no estaban dispuestos a ceder el terreno: Maria- 
no Donato Muñoz, Casimiro Corral, Jorge Oblitas y otros. 

Pacheco, ante todo, era un carácter. La pobreza de su 
infancia y de su juventud había sido para él la mejor escue- 
la. Si fue ambicioso, tuvo derecho a serlo. Era su desquite. 
Se elevó sobre sus conciudadanos por el dinero ganado en 
rudo batallar, producto honrado del trabajo. Pero a la vez 
que hombre de empresa y de lucha era un. gran corazón 
y un espíritu generoso y filantrópico. 

Era el comienzo de la era de la plata, cuya influencia 
en la política boliviana había de durar varios años. Nació 
con ella la llamada “oligarquía conservadora”. Pacheco era 
pariente y había sido socio de Campero, pero uno y otro 
llegaron a la presidencia por distintos caminos y con dife- 


— 299 — 


rentes rótulos doctrinarios, si -bien ambos pertenecían, con 
poca diferencia de tiempo, a la generación que se formó en 
la brega para extraer de las entrañas de la tierra el rico 
metal que transformó, durante cierta época, la potenciali- 
dad económica del sur de la república, determinando la 
preponderancia de esa región en la dirección de los desti- 
nos nacionales. Pacheco, Arce, Baptista y Fernández Alon- 
so fueron los presidentes de la era de la plata, que marcaron 
la evolución de los métodos electorales y sustituyeron, con 
el prestigio del dinero, la influencia del pretorianismo. Se 
dirá que el dinero es corruptor, pero no puede negarse que 
en un país tan pobre como Bolivia la presencia de hombres 
ricos en la política es por lo menos una garantía de que las 
arcas fiscales serán respetadas. 

Portugalete y Guadalupe fueron para Pacheco lo que 
Huanchaca para Arce y para Alonso las minas de Potosí y 
Oruro. El único de los presidentes de la “oligarquía” que 
no fue rico, Baptista, estuvo apoyado por los potentados y 
por el clero. Los otros eran mineros que, dígase. lo que se 
diga, no se valieron del gobierno para ensanchar sus intere- 
ses, aunque tampoco dieron paso a imposiciones gravosas 
para la minería. 

La candidatura de Pacheco alteró la orientación de la 
masa electoral, que parecía haberse polarizado exclusiva- 
mente en favor de los candidatos del liberalismo y del par- 
tido constitucional. Como Pacheco era un hombre que se 
había distinguido suficientemente en el servicio público, no 
pudo tachársele de elemento improvisado y se convirtió en 
adversario peligroso. 


2. LUCHA DE PARTIDOS Y PRESIDENCIA DE PACHECO. 


La candidatura de D. Gregorio Pacheco desconcertó a 
los bandos empeñados en el torneo electoral. La populari- 
dad del general Camacho descansaba en bien cimentados 
prestigios y su programa se resumía en la fórmula: “¡Viva 
el orden; abajo las revoluciones!” Caso curioso: el partido 
liberal proclamaba tendencias civilistas y estaba encabeza- 
do por un militar. La candidatura de Baptista fue sustitui- 
-da por la de D. Aniceto Arce, cuando su grupo se dio cuen- - 
ta de que al frente de Pacheco había que poner un hombre 
igualmente rico, dispuesto a contrarrestar “el cheque con 
el cheque y:el billete con el billete”. La campaña fue ruda 


— 300 — 


y, como era natural, el nombre de Camacho resultó perjudi- 
cado en esta pugna entre capitalistas que compraban las 
adhesiones y cotizaban el voto. 


Si era inmoral esta manera de conquistar adeptos, se 
trataba de uno de los vicios de la vida democrática, quizá 
menos grave que la suplantación de la voluntad popular por 
la violencia del oficialismo o por los pronunciamientos de 
cuartel. i 


El flamante partido demócrata se presentó a la lid con 
un programa de unión nacional, de reconciliación y de ol- 
vido de las diferencias pasadas. La plataforma de Arce abar- 
caba el adelanto material, el impulso a la industria, la cans- 
trucción de vías de comunicación y la paz con Chile. 


La elección dio por resultado la mayoría relativa de vo- 
tos en favor de Pacheco. Le siguieron en orden decreciente 
Arce y Camacho. En tales circunstancias el Congreso debía 
decidir, de acuerdo con el respectivo precepto constitucio- 
nal. El partido liberal tenía el mayor número de congresis- 
tas, pero no la mayoría absoluta. La solución del conflicto 
se presentaba, pues, difícil y complicada. Cuando ciertas 
gestiones hacían creer que era posible una fusión de libera- 
les y demócratas, se dio el golpe escénico de la elección de 
Pacheco, con el refuerzo de los votos constitucionales, pre- 
vio el retiro del nombre de Arce. El entendimiento entre |li- 
berales y constitucionales, que también se había intentado, 
fracasó por la intransigencia de algunos elementos avanza- 
dos del liberalismo, empeñados en mantener sus puntos de 
vista doctrinarios, al frente de las inclinaciones francamen- 
te ultramontanas de los constitucionales, manifestadas en 
anteriores congresos. Según entonces fué notorio y se pu- 
do comprobar después, Pacheco adquirió el compromiso de 
apoyar, como sucesor suyo, para el siguiente período, a D. 
Aniceto Arce. Parecía ser una garantía del cumplimiento de 
ese pacto la presencia de D. Mariano Baptista en el gobier- 
no, en calidad de vicepresidente. 


- La combinación fué atribuída a Baptista y así debió 
ser, pues no lo niega su correligionario y panegirista D. 
Luis Paz, cuando expresa: “Y aun cuando la idea hubiera 
sido sugerida por Baptista ¿no estaba ella dentro de su pro- 
prama político? ¿Se le podía exigir que preste su apoyo al 
partido liberal, cuyo programa doctrinario ha combatido du- 


— 301 — 


rante toda su vida? ('). El general Camacho, por su lado, 
en un manifiesto de 1884, tuvo ocasión de declarar: “El par- 
tido liberal, fundado sobre un programa de principios y no 
sobre la base de un efímero caudillaje; fundado para esta- 
blecer costumbres democráticas y no para dominar el país 
apoderándose del gobierno, no podía ni debía aceptar pro- 
posiciones que lo apartasen de su objetivo, ni pretender lle- 
gar a toda costa a la posesión del poder. La libre manifesta- 
ción de la opinión nacional y su acatamiento por las mino- 
rías era la mayor aspiración de su patriotismo”. Pero suce- 
sos posteriores provocados por la política electoral, cuando 
se trató de renovar el Poder Ejecutivo, a la expiración del 
período de Pacheco, cambiaron ese criterio y el partido libe- 
ral se entregó sin reparo a una serie de actos subversivos. 

No puede decirse que D. Gregorio Pacheco fué un gran 
presidente, porque, dadas las circunstancias, no podía ser- 
lo; bastante mérito tuvo en gobernar pacíficamente. Su ac- 
tuación en el gobierno ha sido condensada por su más auto- 
rizado biógrafo ('), con estas palabras: “Entre las diversas 
etapas de la vida de mi biografiado, la que menos me gusta 
es ésta, que llamo la etapa presidencial. Y, a veces, hasta 
me disgusta del todo”. . 

El acto culminante del gobierno de Pacheco fué la apro- 
bación del pacto de tregua celebrado con Chile por los ple- 
nipotenciarios D. Belisario Boeto y D. Belisario Salinas. Du- 
rante la administración del general Campero se había llega- 
go a comprender que era necesario regir las relaciones bo- 
liviano-chilenas en alguna forma que, poniendo fin al esta- 
do de guerra, estableciera las bases de una convivencia, así 
fuera transitoria, que terminara la situación irregular que 
importaba una simple suspensión de hostilidades. Subsistía 
para Bolivia la amenaza de la reanudación de operaciones y 
hubo que optar por algún procedimiento jurídico que devol- 
viera la tranquilidad al país y le permitiera esperar la opor- 
tunidad de resolver sus diferencias con el vencedor. Los ne- 
gociadores bolivianos comprendieron que la condición de 
paz impuesta por Chile era indeclinable: la cesión terri- 
torial. Pero al cumplimiento de esta condición se oponían 
consideraciones fundamentales, que ni el mismo Chile se 


/ 


(1) El Gran Tribuno, Cuadros históricos y parlamentarios de Bolivia. 
Buenos Aires, Talleres de la casa Jacobo Peuser, 1908, pág. 311. 

(1) Jaime Mendoza, Figuras del pasado, Gregorio Pacheco. Soc. Imp. 
y Lit. Universo, Santiago, 1924. 


— 302 — 


atrevía a desconocer. Bolivia quedaría privada de uno de los 
medios esenciales de vida, es decir, de la comunicación di- 
recta con el mar. Como la situación pendiente con el Perú 
sobre la suerte de los territorios de Tacna y Arica no per- 
mitía en esos momentos resolver nada práctico para ase- 
gurar una costa destinada a Bolivia, se optó por la única 
fórmula posible, acordando que Chile “continuaría gober- 
nando, con sujeción al régimen administrativo y político que 
establece la ley chilena, los territorios comprendidos desde 
el paralelo 23 hasta la desembocadura del río Loa en el 
Pacífico, teniendo dichos territorios por límite oriental una 
línea recta que parta de Zapalegui, desde la intersección 
con el deslinde que los separa de la República Argentina, has- 
ta el volcán Licancaur”, lo que a la vez liquidaba el pleito 
sobre la soberanía de Atacama, limitando los derechos que 
mantenía Bolivia a la estrecha faja situada al norte del gra- 
do 23, hasta la desembocadura del Loa. Las demás dispo- 
siciones del pacto eran transitorias y se ajustaban a la ne- 
cesidad de regularizar una tregua temporal. “Mientras lle- 
gaba la oportunidad” de celebrar un tratado definitivo de 
paz, según el citado instrumento, se fijaban condiciones eco- 
nómicas onerosas para Bolivia, especialmente en lo relativo 
al régimen aduanero. Los productos chilenos ingresarían a 
Bolivia sin pagar derechos, lo que no solamente era poco 
equitativo, sino que daba amplio margen a una serie de 
fraudes en perjuicio del erario. ] 

Las apreciaciones que algunos historiadores bolivianos 
han consagrado al gobierno de Pacheco no son del todo jus- 
tas ni razonables. Cualesquiera que hubieran sido sus erro- 
res políticos, no deben olvidarse sus actos de generosidad 
y desprendimiento y sus iniciativas para fomentar el pro- 
greso material del país y las exploraciones a los territorios 
lejanos y de difícil acceso, especialmente en la región del 
sudeste, para crear comunicación con la parte navegable del 
río Paraguay. La fundación de Puerto Pacheco fue uno de 
los resultados de la empresa colonizadora auspiciada y fo- 
mentada por esa administración, a la que el presidente qui- 
so dar remate, emprendiendo personalmente, a la cabeza 
del ejército, la apertura de un camino carretero desde la 
capital de la república al río Paraguay. La falta de autoriza- 
ción del Congreso para que Pacheco pudiera resignar el 
mando, mientras se consagraba a dicha obra, no permitió 
dar un paso de tanta importancia para la defensa futura 
de esos territorios. 


Los esfuerzos de Pacheco no se limitaron en ese orden 
a esta iniciativa. Si bien la expedición Thouar no tuvo éxito, 
por circunstancias que no es del caso analizar, la de Suárez 
Arana alcanzó el mejor resultado, con la fundación de Puer- 
to Pacheco en Bahía Negra y con la apertura de un camino 
que puso en comunicación ese punto con el interior de Bo- 
livia, a través de las Salinas de Chiquitos y de los campos 
de Cordillera, cruzando el norte del Chaco. Al mismo tiem- 
po se realizaron esfuerzos para fundar núcleos de coloniza- 
ción y una empresa boliviana de navegación del Paraguay, 
que desgraciadamente fracasó, a causa de divergencias en- 

tre el empresario y el gobierno. 


Por este tiempo empezó a preocupar intensamente la 
cuestión religiosa, que durante el gobierno anterior se ha- 
bía iniciado apenas. La preponderancia que iba tomando el 
clero en la dirección de la política, contribuía a consolidar 
las fuerzas conservadoras, en pugna con los elementos li- 
berales de la oposición. Fácil es comprender que las diver- 
gencias doctrinales servían de pretexto al interés político 
de bandería y estaban lejos de constituir motivos funda- 
mentales de controversia. Las creencias religiosas se ha- 
llaban profundamente arraigadas en el alma colectiva, po- 
co o nada inclinada al examen filosófico. Habría entrado 
en la conveniencia de los dos bandos políticos predominan- 
tes no chocar con el sentimiento popular, para mejor captar 
las fuerzas electorales. Pero las corrientes ideológicas euro- 
peas se abrían paso en otros países de América, y si bien 
algo tardíamente, encontraban eco en el elemento avanza- 
do del flamante partido liberal de Bolivia, ansioso de refor- 
zar su programa con los postulados en boga. El genio polí- 
tico de Baptista, verdadero fundador, con monseñor Tabor- 
ga, de la tendencia conservadora en el país, en parte por 
convicción y en parte por conveniencia, supo aprovechar 
la oportunidad que le brindaban las corrientes radicales, a 
las que se apresuró a oponerse, calificándolas como brotes 
de una peligrosa “empresa jacobina”, con lo que dio a su 
partido un sentido social de que carecía, desde el momen- 
to en que la divergencia sobre política internacional había 
-quedado borrada por el pacto de tregua. El partido constitu- 
cional se transformó y se reforzó con los atributos de de- 
fensor de la fe y campeón de las creencias del pueblo bo- 
liviano, por lo que empezó a llamársele “conservador”. 


E 


Se inició una campaña calculada y maliciosa contra la 
masonería, de una parte, y de otra contra la influencia po- 
lítica de la Compañía de Jesús y contra las tendencias cle- 
ricales. Los temas de controversia dejaron de ser los de la 
guerra o la paz con Chile, para versar sobre libertad de 
cultos, separación de la iglesia y el Estado, enseñanza lai- 
ca, matrimonio civil y otros temas semejantes. El gobierno 
se fisonomizó inmediatamente como adicto a la causa defen- 
sora.de la religión, “de la familia, de la moral y de las bue- 
nas costumbres” y tuvo en el clero su mejor aliado. Estas 
fuerzas lanzaron y sostuvieron la candidatura de D. Aniceto 
Arce, que entonces residía en Europa, en funciones diplomé- 
ticas, para la elección de 1888. El liberalismo presentó de 
nuevo la figura prestigiosa y simbólica del general Cama- 
cho, que también se hallaba fuera del país, representando a 
Bolivia como plenipotenciario ante el gobierno del Perú, don- 
de firmó un tratado de límites y un convenio en que se con- 
donaba la deuda que. esa república exigía como saldo de 
los gastos de la guerra del Pacífico. 

Aunque el apoyo que el gobierno prestó a la candida- 
tura de Arce no fue un misterio, hay que reconocer que 
hasta ese momento tuvo la habilidad suficiente para man- 
tener a la oposición en los límites de la legalidad y que no 
se vio en el trance de reprimir ningún conato subversivo. 
El resultado de la elección, sin embargo, sembró los gérme- 
nes de la protesta armada. 

“Los últimos tiempos de la administración Pacheco se 
caracterizaron por la violencia en la lucha de partidos. El 
demócrata casi había desaparecido, absorbido por los otros 
dos bandos beligerantes. Los propósitos de neutralidad del 
gobierno se habían esfumado, y, con todas sus buenas in- 
tenciones, el presidente obedecía a las circunstancias. La 
actitud de las autoridades era francamente favorable al lla- 
mado partido constitucional, y los liberales tenían que su- 
frir todo género de hostilidades. Pacheco intentó todavía, 
dadas sus vinculaciones personales con el general Cama- 
cho, un movimiento de aproximación amistosa; con tal ob- 
jeto se realizaron entre ellos algunas conferencias que no 
tuvieron resultado práctico. Rotas las hostilidades durante 
las elecciones municipales de diciembre de 1887, que eran 
un preliminar de la lucha que debía realizarse en mayo-si- 
guiente para la renovación del Poder Ejecutivo, los liberales 
fueron derrotados bajo el peso de la presión oficialista. An- 


— 305 — 


tes de tomar una resolución definitiva y de apelar a las vías 
de hecho, Camacho creyó cumplir un deber con el país y 
consigo mismo intentando un arreglo con el candidato con- 
trario a cuyo efecto conferenció con Arce en el pueblo de 
Paria, cerca de Oruro. Buscando una transacción desusada, 
Camacho propuso lo siguiente, que consta en las actas le- 
vantadas en aquella oportunidad: “Unidos ambos jefes en 
un sentimiento común, conservarán los dos partidos su au- 
tonomía y los adherentes de uno y otro se darán una prue- 
ba recíproca de confianza, votando los del partido liberal, 
para primer vicepresidente por el señor Arce, y los del par- 
tido nacional, para ese mismo puesto, por el general Ca- 
macho, debiendo el candidato que resulte elegido presi- 
dente de la República dimitir a los dos años, a fin de que 
el primer vicepresidente complete el período constitucio- 
nal”. Arce rechazó la proposición por absurda y contraria al. 
respeto que merecían los electores. “El quería ser presi- 
dente para llevar a la práctica un programa que contempla- 
ba ante todo la salud de la patria”, comenta Prudencio Bus- 
tillo-("). Creía, además, que el fondo del temperamento in- 
dicado por Camacho era inconstitucional y propuso que los 
partidos apelaran a las urnas, con el compromiso mutuo de 
evitar el cohecho y la intervención del gobierno. 


3. GOBIERNO DE ARCE. 


D. Aniceto Arce se posesionó del mando en agosto de 
1888. Era un tipo de hombre semejante al de Pacheco, pero 
mejor preparado por sus estudios y sus viajes. Sin embar- 
go, provocaba mayores resistencias, quizá porque su carác- 
ter recio y bien templado despertaba enconos irreductibles. 
Se había enriquecido en el trabajo de las minas, dando prue- 
bas de energía y de perseverancia admirables. Había lucha- 
do por el éxito de empresas como la de Huanchaca, que al 
fin pudo salir a flote, después de innumerables contratiem- 
pos y dificultades. Había concebido el plan de construir en 
su patria ferrocarriles que la vincularan con el mar, como 
medio de compensar siquiera en parte el aislamiento a que 

- estaba condenada, no solamente por la ocupación de su lito- 
ral, sino también por su desgraciada posición geográfica. 
La propuesta aceptada por el gobierno dé su predecesor, 
para construir una línea férrea desde la frontera provisio- 


(1) Obra citada. 
— 306 — 


nal chileno-boliviana a Oruro, era iniciativa suya, acogida 
al fin por el Congreso de 1887. Pero sus planes tenían ma- 
yor alcance y eran el fruto de una idea antigua, por cuya 
realización había luchado en el curso de los años, contra in- 
numerables factores adversos. 

Desde 1878 había iniciado estudios para una línea fé- 
rrea que subiera a la altiplanicie desde el puerto de Arica. 
Más tarde, después de la guerra, comprendiendo, como pro- 
pietario de minas, que el costo del transporte de los mine- 
rales a los lugares de embarco recargaba el precio de és- 
tos hasta el extremo de dejar poco margen a las utilidades, 
especialmente cuando los productos eran de reducida ley, 
concibió el proyecto de prolongar el ferrocarril construido 
por la Compañía de Salitres de Antofagasta, desde Pampa 
Alta, que era su término, hasta Huanchaca, cruzando la fron- 
tera boliviana, para extenderlo luego hasta La Paz. Pero la 
oposición política tomó cartas en el asunto y el partido li- 
beral combatió con pasión la iniciativa; alegando que se tra- 
taba de una línea estratégica, que favorecía las miras inva- 
soras de Chile. Los debates fueron ardientes, aunque se 
consiguió demostrar que el ferrocarril de Antofagasta era 
una empresa netamente industrial, sin ninguna vinculación 
con el gobierno chileno y que su extensión no costaría al 
Estado boliviano ningún esfuerzo económico, mientras brin- 
daba al país enormes posibilidades de desarrollo. Andando 
el tiempo esa oposición fue quebrantada y Arce tuvo la sa- 
tisfacción de ver coronadas sus aspiraciones, que conside- 
raba fundamentales, consiguiendo que los rieles llegaran 
por lo menos a Oruro. 

La nueva administración se vio implacablemente pertur- 
bada y combatida por la oposición liberal que, desde un 
principio, intentó derrocarla. El 8 de septiembre de 1888, 
pocos días después de que Arce se posesionó del mando, 
se produjo en Sucre un motín militar que estalló en pleno 
día, encontrándose el presidente en una fiesta religiosa que 
se celebraba en la Catedral. Arce pudo fugar valiéndose de 
un disfraz y llegó hasta Cochabamba, donde las autoridades 
organizaron tropas leales. La rebelión debió haber estallado 
mucho antes, pero parece que el gobierno había tomado 
medidas oportunas para conjurarla. El estallido de Sucre, tu- 
vo éxito momentáneo, porque fue sorpresivo, pero no obe- 
deció a un plan organizado y sólo fue obra de ciertos jó- 
venes liberales impacientes y audaces, auxiliados por algu- 


— 307 — 


nos soldados del batallón Loa, que se insurreccionó mien- 
tras esperaba en la plaza, para rendir al presidente, a su 
salida del templo, los honores de ordenanza. La soldadesca 
consiguió dominar a la columna de policía y cometió algu- 
nos desmanes. Un regimiento de artillería que guarnecía la 
ciudad se rindió fácilmente. Un batallón que acudió desde 
el vecino pueblo de Yotala, el Chorolque, se sometió ¡gual- 
mente. Entonces, el movimiento adquirió cariz político defi- 
nido; fue elegido jefe superior D. Belisario Salinas, prefec- 
to de Chuquisaca D. Ricardo Mujía, y se proclamó presi- 
dente al general Camacho. 

Pero el jefe del liberalismo permaneció inactivo, sin re- 
solverse a secundar el golpe, aunque se asegura que la guar- 
nición de La Paz, ciudad en que él se encontraba, se puso 
a sus órdenes. Sea como fuere, el general Camacho se 
abstuvo de todo intento para levantar el norte y fue redu- 
cido a prisión. Arce, entre tanto, no perdió tiempo y mar- 
chó sobre Potosí, hacia donde los sublevados de Sucre mo- 
vilizaron sus contingentes, mal dirigidos y peor organizados. 
Los ejércitos chocaron en Caricari, cerca de la Villa Impe- 
rial, sin resultado para ninguno de los bandos; pero cundió 
el desaliento entre los rebeldes que se dispersaron al. día 
siguiente. El estado de convulsión había durado exactamen- 
te un mes y Arce volvió a ocupar la presidencia. 

Los resultados de esta tentativa para apoderarse del 
gobierno fueron funestos para el partido liberal y para el 
. país todo, porque se abrió de nuevo la época de los motines 
de cuartel. de las persecuciones y de las medidas de repre- 
sión. Los jefes del liberalismo fueron desterrados y muchos 
de sus adherentes confinados a lugares malsanos. El Sena- 
do y la Cámara de Diputados cancelaron el mandato de va- 
rios representantes liberales comprometidos en la revuelta 
y se condenó al silencio a la prensa independiente. Los sol- 
dados de línea que habían encabezado el motín del 8 de sep- 
tiembre fueron sentenciados a muerte y ejecutados. 

No puede negarse que en aquella ocasión Arce careció 
de magnanimidad, sin que la política del rigor hubiera teni- 
do otro resultado que el de exasperar a la oposición, multi- 
plicando las insurrecciones durante todo el período de su 
mandato. Camacho se decidió al fin a pronunciarse en La 
Paz, pero con tan mala suerte, que se vió obligado a refu- 
giarse en el Perú. El coronel Aguirre acaudilló un levanta- 
miento en Cochabamba, pero fué dominado por las fuerzas 


— 308 — 


del gobierno. El coronel José Manuel Pando, por último, ata- 
có Sucre una noche del mes de junio de 1890, comandando 
un contingente de tropas irregulares, organizadas en Col- 
qguechaca, pero no habiendo sido oportunamente secundado, ' 
se retiró con pérdidas considerables. Así llegó D. Aniceto 
Arce al término de su período, defendiéndose y atacando, 
sin tregua ni descanso. Lo extraordinario del caso es que, en 
tales condiciones, hubiera podido realizar una obra de go- 
bierno constructiva y perdurable, lo que dice mucho en fa- 
vor de su fuerza de carácter. Pudo ser un gran administra- 
dor, todavía en mayor escala; pero la intransigencia de sus 
adversarios políticos, enconada por las persecuciones que 
su gobierno no quiso escatimar, le impidieron ir más lejos 
en la realización de sus propósitos de trabajo y de progreso. 


Sin embargo, cumpliendo sus planes de vialidad, consi- 
guió inaugurar el ferrocarril de Antofagasta a Oruro, lu- 
chando con todas las dificultades que se oponían a esa obra. 
El ferrocarril era combatido especialmente por razones po- 
líticas y luego por prejuicios patrióticos mal inspirados, co- 
mo ya se ha dicho. La mala fe no dejaba de intervenir en 
el debate, afirmando que Arce perseguía la construcción de 
la línea férrea porque favorecía sus intereses personales 
como minero. Nada más injusto, porque sus minas habían 
quedado bien servidas cuando el ferrocarril llegó a Pulaca- 
yo. Y, sin embargo, no descansó hasta que vio en Oruro 
la primera locomotora, el 15 de mayo de 1892. “Los planes 
de Arce —dice un distinguido escritor— no se 'limitaban a 
prolongar .el ferrocarril a Oruro; quería llevar las paralelas 
de acero a La Paz, Cochabamba y Potosí. Consideraba que 
la baja cotización de la plata, único metal que se exportaba 
entonces, ponía en peligro a la industria minera; y para com- 
pensar el inminente estancamiento de ésta era indispensa- 
ble no sólo abaratar los fletes y perfeccionar los procedi- 
mientos de extracción, sino crear nuevas fuentes de pro- 
ducción con el fomento a la agricultura”. La política no le 
permitió ir más lejos en ese terreno, pero el primer paso 
estaba dado y los que más le combatieron entonces, fueron 
más tarde los más empeñados en continuar su obra. Por al- 
go se cuenta que, al tiempo de descargar el martillo sobre 
el último clavo que remachaba los rieles en Oruro, exclamó, 
emocionado y sin poder contener sus lágrimas: “Ahora pue- 
den matarme”. 


— 309 — 


PP... A 


El programa de comunicaciones de Arce abarcó tam- 
bién la construcción de numerosos caminos importantes. 
Hasta su advenimiento al gobierno sólo existían en el país 
las rutas casi impracticables de la época colonial y no se 
reconocía otro modo de viajar y de transportar mercaderías 
que el empleo de animales de silla o de carga. Arce cons- 
truyó carreteras permanentes, que eran atrevidas obras de 
arte, como la de Potosí a Sucre, con su magnífico puente 
sobre el Pilcomayo y la de Sucre a Cochabamba, con otro 
puente sobre el río Grande. Las obras públicas realizadas 
en su tiempo soh numerosas y de positiva utilidad, y lo 
más notable es que fueron ejecutadas sin apelar al crédi- 
to, con los modestos recursos ordinarios del presupuesto. 


Su acción gubernativa se reflejó también en otros ra- 
mos y en reformas importantes como la del ejército, que 
tuvo por base la fundación del colegio militar y la implanta- 
ción del servicio de conscripción. Otros gobiernos habían 
tratado de implantar escuelas militares, sin haber-conse- 
guido nunca aclimatarlas. La que creó Arce subsiste has- 
ta nuestros días. 


Su más constante preocupación en el orden interna- 
cional fue la de alcanzar un arreglo con Chile, que devol- 
viera a Bolivia los atributos de la soberanía marítima, aun- 
que tuviera que perder su litoral, que nunca Chile se aven- 
dría a devolverle. Desde 1885, época en que Arce fue mi- 
nistro plenipotenciario en Santiago, ésa había sido su as- 
piración constante. Sus gestiones ante el gobierno de la 
Moneda se. habían enderezado entonces a obtener un arre- 
glo que dejara a Bolivia en posesión de Arica. Hay que re- 
conocer que su empeño no fue mal recibido. Se le dio a 
comprender que en Chile no se miraba con malos ojos ese 
programa, que podía dar pasoa una solución definitiva del 
problema de la paz con el Perú y Bolivia, que el pacto de 
tregua y el tratado de Ancón habían dejado pendiente y que 
comprendía la salida al mar para Bolivia, la cesión definiti- 
va de su litoral y la suerte de las “provincias cautivas”. 
Durante su administración, Arce no pudo realizar su deseo 
de celebrar un tratado que asegurase la adquisicón de Ari- 
ca, pero se firmó un protocolo con el representante chile- 
no, preparando el camino del tratado de 1895, que estable- 
ció el compromiso de ceder ese puerto a Bolivia, si él 
quedaba en manos de Chile. 


— 310 — 


Se atribuye al anhelo de llevar a feliz término estos 
propósitos, el apoyo que, a la terminación de su período, 
prestó Arce a la candidatura de D. Mariano Baptista para 
sucederle en el mando. Las ideas de Baptista eran sobra- 
damente conocidas como concordantes con las suyas en ma- 
teria de política internacional. Sin ser la única, ésa debió 
de ser una de las causas que determinaron la decisión del 
mandatario en favor del candidato. El nombre de éste, por 
otra parte, estaba auspiciado por las corrientes que prima- 
ban en el campo conservador, por. tratarse de la figura de 
más relieve que se podía oponer al partido liberal, que vol- 
vía a la carga con el nombre del general Camacho. Baptis- 
ta había sido también en el Congreso, el defensor de los 
planes ferroviarios de Arce. 

Aun con todo el favor oficial, Baptista no obtuvo en las 
elecciones de 1892 sino una insignificante ventaja, que no 
habría asegurado su proclamación, a poco que la represen- 
tación liberal-demócrata en el Congreso, que formaba ma- 
yoría, hubiera alcanzado a anular los votos emitidos en. al- 
gunos distritos sin importancia, disminuyendo en pequeña 
proporción los sufragios que favorecían al candidato del go- 
bierno. Se objetaba también la validez de la elección de Bap- 
tista, alegando que no estaba inscrito en los registros de 
ciudadanía. 

Ante peligro semejante los elementos del oficialismo 
optaron por un recurso que siempre será juzgado como un 
eucandaloso atentado en la historia de las instituciones na- 
cionales: se decretó el estado de sitio y muchos represen- 
tantes de la oposición fueron apresados, desterrados y con- 
finados. ¿Quién concibió el plan? El averiguarlo carece de 
mayor trascendencia. Lo cierto es que el 4 de agosto, en 
vísperas de la reunión del Parlamento y de la realización del 
escrutinio de la elección presidencial, conforme a las pres- 
cripciones constitucionales, se dio el golpe en Oruro, ciu- 
dad elegida en esa oportunidad para sede del Congreso. 
Como si eso no fuera bastante, el Poder Legislativo expul- 
só de su seno o canceló las credenciales de veintiún re- 
presentantes opositores, que habían reclamado ante el go- 
bierno por el decreto de estado de sitio y que, en señal de 
protesta, se habían negado a concurrir a las sesiones, bajo 
la situación de fuerza que imperaba. La expulsión fue adop- 
tada como “medida disciplinaria”. En esas condiciones D. 
Mariano Baptista asumió la presidencia. 


— 311 — 


4. BAPTISTA. 


Hemos visto actuar a Baptista desde su juventud en las 
filas del partido rojo, luchando contra los despotismos y com- 
batiendo' por el imperio de la legalidad, sin tregua ni des- 
canso. Había pertenecido, sin embargo, al linarismo, que 
fue una dictadura desembozada, y ahora llegaba al gobierno 
por medio de procedimientos que no estaban en consonan- 
cia con las doctrinas que había defendido siempre. La vida 
de los hombres públicos, no solamente en Bolivia sino en to- 
das partes, presenta a veces estas extrañas y desconcertan- 
tes paradojas. Tratándose de Baptista hay que pensar que 
alguna razón íntima y grave le conducía a tales extremos, 
que necesariamente habían de mellar sus prestigios de re- 
público intachable. Su linarismo pudo tener la disculpa de 
la juventud y de las buenas intenciones. Su actitud de 1892 
quizá pueda explicarse por el apasionamiento a que le ha- 
bía arrastrado su posición doctrinal. Era el abanderado del 
catolicismo en la lucha de principios que libraba contra las 
avanzadas radicales y tal vez pensaba que, ante el peligro 
en quese hallaba su fe, todas las armas eran buenas para 
reducir el enemigo. 

Aunque encarnizadamente combatido por el partido opo- 
sitor, Baptista merecía respeto por los servicios prestados 
al país en el orden internacional. Regresaba de una misión 
diplomática en la República Argentina, donde había conse- 
guido la aprobación congresal del tratado de límites celebra- 
do por D. Santiago Vaca Guzmán, que liquidó la cuestión 
de Tarija, bajo la orientación que el mismo Baptista le im- 
primiera desde el ministerio de Relaciones Exteriores. Tam- 
bién acababa de desempeñar la representación de Bolivia en 
el Paraguay, fundamentando sólidamente las reclamaciones 
reivindicatorias sobre el territorio del Chaco. Su fama de 
gran orador contribuía grandemente a consolidar su presti- 
gio, en un país donde las galas verbales lo pueden todo 
en la política. Muy trabajada debía de estar por el partido 
liberal la opinión pública, para haber podido equilibrar la ci- 
fra de sufragios en la elección presidencial y triunfar en mu- 
chos distritos en la elección parlamentaria. No era fácil me- 
dirse con un adversario como el “mago”, como se nombra- 
ba a Baptista, tanto por el poder seductor de su palabra 
cuanto por su habilidad en el manejo de las artes políticas. 
La oposición había logrado reunir a los elementos liberales 


— 312 — 


y a los demócratas de Pacheco. Si bien se habían presenta- 
do a la elección presidencial como fuerzas separadas, aun- 
que afines en el propósito de combatir al gobierno, compren- 
dieron la inconveniencia de dividir sus elementos y se alia- 
ron para la elección de congresistas. El resultado había si- 
do la mayoría que el gobierno destruyó con el golpe del 5 
de agosto. 

Bien pudo ser que el partido liberal hubiera conspira- 
do una:vez más, como conspiró durante todo el gobierno de 
Arce, pero cabe preguntarse si para conjurar el peligro de 
una subversión era necesario disolver el sector parlamen- 
tario opositor y desterrar a sus miembros. La lógica parece 
indicar que las más minuciosas precauciones pudieron to- 
marse, sin comprender a la representación nacional, bajo el 
pretexto de que “el estado de sitio no cobija inmunidades”. 

Las medidas preventivas del gobierno fueron demasia- 
do lejos y tuvieron los caracteres de un golpe de estado 
contra el Congreso, para anular su acción e impedir el ejer- 
cicio de sus facultades constitucionales. 

Lo curioso del caso fue que Baptista, a raíz de estos 
sucesos, publicó una circular dirigida a los prefectos, “lla- 
mando al pueblo boliviano a la unión y a la concordia”. Con 
anterioridad a su investidura había procurado entenderse 
con los liberales, ofreciéndoles participación en el gobier- 
no, participación que éstos no aceptaron, proponiendo en cam- 
bio, reconocer la elección presidencial, siempre que no se 
obstaculizara el ingreso de los representantes opositores 
elegidos y que se castigaran los excesos cometidos por las 
autoridades en diversos distritos. La respuesta a esta pro- 
posición fue el atropello del 5 de agosto. 

No hizo el tribuno una administración que estuviera a 
la altura de sus prestigios intelectuales, quizá porque llegó 
al poder con el pecado original del estado de sitio y de la 
violencia contra el Congreso. El rencor de los opositores 
fue implacable, a pesar de los esfuerzos de apaciguamien- 
to que se intentaron, entre ellos una gestión de las damas 
de La Paz, para aliviar la situación de los confinados a lu- 
gares inclementes, que el gobierno acogió, en demostra- 
ción de su buena voluntad. La violencia de la campaña opo- 
sitora se desencadenó por todos los medios que tenía a su 
alcance y, aun después de que se permitió el regreso de los 
confinados y expatriados, la lucha siguió sin tregua. Por lo 
demás, ese gobierno transcurrió sin más hechos notorios 


Mi 


que el principio de la rivalidad regional entre el norte y el 
sur (con motivo de las disputas a que dio lugar la convoca- 
toria del Congreso a la ciudad de La Paz en 1893) y el ase- 
sinato del general Hilarión Daza, que regresaba al país con 
el objeto ostensible de asumir su defensa por las acusacio- 
nes que se le hacían desde la guerra del Pacífico, aunque el 
gobierno sospechaba que alimentaba el propósito de inter- 
venir en política. 

También durante el gobierno Baptista se firmaron con 
Chile los célebres tratados de 1895, célebres porque ten- 
dían a resolver satisfactoria y equitativamente el problema 
de la salida al mar para Bolivia y porque sentaron un pre- 
cedente valioso en el terreno jurídico, bien que la intención 
de Chile, al suscribirlos, no hubiera sido otra que la de ador- 
mecer a Bolivia, en momentos de dificultades en las rela- 
ciones chileno-argentinas. Esos tratados fueron dos: uno Je 
paz y comercio y otro de transferencia territorial. A cambio 
de restablecer el régimen pacífico y de adquirir la soberanía 
del litoral boliviano, Chile se comprometió, por esos pactos, 
a asegurar a Bolivia un puerto en el Pacífico, en condicio- 
nes apropiadas y suficientes a las necesidades de su comer- 
cio. La base fundamental de la obligación que contraía Chi- 
le era la adquisición del puerto de Arica, cuyo dominio es- 
taba pendiente, para transferirlo a Bolivia, En caso de que 
no pudiera adquirirlo por arreglo con el Perú o por medio 
del plebiscito que estaba previsto, daría a Bolivia, indefec- 
tiblemente, un puerto al norte de su territorio. El convenio 
fue celebrado sobre la base del reconocimiento de la nece- 
sidad vital y superior de Bolivia. Pero es sabido que una 
vez que cambiaron las circunstancias y desapareció para 
Chile el peligro de un conflicto con la República Argentina, 
los tratados de 1895 fueron olvidados por el gobierno de 
Santiago. 

Nunca se ha esclarecido completamente la verdadera 
causa del asesinato del general Daza, victimado en Uyuni 
por la escolta que debía conducirlo a Sucre, para ser juzga- 
do. El proceso que se organizó contra los autores del hecho 
no dio otro resultado que el de la condena de éstos, sin que 
se les hubiera arrancado ninguna declaración que diera luz 
sobre el origen del atentado. Dijeron haber obrado a impul- 
sos de sentimientos de odio personal o por reacción patrió- 
tica contra el hombre a quien la voz pública acusaba de ser 
el autor de tantos desastres. Pero la oposición sindicó al 


— 314 — 


gobierno de complicidad en el crimen, por haber sido sus 
agentes quienes lo consumaron; se habló de que se había 
suprimido a Daza para evitar revelaciones que pudieran com- 
prometer.a personajes' del régimen imperante. 

No habían transcurrido dos años desde que Baptista se 
posesionó del mando, cuando ya se agitaban los círculos go- 
biernistas, pensando en la renovación del Ejecutivo y hasta 
se perfilaban las figuras de los posibles candidatos. Las 
aspiraciones y los intereses de círculo señalaban a D. Luis 
Paz y a.D. Severo Fernández Alonso, ambos miembros del 
gabinete, como probables sucesores del presidente, que no 
había llegado ni a la mitad de su período. Fenómeno extra- 
ordinario éste, que se ha presentado más de una vez en Bo- 
livia y que demuestra que la política ha sido siempre la 
principal, si no la única, preocupación de las gentes, como 
que es el más fácil y seguro de los medios de vida. Esta 
preocupación no excluye ni aun a los comerciantes, a los 
industriales, a los que ejercen profesiones liberales y a los 
hombres de negocios, porque se trata de un país donde to- 
das las actividades se relacionan en mayor o menor grado 
con la acción del gobierno, especialmente durante ciertas 
épocas. Las postrimerías de la “oligarquía conservadora" 
marcaron una de ellas. 

El partido opositor había sufrido un colapso por el re- 
tiro del general Camacho, cuyas discrepancias de criterio 
con el grupo avanzado de 'la juventud liberal se ahondaron 
cada día más. También había división en las filas gubiernis- 
tas. El grupo de Fernández Alonso era partidario de la re- 
novación y simpatizaba con el elemento liberal impaciente o 
descontento. En tales circunstancias se reunió en Sucre, ba- 
jo la presidencia del viejo: general Campero, una conven- 
ción del partido liberal, que designó jefe y candidato al co- 
ronel José Manuel Pando. Próximo el acto electoral de 1896, 
Alonso consiguió unificar la opinión del partido constitucio- 
nal en favor de su nombre. 

Bajo la consabida presión de las autoridades, triunfó 
Alonso por escaso margen sobre su contendor liberal, cuya 
popularidad era notoria. Baptista entregó el poder como 
quien cede un turno, como quien realiza un acto sin tras- 
cendencia. Había hecho un gobierno de bandería, “inepto e 
infecundo”, como lo calificó uno de sus propios partidarios. 
“Descendió del poder sin dejar nada durable”, ha dicho de 
él Alcides Arguedas. 


— 315 — 


5. PRESIDENCIA DE ALONSO Y CAIDA DEL 
PARTIDO CONSERVADOR. 


El dominio de los gobiernos conservadores de la era de 
la plata llegaba a su término. Fueron gobiernos civiles y, 
en cierto modo, honrados, porque ninguno de sus caudillos 
había caído bajo la sindicación de malversación o peculado. 
El último de sus representantes fue D. Severo Fernández 
Alonso, espíritu apacible y lleno de buenas intenciones, des- 
tinado a ser la víctima propiciatoria de los errores y violen- 
cias de sus predecesores. Las pasiones regionalistas serían 
el pretexto para un movimiento subversivo que, en el fon- 
do, tenía raíces liberales, pero que fue precipitado por la 
relajación de los resortes gubernativos en la dirección de la 
política. La debilidad de Alonso y la incapacidad de algunos 
de los hombres que le rodeaban, crearon una situación que 
culminó con los horrores de la guerra civil, iniciada bajo 
la bandera federalista, como pudo iniciarse con otro pre- 
texto. Las rivalidades lugareñas entre el norte y el sur de 
la república no se habían exasperado nunca al extremo de 
provocar un conflicto grave. Pero el estado de conmoción 
en que se encontraba el país a fines de 1898 era tal, que la 
agitación regionalista sirvió de causa determinante para 
desencadenar el rompimiento. 

Las elecciones municipales de 1897 habían dado el 
triunfo al partido liberal en muchos distritos de la repúbli- 
ca. Pero en La Paz había surgido un incidente agravado por 
la intransigencia de las autoridades, que impidieron la insta- 
lación del concejo municipal, incidente que degeneró en 
asonada y exaltó los ánimos. Con ese motivo se planeó un 
viaje del personal del gobierno a La Paz, que fue impedido 
por la oposición del vecindario de la capital, celoso de las 
prerrogativas de Sucre como sede de los poderes del Esta- 
do. Al mismo tiempo se proyectó una ley que impusiera la 
obligación de que el Poder Ejecutivo residiera permanente- 
mente en la capital. La iniciativa se presentó en el Congre- 
so de 1898, con el nombre de “ley de radicatoria”. Fue la 
señal para la iniciación de las hostilidades. 

Aquella medida era sin duda imprudente y casi consti- 
tuía un desafío a La Paz. Los esfuerzos de Alonso para evi- 
tar que se la llevara adelante fueron evidentes, aunque les 
faltó decisión. Luego se vio arrastrado a promulgar la ley. 
La representación congresal de La Paz abandonó sus ban- 


— 316 — 


cas y se retiró de Sucre, después de haber planteado la or- 
ganización federal del país. La ciudad norteña, entre tanto, se 
hallaba convulsionada y, presidida por la municipalidad, se 
declaró tumultuariamente por la federación, arrastrando a la 
autoridad política y a la fuerza armada. Los partidos fra- 
ternizaron, bien que notándose desde un principio que pre- 
dominaba el elemento liberal. 


La llegada a La Paz de los representantes por el depar-* 
tamento que habían desertado el Congreso, fué celebrada 
con enorme entusiasmo. A poco se organizaba una junta de 
gobierno presidida por el coronel Pando que, como senador 
por Chuquisaca, había prometido a Alonso que evitaría la 
escisión, pero que se vió arrastrado por la corriente general 
de sus conterráneos y seguramente vislumbró que .él levan- 
tamiento federalista podía ser el camino del cambio políti- 
co que su partido buscaba y por el cual había luchado ince- 
santemente. Integraban esa junta D. Macario Pinilla, ex mi- 
nistro de Alonso y D. Serapio Reyes Ortíz, que acababa de 
dejar la prefectura. 


La idea federal era un señuelo y un recurso de circuns- 
tancias, aunque en épocas pasadas no había faltado inicia- 
tivas y tendencias en ese sentido. Lo que primaba ahora era 
el interés político, poderosamente favorecido por el senti- 
miento localista. En todos los tiempos los gobiernos habían 
tenido la costumbre de residir temporalmente en diferentes 
ciudades y de convocar al Congreso para que se reuniera 
alternativamente en el sur, en el norte o en el centro del' 
país. La Paz había sido siempre la urbe más populosa y de 
mayor importancia comercial; por tanto, reclamaba sin ce- 
sar la atención de sus necesidades. El regionalismo, además, 
era un sentimiento arraigado en los distintos centros de la 
república, con la persistencia de un achaque propio de orga- 
nismos dispersos, en que falta la cohesión, que es fruto de 
las comunicaciones fáciles y del conocimiento recíproco. El 
particularismo, por otra parte, es herencia española que só- 
lo se combate con una intensa política de vinculación. Los 
factores económicos tampoco erañ extraños en el antago- 
nismo entre el norte y el sur. Y lo que no pudo hacerse 
en quince años de lucha partidista por eliminar el dominio 
conservador, se consiguió fácilmente, aunque no sin sacrifi- 
cad sangrientos, moviendo el resorte de los sentimientos 
locales. 


— 317 —= 


Alonso se puso en campaña, a la cabeza del ejército, y 
La Paz se aprestó a la defensa, organizando tropas y obte- 
niendo armamentos en el Perú. La perplejidad y consiguien- 
te indecisión del gobierno dio lugar a que el movimiento co- 
brase impulso. La ineptitud del comando militar, por una 
parte, y por otra su falta de energía, determinaron la de- 
rrota final en el combate del Crucero de Paria, que obligó a 
Alonso a tomar el camino del destierro y a trasladarse por 
ferrocarril a Antofagasta, acompañado de algunas personas 
de su séquito. 

No es nuestro propósito ingresar al examen de las ope- 

raciones militares ni analizar los detalles de la campaña, en 
la que no faltaron episodios espeluznantes, provocados por 
la imprevisión con que fueron lanzados a la contienda algu- 
nos elementos de la población autóctona, ignorante e indis- 
ciplina. Era una guerra civil, que en todos los tiempos y 
países ha sido siempre la forma de guerra más feroz y des- 
piadada. 
Se cuenta que D. Aniceto Arce, el viejo caudillo conser- 
vador que, desde su retiro de los alrededores de Sucre, ha- 
bía seguido los acontecimientos, exclamó al saber la noticia 
de la derrota de los suyos, refiriéndose a Alonso: “Tenía 
que ser. Ha faltado el hombre”. Era cierto que había falta- 
do el hombre, pero también habían cambiado las circuns- 
tancias. Al partido conservador le había llegado su hora. 

El triunfo de la revolución federalista fue recibido por 
el país como el triunfo del partido liberal, si bien éste aco- 
gió en sus filas a los elementos conservadores de La Paz, 
que habían contribuido poderosamente al derrocamiento de 
su propio partido. Los fenómenos políticos y sociales son a 
veces tan complejos, que parecen determinados, más que 
por la voluntad de los hombres, por factores que se ha con- 
venido en llamar imponderables. Se sabe cómo empiezan las 
conmociones populares, pero se ignora cómo terminan. El 
plan federalista no tardó en ser abandonado y el regionalis- 
mo quedó contenido, sin necesidad de arrebatarle a Sucre 
la capitalidad, pero en el hecho el gobierno se instaló en 
La Paz por razones de fuerza mayor que nadie se atrevió a 
discutir. La consecuencia indudable de los sucesos fué la 
implantación de otro régimen, que importaba renovación en 
la dirección de la política y algún cambio de ideología, pero 
sin variación fundamental en los procedimientos. En nada 
estorbaban los principios para una evolución de ese género. 


— 318 — 


La gestión del partido conservador no había sido buena ni 
mala, sino lo que debió ser: el fruto de un ciclo histórico y 
de un momento económico y social en que fue lógica la pre- 
ponderancia de una clase enriquecida por las minas del sur. 
La figura de D. Aniceto Arce salvó ese período de la inocui- 
dad a que lo condenaban el. estado general del país y lo 
incipiente de su desarrollo en todos los órdenes. La alter- 
nabilidad de los -partidos en el poder se realizaba, como 
desde entonces se ha realizado siempre en Bolivia: por me- 
dios violentos e ilegales, porque el grado de progreso ¡insti- 
tucional, como en muchos otros pueblos del continente, to- 
davía no permite que esa alternabilidad tenga origen en la 
libertad del sufragio y en la voluntad popular. Los simula- 
cros electorales sólo permiten trasmitir el poder a hombres 
del mismo bando. 


Si en el orden material Bolivia había dado algunos pa- 
sos adelante, especialmente bajo el impulso de Arce, en el 
cultural no había avanzado gran cosa. La educación seguía 
los rumbos rutinarios de siempre y e! progreso intelectual 
se limitaba a las polémicas de prensa sobre tópicos doctri- 
narios teóricos, cuando a ello daban lugar las disputas po- 
líticas, generalmente de “carácter mezquinamente persona- 
lista. Sin embargo, en este período iniciaron su obra algu- 
nos de los escritores más notables que ha tenido el país en 
todos los tiempos, entre los que sobresalen Gabriel René 
Moreno y Ricardo Jaimes Freyre. 


En lo económico el país había recibido poco incremen- 
to. El presupuesto nacional fluctuaba alrededor de siete mi- 
llones de pesos bolivianos, lo que era algo, si se considera 
que las aduanas del sur estaban intervenidas por Chile. 


— 319 — 


CAPITULO XIV 
EL PARTIDO LIBERAL EN EL PODER 


1.— Gobierno de Pando y revolución separatista del Acre.— 
2.— Montes y el tratado de paz con Chile.— 3.— Gobierno 
de D. Eliodoro Villazón y segunda presidencia de Montes.— 
4.— Gutiérrez Guerra y la caída del régimen liberal.— 


1. GOBIERNO DE PANDO Y REVOLUCION 
SEPARATISTA DEL ACRE. 


Ya hemos dicho que la idea federalista era sólo una 
bandera para acarrear popularidad a la guerra civil. Venci- 
do el gobierno de Alonso y derrocado el partido conserva- 
dor, que se llamaba también “constitucional”, el liberalismo 
se hizo dueño de la situación en toda la república, nombró 
autoridades y convocó a elecciones para una convención 
nacional. Antes de que se reuniera la asamblea, en las pro- 
pias filas del partido triunfante surgió la divergencia de cri- 
terio con relación a la conveniencia de llevar a cabo la re- 
forma proyectada, o sea la de transformar la organización 
política del país y adoptar el sistema federal. Aun recono- 
ciendo en éste “la última palabra de la ciencia política” y 
dando por aceptado que él encierra “la esencia del gobierno 
propio”, como tantas veces se ha dicho, los próceres del 
partido triunfante empezaron a emitir opiniones francamen- 
te contrarias a su implantación. Entre esas opiniones, una 


— 321 — 


de las de mayor peso fue la de D. Ismael Montes, expre- 
sada en artículos de prensa publicados a principios de 1899, 
que sostenían, después de atinadas reflexiones sobre de- 
mografía, riqueza pública y unidad nacional, que no era “pa- 
triótico ni discreto abandonar la forma de gobierno unita- 
rio por adoptar el régimen federal, todavía inadecuado para 
Bolivia”. El criterio de este prestigioso caudillo de la re- 
volución quedó condensado en estas palabras, cuyo sentido 
acabó por imponerse: “Bolivia necesita reconstruir sus fuer- 
zas, antes de abordar innovaciones radicales... Es conve- 
niente eliminar del debate una cuestión que puede compro- 
meter el porvenir del país y detener su desarrollo...” Igua- 
les o semejantes eran las ideas del coronel Pando, jefe del 
partido liberal y comandante del ejército vencedor. 

Solamente después de prolongadas y rudas controver- 
sias, la convención nacional resolvió mantener el régimen 
unitario. La misma asamblea nombró presidente de la repú- 
blica al coronel Pando, ascendido a general. 

El gobierno se vio, desde el primer momento, embar- 
gado por cuestiones graves que reclamaron sus cuidados y 
consumieron gran parte de las rentas nacionales, al mismo 
tiempo que estaba obligado a afrontar la reorganización del 
país, hondamente sacudido por el cambio político. Empezó 
por levantar el censo general de la república, medida indis- 
pensable para iniciar cualquier reforma social y económica 
sobre bases positivas. Esa operación estadística, realizada 
en 1900, se dio la cifra de un millón y ochocientos mil habi- 
tantes. Se construyó la vía férrea de Guaqui a La Paz, con 
fondos nacionales, habilitando una nueva ruta para el tráfi- 
co internacional, en conexión con la línea de vapores del 
lago Titicaca y con los ferrocarriles del sur del Perú. Este 
desahogo abierto al comercio, independizaba en parte el nor- 
te de la república de la servidumbre que le imponía el trán- 
sito a través de los puertos chilenos o situados en territorio 
ocupado por Chile. 

Con el cambio de gobierno se operó un verdadero remo- 
zamiento de las energías nacionales, que no tardó en dar 
frutos, en forma paulatina, pero firme. El comercio y la in- 
dustria tomaron incremento apreciable. Las cifras de las ex- 
portaciones e importaciones empezaron a crecer notable- 
mente. Todos estos fenómenos eran sin duda el resultado 
de factores económicos favorables y quizá debían operarse 
fatalmente, dentro de las leyes de la evolución, pero coinci- 


— 322 — 


dieron con el advenimiento del nuevo orden de cosas y con- 
tribuyeron a que éste inaugurase una época de desarrollo 
general y de progreso. Aunque la crisis de la plata'se pro- 
dujo al mismo tiempo y las exportaciones de goma elástica 
sufrieron un colapso, debido a sucesos que luego han de re- 
latarse, en cambio se inició la era del estaño, que dura hasta 
nuestros días y que ha operado una verdadera revolución 
en la economía boliviana. Las altas cotizaciones de este me- 
tal, así como lás del cobre, tonificaron pronto las finanzas 
y dieron desarrollo inusitado a las industrias extractivas, 
con la influencia natural en la marcha de los negocios pú- 
blicos y privados. De veintisiete millones de pesos bolivia- 
nos que sumaban las exportaciones en 1898, subieron a más 
de cincuenta y cinco millones en 1906, lo que quiere decir 
que se duplicaron en algo más de un lustro. Las importacio- 
nes siguieron un crecimiento paralelo. La depreciación de la 
plata fue un grave contratiempo, que pudo tener repercusio- 
nes catastróficas, si el auge del estaño no hubiera venido 
a reemplazar aquel importante aporte de la riqueza nacional. 
El estaño se explotó en Bolivia desde la época de la: colo- 
nia y, durante el período republicano, siguió explotándose en 
modesta escala, como derivación del beneficio de la plata. 
Desde 1892 la producción boliviana de estaño alcanzó cier- 
ta importancia y en 1900 subió a cerca de diez mil toneladas 
de metal fino, para luego duplicarse en menos de diez años. 
En los primeros tiempos del régimen liberal la cotización 
fluctuó alrededor de 125 libras esterlinas. por tonelada, y 
pronto Bolivia llegó a ocupar el' segundo lugar en la produc- 
ción mundial, después de los estrechos de Malaya. La eco- 
nomía del país estaba salvada. 


Ya sabemos cómo y en qué condiciones fue firmado y 
aprobado el pacto de límites con el Brasil, en 1867, durante 
la funesta administración de Melgarejo. La parte más grave 
da ese tratado fue la renuncia que hizo Bolivia a sus dere- 

's sobre la margen occidental del río Paraguay, en la re- 
gión limítrofe con el Brasil, así como a la mitad superior del 
río Madera, es decir, a sus dos únicas salidas al Atlántico. 
Antes de ese arreglo, que fue obra' de la ignorancia de los 
derechos tradicionales del país por parte de sus negociado- 
res, es sabido que los explotadores de la goma elástica en 
el alto Madera eran en su mayoría bolivianos. La primera ten- 
tativa de demarcación de fronteras, en cumplimiento del 
tratado, se realizó en 1870, mediante la colocación del hito 


— 323 — 


4. BAPTISTA. 


Hemos visto actuar a Baptista desde su juventud en las 
filas del partido rojo, luchando contra los despotismos y com- 
batiendo por el imperio de la legalidad, sin tregua ni des- 
canso. Había pertenecido, sin embargo, al linarismo, que 
fue una dictadura desembozada, y ahora llegaba al gobierno 
por medio de procedimientos que no estaban en consonan- 
cia con las doctrinas que había defendido siempre. La vida 
de los hombres públicos, no solamente en Bolivia sino en to- 
das partes, presenta a veces estas extrañas y desconcertan- 
tes paradojas. Tratándose de Baptista hay que pensar que 
alguna razón íntima y grave le conducía a tales extremos, 
que necesariamente habían de mellar sus prestigios de re- 
público intachable. Su linarismo pudo tener la disculpa de 
la juventud y de las buenas intenciones. Su actitud de 1892 
quizá pueda explicarse por el apasionamiento a que le ha- 
bía arrastrado su posición doctrinal. Era el abanderado del 
catolicismo en la lucha de principios que libraba contra las 
avanzadas radicales y tal vez pensaba que, ante el peligro 
en que-se hallaba su fe, todas las armas eran buenas para 
reducir el enemigo. 

Aunque encarnizadamente combatido por el partido opo- 
sitor, Baptista merecía respeto por los servicios prestados 
al país en el orden internacional. Regresaba de una misión 
diplomática en la República Argentina, donde había conse- 
guido la aprobación congresal del tratado de límites celebra- 
do por D. Santiago Vaca Guzmán, que liquidó la cuestión 
de Tarija, bajo la orientación que el mismo Baptista le im- 
primiera desde el ministerio de Relaciones Exteriores. Tam- 
bién acababa de desempeñar la representación de Bolivia en 
el Paraguay,: fundamentando sólidamente las reclamaciones - 
reivindicatorias sobre el territorio del Chaco. Su fama de 
gran orador contribuía grandemente a consolidar su presti- 
gio, en un país donde las galas verbales lo pueden todo 
en la política. Muy trabajada debía de estar por el partido 
liberal la opinión pública, para haber podido equilibrar la ci- 
fra de sufragios en la elección presidencial y triunfar en mu- 
chos distritos en la elección parlamentaria. No era fácil me- 
dirse con un adversario como el “mago”, como se nombra- 
ba a Baptista, tanto por el poder seductor de su palabra 
cuanto por su habilidad en el manejo de las artes políticas. 
La oposición había logrado reunir a los elementos liberales 


— 312 — 


y a los demócratas de Pacheco. Si bien se habían presenta- 
do a la elección presidencial como fuerzas separadas, aun- 
que afines en el propósito de combatir al gobierno, compren- 
dieron la inconveniencia de dividir sus elementos y se alia- 
ron para la elección de congresistas. El resultado había si- 
do la mayoría que el gobierno destruyó con el golpe del 5 
de agosto. 

Bien pudo ser que el partido liberal hubiera conspira- 
do una: vez más, como conspiró durante todo el gobierno de 
Arce, pero cabe preguntarse si para conjurar el peligro de 
una subversión era necesario disolver el sector parlamen- 
tario opositor y desterrar a sus miembros. La lógica parece 
indicar que las más minuciosas precauciones pudieron to- 
marse, sin comprender a la representación nacional, bajo el 
pretexto de que "el estado de sitio no cobija inmunidades”. 

Las medidas preventivas del gobierno fueron demasia- 
do lejos y tuvieron los caracteres de un golpe de estado 
contra el Congreso, para anular su acción e impedir el ejer- 
cicio de sus facultades constitucionales. 

Lo curioso del caso fue que Baptista, a raíz de estos 
sucesos, publicó una circular dirigida a los prefectos, “lla- 
mande al pueblo boliviano a la unión y a la concordia”. Con 
anterioridad a su investidura había procurado entenderse 
con los liberales, ofreciéndoles participación en el gobier- 
no, participación que éstos no aceptaron, proponiendo en cam- 
bio, reconocer la elección presidencial, siempre que no se 
obstaculizara el ingreso de los representantes opositores 
elegidos y que se castigaran los excesos cometidos por las 
autoridades en diversos distritos. La respuesta a esta pro- 
posición fue el atropello del 5 de agosto. 

No hizo el tribuno una administración que estuviera a 
la altura de sus prestigios intelectuales, quizá porque llegó 
al poder con el pecado original del estado de sitio y de la 
violencia contra el Congreso. El rencor de los opositores 
fue implacable, a pesar de los esfuerzos de apaciguamien- 
to que se intentaron, entre ellos una gestión de las damas 
de La Paz, para aliviar la situación de los confinados a lu- 
gares inclementes, que el gobierno acogió, en demostra- 
ción de su buena voluntad. La violencia de la campaña opo- 
sitora se desencadenó por todos los medios que tenía a su 
alcance y, aun después de que se permitió el regreso de los 
confinados y expatriados, la lucha siguió sin tregua. Por lo 
demás, ese gobierno transcurrió sin más hechos notorios 


e 


que el principio de la rivalidad regional entre el norte y el 
sur (con motivo de las disputas a que dio lugar la convoca- 
toria del Congreso a la ciudad de La Paz en 1893) y el ase- 
sinato del general Hilarión Daza, que regresaba al país con 
el objeto ostensible de asumir su defensa por las acusacio- 
nes que se le hacían desde la guerra del Pacífico, aunque el 
gobierno sospechaba que alimentaba el propósito de inter- 
venir en política. 

También durante el gobierno Baptista se firmaron con 
Chile los célebres tratados de 1895, célebres porque ten- 
dían a resolver satisfactoria y equitativamente el problema 
de la salida al mar para Bolivia y porque sentaron un pre- 
cedente valioso en el terreno jurídico, bien que la intención 
de Chile, al suscribirlos, no hubiera sido otra que la de ador- 
mecer a Bolivia, en momentos de dificultades en las rela- 
ciones chileno-argentinas. Esos tratados fueron dos: uno Je 
paz y comercio y otro de transferencia territorial. A cambio 
de restablecer el régimen pacífico y de adquirir la soberanía 
del litoral boliviano, Chile se comprometió, por esos pactos, 
a asegurar a Bolivia un puerto en el Pacifico, en condicio- 
nes apropiadas y suficientes a las necesidades de su comer- 
cio. La base fundamental de la obligación que contraía Chi- 
le era la adquisición del puerto de Arica, cuyo dominio es- 
taba pendiente, para transferirlo a Bolivia, En caso de que 
no pudiera adquirirlo por arreglo con el Perú o por medio 
del plebiscito que estaba previsto, daría a Bolivia, indefec- 
tiblemente, un puerto al norte de su territorio. El convenio 
fue celebrado sobre la base del reconocimiento de la nece- 
sidad vital y superior de Bolivia. Pero es sabido que una 
vez que cambiaron las circunstancias y desapareció para 
Chile el peligro de un conflicto con la República Argentina, 
los tratados de 1895 fueron olvidados por el gobierno de 
Santiago. 

Nunca se ha esclarecido completamente la verdadera 
causa del asesinato del general Daza, victimado en Uyuni 
por la escolta que debía conducirlo a Sucre, para ser juzga- 
do. El proceso que se organizó contra los autores del hecho 
no dio otro resultado que el de la condena de éstos, sin que 
se les hubiera arrancado ninguna declaración que diera luz 
sobre el origen del atentado. Dijeron haber obrado a impul- 
sos de sentimientos de odio personal o por reacción patrió- 
tica contra el hombre a quien la voz pública acusaba de ser 
el autor de tantos desastres. Pero la oposición sindicó al 


— H — 


gobierno de complicidad en el crimen, por haber sido sus 
agentes quienes lo consumaron; se habló de que se había 
suprimido a Daza para evitar revelaciones que pudieran com- 
prometer.a personajes del régimen imperante. 

No habían transcurrido dos años desde que Baptista se 
posesionó del mando, cuando ya se agitaban los círculos go- 
biernistas, pensando en la renovación del Ejecutivo y hasta 
se perfilaban las figuras de los posibles candidatos. Las 
aspiraciones y los intereses de círculo señalaban a D. Luis 
Paz y a D. Severo Fernández Alonso, ambos miembros del 
gabinete, como probables sucesores del presidente, que no 
había llegado ni a la mitad de su período. Fenómeno extra- 
ordinario éste, que se ha presentado más de una vez en Bo- 
livia y que demuestra que la política ha sido siempre la 
principal, si no la única, preocupación de las gentes, como 
que es el más fácil y seguro de los medios de vida. Esta 
preocupación no excluye ni aun a los comerciantes, a los 
industriales, a los que ejercen profesiones liberales y a los 
hombres de negocios, porque se trata de un país donde to- 
das las actividades se relacionan en mayor o menor grado 
con la acción del gobierno, especialmente durante ciertas 
épocas. Las postrimerías de la “oligarquía conservadora” 
marcaron una de ellas. 

El partido opositor había sufrido un colapso por el re- 
tiro del general Camacho, cuyas discrepancias de criterio 
con el grupo avanzado de la juventud liberal se ahondaron 
cada día más. También había división en las filas gubiernis- 
tas. El grupo de Fernández Alonso era partidario de la re- 
novación y simpatizaba con el elemento liberal impaciente o 
descontento. En tales circunstancias se reunió en Sucre, ba- 
jo la presidencia del viejo: general Campero, una conven- 
ción del partido liberal, que designó jefe y candidato al co- 
ronel José Manuel Pando. Próximo el acto electoral de 1896, 
Alonso consiguió unificar la opinión del partido constitucio- 
nal en favor de su nombre. 

Bajo la consabida presión de las autoridades, triunfó 
Alonso por escaso margen sobre su contendor liberal, cuya 
popularidad era notoria. Baptista entregó el poder como 
quien cede un turno, como quien realiza un acto sin tras- 
cendencia. Había hecho un gobierno de bandería, “inepto e 
infecundo”, como lo calificó uno de sus propios partidarios. 
“Descendió del poder sin dejar nada durable”, ha dicho de 
él Alcides Arguedas. , 


Uh 


a | | 


5. PRESIDENCIA DE ALONSO Y CAIDA DEL 
PARTIDO CONSERVADOR.. 


El dominio de los gobiernos conservadores de la era de 
la plata llegaba a su término. Fueron gobiernos civiles y, 
en cierto modo, honrados, porque ninguno de sus caudillos 
había caído bajo la sindicación de malversación o peculado. 
El último de sus representantes fue D. Severo Fernández 
Alonso, espíritu apacible y lleno de buenas intenciones, des- 
tinado a ser la víctima propiciatoria de los errores y violen- 
cias de sus predecesores. Las pasiones regionalistas serían 
el pretexto para un movimiento subversivo que, en el fon- 
do, tenía raíces liberales, pero que fue precipitado por la 
relajación de los resortes gubernativos en la dirección de la 
política. La debilidad de Alonso y la incapacidad de algunos 
de los hombres que le rodeaban, crearon una situación que 
culminó con los horrores de la guerra civil, iniciada bajo 
la bandera federalista, como pudo iniciarse con otro pre- 
texto. Las rivalidades lugareñas entre el norte y el sur de 
la república no se habían exasperado nunca al extremo de 
provocar un conflicto grave. Pero el estado de conmoción 
en que se encontraba el país a fines de 1898 era tal, que la 
agitación regionalista sirvió de causa determinante para 
desencadenar el rompimiento. 

Las elecciones municipales de 1897 habían dado el 
triunfo al partido liberal en muchos distritos de la repúbli- 
ca. Pero en La Paz había surgido un incidente agravado por 
la intransigencia de las autoridades, que impidieron la insta- 
lación del concejo municipal, incidente que degeneró en 
asonada y exaltó los ánimos. Con ese motivo se planeó un 
viaje del personal del gobierno a La Paz, que fue impedido 
por la oposición del vecindario de la capital, celoso de las 
prerrogativas de Sucre como sede de los poderes del Esta- 
do. Al mismo tiempo se proyectó una ley que impusiera la 
obligación de que el Poder Ejecutivo residiera permanente- 
mente en la capital. La iniciativa se presentó en el Congre- 
so de 1898, con el nombre de "ley de radicatoria”. Fue la 
señal para la iniciación de las hostilidades. 

Aquella medida era sin duda imprudente y casi consti- 
tuía un desafío a La Paz. Los esfuerzos de Alonso para evi- 
tar que se la llevara adelante fueron evidentes, aunque les 
faltó decisión. Luego se vio arrastrado a promulgar la ley. 
La representación congresal de La Paz abandonó sus ban- 


— 316 — 


cas y se retiró de Sucre, después de haber planteado la or- 
ganización federal del país. La ciudad norteña, entre tanto, se 
hallaba convulsionada y, presidida por la municipalidad, se 
declaró tumultuariamente por la federación, arrastrando a la 
autoridad política y a la fuerza armada. Los partidos fra- 
ternizaron, bien que notándose desde un principio que pre- 
dominaba el elemento liberal. 


La llegada a La Paz de los representantes por el depar-' 
tamento que habían desertado el Congreso, fué celebrada 
con enorme entusiasmo. Á poco se organizaba una junta de 
gobierno presidida por el coronel Pando que, como senador 
por Chuquisaca, había prometido a Alonso que evitaría la 
escisión, pero que se vió arrastrado por la corriente general 
de sus conterráneos y seguramente vislumbró que .el levan- 
tamiento federalista podía ser el camino del cambio políti- 
co que su partido buscaba y por el cual había luchado ince- 
santemente. Integraban esa junta D. Macario Pinilla, ex mi- 
nistro de Alonso y D. Serapio Reyes Ortíz, que acababa de 
dejar la prefectura. 


La idea federal era un señuelo y un recurso de circuns- 
tancias, aunque en épocas pasadas no había faltado inicia- 
tivas y tendencias en ese sentido. Lo que primaba ahora era 
el interés político, poderosamente favorecido por el senti- 
miento localista. En todos los tiempos los gobiernos habían 
tenido la costumbre de residir temporalmente en diferentes 
ciudades y de convocar al Congreso para que se reuniera 
alternativamente en el sur, en el norte o en el centro del' 
país. La Paz había sido siempre la urbe más populosa y de 
mayor importancia comercial; por tanto, reclamaba sin ce- 
sar la atención de sus necesidades. El regionalismo, además, 
era un sentimiento arraigado en los distintos centros de la 
república, con la persistencia de un achaque propio de orga- 
nismos dispersos, en que falta la cohesión, que es fruto de 
las comunicaciones fáciles y del conocimiento recíproco. El 
particularismo, por otra parte, es herencia española que só- 
lo se combate con una intensa política de vinculación. Los 
factores económicos tampoco eran extraños en el antago- 
nismo entre el norte y el sur. Y lo que no pudo hacerse 
en quince años de lucha partidista por eliminar el dominio 
conservador, se consiguió fácilmente, aunque no sin sacrifi- 
cios sangrientos, moviendo el resorte de los sentimientos 
locales. 


— 317 — 


P m 


Alonso se puso en campaña, a la cabeza del ejército, y 
La Paz se aprestó a la defensa, organizando tropas y obte- 
niendo armamentos en el Perú. La perplejidad y consiguien- 
te indecisión del gobierno dio lugar a que el movimiento co- 
brase impulso. La ineptitud del comando militar, por una 
parte, y por otra su falta de energía, determinaron la de- 
rrota final en el combate del Crucero de Paria, que obligó a 
Alonso a tomar el camino del destierro y a trasladarse por 
ferrocarril a Antofagasta, acompañado de algunas personas 
de su séquito. 

No es nuestro propósito ingresar al examen de las ope- 
raciones militares ni analizar los detalles de la campaña, en 
la que no faltaron episodios espeluznantes, provocados por 
la imprevisión con que fueron lanzados a la contienda algu- 
nos elementos de la población autóctona, ignorante e indis- 
ciplina. Era una guerra civil, que en todos los tiempos y 
países ha sido siempre la forma de guerra más feroz y des- 
piadada. 

Se cuenta que D. Aniceto Aree, el viejo caudillo conser- 
vador que, desde su retiro de los alrededores de Sucre, ha- 
bía seguido los acontecimientos, exclamó al saber la noticia 
de la derrota de los suyos, refiriéndose a Alonso: “Tenía 
que ser. Ha faltado el hombre”. Era cierto que había falta- 
do el hombre, pero también habían cambiado las circuns- 
tancias. Al partido conservador le había llegado su hora. 

El triunfo de la revolución federalista fue recibido por 
el país como el triunfo del partido liberal, si bien éste aco- 
gió en sus filas a los elementos conservadores de La Paz, 
que habían contribuido poderosamente al derrocamiento de 
su propio partido. Los fenómenos políticos y sociales son a 
veces tan complejos, que parecen determinados, más que 
por la voluntad de los hombres, por factores que se ha con- 
venido en llamar imponderables. Se sabe cómo empiezan las 
conmociones populares, pero se ignora cómo terminan. El 
plan federalista no tardó en ser abandonado y el regionalis- 
mo quedó contenido, sin necesidad de arrebatarle a Sucre 
la capitalidad, pero en el hecho el gobierno se instaló en 
La Paz por razones de fuerza mayor que nadie se atrevió a 
discutir. La consecuencia indudable de los sucesos fué la 
implantación de otro régimen, que importaba renovación en 
la dirección de la política y algún cambio de ideología, pero 
sin variación fundamental en los procedimientos. En nada 
estorbaban los principios para una evolución de ese género. 


— 318 — 


La gestión del partido conservador no había sido buena ni 
mala, sino lo que debió ser: el fruto de un ciclo histórico y 
de un momento económico y social en que fue lógica la pre- 
ponderancia de una clase enriquecida por las minas del sur. 
La figura de D. Aniceto Arce salvó ese período de la inocui- 
dad a que lo condenaban el estado general del país y lo 
incipiente de su desarrollo en todos los órdenes. La alter- 
nabilidad de los -partidos en el poder se realizaba, como 
desde entonces se ha realizado siempre en Bolivia: por me- 
dios violentos e ilegales, porque el grado de progreso ¡insti- 
tucional, como en muchos otros pueblos del continente, to- 
davía. no permite que esa alternabilidad tenga origen en la 
libertad del sufragio y en la voluntad popular. Los simula- 
cros electorales sólo permiten trasmitir el poder a hombres 
del mismo bando. 


Si en el orden material Bolivia había dado algunos pa- 
sos adelante, especialmente bajo el impulso de Arce, en el 
cultural no había avanzado gran cosa. La educación seguía 
los rumbos rutinarios de siempre y e! progreso intelectual 
se limitaba a las polémicas de prensa sobre tópicos doctri- 
narios teóricos, cuando a ello daban lugar las disputas po- 
líticas, generalmente de “carácter mezquinamente persona- 
lista. Sin embargo, en este período iniciaron su obra algu- . 
nos de los escritores más notables que ha tenido el país en 
todos los tiempos, entre los que sobresalen Gabriel René 
Moreno y Ricardo Jaimes Freyre. 


En lo económico el país había recibido poco incremen- 
to. El presupuesto nacional fluctuaba alrededor de siete mi- 
llones de pesos bolivianos, lo que era algo, si se considera 
que las aduanas del sur estaban intervenidas por Chile. 


— 319 — 


CAPITULO XIV 
EL PARTIDO LIBERAL EN EL PODER 


1.— Gobierno de Pando y revolución separatista del Acre.— 
2.— Montes y el tratado de paz con Chile.— 3.— Gobierno 
de D. Eliodoro Villazón y segunda presidencia de Montes.— 
4.— Gutiérrez Guerra y la caída del régimen liberal.— 


1. GOBIERNO DE PANDO Y REVOLUCION 
SEPARATISTA DEL ACRE. 


Ya hemos dicho que la idea féderalista era sólo una 
bandera para acarrear popularidad a la guerra civil. Venci- 
do el gobierno de Alonso y derrocado el partido conserva- 
dor, que se llamaba también “constitucional”, el liberalismo 
se hizo dueño de la situación en toda la república, nombró 
autoridades y convocó a elecciones para una convención 
nacional. Antes de que se reuniera la asamblea, en las pro- 
pias filas del partido triunfante surgió la divergencia de cri- 
terio con relación a la conveniencia de llevar a cabo la re- 
forma proyectada, o sea la de transformar la organización 
política del país y adoptar el sistema federal. Aun recono- 
ciendo en éste “la última palabra de la ciencia política” y 
dando por aceptado que él encierra “la esencia del gobierno 
propio”, como tantas veces se ha dicho, los próceres del 
partido triunfante empezaron a emitir opiniones francamen- 
te contrarias a su implantación. Entre esas opiniones, una 


— 321 — 


de las de mayor peso fue la de D. Ismael Montes, expre- 
sada en artículos de prensa publicados a principios de 1899, 
que sostenían, después de atinadas reflexiones sobre de- 
mografía, riqueza pública y unidad nacional, que no era “pa- 
triótico ni discreto abandonar la forma de gobierno unita- 
río por adoptar el régimen federal, todavía inadecuado para 
Bolivia”. El criterio de este prestigioso caudillo de la re- 
volución quedó condensado en estas palabras, cuyo sentido 
acabó por imponerse: “Bolivia necesita reconstruir sus fuer- 
zas, antes de abordar innovaciones radicales... Es conve- 
niente eliminar del debate una cuestión que puede compro- 
meter el porvenir del país y detener su desarrollo...” Igua- 
les o semejantes eran las ideas del coronel Pando, jefe del 
partido liberal y comandante del ejército vencedor. 

Solamente después de prolongadas y rudas controver- 
sias, la convención nacional resolvió mantener el régimen 
unitario. La misma asamblea nombró presidente de la repú- 
blica al coronel Pando, ascendido a general. 

El gobierno se vio, desde el primer momento, embar- 
gado por cuestiones graves que reclamaron sus cuidados y 
consumieron gran parte de las rentas nacionales, al mismo 
tiempo que estaba obligado a afrontar la reorganización del 
país, hondamente sacudido por el cambio político. Empezó 
por levantar el censo general de la república, medida indis- 
pensable para iniciar cualquier reforma social y económica 
sobre bases positivas. Esa operación estadística, realizada 
en 1900, se dio la cifra de un millón y ochocientos mil habi- 
tantes. Se construyó la vía férrea de Guaqui a La Paz, con 
fondos nacionales, habilitando una nueva ruta para el tráfi- 
co internacional, en conexión con la línea de vapores del 
lago Titicaca y con los ferrocarriles del sur del Perú. Este 
desahogo abierto al comercio, independizaba en parte el nor- 
te de la república de la servidumbre que le imponía el trán- 
sito a través de los puertos chilenos o situados en territorio 
ocupado por Chile. 

Con el cambio de gobierno se operó un verdadero remo- 
zamiento de las energías nacionales, que no tardó en dar 
frutos, en forma paulatina, pero firme. El comercio y la in- 
dustria tomaron incremento apreciable. Las cifras de las ex- 
portaciones e importaciones empezaron a. crecer notable- 
mente. Todos estos fenómenos eran sin duda el resultado 
de factores económicos favorables y quizá debían operarse 
fatalmente, dentro de las leyes de la evolución, pero coinci- 


— 322 — 


dieron con el advenimiento del nuevo orden de cosas y con- 
tribuyeron a que éste inaugurase una época de desarrollo 
general y de progreso. Aunque la crisis de la plata 'se pro- 
dujo al mismo tiempo y las exportaciones de goma elástica 
sufrieron un colapso, debido a sucesos que luego han de re- 
latarse, en cambio se inició la era del estaño, que dura hasta 
nuestros días y que ha operado una verdadera revolución 
en la economía boliviana. Las altas cotizaciones de este me- 
tal, así como lás del cobre, tonificaron pronto las finanzas 
y dieron desarrollo inusitado a las industrias extractivas, 
con la influencia natural en la marcha de los negocios pú- 
blicos y privados. De veintisiete millones de pesos bolivia- 
nos que sumaban las exportaciones en 1898, subieron a más 
de cincuenta y cinco millones en 1906, lo que quiere decir 
que se duplicaron en algo más de un lustro. Las importacio- 
nes siguieron un crecimiento paralelo. La depreciación de la 
plata fue un grave contratiempo, que pudo tener repercusio- 
nes catastróficas, si el auge del estaño no hubiera venido 
a reemplazar aquel importante aporte de la riqueza nacional. 
El estaño se explotó en Bolivia desde la época de la: colo- 
nia y, durante el período republicano, siguió explotándose en 
modesta escala, como derivación del beneficio de la plata. 
Desde 1892 la producción boliviana de estaño alcanzó cier- 
ta importancia y en 1900 subió a cerca de diez mil toneladas 
de metal fino, para luego duplicarse en menos de diez años. 
En los primeros tiempos del régimen liberal la cotización 
fluctuó alrededor de 125 libras esterlinas por tonelada, y 
pronto Bolivia llegó a ocupar el' segundo lugar en la produc- 
ción mundial, después de los estrechos de Malaya. La eco- 
nomía del país estaba salvada. 


Ya sabemos cómo y en qué condiciones fue firmado y 
aprobado el pacto de límites con el Brasil, en 1867, durante 
la funesta administración de Melgarejo. La parte más grave 
de ese tratado fue la renuncia que hizo Bolivia a sus dere- 

ss sobre la margen occidental del río Paraguay, en la re- 
gión limítrofe con el Brasil, así como a la mitad superior del 
río Madera, es decir, a sus dos únicas salidas al Atlántico. 
Antes de ese arreglo, que fue obra' de la ignorancia de los 
derechos tradicionales del país por parte de sus negociado- 
res, es sabido que los explotadores de la goma elástica en 
el alto Madera eran en su mayoría bolivianos. La primera ten- 
tativa de demarcación de fronteras, en cumplimiento del 
tratado, se realizó en 1870, mediante la colocación del hito 


— 323 — 


en Bahía Negra. En 1878 se fijó la posición de la confluen- 
cia del Beni y el Mamoré, punto de partida de la línea obli- 
cua a las nacientes del Yavarí, que debía cerrar la frontera 
por el noroeste, hasta el límite con el Perú. Diecisiete años 
después, en 1895, se reanudaron los trabajos de demarca- 
ción, lo que demuestra, sin necesidad de mayores comen- 
tarios, el poco interés que ponían los gobiernos para fijar 
y resguardar los confines del patrimonio territorial. 
Divergencias de criterio entre los miembros de la comi- 
sión mixta demarcadora, [el coronel Pando era el perito 
por parte de Bolivia), obligaron a suspender las operaciones 
hasta el año siguiente,de 1896, en que se fijaron por fin los 
marcos en los ríos Purús, Yacu y Aquirí o Acre. Por acción 
del comisario brasileño, que sembró la alarma en el estado 
de Amazonas, se empezó a decir entonces que había error 
en la demarcación de las nacientes del Yavarí y que tal 
error dejaba en poder de Bolivia una extensa y riquísima 
zona brasileña. El gobierno comprendió entonces que era ur- 
gente y necesario proceder a la ocupación de esos territo- 
rios, y nombró un delegado nacional que viajó por la vía de 
Manaos, mientras una pequeña guarnición tomaba posesión 
de la barraca Carmen, sobre el Acre, en 1898. Como la de- 
legación encontró serios tropiezos en la actitud de las au- 
toridades de Amazonas, a fines del mismo año el presiden- 
te Alonso dispuso que el ministro plenipotenciario en Río 
de Janeiro, D. José Paravicini, se trasladara al Acre y esta- 
bleciera autoridades aduaneras en el territorio démarcado. 
El tráfico de goma era intenso en la región y el fisco se veía 
defraudado por la exportación clandestina. A principios de 
1899, Paravicini fundó Puerto Alonso, sobre el río Acre, es- 
tableciendo una aduana, al mismo tiempo que abría a la 
navegación libre el curso de los ríos que corrían por territo- 
rio boliviano. Estas medidas perjudicaban a las autoridades 
brasileñas de Amazonas y Pará, que cobraban impuestos so- 
bre esos productos de procedencia boliviana, a título de de- 
rechos de tránsito, y a los exportadores de goma, que de- 
“ fraudaban al fisco, en tal proporción, que basta un dato es- 
tadístico para demostrar el quebranto: sólo en mes y me- 
dio del año 1899, la aduana de Puerto Alonso cobró por im- 
puestos a la exportación algo como un millón de pesos boli- 
vianos. Contra la conducta del gobierno brasileño, que pri- 
mitivamente reconoció y trató de amparar las justas reivin- 
dicaciones bolivianas, se alzaron los gobiernos de los esta- 


— 324 — 


dos-federales ya Citados, fomentando el descontento de la 
población brasileña y abriendo campaña desembozada con- 
tra la soberanía de Bolivia. 

Había regresado el delegado Paraviciní a Río de Janei- 
ro, dejando interinamente en el cargo a D. Moisés Santivá- 
ñez, cónsul en Manaos, cuando los vecinos de Antimary se 
sublevaron contra las autoridades y las atacaron. Estas tu- 
vieron que capitular ante el número, y evacuar Puerto Alon- 
so. Los sublevados proclamaron la “república independien- 
te del Acre” y pusieron a su cabeza al aventurero español 
Luis Gálvez, venido de Manaos para el efecto, con armas 
proporcionadas por el gobernador de Amazonas. Pero Gál- 
vez fue luego depuesto, y proclamado jefe de la “repúbli- 
ca independiente” un brasileño de apellido Braga. 

Producido en Bolivia el cambio de gobierno de ese año 
(1899), el ministro Paravicini fue sustituido por D. Luis 
Salinas Vega, que consiguió celebrar un acuerdo por el cual 
el gobierno del Brasil, reconocía el derecho dé Bolivia a res- 
tablecer sus autoridades en el Acre y a reinstalar su aduana. 
Pero la comisión enviada al efecto encontró la resistencia 
de los revolucionarios, y: al ministro Salinas no se le ocu- 
rrió recurso mejor que el de pedir la ayuda del gobierno bra- 
sileño, para amparar la soberanía de su país en su propio 
territorio. La cancillería de Río accedió al pedido y ofreció 
el envío de un barco de guerra, a cuyo bordo debía trasla- 
darse un cónsul brasileño nombrado para Puerto Alonso, en 
compañía del nuevo delegado del gobierno de Bolivia en el 
territorio del Acre, don Pedro Kramer. Pero esta actitud no: 
pasó de las promesas, porque las autoridades de Manaos se 
opusieron abiertamente al viaje de la delegación boliviana, 
cuyo jefe falleció y fue reemplazado por el administrador de 
la aduana de Puerto Alonso. Se había posesionado ésté de 
su cargo, en enero de 1900, cuando fue sorpresivamente ata- 
cado por los revolucionarios, verdaderos filibusteros, y so- 
metido a prisión con el personal que le acompañaba. Ante 
nuevas reclamaciones del ministro boliviano, el gobierno de 
Río contestó expresando su extrañeza por el hecho de que 
Bolivia no tuviera en el Acre elementos propios para hacer 
respetar sus derechos e imponer sus autoridades, y que pi- 
diera al Brasil que se los proporcionara. Al mismo tiempo 
declaró que estaba obligado a interesarse por la suerte de 
los pobladores brasileños de la región y por el movimiento 
“separatista” que ellos habían iniciado, lo que casi equiva- 
lía a acordarles su apoyo. 

— 325 — 


El conflicto no pudo presentarse en momento más des- 
graciado e inoportuno. El país se había desangrado en la 
guerra civil y tenía que organizar su ejército, destruido en 
las jornadas de la revolución federalista. La postración eco- 
nómica era la que lógicamente sobreviene después de una 
conmoción de tal naturaleza. Como de costumbre, la impre- 
visión había caracterizado los actos de la administración na- 
cional. Se apresuró el gobierno a establecer autoridades en- 
cargadas de la recaudación de rentas aduaneras, en lugares 
donde jamás habían existido y donde hasta ese momento 
sólo imperaba la voluntad omnímoda de los caucheros, acos- 
tumbrados a la lucha con la naturaleza bravía y al imperio 
del más fuerte, sin que se adoptaran las medidas más ele- 
mentales para»garantizar el cumplimiento de las leyes y el 
respeto de la soberanía. Los explotadores de goma, en su 
mayoría brasileños y aventureros sedientos de ganancias 
rápidas y pingijes, sólo se habían avenido hasta entonces, 
por necesidad, a pagar una especie de derecho de tránsito 
a las autoridades locales del Amazonas. El establecimien- 
to de una aduana, que exigía por primera vez un impuesto 
a la exportación, les perjudicaba fundamentalmente. El in- 
terés de los estados federales brasileños, usufructuarios 
del tráfico de goma, y el de los explotadores clandestinos 
de la región acreana, se aliaron, pues, para desconocer y 
combatir la ingerencia boliviana y urdieron primeramente 
el plan de objetar la demarcación de la frontera y de orga- 
nizar luego la empresa revolucionaria, sin que se les opu- 
siera el obstáculo de una fuerza suficiente para imponer el 
orden y la obediencia a las leyes. Tres expediciones suce- 
sivas, después de campañas estorzadas, consiguieron res- 
tablecer el dominio boliviano en aquellos lejanos territo- 
rios: la del doctor Andrés S. Muñoz, investido de -la auto- 
ridad de delegado nacional, a fines de 1899; la del vicepre- 
sidente D. Lucio Pérez Velasco, en 1900; y la del ministro 
de Guerra, coronel Ismael Montes, en el mismo año. En 
esas empresas se pusieron de manifiesto la resistencia y el 
esfuerzo militar y civil, en lucha heroica con el clima insa- 
lubre y con los obstáculos naturales, así como con un ene- 
migo alevoso, que contaba con facilidades de todo género. 
En Cajueiro, Riosiño, Puerto Acre y Bagé se libraron com- 
bates gloriosos que reivindicaron el dominio territorial y 
restablecieron el honor del pais. 


— 326 — 


No es cierto que la región del Acre hubiera sido pobla- 
da y explotada por ciudadanos brasileños, aunque no pue- 
de negarse que éstos constituían la mayoría. Abundaban 
los aventureros de todas las nacionalidades, atraídos por las 
ganancias fabulosas que brindaba la explotación de cau- 
cho, en el último tercio del siglo pasado. Antes de que los 
ingleses hubieran aclimatado el árbol de la goma en otras 
partes del mundo, creando una competencia ruinosa a la 
extracción de ese producto, cuyas grandes aplicaciones in- 
dustriales se descubrieron en aquella época, Bolivia reali- 
zó, por obra del esfuerzo privado de sus hijos, notables 
sacrificios en la exploración, poblamiento e industrializa- 
ción de los riquísimos territorios de la zona amazónica, 
gran parte de los cuales lg pertenecían en virtud de títulos 
coloniales indiscutibles y le habían sido reconocidos por me- 
dio de tratados. La proximidad de centros populosos del 
Brasil y las facilidades de la navegación fluvial, hicieron 
posible la penetración de elementos extranjeros en aque- 
llas riquísimas tierras. Pero la soberanía de Bolivia lestuvo 
allí representada, desde el último tercio del siglo pasado, 
por exploradores e industriales de gran empuje, como los 
Roca, Chávez, Suárez, Salvatierra, Mercado, Vaca Díez, Sa- 
ravia y tantos otros. Fueron brazos bolivianos los que abrie- 
ron la selva impenetrable por el lado del Beni y le arranca- 
ron sus riquezas, para llevarlas a los mercados de Europa. 
Algún día se escribirá la historia —verdadera epopeya— 
del esfuerzo boliviano en la región amazónica y se conoce- 
rán mejor las razones que impulsaron a Bolivia, aparte de 
su derecho histórico, a defender denodadamente esa por- 
ción de su patrimonio. 

Pero la pacificación definitiva del territorio que fue 
teatro de aquellos sucesos, imponía al país sacrificios enor- 
mes, que no estaba en condiciones de seguir realizando. La 
falta de comunicaciones, el clima y las enormes distancias 
eran factores que hacían muy difícil mantener la normali- 
dad en una zona que había sido profundamente alterada y 
anarquizada por la codicia extranjera. Surgió entonces la 
iniciativa de arrendar el Acre a una compañía angloameri- 
cana, que se proponía explotarlo y colonizarlo, mediante el 
establecimiento de industrias, con la obligación de someter- 
se a las autoridades y a las leyes bolivianas. La idea era 
atrevida, aunque perfectamente lícita, porque se trataba de 
una empresa particular, sin intervención de los gobiernos 


— 327 — 


ere PQPQP 


de los países. en donde había sido organizada. Aunque esta 
circunstancia eliminaba todo temor de complicaciones inter- 
nacionales, el Brasil tuvo a bien objetar el proyecto y se 
opuso a él, invocando derechos que en nada podían fundar- 
se y que él hacía derivar simplemente de los intereses de 
los ciudadanos brasileños comprometidos en la revuelta 
contra las autoridades bolivianas. 

En agosto de 1902 volvió a estallar la insurrección ar- 
mada en el río Acre, encabezada por el titulado coronel Plá- 
cido de Castro, que enarboló de nuevo la bandera separa- 
tista. Contaba con tropas reclutadas en el Brasil y con to- 
dos los recursos bélicos para una campaña bien organiza- 
da. Una columna boliviana, al mando del coronel Rosendo 
Rojas, obtuvo un brillante triunfo en Vuelta de Empresa, pe- 
ro rodeada después por fuerzas superiores, fue obligada 
a capitular por falta de víveres y municiones. También capi- 
tuló la guarnición de Puerto Acre, por causas análogas, des- 
pués de una heroica resistencia que duró seis meses. 

Es justo recordar aquí el concurso patriótico, valeroso 
y espontáneo prestado a la defensa nacional, por el esfor- 
zado industrial D. Nicolás Suárez, que organizó a su costa 
y bajo su dirección la famosa columna Porvenir, formada en 
su mayor parte por sus empleados y peones, que obtuvo 
una victoria en Bahía, derrotando una concentración de tro- 
pas filibusteras. La falta de refuerzos impidió que esa co- 
lumna de francotiradores voluntarios, que actuaba en mo- 
mentos en que la guarnición de Puerto Acre se veía obliga- 
da a capitular, siguiera cosechando los éxitos que marca- 
ron su intervención en la: campaña. 

Honda conmoción causó en el interior del país la. noti- 
cia de este recrudecimiento de hostilidades. Entonces el ge- 
neral Pando, presidente de la república, entregó el poder al 
segundo vicepresidente, D. Aníbal Capriles, y marchó al 
Acre comandando una nueva expedición. Después del triun- 
fo alcanzado por las armas nacionales en Puerto Rico, en 
momentos en que se preparaban para reiniciar la lucha, tu- 
vieron aviso de que se había suscrito en Río de Janeiro un 
acuerdo de suspensión de hostilidades que abría el camino 
de las negociaciones diplomáticas. En abril de 1903, Puerto 
Acre había sido ocupado por una división brasileña a órde- 
nes del general Silveira. Era la guerra internacional. Pláci- 
do de Castro, evacuando la plaza, se puso a la cabeza del 
ejército revolucionario y marchó como vanguardia contra 


— 328 — 


las tropas del general Pando, situadas sobre el río Orthon. 
Debe considerarse que además de la situación de hecho 
creada por el filibusterismo y por la intervención armada del 
Brasil, la falta de reconocimiento del derecho de tránsito 
a través de los ríos brasileños para las embarcaciones de 
procedencia boliviana o con destino a Bolivia, era la causa 
de un irregular estado de cosas, contrario a la libertad de 
comercio. El esfuerzo hecho por Bolivia para implantar su' 
soberanía en el noroeste estaba, pues, anulado por las tra- 
bas y dificultades impuestas por el Brasil a la navegación. 


Anteriormente las autoridades de Amazonas y los in- 
surgentes del Acre habían impedido que los representantes 
de la compañía anglo-americana organizada en Londres pa- 
ra la explotación industrial y la recaudación de rentas de 
aquel territorio, cumplieran su misión. Pero el arrendamien- 
to sirvió de pretexto a las primeras protestas formuladas, 
contra lo-que el barón de Río Branco llamó “una monstruo- 
sidad legal” y una “enajenación de la soberanía”, comparán- 
dola con “las concesiones de Africa, indignas de nuestro 
continente”: La noticia dei viaje del general Pando, para 
vengar la toma de Puerto Acre, determinó a la cancillería 
de Río de Janeiro a anunciar que el gobierno del Brasil in- 
tervenía en el asunto, declaraba el territorio del Acre liti- 
gioso “por estar poblado por ciudadanos brasileños, a, los 
que debía protección y movilizaba tropas federales para opo- 
nerse a la acción reivindicatoria de Bolivia, aunque expre- 
sando que estaba dispuesto a. solucionar el conflicto por la 
vía diplomática. Las negociaciones dieron por resultado un 
acuerdo preliminar de modus vivendi, firmado en Río de Ja- 
neiro, el 21 de marzo de 1903, que, como hemos visto, sus- 
pendió las hostilidades. El cabecilla Castro, cuya situación 
frente a Puerto Rico era muy difícil, pudo librarse de un 
descalabro, porque la notificación llegó a tiempo para evitar 
un nuevo choque en los últimos días del mes de abril. 


Abiertas las negociaciones con el fin de obtener un 
arreglo entre los gobiernos de Bolivia y el Brasil, para las 
cuales el primero acreditó en Río una misión especial en- 
comendada a los señores Fernando Guachalla y Claudio Pi- 
nilla, el 17 de noviembre del mismo año se firmó en Petró- 
polis el tratado de ese nombre, que despojó a Bolivia del 
Acre, a cambio de algunas compensaciones pecuniarias y 
de la construcción del ferrocarril Madera — Mamoré, desti- 


— 329 — 


e 


nado a facilitar el comercio por la vía del Amazonas, sal- 
vando el obstáculo de las cachuelas. 

En agosto de 1904 ocupó la presidencia, después de 
una lucha electoral muy agitada, el ex-ministro de Guerra 
del general Pando, D. Ismaei Montes, contra D. Lucio Pérez 
Velasco, primer vicepresidente y postulante. del partido li- 
beral disidente, que tomó el nombre de puritano. El bando 
político que había copado el poder cuatro años antes, con- 
sumaba su división, a causa de las ambiciones encontradas. 
de los aspirantes a la presidencia de la república. También 
concurrió a la elección, como acto simbólico, el partido con- 
servador derrocado en 1899, que llevó a los comicios el 
nombre de D. Aniceto Arce. Pero la nueva “oligarquía” se 
impuso fácilmente, bien que no dejó de aplicar los mismos 
métodos que habían mantenido a la anterior durante quin- 
ce años. 


2. MONTES Y EL TRATADO DE PAZ CON CHILE. 


Don Ismael Montes estaba destinado a llenar con su 
nombre y con su obra la mayor parte del período de veinte 
años de la actuación del partido liberal en el gobierno. Era 
un autodidacto de talento, de gran carácter y, aunque en 
ciertas materias no pasaba de intuitivo, tenía la habilidad 
de buscar el concurso de especialistas para llenar los vacíos 
de su preparación, que naturalmente no podía ser enciclopé- 
dica. Jurista notable, en los asuntos que eran del dominio 
de sus capacidades, excluidos los pormenores técnicos no 
admitía intromisiones ni consejos y se rodeaba de hombres 
por lo general mediocres, cuya devoción hacia su persona 
eliminaba toda posibilidad de enojosas controversias. Como 
político de amplias vistas, sabía lo que deseaba y era ca- 
paz de llevarlo a cabo, a través de dificultades, resistencias 
y prejuicios. En una palabra, era el tipo de gobernante que 
necesitaba Bolivia en su época, y que quizá todavía necesita. 
Su primera administración se consagró principalmente al 
arreglo de la situación irregular de las relaciones con Chi- 
le, a la educación popular, a la reforma del ejército y a 
la construcción de ferrocarriles. No todo ese programa fue 
realizado en forma irreprochable y completa, pero no es po- 
sible negar que su parcial ejecución aseguró al país días de 
prosperidad y le puso en camino del más franco progreso. 

El enclaustramiento de Bolivia, cada vez más asfixian- 
te, no era sólo resultado de la retención de su costa marí- 


— 330 — 


tima por Chile, a consecuencia de la guerra del Pacífico y 
del pacto de tregua de 1894, sino también del régimen adua- 
nero impuesto por ese pacto, que destinaba el cuarenta 
por ciento de los ingresos de la aduana de Arica al pago 
de perjuicios sufridos en la guerra por intereses chilenos 
y que acordaba a Chile el derecho de internar sus produc- 
tos a Bolivia, libres de todo gravamen. Este “dogal financie- 
ro” creaba una situación angustiosa, que impedía el desa- 
rrollo económico de la nación y que era urgente eliminar. 
No existía esperanza de que el vencedor de 1880 se avi- 
niera a dejar un puerto propio a Bolivia. Las concesiones 
aduaneras en favor del enemigo eran también ventajosas 
para el antiguo aliado, que se beneficiaba con ellas a títu- 
| lo de “nación más favorecida”. Desde los últimos tiempos 
del régimen conservador había empezado a abrirse camino 
la idea de liquidar la cuestión con Chile. “Renunciemos al 
puerto, pero recobremos nuestra soberanía aduanera ”, escri- 
bía D. Joaquín Caso, desde Santiago, en 1898, en comuni- 
cación dirigida al gobierno de Bolivia. Entronizado el parti- 
do liberal en el gobierno, en 1902 había encomendado a 
D. Félix Avelino Aramayo la misión de explorar en Chile 
la posibilidad de un arreglo, sobre la base de obtener garan- 
tías para la construcción de ferrocarriles, no obstante que, 
poco tiempo atrás, un diplomático chileno, D. Abraham Ko- 
nig, había notificado al gobierno de La Paz, con franqueza 
brutal, que Bolivia no tenía derecho a pedir una salida al Pa- 
cífico, en compensación de su litoral, porque Chile lo había 
ocupado con el derecho de la victoria. “Que el litoral es rico 
y vale muchos millones —decía su nota de fecha 13 de agos- 
to de 1900— eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque va- 
le, porque si nada valiera no habría interés en su conserva- 
ción... Chile no debe nada, no está obligado a nada, mu- 
cho menos a la cesión de una zona de terreno y de un 
puerto...”. 


La misión Aramayo obtuvo algunos resultados. El go- 
bierno de Santiago formuló proposiciones cuya parte sus- 
tancial comprendía la renuncia definitiva de Bolivia a su li- 
toral, a cambio de recobrar su soberanía aduanera y de re- 
cibir, de parte de Chile, un pago anual de doscientas mil 
libras esterlinas, hasta completar dos millones, aplicables 
a la garantía de ferrocarriles, que se construirían para des- 
arrollar el comercio entre los dos países. Sobre estas ba- 
ses, que no pasaron del período de las conversaciones pre- 


== 


liminares, el' presidente Montes juzgó necesario y oportu- 
no acreditar una misión en Chile, a cargo de D. Alberto Gu- 
tiérrez, con el objeto de procurar el arreglo que se perse- 
guía. El gobierno liberal pensaba que la prolongación de la 
tregua “aniquilaba lentamente al país, en vez de vigorizar 
sus expectativas”, al decir del negociador ('). Tal actitud 
coincidió con un propósito coadyuvante de parte- de Chile, : 
que también necesitaba liquidar la situación pendiente con 
Bolivia. En consecuencia, se firmó el. tratado de 20 de oc- 
tubre de 1904, que renunció al litoral, a cambio de trescien- 
tas mil libras, destinadas a garantías ferroviarias, del reco- 
nocimiento de la libertad “aduanera y de tránsito y de la 
construcción del ferrocarril de Arica a La Paz, cuya sección 
boliviana pasaría al Estado después de un período de explo- 
tación exclusiva por parte de Chile. 

Contra ese pacto, cuya trascendencia fue enorme y cu- 
ya aprobación dio lugar a acalorados debates, podrá invo- 
carse siempre un argumento irrefutable: si la transacción 
era indispensable para librar al país del dogal económico 
que le oprimía, la aceptación de una suma de dinero, a títu- 
lo de compensación por la pérdida de la autonomía maríti- 
ma, daba a esa transacción el aspecto de un negocio de 
compraventa, quitándole el carácter de despojo impuesto 
por la necesidad. Es evidente qué, sin el auxilio económico 
que proporcionó Chile, el proceso de la organización del país 
y la construcción de la red ferroviaria se habrían retardado 
por algún tiempo; pero Bolivia habría podido mantener ínte- 
gramente la posición jurídica que, tarde o temprano, incli- 
naría al vencedor a buscar la manera de reintegrarle su so- 
beranía completa. Bolivia no ha perdido ni perderá nunca el 
derecho de reclamar su salida al mar, como atributo indispen- 
sable de vida, pero tendrá que luchar siempre contra el 
prejuicio chileno que cree haberle comprado ese derecho. 
Las soluciones políticas acabarán por abrirse paso, apoya- 
das en consideraciones económicas de mutua conveniencia, 
a fin de no prolongar indefinidamente una situación anor- 
mal que a nadie beneficia. 

Así fue cómo el partido liberal, que había hecho punto 
fundamental de su programa en la oposición la reivindica- 


y 


(1) Alberto Gutiérrez, El tratado de paz con Chile, (Breve comentario 
en respuesta al manifiesto de la minoría parlamentaria residente 
en Sucre). La Paz, Imp. Artística, 1905. 


— 332 — 


/ 


ción del litoral ocupado por Chile, en el gobierno se vio obli- 
gado a aarriar esa bandera y a celebrar el tratado de paz 
que privó al país de la posibilidad de reclamar ese territorio 
por la vía jurídica. Explicando su conducta, el presidente 
Montes declaró al respecto, en documento oficial: “El go- 
bierno cree haber cumplido su deber, un deber doloroso y 
sin gloria, pero un deber que ha permitido al país reco- 
brar su personalidad, para figurar con libertad e indepen- 
dencia en. el concierto de los «pueblos, sin esclavizarse a 
intereses o conveniencias ajenas, y esperando que los 
acontecimientos futuros, a los que podrá concurrir como 
entidad apreciable en todo orden, y el esfuerzo y la per- 
severancia de sus hijos, le señalen el puesto que anhela- 
ron para él los heroicos fundadores de su independencia” ('). 
Un año después, en 1905, se firmaba con el Perú un tra- 
tado de comercio y aduanas, consecuencia del arreglo con 
Chile que devolvió a Bolivia la plenitud de su libertad adua- 
nera y suprimió las trabas a su comercio. 

El plan de construcciones ferroviarias fue concebido y 
llevado a cabo con cierta imprevisión, que puede atribuirse 
a la inexperiencia, porque los recursos destinados al ob- 
jeto fueron empleados en costear construcciones de líneas 
férreas en beneficio de empresas privadas, que sólo even- 
tualmente darían al Estado participación en sus utilidades, 
en vez de preferir el sistema de garantías, que sólo adop- 
tó parcialmente. Esas construcciones fueron emprendidas 
con los recursos provenientes de la transacción sobre el 
Acre y de la indemnización de Chile. El contrato Speyer 
fue duramente atacado por la forma en que se estipuló, así 
como por las condiciones de ejecución de las obras (el 
costo más el tanto por ciento) que aumentó los gastos y 
disminuyó la extensión de la red ferroviaria. 

Con todo, la marcha del país recibió gran impulso y 
puede afirmarse que la administración Montes echó las ba- 
ses de reformas decisivas y necesarias. La instrucción pú- 
blica y la educación popular fueron objeto de atención pre- 
ferente, mediante el envío de misiones de estudios pedagó- 
| gicos al extranjero, la multiplicación del número de plante- 
les de ensenanza, la fundación de escuelas para la raza 
autóctona, la contratación de verdaderas competencias téc- 
nicas, la creación del primer establecimiento normal para 


(1) Mensaje presidencial al Congreso de 1908. 


— 333 — 


o | | 


la formación del magisterio y el cambio de métodos y 
sistemas. 

A la acción gubernativa vino a unirse pronto el esfuer- 
zo privado en pro de la cultura, que operó cierta renova- 
ción en el orden intelectual. La prensa empezó a moder- 
nizarse, a la vez que se industrializaba y adquiría autori- 
dad e independencia. Por todas partes surgían cenáculos 
científicos y literarios. La juventud, animada de una inquie- 
tud promisoria, tomaba la vanguardia en el proceso de la 
evolución de las ideas y en la implantación de las reformas 
liberales. Al mismo tiempo que las actividades de la mine- 
ría tomaban desarrollo intenso, se planteaban medidas para 
fomentar medios de producción más seguros y permanen- 
tes, como la agricultura, la ganadería y otras industrias, y 
se fundaban institutos de agronomía, veterinaria, comercio, 
etc. , 

El crédito público surgió y empezó a afianzarse, como 
consecuencia de la situación financiera del país, de la con- 
fianza que inspiraban la paz internacional y el orden inte- 
rior. El gobierno acometió entonces las grandes reformas, 
empezando por la monetaria, con la implantación del patrón 
de oro, sobre la base de un empréstito colocado en los Es- 
tados Unidos, en condiciones satisfactorias. La crisis que 
surgió a consecuencia de esa medida y de la depresión ge- 
neral de los negocios en el exterior, fue afrontada con sere- 
nidad y tino, y salvada con el refuerzo del encaje metálico 
de los bancos. Las exportaciones de goma volvieron a su- 
ministrar uno de los renglones más importantes de los in- 
gresos fiscales, y en 1907 alcanzaron a casi dos millones 
de kilogramos, mientras los precios del producto subían en 
forma alentadora. 

El ejército recibió la atención preferente del gobierno 
que, por todos los medios a su alcance, trató de dignificar- 
lo, de mejorar su preparación y de apartarlo de la política. 
Una misión francesa emprendió la reforma de los institutos 
militares. La implantación del servicio obligatorio, mediante 
la conscripción, establecida sin excepciones odiosas, trans- 
formó el cuartel en escuela democrática. 

Con el fallecimiento del presidente electo D. Fernando 
“E. Guachalla, surgió para el régimen liberal un problema de 
carácter político, que afectó el orden institucional. El vice- 
presidente electo, D. Eufronio Viscarra, no inspiraba con- 
fianza a los elementos ortodoxos del partido, por sus con- 


e 


=> 


comitancias con la oposición o simplemente porque repre- 
sentaba una tendencia dudosa o poco definida. Se optó en- 
tonces por anular la elección, susteatando la tesis de que 
“muerto el tronco mueren las ramas”, y se apeló a una in- 
terpretación del texto constitucional, negando al vicepre- 
sidente el derecho a la sucesión cuando el presidente fa- 
llecido no se hallara todavía en ejercicio del mando. En 
consecuencia, el Congreso prorrogó por un año más el man- 
dato de Montes y acordó convocar a nuevas elecciones. 

j Antes de que se posesionara de sus funciones D. Elio- 
doro Villazón, elegido para suceder a Montes, el país fue 
sacudido por la noticia de que el fallo arbitral del presiden- 
te de la República Argentina, en el litigio de límites con el 
Perú, que había sido sometido a su decisión, era desfavo- 
rable a Bolivia. La reacción popular, a la que no fue extraño. 
el gobierno, rechazó el laudo airadamente, alegando que 
abarcaba materias que no fueron sometidas al árbitro y que 
su texto había sido revelado antes de su notificación oficial. 
Sobrevino la ruptura de*relaciones diplomáticas con la Ar- 
gentina. Un entendimiento directo entre Bolivia y el Perú 
puso término al litigio de límites, pero quedó vulnerado el 
método arbitral, una de las más preciadas conquistas del 
derecho internacional moderno y el procedimiento más. in- 
dicado para la solución pacífica de los conflictos. 

El primer gobierno de Montes fue bautizado con el mo- 
te de quinquenio, a semejanza del de sexenio, que se apli- 
có al de Melgarejo, no porque mereciera ese denigrante 
parangón, sino porque la inquina opositora buscó la manera 
de expresar su repulsa contra la prórroga del período pre- 
sidencial. Con algunos errores indudables, ese “quinquenio” 
fue especialmente constructivo e hizo mucho por el bienes- 
tar y el porvenir del país. 


3. ADMINISTRACION DE D. ELIODORO VILLAZON Y 
SEGUNDA PRESIDENCIA DE MONTES. 


Aunque la oposición, que en ciertos momentos se ha- 
bía mostrado violenta, era impotente por su falta de orga- 
nización y por sus tendencias personalistas, la fracción li- 
beral imperante, que tomó el calificativo de “doctrinaria”, 
tuvo el acierto de designar candidato a la presidencia a D. 
Eliodoro Villazón, de carácter moderado y de indudable arrai- 
go en la opinión pública. Su elección consiguió apaciguar 


— 335 — 


los ánimos y fue bien recibida, aunque su actuación como 
abogado de Bolivia ante el árbitro argentino, en la cuestión 
con el Perú, no había sido coronada por el éxito. 

Villazón hizo políticamente un gobierno contemporiza- 
dor y se desenvolvió dentro de la normalidad, sin violencias 
ni dificultades. Prosiguió con acierto la obra de su antece- 
sor y, como la situación económica le era favorable, em- 
prendió algunos trabajos públicos de utilidad y realizó el pro- 
yecto de la fundación del banco del Estado. Continuó la la- 
-bor de reorganización de la enseñanza, implantó la dirección 
técnica del ramo y fundó nuevos establecimientós, así co- 
mo se preocupó de la reforma del ejército, con el auxilio de 
una misión militar alemana. Si el gobierno Villazón ha sido 
tachado de flojo —reacción natural en un país que en polí- 
tica siempre estuvo acostumbrado a los “platos fuertes "—, 
es necesario reconocer que, en parte por las condiciones 
personales del mandatario y en parte por las circunstancias 
propicias que le rodearon, ese gobierno constituyó un ejem- 
plo de templanza en la política boliviana. Ni conmociones 
populares ni motines cuarteleros. Corto período de paz in- 
terna y de relativa legalidad, en cuya influencia benéfica 
no se ha parado mientes... Tarde o temprano se recono- 
cerá que Villazón, hombre tal vez poco brillante y mal juz- 
gado, a causa de su solemnidad altisonante y lugareña, fue 
un presidente patriota, digno y austero. 

Al final de su administración se impuso de nuevo el 
nombre de Montes como candidato único a la presidencia. 
El liberalismo suspiraba por el hombre de acción y la opo- 
sición necesitaba un excitante que la galvanizara de nue- 
vo. Ausente por algún tiempo en Europa, en funciones di- 
plomáticas, su prestigio había aumentado. Se le reclamaba 
como elemento necesario y caudillo de mano enérgica. 

Inauguró su segundo período con una serie de medi- 
das de orden financiero, que provocaron el desagrado y la 
resistencia de los intereses perjudicados por las reformas 
bancarias. La crisis sobrevino como consecuencia lógica y 
fue afrontada con energía, aunque la oposición aprovechó 
el descontento para minar el prestigio del gobierno. Sobre- 
vino la primera guerra mundial con el desbarajuste econó- 
mico consiguiente y las exportaciones bolivianas 'disminu- 
yeron en tal proporción, que el presupuesto de ingresos su- 
frió un quebranto que colocó al fisco al borde de la banca- 
rrota. El presidente Montes, apoyado por la mayoría del Con- 


— 336 — 


greso, no vaciló en reducir los gastos y en disminuir los 
emolumentos de las listas administrativas en un treinta por 
ciento. En semejantes condiciones era muy difícil que se 
mantuviera la popularidad del jefe del Estado, pronto me- 
llada por los adversarios, que empezaron a organizarse co- 
mo fuerza política digna de cuidado. Los elementos desgra- 
nados del liberalismo se unieron entonces a los restos del . 
antiguo partido conservador y a los descontentos que siem- 
pre han formado legión en el país. Así tuvo origen el par- 
tido republicano, que conteba entre sus componentes a per- 
sonajes de arraigo y de prestigio como el viejo general Pan- 
do-y los señores Salamanca, Saavedra y Escalier. No era un 
partido de principios, porque su programa registraba los 
usuales tópicos sobre pureza del' sufragio, libertad de pren- 
sa y efectividad de las garantías constitucionales: los mis- 
mos postulados con que el partido liberal había escalado el 
poder. Poco antes de que el nuevo partido quedara organi- 
zado, el gobierno había decretado el estado de sitio, fun- 
dándose en que el desquiciamiento producido por la gue- 
rra hacía necesaria la adopción de medidas extraordinarias 
para resguardar el orden y coadyuvar al restablecimiento 
de la normalidad; también había clausurado diarios oposi- 
tores y desterrado y confinado buen número de políticos 
desafectos al régimen imperante. A fuerza de energía el go- 
bierno consiguió sortear las dificultades y mantenerse, con- 
tando con el ejército, que aún no se atrevía a intervenir en 
política. Pero la oposición crecía en elementos y en recur- 
sos, haciéndose cada día más peligrosa. La crisis económi- 
ca que el país empezó entonces a sufrir y que duraría va- 
rios años, sería el factor decisivo de la inestabilidad polí- 
tica, que caracteriza las últimas épocas de la historia bo- 
liviana. 

El presidente Montes, en condiciones tan adversas, to- 
davía pudo realizar algunas obras públicas importantes y 
continuar el programa de organización y difusión de la en- 
señanza, que había emprendido en su primer período. Fun- 
dó en La Paz el Instituto Normal Superior para la formación 
del profesorado secundario y dio vigoroso impulso a la ins- 
trucción primaria y a la educación física. 

Reaccionando contra la costumbre inveterada que asig- 
naba al presidente de la república el papel de “gran elector” 
y dejaba librada a lá voluntad del jefe del Estado la desig- 
nación de su sucesor, D. Eliodoro Villazón había permitido 


— 337 — 


que el partido liberal expresara libremente su opinión en 
favor de la reelección de Montes, ya que la oposición care- 
cía de fuerzas para enfrentarse con otro candidato. Al final 
de su segunda administración, Montes hizo lo mismo con 
relación a su partido y, sin ninguna intervención de su par- 
te, fue designado candidato de la agrupación imperante D. 
José Gutiérrez Guerra, al frente de D. José María Escalier, 
que encabezó la fórmula republicana. No podría afirmarse 
que la elección fue un modelo de torneo democrático, por- 
que el partido liberal disponía del apoyo de las autoridades 
que, como es usual, favoreció a la candidatura “oficialista”; 
pero la oposición se mostró agresiva y luchó con denuedo, 
lo que demostró cierta tolerancia por parte del gobierno. 
El triunfo de. Gutiérrez Guerra, hombre inteligente y 
caballeroso se vio empañado, sin embargo, por la acusación 
lanzada por el partido republicano, imputando al liberal la 
responsabilidad de la muerte trágica del general Pando, su- 
ceso criminoso cuyo origen no llegó nunca a esclarecerse 
plenamente, por el interés político que se puso en explotar- 
lo, en perjuicio de la facción que detentaba el poder. 


4. GOBIERNO DE GUTIERREZ GUERRA Y CAIDA 
DEL PARTIDO LIBERAL. 


Pocos gobiernos más rudamente combatidos y más ago- 
biados de dificultades que el del último presidente del régi- 
men liberal, régimen cuya descomposición fue acelerada por 
la penosa situación económica del país, por el encono de la 
lucha política y por la anarquía entre los propios elementos 
del liberalismo. Una interpelación en el Senado, por disiden- 
cias domésticas y por intereses opuestos, comprometidos 
en negocios con el Estado, que terminó con la censura al 
gabinete, dio en 1919 la norma de la relajación de la disci- 
plina y de la falta de dirección política, entre los amigos del 
gobierno. Para colmo de desconcierto, la salud precaria del 
presidente y su abulia notoria, contribuyeron a agravar la 
situación, ya de por sí bastante difícil por la crisis financie- 
ra, sólo parcialmente combatida con el paliativo de los em- 
préstitos. La oposición seguía agitando el proceso Pando, 
como bandera de combate. Una acusación contra el ex pre- 
sidente Montes, planteada ante la Cámara de Diputados por 
los representantes del partido republicano, reveló un estado 
de sedición latente, que no esperaba sino una coyuntura pa- 


— 338 — 


ra estallar. Las masas soliviantadas por la prédica demagó- 
gica se agitaban exasperadas; 'sólo la actitud prescindente 
del ejército alcanzaba a contener la exaltación. Aunque lá 
acusación no prosperó, motivó una asonada y las consi- 
guientes represiones. 

La política internacional vino a mezclarse al desbara- 
juste en forma maliciosa, atizando. el fuego de la pasión de 
bandería y agregando un motivo más de divergencia entre 
los sectores en que se hallaba dividida la opinión pública. 
Bajo la acción de Montes, representante del país en Fran- 
cia en los momentos de la paz en Europa, pasada la con- 
flagración que terminó con la derrota de Alemania, el go- 
bierno había iniciado una activa propaganda para llamar la 
atención de las potencias aliadas sobre el enclaustramien- 
to de Bolivia, sugiriendo la conveniencia de que se le adju- 
dicase la soberanía de Tacna y Arica, provincias que eran 
materia de litigio entre Chile y el Perú desde la guerra de 
1879. En vísperas de reunirse el Congreso de la Paz y de or- 
ganizarse la Sociedad de las Naciones, la cancillería boli- 
vian creía posible despertar el interés colectivo, inspirado 
en las doctrinas puestas en boga por Wilson, para dar salida 
al mar a Bolivia, facilitando el arreglo del conflicto subsis- 
tente entre dos pueblos hermanos. Pensaba, de buena fe, 
que los principios de justicia que en ese momento anima- 
ban al mundo, podían aplicarse al caso anómalo existente 
en Sudamérica, por la incomprensión y el egoísmo más inex- 
plicables. Esa actitud, recibida con gesto ofendido por el go- 
bierno de Perú, fue la señal para que se desencadenara en 
Bolivia una campaña contra el gobierno, bajo el pretexto de 
que era necesario plantear la “reivindicación” del litoral bo- 
livano, en vez de proponer un arreglo en perjuicio del anti- 
guo aliado en la guerra del Pacífico. 

Saltaba a la vista que la divergencia en la manera de 
apreciar la situación no era sino un recurso para exaltar los 
ánimos. No era posible que se creyera sinceramente que los 
gobiernos aliados, reunidos para imponer la paz a los pue- 
blos vencidos en Europa y para garantizar su sometimiento, 
hubieran de empezar su obra imponiendo la revisión de un 
tratado de paz, firmado también por imposición del vence- 
dor. Sin embargo, la excitación popular llegó en Bolivia al 
extremo de provocar el asalto y el incendio de un diario, 
aunque es justo declarar que por obra de elementos adictos 
al gobierno. Así se prepararon los espíritus para el golpe 


— 339 — 


EEN 


sorpresivo que no tardó en producirse en el ejército, por 
acción de algunos oficiales, conquistados a la causa del “re- 
publicanismo” revolucionario. Aquella intervención fue fa- 
tal para las instituciones bolivianas e inexcusable aun en el 
caso de que la conducta del régimen imperante hubiera jds- 
tificado la revuelta, porque el ejército se mezclaba en la 
contienda política, no para. restablecer la normalidad o de- 
volver al pueblo la facultad de elegir libremente a sus per- 
soneros, sino para quitar del gobierno a un partido y en- 
cumbrar a otro. No era posible negar, sin embargo, el rela- 
tivo progreso alcanzado en las prácticas revolucionarias. Ya 
no se cambiaba simplemente de caudillo: se cambiaba de 
partido, adoptando un nuevo procedimiento para introdu- 
cir la alternabilidad en el poder. 

Gutiérrez Guerra fue depuesto casi sin derramamiento 
de sangre. Terminó con él la serie de los presidentes libe- 
rales que se sucedieron durante veinte años, cerrándose así 
un ciclo particularmente importante de la historia nacional. 
El partido derrocado había alcanzado a formar una verda- 
dera oligarquía que, si no era completamente cerrada, por- 
que la escasez de hombres preparados permitía de cuando 
en cuando algunas innovaciones en el personal del gobier- 
no, por lo general excluía el concurso extraño. 

La renovación de valores se efectuaba, pues, en escala 
reducida, lo que despertaba ambiciones más o menos legí- 
timas y más o menos disimuladas. El escaso desarrollo de 
las fuerzas económicas del país, en manos de extranjeros 
o de pocos bolivianos, cuya influencia en el manejo de los 
negocios públicos era decisiva, seguía haciendo de la polí- 
tica, para la mayoría de las gentes, la única industria se- 
gura, como sucede hasta en países más evolucionados. La 
tendencia al menor esfuerzo es la explicación de ese fenó- 
meno social, que nada tiene de extraordinario. Las pasiones 
de bandería, por lo tanto, azuzadas por el interés material, 
no reconocen límites y explican todos los excesos. Unos por 
vanidad, otros por necesidad o conveniencia, y quizá algún ' 
iluso por sano patriotismo, siempre son muchos los que 
aspiran a las situaciones públicas. 

Aunque en el lapso de veinte años el presupuesto na- 
cional se había septuplicado, las necesidades habían creci- 
do proporcionalmente y ensanchado la planta burocrática. 
Pasados el estupor y la sorpresa del primer momento, los 
libérales trataron de recuperar el poder, aprovechando la 


— 340 — 


división inevitable, que no tardó en producirse en las filas 
republicanas. Vano intento. Quienes habían llegado al go- 
bierno, es decir, quienes habían conseguido alcanzar el su- 
premo bien, no lo cederían fácilmente y lo defenderían por 
todos los medios. El partido liberal había terminado su mi- 
sión y sólo participaría ya del poder, parcial y esporádica- 
mente, por obra de combinaciones ocasionales y de corta 
duración. 

Todo esto no quita que la obra de ese partido en el go- 
bierno hubiera sido importante y en muchos órdenes orien- 
tadora. Siempre se recordarán con elogio sus esfuerzos en 
favor de la educación pública y de la incorporación del in- 
dio a la vida nacional, sólo que sus ideas sobre este último 
tópico no alcanzaron a madurar y se agitaron dentro de cier- 
ta confusión, propia de los problemas difíciles y gomplejos. 
Equivocadamente empezó por hablarse de la “alfabetiza- 
ción” del indio y hasta se propuso la “creación de una pe- 
dagogía nacional”, sin comprender que la cuestión no era 
pedagógica sino económico-social. La emancipación de la ra- 
za autóctona no sobrevendrá como resultado de la obra del 
cuartel ni de la escuela “ambulante”, sino de un nuevo con- 
cepto sobre el destino de la colectividad nacional, por obra 
de la educación y del mejoramiento de los medios de vida. 

. El partido liberal tuvo el mérito de suscitar la cuestión, 
de realizar algunos esfuerzos incoherentes, pero sinceros, 
para resolverla, y de poner el tema sobre el tapete de la dis- 
cusión. Todos los gobiernos hasta entonces, desde la inde- 
pendencia, habían creído que la “redención del indio” era 
cuestión de legislación. En diferentes épocas se pretendió 
también soliviantar al elemento autóctono con fines dema- 
gógicos. Pero sólo desde principios del siglo se consagró 
alguna atención a ese problema fundamental, que todavía 
ningún país de América ha logrado resolver. 


— 341 — 


CAPITULO XV 


SUCESOS RECIENTES HASTA LA 
GUERRA DEL CHACO 


1.— Junta de gobierno y elección de D. Bautistá Saavedra.— 
2.— El centenario de la república.— 3.— Presidencia de Si- 
les.— 4.— Revolución de 1930 y junta militar de gobierno.— 
5.— Presidencia de Salamanca hasta la guerra del Chaco.— 
6.— Ante el futuro.— 


1. JUNTA DE GOBIERNO Y ELECCION DE 
D. BAUTISTA SAAVEDRA. 


A mediados de julio de 1920 el presidente Gutiérrez 
Guerra, refugiado el primer momento en una legación ex- 
tranjera, fue extrañado del país, así como sus ministros y 
los miembros prominentes del partido derrocado. La facción 
revolucionaria organizó de inmediato una junta de gobier- 
no compuesta de tres políticos civiles: Bautista Saavedra, 
José María Escalier y José Manuel Ramírez, junta que con- 
vocó a elecciones para una convención nacional, con el ob- 
jeto de reformar la constitución. Los elementos militares 
permanecieron alejados de las funciones gubernativas. La 
asamblea después de llenar sus fines, debía transformar- 
se en Congreso ordinario, dividiéndose en dos cámaras, pa- 
ra lo cual la elección designaría senadores y diputados. 


— 343 — 


Las unidades del ejército que no se habían mezclado 
en la subversión, permanecieron primeramente a la expec- 
tativa y luego acataron la situación producida, expresando 
que deseaban “evitar el derramamiento de sangre”. La ver- 
dad era que hasta en la clase militar había cundido el des- 
contento y que el desprestigio del régimen, labrado afano- 
samente por una oposición no siempre justa, hizo imposi- 
ble que se operara una reacción en favor del orden legal. 

Desde las primeras actuaciones pudo verse que la jun- 
ta se dividía, al impulso de las ambiciones personales. D. 
Bautista Saavedra, encargado del ramo de gobierno, se ha- 
bía instalado en el palacio presidencial y no ocultaba sus 
aspiraciones ni sus designios, contra la voluntad de sus co- 
legas y de los más caracterizados elementos del partido 
triunfante. Reunida la convención nacional, en la que el ban- 
do destituido del poder no estaba representado, se engoltó 
en discusiones bizantinas, aparentemente doctrinarias, pero 
que en el fondo sólo tenían en vista la elección presiden- 
cial. La divergencia nacía de si la asamblea debía limitarse 
a la reforma de la Constitución, disolviéndose luego, o si 
se transformaría en Congreso, a la vez que se arrogaba la 
atribución de elegir presidente. Saavedra, que había conse- 
guido formar una mayoría adicta a sus planes, que hacía 
presión en los debates, aprovechó la primera coyuntura fa- 
vorable —la ausencia de la minoría, que se retiró en acto 
de protesta— para conseguir su elección, con los votos de 
sus parciales, que alcanzaban al quórum estricto. La divi- 
sión quedó consumada y el grupo disidente tomó el nombre 
de partido republicano genuino. Se había alzado con el botín 
el más hábil o el más audaz. No le faltaban prestigios, ade- 
más de representar el “paceñismo”. 

Saavedra echó sobre sus hombros la responsabilidad 
del gobierno, sin contar con más apoyo que tel de un redu- 
cido grupo de adherentes, entre los que escaseaban los 
hombres de verdadero prestigio. Poco a poco, sin embar- 
go, consiguió atraer a algunos de esos elementos, deseo- 
sos de aprovechar la oportunidad de llegar al poder, que 
había sido, durante. largos años, la meta de sus aspiracio- 
nes. Entre ellos figuraban los antiguos conservadores. Los 
liberales empezaron entonces a reorganizarse y a constituir 
una fuerza apreciable. El republicanismo genuino se puso 
abiertamente en la oposición, contando con figuras próceres 
como las de Salamanca y Escalier. En cuanto al ejército, 


— 344 — 


trabajado por el descontento producido por la escisión re- 
publicana y por la reacción liberal, no parecía ser muy se- 
guro apoyo del régimen. Así vino a demostrarlo un motín 
cuartelero que estalló una noche en La Paz, pero que fra- 
casó por la falta de plan y dirección oportuna. 

Ya se ha dicho que la revolución de 1920, aunque jus- 
tificada por la relajación del liberalismo imperante, no ha- 
bía tenido ninguna inspiración doctrinaria, porque no pue- 
de merecer ese título la simple finalidad de “restaurar las 
libertades públicas”, que siempre Han invocado los caudi- 
llos o las facciones en la oposición, para incurrir en el go- 
bierno en los mismos excesos y errores cuya crítica les 
sirvió de bandera. La resistencia a Saavedra no tuvo tam- 
poco, en el fondo, por lo que se refería a su propio” parti- 
do, sino un carácter personalista y por eso se hizo enco- 
nada, pertinaz e implacable. La oligarquía. liberal, por otra 
parte, había dejado hondas raíces y se resistía a abando- 
nar las ventajas que hasta entonces disfrutara. Los diri- 
gentes genuinos, herederos de la intransigencia y del puri- 
tanismo teórico de los rojos del siglo pasado, pronto cons- 
tituyeron un factor importante por su popularidad y su pa- 
sión batalladora. Ambas fuerzas se unieron tácitamente 
contra el “saavedrismo”. 

Saavedra no era un desconocido en la política'ni un 
hombre desposeído de méritos intelectuales. Antiguo publi- 
cista y catedrático, nadie podía negarle competencia. Qui- 
zá las resistencias que provocaba procedían de su carácter 
agrio, a la vez que de la convicción que alimentaban sus 
adversarios de que no sería difícil derrocarlo. Se vio obli- 
gado, por lo tanto, a hacer un gobierno de mano fuerte y 
de estricta vigilancia. Desconfiando del ejército, lo desar- 
mó casi totalmente y creó una milicia especial, con el nom- 
bre de Guardia Republicana. Gobernó con permanente es- 
tado de sitio y apeló constantemente al destierro y al confi- 
namiento, a veces por simples sospechas o atendiendo a 
delaciones calumniosas. Pero no puede negarse que alguna 
vez las represiones fueron motivadas y que nunca sobre- 
pasaron los límites del respeto a la vida humana. 

Falto del apoyo de las clases elevadas, se sintió em- 
pujado, como Belzu, a halagar a las masas populares. Pero 
la agitación era continua y tuvo que sofocar levantamientos 
como los de Yacuiba y Santa Cruz, fácilmente dominados. 
Con grandes ansias y sinceros propósitos de hacer labor 


— 345 — 


constructiva, se vio limitado, por la situación económica y 
por la necesidad de defenderse, a algunas obras útiles o 
de ornato, que demostraron, sin embargo, su espíritu em- 
prendedor y progresista. Estrechado por las circunstancias 
apeló al crédito extranjero en condiciones leoninas. Tal fue 
el origen del empréstito Nicolaus. 

En el orden internacional el gobierno republicano, obli- 
gado a cumplir el programa “reivindicatorio” que le había 
servido de lema contra el liberalismo, acudió ante la So- 
ciedad de las Naciones, solicitando la revisión del tratado 
de paz con Chile, celebrado en 1904. El organismo de Gine- 
bra eludió la cuestión que, por otra parte, fue mal plantea- 
da, y se comprobó la ineficacia de los procedimientos pre- 
conizados en el pacto de Versalles para asegurar la paz y la 
justicia entre los pueblos. Tampoco la cancillería de Chile, 
posteriormente, acogió la gestión directa de Bolivia para la 
modificación del tratado. Estos fracasos vinieron a sumar- 
se a los quebrantos de la política interna e hicieron más 
vulnerable la posición. del gobierno. 

La cposición en el Congreso se organizó rápidamente 
y pronto alcanzó a obtener la mayoría en la Cámara de Di- 
putados. Las actuaciones parlamentarias se hicieron incó- 
modas y violentas, al extremo de que el gobierno disolvió 
el Parlamento por acto dictatorial y llamó a nuevas eleccio- 
nes. Habiéndose adoptado el sistema electoral de la lista 
incompleta, para dar representación a las minorías, lo que 
indudablemente constituía un progreso en el orden insti- 
tucional, la oposición volvió a elegir algunos representantes. 

Las campañas de la prensa se singularizaron por su to- 
no combativo y hubo momento en que el gobierno optó por 
suprimir la publicación de los diarios que le eran adversos, 
mediante el destierro o el confinamiento de sus directores 
y redactores. A este sistema, adoptado para silenciar al pe- 
riodismo sin cerrar las imprentas, se le llamó irrisoriamen- 
te de “clausura automática” de la prensa. 

Las pasiones exaltadas llegaban al paroxismo, al mismo 
tiempo que se aproximaba el final del período presidencial, 
que coincidía con la celebración del primer centenario de 
la proclamación de la independencia. El estado de sedición 
era permanente y en tales circunstancias se hacía difícil que 
el gobierno acertara a ver con tranquilidad el camino que 
debía seguir. Todo menos dejar el mando ni otorgar al país 
el derecho de elegir libreménte los poderes públicos, en ac- 


e 4 


to de desprendimiento que muy raramente se había produ- 
cido en la historia nacional: quizá sólo una vez, al final del 
período presidencial de Campero. Saavedra optó por desig- 
nar un sucesor del seno de su partido y de toda su confian- 
za, en la persona de su ministro D. José Gabino Villanueva. 
Después de un simulacro de elecciones, a las que la oposi- 
ción se abstuvo de concurrir, la sucesión parecía decidida, 
cuando se produjeron hechos reveladores de que el presi- 
dente electo, por impulso propio o por oportunas y discre- 
tas influencias, se disponía a apaciguar el país, dando parti- 
cipación en el gobierno a elementos políticos moderados. 
No era eso lo que Saavedra había buscado, sino la continua- 
ción de su sistema exclusivista, para mantener su ascen- 
diente político. Se creyó, por lo tanto, traicionado y defrau- 
dado, y no vaciló en resolver la cancelación del mandato 
del presidente elegido bajo su inspiración, pero que no pa- 
recía corresponder a la confianza depositada en él, es de- 
cir, que resultaba con voluntad propia y que no se prestaba 
a servir de mero instrumento. La exasperación a que el cau- 
dillo había llegado, por la oposición implacable de que se 
le hacía objeto, no le permitía admitir ni por un momento que 
pudiera llegarse a términos transaccionales. Y no era eso lo 
peor: tampoco se avenía a renunciar el papel de director su- 
premo de la política. Se dio, pues, el escándalo sin prece- 
dentes. Las embajadas extranjeras acreditadas para asistir 
a los festejos del centenario y que también se hallaban pro- 
vistos de credenciales para la transmisión del mando, se re- 
tiraron sin llenar esta segunda parte de su cometido y se 
alejaron, ante la inminencia de sucesos insólitos. La elec- 
ción de Villanueva fue cancelada, alegándose que no había 
renunciado el cargo de miembro del gabinete seis meses 
antes de la elección, y habiendo hecho Saavedra la entre- 
ga de las insignias del mando, el Congreso, con mayoría in- 
condicional, encargó el ejercicio del Poder Ejecutivo, provi- 
sionalmente, al presidente del Senado, D. Felipe Guzmán. 


La celebración del centenario se limitó a algunas fies- 
tas oficiales y a las ceremonias estrictamente protocolares. 
El pueblo. fue extraño a todo regocijo y hasta el viaje del 
gobierno a Sucre, a donde también fue convocado «el Con- 
greso, se vio desairado por la actitud prescindente y hasta 
hostil del vecindario de la histórica capital de la república. 


a 


2. EL CENTENARIO DE LA REPUBLICA. 


En tales condiciones llegó la nación al primer cente- 
nario de su vida independiente. La situación no podía ser 
más caótica. De un momento a otro se esperaba un golpe 
militar, acaso en favor del presidente cuya elección había 
sido anulada, quizá para formar un nuevo gobierno de fi- 
liación opositora. Pero las autoridades policiales desarro- 
llaron la más estricta vigilancia y adoptaron toda clase de 
medidas de precaución. Aunque el presidente interino se 
había instalado en el palacio de gobierno, Saavedra resol- 
vía desde su casa los negocios políticos y seguía siendo 
el verdadero presidente, preocupado de resolver el proble- 
ma de la definitiva sucesión del mando. 

El espectáculo que presentaba el país no era halagador 
y constituía el resultado de cien años de vida penosamente 
sobrellevada, en medio de condiciones adversas al progreso 
institucional y material. La minería había sostenido casi ex- 

clusivamente la economía nacional en todo ese tiempo y las 
empresas seguían luchando contra los impuestos, cuyo mon- 
to apenas permitía acrecentar los ingresos fiscales. El pre- 
sidente Saavedra se había visto obligado, poco tiempo an- 
tes, a sacrificar la soberanía nacional, comprometiéndose a 
no aumentar ni a permitir que se aumentasen esos impues- 
tos, mediante un contrato de empréstito con una compañía 
minera. Sólo se columbraba en el futuro la esperanza de la 
riqueza petrolífera, descubierta y por descubrir, que había 
despertado el interés de los grandes consorcios norteame- 
ricanos. Si era evidente que el capital extranjero se resistía 
a venir sin grandes alicientes de ganancia a' un país cuya 
inestabilidad política no le ofrecía suficientes garantías, 
también lo era que esa industria no producía al Estado una 
compensación equitativa por la extracción de los productos 
del subsuelo y por el agotamiento de las energías humanas 
empleadas en el laboreo de las minas. “Se quiere matar a 
la gallina de los huevos de oro”, era el estribillo de las 
empresas, cuya situación empezaba a hacerse difícil, sin 
recordar las épocas en que se habían labrado grandes for- 
tunas y en que las utilidades habían emigrado sin dejar be- 
neficio alguno. Y como se empezaba a hablar de leyes socia- 
les y de protección al obrero, al mismo tiempo que la po- 
lítica fiscalista exigía mayores contribuciones, se planteaba 
por primera vez la lucha entre la minería y el Estado, pre- 


+ MY 


cisamente cuando la elevación de los costos y la competen- 
cia extranjera en la producción marcaban la decadencia 
de la primera industria nacional y la ponían. en serio peli- 
gro. La imprevisión, vicio de los pueblos nuevos y sin ex- 
periencia, había sido la causa como siempre, de la crisis, 
que se aproximaba a grandes pasos. Las minas no habían 
impulsado el progreso nacional o lo habían impulsado só- 
lo en pequeña escala, mientras pudieron hacerlo; y ahora 
se les exigía demasiado, cuando necesitaban ayuda. Los 
tiempos de bonanza no habían sido aprovechados para pre- 
parar las actividades de las industrias permanentes. Los 
cien años. transcurridos entre conmociones internas y lu- 
chas desiguales para defender el patrimonio territorial de 
la nación, no habían sido propicios para consolidar la eco- 
nomía ni para vencer las dificultades geográficas. ¿A quién 
culpar? Los resultados eran lógicos y naturales. El insigni- 
ficante crecimiento demográfico mantenía al país en situa- 
ción estática, que no había sido modificada por la inmigra- 
ción, que sólo acude fácilmente a las regiones geográfi- 
cas de fácil acceso. ¿Qué mucho, por lo tanto, que Bolivia 
siguiera debatiéndose en un eterno círculo vicioso? El pro- 
blema del indio casi permanecía intocado. Pero esos cien 
años de vida dura y difícil no constituían, sin embargo, 
un definitivo desengaño. El pueblo que había resistido tal 
prueba, bien podía renovar sus esperanzas y reanudar sus 
esfuerzos en la conquista de sus futuros destinos. No era 
un pueblo vencido sino retardado. 


3. PRESIDENCIA DE SILES 


Uno de los valores que, desde el advenimiento del par- 
tido republicano, había sobresalido en primera línea, era D. 
Hernando Siles, abogado de talento y orador de palabra bri- 
llante. Había ingresado al republicanismo en los últimos 
tiempos del régimen liberal, por resentimiento y por cálcu- 
lo. Comprendía que no debía ligar su destino al de una fac- 
ción decadente, que no le había distinguido en mayor gra- 
do ni había sabido aquilatar sus merecimientos. Desde el 
principio de la nueva era, aspiró a la presidencia; habría 
sido el sucesor obligado de Saavedra, si su presencia no 
hubiera perjudicado otras ambiciones y si la intriga no le 
hubiera indispuesto con el caudillo. Alejado al extranjero, 
después de haber sido ministro influyente y jefe de grupo 


— 49 — 


parlamentario, había roto sus relaciones con el gobierno, re- 
nunciando el cargo diplomático que servía de pretexto pa- 
ra mantenerlo lejos. Permanecía en el exilio, cuando sobre- 
vinieron los sucesos relatados anteriormente y se anuló la 
elección de Villanueva. 

Siles tenía amigos que trabajaban por su causa y que 
no cejaban en el propósito de llevarle a la presidencia. Hi- 
cieron comprender a Saavedra que era el hombre llamado a 
ocupar el solio y a salvar la situación. En consecuencia, re- 
gresó del destierro y se convirtió en el candidato oficial. Pa- 
ra admitir su nombre, sin embargo, Saavedra exigió que 
contrajera un compromiso público y solemne de gobernar 
exclusivamente con su partido y de continuar sus normas. 
A este compromiso se le llamó “mandato impositivo” y Si- 
les lo aceptó, reservándose el derecho de cobrar más tarde 
la humillación que se le había impuesto. 

La elección de Siles fue recibida con satisfacción. Em- 
pezó por dictar un decreto de amnistía y por restablecer las 
garantías constitucionales. Luego llamó al partido republi- 
cano genuino a la concordia y facilitó la formación de un 
gabinete en que esa fracción disidente estuvo representada. 
Pero empezó la pugna entre los dos sectores y la unión no 
pudo consolidarse. Entonces el presidente, con el oculto 
propósito de emanciparse de la tutela saavedrista, se propu- 
so organizar una fuerza política propia, que le prestara su 
apoyo, y procuró agrupar a la juventud alrededor de la ban- 
dera de un nuevo partido. Este se llamó nacionalista y. reu- 
nió numerosos elementos, unos sin filiación política cono- 
cida y otros desprendidos de las filas liberales, que habían 
formado la vanguardia de la oposición de ese partido contra 
el saavedrismo. Arguedas ha calificado a esos elementos 
como “ingenuos, impacientes y vividores” ('). Si algunos lo 
fueron, tampoco faltaron entre ellos los espíritus bien in- 
tencionados, que se prestaron sincera y desinteresadamen- 
te a constituir una fuerza de renovación y de equilibrio. 

- Esta organización encarnaba también la tendencia socialis- 
ta, que por primera vez hacía su aparición en la política bo- 
liviana. 

Los partidos tradicionales, naturalmente, acogieron con 
franca hostilidad al flamante grupo, bautizándolo con epi- 


(1) Historia contemporánea de Bolivia, en el tomo X de la Historia de 
América de la editorial Jackson, Buenos Aires, 1943. 


— 350 — 


tetos denigrantes. Sostenían la teoría de que los partidos 
deben nacer en el llano, olvidando que el nacionalismo se 
componía de los hombres que más habían luchado en la opo- 
sición contra Saavedra. Lo que sucedía, realmente, era que 
los viejos partidos se debilitaban y que alguno de ellos —el 
liberal — perdía sus elementos de acción. También se aleja- 
ba la posibilidad de que esos partidos fueran llamados —co- 
mo el republicano genuino— a colaborar con el gobierno. 
En cuanto al republicanismo saavedrista, sabía que se es- 
taba preparando el organismo destinado a reemplazarlo. 

En las elecciones parlamentarias de 1927 el nacionalis- 
mo conquistó un buen número de bancas, con el apoyo más 
o menos disimulado del gobierno, y empezó a tener repre- 
sentación en el gabinete. También la tuvieron los libera- 
les, porque Siles procuró hacer gobierno de concentración 
nacional, especialmente cuando comprendió que la cuestión 
del Chaco se tornaba delicada. 

En diciembre de 1928 se produjo el ataque paraguayo 
al fortín Vanguardia y el gobierno tuvo el acierto de evitar 
que se encendiera la guerra, aceptando los buenos oficios 
de la Conferencia de Conciliación y Arbitraje reunida -en 
Wáshington. La investigación de los hechos condenó al Pa- 
raguay, obligándole a reconstruir y devolver el Fortín asal- 
tado e incendiado por sus tropas. Al mismo tiempo Bolivia 
adquiría el armamento necesario para la defensa nacional y 
construía caminos de penetración al Chaco, como el de Vi- 
llazón a Tarija. Estos únicos hechos bastarían para: salvar 
el prestigio de la presidencia de Siles, si no pudieran citar- 
se otros, como las reformas Kemmener, en el orden finan- 
ciero y en materia de administración fiscal y bancaria. Si- 
les había empleado todos los recursos conciliatorios para 
evitar la guerra. Bajo los auspicios del gobierno argentino 
se realizaron en Buenos Aires dos conferencias que tuvie- 
ron por objeto buscar el arreglo directo de la controversia 
o la concertación de un arbitraje. A esas conferencias asis- 
tieron como representantes de Bolivia hombres de espíritu 
conciliador, cuyos esfuerzos tropezaron con la actitud in- 
transigente del Paraguay, que reclamaba la entrega incon- - 
dicional del Chaco y la evacuación del territorio disputado: 

En justicia debe reconocerse que en las esferas oficia- 
les se habían deslizado elementos perniciosos, cuya influen- 
cia corruptora se dejaba sentir en ciertos actos que perju- 
dicaban el buen nombre del gobierno. Esos elementos habían 


— 351 — 


concebido, como el mejor medio de mantener sus influen- 
cias, el proyecto de convencer al presidente de la necesi- 
dad patriótica de prolongar su mandato, ya mediante la pró- 
rroga del período presidencial, ya por medio de la reelec- 
ción. Como ambos procedimientos eran inconstitucionales, 

- buscaban la forma de cohonestar sus propósitos y de ha- 
cerlos viables. Siles tuvo la debilidad de escucharles, sedu- 
cido por la lisonja y por la adulación interesada. Clausura- 
do el Congreso ordinario, a mediados de 1930, los “prorro- 
guistas” o partidarios de la reelección, que eran muy po- 
cos, pero que contaban con la aquiescencia del presidente, 
precipitaron la renuncia de éste y su abandono del gobier- 
no, en manos de un consejo de ministros formado ad hoc, 
que se creyó facultado para retener el mando y para convo- 
car a una convención nacional que debía reformar la Cons- 
titución y elegir a Siles para un nuevo período. Los prin- 
cipales. elementos del ejército, en conocimiento de esta 
fórmula, salvo algunas excepciones, manifestaron su confor- 
midad. En cuanto al partido nacionalista, ni siquiera fue con- 
sultado. Reunido, a iniciativa de algunos de sus miembros, 
acordó nombrar una comisión que entrevistara al presiden- 
te, para disuadirle de un plan tan absurdo; pero la comi- 
sión no fue recibida. 


4. REVOLUCION DE 1930 Y JUNTA MILITAR DE GOBIERNO. 


En esta situación se precipitaron los hechos, sin que el 
nacionalismo hubiera formulado ninguna manifestación ofi- 
cial sobre su actitud. Pero muchos de sus elementos tuvie- 
ron la debilidad de aceptar las candidaturas para “conven- 
cionales” y hasta de recibir recursos fiscales para los gas- 
tos de la elección. La opinión fue entonces fácilmente so- 
liviantada y la protesta se hizo sentir en manifestaciones que, 
en La Paz, encabezaron los estudiantes. Los esfuerzos del 
consejo de ministros para mantener el orden fueron inúti- 
les. Los cadetes del Colegio Militar, contagiados del estado 
general de subversión, salieron a la calle disparando sus ar- 
mas y se plegaron a la acción popular. Aunque las tropas 
de línea consiguieron un momento dominar la situación, és- 
ta era tan confusa que se precipitó el desenlace. Los ele- 
mentos exaltados atacaron y saquearon algunos domicilios, 
y el presidente Siles, que permanecía en la casa particular 
de su familia, buscó refugio en la legación del Brasil. Los 


SS 


Ls Js | - 


jefes del ejército se pusieron de acuerdo para formár una 
junta militar de gobierno, presidida por el general Blanco Ga- 
lindo, que se encargó del mando supremo y trató de guar- 
dar el orden. Esta junta fue reforzada luego por representan- 
tes de los partidos políticos tradicionales, con el nombre de 
asesores, en las diferentes carteras de la administración. 
El cambio fue acatado en el interior del país sin observa- 
ción y la junta declaró que solamente permanecería en el 
gobierno el tiempo necesario para presidir elecciones libres 
y reorganizar los poderes públicos. Hay que reconocer que 
llenó ese papel con cierto tino patriótico, aunque tuvo velei- 
dades naturales con relación a los partidos políticos que 
pugnaban por obtener ventajas para alcanzar el poder. Tam- 
poco escatimó persecuciones contra el partido derrocado. 
Después de laboriosas deliberaciones y de varias dispu- 
tas y componendas, en que los partidos, entre protestas del 
más absoluto desinterés, defendían sus futuras posiciones, 
se acordó una fórmula para la elección presidencial, com- 
puesta del binomio. Daniel Salamanca (republicano genuino) 
y José Luis Tejada (liberal). El partido republicano saave- 
drista fue sacrificado, no obstante, que, en los últimos tiem- 
pos, había asumido la oposición contra Siles francamente, 
al verse desplazado por el nacionalismo. ' 
La convención nacional sancionó varias importantes re- 
formas en la Constitución Política del Estado, especialmen- 
te las relativas a autonomía universitaria, que fueron apro- 
badas por un procedimiento nuevo: el referéndum popular, 
en que se computaron como afirmativos los votos en blanco. 


5. PRESIDENCIA DE SALAMANCA, HASTA LA 
GUERRA DEL CHACO. 


En marzo de 1931, asumió el mando D. Daniel Salaman- 
ca, que llegaba al gobierno con sólido prestigio, alcanzado 
en muchos años de actuación política, generalmente desde 
las filas opositoras. Personaje de sólida cultura intelectual 
de carácter incorruptible y de patriotismo exaltado, encar- 
naba en ese.momento las aspiraciones nacionales de rege- 
neración. En memorables actuaciones parlamentarias había 
conseguido imponer su autoridad moral, realzada por la elo- 
cuencia de su palabra. Era un ejemplo de austeridad repu- 
blicana y el país veía en él su salvador, pese al resquemor 
que su exaltación provocaba en ciertos sectores. 


— 353 — 


Desgraciadamente, los momentos eran difíciles por la 
penuria del erario, que obligaba hasta a suspender el ser- 
vicio de la deuda externa. La cotización del estaño había 
descendido hasta extremos que amenazaban con la parali- 
zación de la industria madre de la economía boliviana. Co- 
nocidas como eran las opiniones del nuevo presidente sobre 
la política enérgica que se debía seguir en el conflicto del 
Chaco, se abrigaba el temor de que adoptara procedimien- 
tos que obligaran al país a entrar en guerra. 


Salamanca tuvo el tino, sin embargo, de proponer un 
pacto de “no agresión” con el Paraguay. La oposición, que 
ya empezaba a surgir contra el gobierno, condenó esa acti- 
tud, reputándola débil, sin perjuicio de atribuir más tarde 
al presidente la responsabilidad del conflicto. La verdad es 
que Salamanca sólo fue guerrista hasta llegar al poder, des- 
de el cual no tardó en comprender el peligro y las desastro- 
sas consecuencias del casus belli..Por eso fue que, aunque 
se produjo el rompimiento de relaciones diplomáticas con 
el Paraguay, por un acto imprudente, la cancillería bolivia- 
na reiteró el propósito de ajustar un compromiso que evi- 
tara los choques armados. Abiertas en Wáshington las con- 
ferencias, bajo los auspicios de una comisión de “neutrales” 
compuesta de los Estados Unidos, Cuba, México, el Uru- 
guay y Colombia, la actitud del Paraguay se manifestó des- 
de un principio reacia para llegar a un convenio que no sig- 
nificara, por parte de Bolivia, el abandono de la mayor parte 
de las posiciones alcanzadas en el Chaco, a costa de gran- 
des sacrificios. Todavía los mediadores mantenían la espe- 
ranza de llegar a un avenimiento, cuando las noticias de los 
primeros choques ocurridos en el lugar de laguna Chuquisa- 
ca y las represalias que Bolivia se vio obligada a tomar con- 
tra un ataque a fondo del ejército paraguayo, desencade- 
naron los sucesos e hicieron la guerra inevitable. Aún no se 
ha establecido plenamente la verdad sobre aquellos inciden- 
tes, pues parece que un avance impremeditado en el interior 
del Chaco y una orden de retroceso que no fue cumplida, 
dieron lugar a la colisión. Puntos son éstos cuyo esclare- 
cimiento no entra en el plan de esta obra, que se detiene en 
la guerra del Chaco. Puede adelantarse, sin embargo, que 
cualesquiera que hubieran sido los errores y responsabili- 
dades del gobierno. o del comando militar boliviano en la 
iniciación de las operaciones, la guerra tenía que desenca- 
denarse inevitablemente, porque el Paraguay estaba decidi- 


A > 


do a impedir por la fuerza el avance de las posiciones boli- 
vianas. Había terminado su preparación bélica y sabía que 
le favorecían las condiciones del terreno y mil otras cir. 
cunstancias. 

El litigio del Chaco era tan antiguo como la erección de 
Bolivia y el Paraguay. en estados independientes. Provenía 
de la discusión de los títulos coloniales, por una parte, y por 
otra de la ocupación territorial, al amparo de la situación 
geográfica. En diferentes épocas se habían celebrado acuer. 
dos transaccionales, que nunca llegaron a ejecutarse. Para 
contrarrestar la apropiación paraguaya, Bolivia se había 
visto obligada, a su vez, a avanzar sus posiciones, fundan. 
do fortines militares, independientemente de la acción co- 
lonizadora desarrollada desde 'tiempos remotos, por medio 
de misiones religiosas y de empresas industriales privadas. 
En todo tiempo habría sido posible un entendimiento, si el 
Paraguay se hubiera avenido a reconocer, en favor de Bo- 
livia, un puerto propio sobre la parte navegable del río Pa. 
raguay, pero esto nunca pudo conseguirse. El descubrimien- 
to de petróleo en la región próxima al Chaco hizo pensar 
que el problema había de complicarse y quizá influyó en el 
conflicto. Pero el petróleo estaba situado en regiones nunca 
disputadas por el Paraguay. 

La guerra del Chaco, cuyo desarrollo no es materia de 

- este relato, influyó poderosamente en la vida nacional y no 
hay la menor duda de que torció sus rumbos, por el aniqui- 
lamiento económico que trajo consigo, por las pérdidas hu- 
manas, fatales para un país despoblado, y por el predomi- 
nio que dio a la clase militar en los negocios públicos. 

Los acontecimientos posteriores a la iniciación del con- 
flicto, que abarcan los quince últimos años, por demasiado 
recientes, carecen de la perspectiva necesaria para juzgar- 
los. 


6. ANTE EL FUTURO. 


Hasta aquí, pues, el pasado histórico de Bolivia, propia- 
mente dicho, visto e interpretado a la luz de ¡a realidad, ob- 
jetiva e imparcialmente juzgada, de acuerdo, en lo posible, 
con las normas de la ciencia sociológica, que impone la con- 
veniencia de considerar a las colectividades humanas como j 
organismos vivos, sujetos a las leyes biológicas. Precisa ' 
mente en estos momentos, en que el mundo parece más hon- 


— 303 — 


| 


damente perturbado en todos los órdenes, se hace necesa- 
rio volver los ojos al pasado, para estudiarlo, comprender- 
lo y apreciar sus enseñanzas. 

Conviene establecer que el desenvolvimiento de un pue- 
blo como Bolivia, no es solamente el resultado de la acción 
de gobiernos buenos o malos. Es también y principalmente 
el producto del estado social anterior a la independencia y 
aun a la colonización española, de la realidad geográfica, de 
las condiciones étnicas, de la economía, de la escasa pobla- 
ción y de la cultura embrionaria, consecuencia natural de 
esos factores. 

Cabe pensar que el destino internacional de Bolivia to- 
davía no se ha cumplido. De su posición central en el conti- 
nente, que tanto le ha perjudicado para constituirse, pro- 
ceden también su importancia y su influencia en el concier- 
to sudamericano. En su territorio se inició y se libró la lu- 
cha por la independencia hasta el momento final, y su si- 
tuación geográfica será siempre decisiva para mantener el 
equilibrio regional o para comprometerlo. Los fenómenos 
de la política económica que actualmente se desenvuelve 
para obtener acceso a la riqueza petrolífera boliviana; son 
episodios de la pugna secular para alcanzar ese equilibrio. 
Por eso hemos consagrado atención especial a la historia 
internacional del país y al proceso de sus desmembraciones. 

La condición del territorio, abundante en minerales, 
marcó desde el principio su inmediato destino. Tierra de 
aventura y de fortuna fácil, descuidó el cultivo del suelo, 
que había sido la actividad predilecta de los habitantes au- 
tóctonos, limitando la producción de los medios de vida a 
proporciones que no alcanzan a cubrir ni las' necesidades 
de la propia subsistencia, como tan sagazmente lo hiciera 
notar D. Francisco de Toledo, en el siglo XVI. Las industrias 
de extracción fueron las únicas que pudieron aclimatarse 
hasta ahora, tanto porque la naturaleza se mostraba pródi- 
ga en los recursos que las fomentaban (tras los metales 
vinieron el guano, el salitre, la quina, la goma, etc.), cuanto 
porque ellas satisfacían las ansias del genio aventurero, he- 
roico, si se quiere, pero reñido con el esfuerzo perseveran- 
te que constituye el núcleo social, lo fortalece y lo conso- 
lida, como fuente de tradición democrática y almácigo de ' 
instituciones libres. La explotación de los productos natura- 
les del país, no solamente le ha subalternizado, mantenién- 
dole en la condición de centro de explotación colonial y 


— 356 — 


proveedor de “materias primas” durante la época republica- 
na, sino que ha causado la depauperación del elemento hu- 
mano, por la vida antihigiénica en las minas y por las en- 
fermedades endémicas en los climas tropicales. Si las in- 
dustrias primitivas han producido algunos ejemplares meri- 
torios de “hombres de acción”, de quienes el país puede 
ufanarse con legítimo orgullo, también han establecido la 
explotación del hombre por el hombre y creado un ambien- 
te irrespirable para la vida civil. Ni el minero ni.el habi- 
tante de la selva, por su género de vida, podrán alcanzar 
nunca al tipo del perfecto ciudadano. 

Fenómeno natural y lógico es que el espíritu que pre- 
side la lucha por la vida en un medio semejante, se comu- 
nique a todas las actividades. Quizá de allí procede la in- 
clinación a la empresa audaz y arriesgada, en perjuicio de 
la obra paciente y continua, creadora de los grandes pue- 
blos. Desde la fundación de la república hasta la guerra del 
Pacífico (los primeros cincuenta años de vida independien- 
te) el militarismo dominó completamente las actividades 
nacionales, exceptuando la dictadura de Linares, que fue 
derrocado por el descantento militar. Las invasiones perua- 
nas y las guerras de la Confederación mantuvieron al peís 
en perpetua excitación bélica. Después se sucedieron las 
luchas entre caudillos, que perpetuaron la tradición de los 
gobiernos castrenses. Aun ese espíritu civil por excelencia, 
que se llamó D. Tomás Frías, se vio forzado a gobernar con 
el arma al brazo, en permanente campaña y sofocando re- 
voluciones, hasta que fué depuesto por el propio mílite que 
constituía su apoyo armado. De la guerra del Pacífico a la 
revolución federalista, transcurrieron algunos años de paz 
interna, difícilmente mantenida por los presidentes civiles. 
lla tranquilidad pública propicia al trabajo, que es fuente de 
progreso, sólo ha reinado durante breves períodos, como 
los veinte años del régimen liberal. 

No se trata, seguramente, de un mal incurable, sino de 
una crisis del crecimiento, que tendrá que pasat. Lo impor- 
tante es mantener la fe en los destinos nacionales, perse- 
verar en los esfuerzos que han salvado el núcleo social a 
través de todas esas vicisitudes y, sobre todo, orientar la 
economía en el sentido de poblar y explotar las regiones ap- 
tas para recibir inmigración destinada a labrar la tierra y a 
producir riqueza permanente. Con la decadencia de las mi- 
nas tendrá que realizarse ese programa. El caudillismo y 


— 357 — 


E 


la empleomanía, causas de los males políticos y sociales, 
cederán el campo ante el avance de la actividad industrial. 
El desarrollo económico es generalmente el antidoto con- 
tra los vicios de la democracia incipiente. 

Los problemas sociales han sido abordados en los úl- 
timos tiempos, gracias al progreso de las ideas, al conta- 
gio de las corrientes dominantes en el mundo y al afán de 
renovación que impulsan las nuevas generaciones. Las re 
formas de la legislación, en ese orden, iniciadas hace más 
de véinte años, continúan realizándose, al mismo tiempo 
que se organizan las fuerzas de izquierda, cuya interven 
ción en la vida nacional se deja sentir ya vigorosamente 

En cuanto al elemento humano, el problema no es de 
raza sino de educación. Hay que observar la asombrosa in- 
teligencia del niño autóctono y mestizo, para inducir lo que 
se puede lograr con él. 


— 358 — 


INDICE 


INDICE 


Pág. 
Advertencia del Autor ... ... +... ... +... 0... 0... 2... 2.0. 0. 7 
CAPITULO 1 
ANTECEDENTES FUNDAMENTALES 
1. Primeros habitantes del territorio, y origen del hombre amerl- 

Cano ... ... A IBA AA RA 13 
2. El enigma de Tiahuanaco . 2 IA E ADA ARE 17 
E IA A 21 
4. La raza ... ... A LE AR AA AA A AA 25 
5. Civilización antertor al "período incaico. e ade ora dle 31 

CAPITULO Il 

DOMINACION INCAICA 

1. Importancia de este período ... dd Ear ee la 35 
2. Bases de la organización incalca ... ... .-.. 38 
3. Educación, culto, trabajo eii” y otras características deis 41 

CAPITULO 20 

LA CONQUISTA ESPAÑOLA 

1. Proyecciones del descubrimiento de América ... 53 
2. La conquista del Perú ... ... Ea a 55 
3. Estado del imperio a la llegada de los españoles Sa sea ls 56 
_4,. Caída del imperio ... ... . ir a 58 
5. Guerras entre los conquistadores E ts om 61 
6. Carácter. de la conquista y sus consecuenolas 2 63 
7. Extensión de la conquista en el territorio boliviano ... 69 
8. Nuevos disturbios en Charcas ... ... ... +... ... ... 0... ..0. 71 


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AT AA 


O Un bh uN >» 


CAPITULO IV 
COLONIZACIÓN 


.. Noticia sobre la monarquía española en el período colonial 
. Examen general de la política colonial ... 

. Administración colonial ... ... da 

. Gobierno metropolitano de las indias. a 

. El comercio colonial . 0 .. es 

. Extensión y consolidación de la conquista . 2ós ad da 


CAPITULO V 
VIDA COLONIAL 


. La constitución del núcleo A y el deis Toledo .. 
. Cultura altoperuana id o e A EA A 
. Disturbios e Insurrecciones en , los. siglos XVII y XVII e 
. Límites de Charcas .. a Aa 
. Expulsión de los jesuítas ... ... ... - 

. Alzamiento general de los indios ... ... . 


CAPITULO VI 
LA REVOLUCION ALTOPERUANA 


1. Postrimerías del período colonial ... ... ... ... ... ... 
2. El 25 de Mayo y el 16 de Julio de 1809 ... ... 
3. Revolución de Buenos Álres ... ... oi 
4. Principios de la queer de la Independencia ¿do a 
CAPITULO Vil 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
4. El Alto Perú bajo la Junta de Buenos Alres ... 
2. Consecuencias de la derrota de Guaqui ... ... 
3. Belgrano ... ... NA 
4. Los guerrilleros . e 
5. El Congreso de Tucumán . od 
6. Continuación de la guerra hasta. la venida de Bolívar. dae des 
CAPITULO VIil 


ON b YN -» 


LA FUNDACION DE BOLIVIA 


. Ayacucho y sus consecuencias ... ... «.. +... 

. Sucesos del Alto Perú ... ... a 

. Proclamación de la Independencia. ee 

. La organización del país ... . dieta 108 
. Presidencia constitucional del general Sucre. añ ina 


CAPITULO 1X 


GOBIERNOS CONSTRUCTIVOS 
Pag. 
1. Consecuencias de la renuncia del general Sucre ... ... ... 197 
2. Presidencia de Santa Cruz ... ... ... +... ... +... ... ... 202 
3. Confederación Perú-Boliviana ... ... ... ... +... ... ... ... 210 
4. Caída de Santa Cruz ... ... +... ... 2... ... 0... 200 0.. 2... 215 
5. Gobierno de Ballivión ... ... ... ... +... ... ... ... ... .... 218 
CAPITULO X 
DEMAGOGIA Y DICTADURA 
1. Advenimiento de Belzu y su política ... ... ... +... +... ... 225 
| 2. Gobierno de Córdova ... ... ... ... ... 2.0. 0.0.. 0... 0.. o... :230 
| 3. Dictadura de Linares ... ... +... 0... 0... 0... 00. 0... ... 00... 231 
| 4. Estado social del país... ... ... ... ... 2.0. 0... 2.0. 2... .. 243 
| CAPITULO XI 
| RETORNO AL MILITARISMO 
1. Gobierno de Achá ... ... «im as ¡2al 
2. Conspiración de los rojos en 4 provecho. de Melgarejo E 256 
3. La tiranía del sexenl0 ... ... ... +... 0... 0... 0.00 0... +... 259 
4. Morales en el gobierno ... .....o ... ... 0... 0... 2... .. 266 
CAPITULO XII 
LA GUERRA DEL PACIFICO Y SUS ANTECEDENTES 
1. Gobierno interino de D. Tomás FríaS ... ... ... ... +... ... 271 
2. Gobierno de D. Adolfo Ballivián ... ... ..+ ... +... ... ... 273 
3. Segunda presidencia de Frías ... ... dis 2h des 2er sa 27 
4. Daza en el gobierno ... ... ... ... ... 0... 0... 001 s.0.. 2... 277 
5. La guerra del PacíficO ... ... +... ... ... e... 00. 0... 0... 285 
CAPITULO XII 
LA “OLIGARQUIA” CONSERVADORA 
1. Situación del país después de la guerra del Pacífico ... ... 295 
2. Lucha de partidos y aaa de Pacheco ... ... ... ... 30L 
3, Goblerno de ÁrC8 ... ... ... ... 0... 0... doo 0... 0.. 2... ... 306 
4. Baptista . sn... 312 
5.. Presidencia de Alonso y “caída del partido conservador Le de 316 


CAPITULO XIV 
EL PARTIDO LIBERAL EL PODER 


1. Gobierno de Pando 'y revolución separatista del Acre ... ... 321 
2. Montes y el tratado de paz con Chile ... ... ... +... ... ... 330 


—— AA 


Oga uyN-» 


. Administración de D. Eliodoro Villazón y segunda nn 


de Montes ... ... 


. Gobierno de Gutiérrez tags F celda del partido liberal. 


CAPITULO XV 
SUCESOS RECIENTES HASTA LA GUERRA DEL CHACO 


. Junta de Gobierno y elección de D. Bautista Saavedra ... .. 
. El centenario de la República ... ... ... ... ... 0... ... .. 
. Presidencia de Siles ... ... A 
. Revolución de 1930 y Junta de “Gobierno . sed 0 PR 
. Presidencia de Salamanca, hasta la guerra del Chaco ... ... 
Ante 6l FÚÍUTO 20. se. evo nen sam 20 Mer dd Aa ra 


335 
338 


343 
348 
349 
352 
353 
355 


La presente edición de “NUEVA HISTORIA 
DE BOLIVIA” se terminó de imprimir el día 
30 de Marzo de 1998, en los Talleres Grá- 
ficos de Empresa Editora “URQUIZO” $. A. 


La Paz == == —_=— Bolivia 


En el modelo de la vieja historia es común re- 
ferirse a Bolivia como si el país existiese desde la 
hora —agosto de 1825— en que por acuerdo de la 
Asamblea Constituyente se adopta ese nombre. 
Antes de ser Bolivia —nombre nuevo— hubo gen- 
te instalada en el territorio. Estuvieron en él los 
antecesores de los aymaras, los quechuas y los 
que desde la conquista se sumaron para sostener 
la dominación española y dieron motivo al mesti- 
zaje, común en hispanoamérica. Hubo markas, 
llactas, poblaciones, poblados, el desenvolvimien- 
to de vida social, una cultura, sin duda primitiva, 
pero no por menos real y actuante. Sobre ella se 
sobrepusieron idioma y religión, costumbres, nor- 
mas distintas a las prevalecientes, con lo que se 
hizo la unidad colonial con sus poderes, sus cabil- 
dos, luchas, política administrativa. Esos son he- 
chos que anteceden a la república. Finot, sin ex- 
tenderse en mayor argumentación, sostiene con 
razón: “Imposible definir las características de un 
pueblo, a través de su historia, sin conocer la le- 
vadura de que está formado. Viciosa tendencia ha 
sido, en la obra de algunos escritores, abordar la 
historia patria a partir de la emancipación y limi- 
tarla al período republicano. ¿Cómo explicar los 
fenómenos de su vida contemporánea, sin exami- 
nar los orígenes de una agrupación humana? La 
historia de Bolivia, propiamente dicha, es la del 
Collasuyo, la de las guerras de la conquista en 
Charcas y las del Alto Perú colonial, porque algo 
más de cien años de vida autónoma son muy bre- 
ves y nada explican con relación a la realidad na- 
cional y a la evolución del país”. Este es, en rigor, 
el punto de partida de la historia de Bolivia: desde 
antes que fuese Bolivia. 


Rodolfo Salamanca L,.